Ecologistas reclama la suspensión judicial del traslado del Mercado del Val de Valladolid

El alcalde de Valladolid continúa con su política dictatorial en cuanto a las ilegalidades urbanísticas en la ciudad. Ahora va a trasladar uno de los mercados emblemáticos del casco histórico a un parque también situado en el centro. La medida es claramente ilegal y ha sido denunciada por varias asociaciones ciudadanas.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha solicitado la suspensión judicial de la licencia de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Valladolid para el traslado del Mercado del Val a la plaza del Poniente, unas obras que según ha anunciado el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se iniciarán "de inmediato". Según han informado fuentes de la Asociación ecologista en un comunicado, la edificación en un parque público, aunque sea parcial y provisional, constituye "una flagrante ilegalidad urbanística y un muy peligroso precedente para la preservación de las zonas verdes". De hecho, han aseverado de que edificar en el Parque del Poniente devolvería a Valladolid a la senda de "los años negros del urbanismo en España o a las prácticas de la Marbella de Jesús Gil y Gil".

Según las mismas fuentes, existe un informe del Servicio municipal de Parques y Jardines, fechado el 14 de febrero de 2013, en el que se señala que "el uso del parque se va a modificar considerablemente, al quedar dividido en dos zonas debido a la construcción del edificio", si bien el mantenimiento de dos paseos laterales "va a permitir cierta permeabilidad".

Dicho informe, han añadido, reseña "el riesgo que puede suponer para los usuarios del parque los momentos de carga y descarga de productos en el mercado", por lo que el Servicio municipal se exime "de los posibles riesgos y responsabilidades que deriven de dicho uso".

De esta forma, los ecologistas han incidido en que, el uso del mercado "no es compatible con el régimen de protección y catalogación del Parque del Poniente, en contra de lo que concluye el informe de la Gerencia municipal de Urbanismo", ya que la edificación en su espacio central de una nave de 666 metros cuadrados de superficie y 5,10 metros de altura supone una clara interferencia con el uso recreativo del parque.

Ecologistas en Acción ha lamentado que el Ayuntamiento de Valladolid haya rechazado la propuesta de acometer las obras de rehabilitación del Mercado del Val en dos fases, "tal y como se han rehabilitado los mercados de Poble Nou y Sarriá en Barcelona, el Mercado de la Ribera en Bilbao o el Mercado de Paterna en Valencia", lo que, en su opinión, permitiría mantener activos los puestos en el propio mercado durante la ejecución de las obras, "abaratando sustancialmente su coste y haciendo innecesario el traslado provisional del mercado al Parque del Poniente o a cualquier otro lugar".

Para los ecologistas, la supuesta imposibilidad material de suprimir el sótano previsto para un supermercado es "una simple excusa, ya que los cuartos para instalaciones o servicios pueden ejecutarse perfectamente en la planta baja". Por otro lado, han afirmado que el Ayuntamiento "se contradice al señalar que algunos de los mercados citados por esta asociación cuentan con sótano, lo que confirma que, incluso manteniendo esta opción, más cara y que se proyecta para habilitar con dinero público un supermercado, la ejecución sin traslado es posible".

Finalmente, Ecologistas en Acción ha explicado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valladolid "cualquier actuación de edificación del Parque del Poniente o de cualquier otro parque público de la ciudad, donde sólo están permitidas pequeñas construcciones auxiliares del propio parque como quioscos, templetes, casetas de aperos o similares".

Los ecologistas han recordado que la Fiscalía mantiene abiertas unas Diligencias de Investigación Penal desde que el pasado 26 de octubre Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid pusieran en su conocimiento la intención municipal de trasladar el Mercado del Val al Parque del Poniente.


* 20 Minutos - EP - 16.4.13
Foto: Valladolid, parque-del-poniente - minube



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Regreso al ladrillo

Las nuevas medidas que está tomando el gobierno en relación con la Ordenación Territorial y el litoral vienen a corroborar lo que ya anunciábamos hace tiempo: el regreso al ladrillo. Parece mentira que después del escándalo monumental de la burbuja inmobiliaria y de haber batido todos los récords en cuanto a edificación especulativa y sin sentido, sigan, ahora, abundando en la terrible herida de la falta de control urbanístico.
"ELPAÍS* : La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Costas inicia sus últimos pasos. El proyecto va a ser debatido en breve en el Senado y, a medida que avanza, el Partido Popular agrava con nuevas enmiendas la amenaza de regresión hacia el modelo de explotación urbanística imperante en España que ha sido tan lesivo para el medio ambiente. La Ley de Costas, vigente desde 1988, marcó un antes y un después al delimitar la zona de servidumbre hasta los cien metros de la costa, prohibiendo por tanto la construcción en dicha franja y otorgando a las edificaciones anteriores a 1988 un plazo de 30 años —prorrogables a 60— para ser demolidas".

La reforma que ahora propone el Gobierno prevé una ampliación del plazo hasta los 75 años, facilita la explotación de chiringuitos, así como las fiestas en la arena (ahora muy restringidas a causa de los problemas de salubridad que comportan) y amplía también el plazo para regularizar la situación de los puertos deportivos en respuesta a la demanda de la patronal empresarial. Las últimas enmiendas del PP proponen reducir en ciertos casos la zona de protección de cien metros hasta los veinte, dejando en manos de los ayuntamientos la potestad de conceder licencias de obras, y amnistiar a doce núcleos urbanos cuyas viviendas invaden el dominio público. Ni siquiera las construcciones amenazadas por el mar debido al cambio climático están obligadas a abandonar la zona de dominio público, salvo que estén invadidas por el agua o “exista un riesgo cierto de que lo haga”.

Los problemas de aplicación que ha afrontado la Ley de Costas no justifican la reforma que este Gobierno ha puesto en marcha. El último cambio de reducir a veinte metros de la costa la zona protegida tendrá, como consecuencia, una relajación de los controles a que se sometía cualquier obra realizada en esa franja y, a fecha de hoy, ni siquiera se ha incluido la prohibición de nueva edificación, un extremo que vulneraría el espíritu fundamental de la ley vigente, que pretendía liberar el litoral de la presión a la que está sometido. La urbanización desaforada y la ocupación de playas, riberas y marjales es un modelo acabado que, además de ser ecológicamente insostenible, puede repercutir negativamente a medio largo plazo en la industria turística y que ya lo ha hecho en el turismo de calidad.

Los cambios que el Partido Popular está proponiendo solo benefician los intereses privados de unos pocos que, invadiendo terreno público, perjudican el interés general. El partido en el Gobierno cambia, además, las reglas de juego a mitad del partido, lo que sin duda va a generar agravios, inseguridad jurídica y pleitos. Es preocupante el cortoplacismo de esta reforma —el plazo general de concesiones termina en cinco años— y la ceguera que demuestran unos gobernantes empeñados en apostar por el mismo modelo de crecimiento que ha agravado la crisis. Aún hay tiempo para rectificar.


* El País - Editorial - 15.4.13
Foto: Benalmádena (Málaga), viviendas costa - el pais



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