Amnistían casas en la playa a sabiendas de la amenaza del mar

La nueva Ley de Costas amplía las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce el peligro por la existencia de los efectos del cambio climático. Además, las enmiendas del PP a la Ley prevén que el Estado asuma parte de las obras para protegerse del agua. Es decir, se hace una Ley mala y, encima, si pasa algo, lo pagamos todos. Vaya caradura!!
"ELPAÍS : Los cambios introducidos por el PP, en el Gobierno, a la nueva Ley de Costas siguen apostando por prorrogar las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce la existencia de una “amenaza por la invasión del mar o de las arenas” entre las que se incluyen “los efectos del cambio climático”.

Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente, calcula que hay unas 10.000 construcciones en dominio público en nuestro país. Sin embargo, apuesta por salvar de la demolición a unas 2.000, que debían derribarse en 2018, para evitar la mala imagen de España en el exterior. Organizaciones conservacionistas y juristas consultados coinciden en que, lejos de acabar con la inseguridad jurídica, se están fijando los mimbres para una avalancha de pleitos.

Las enmiendas del PP a la actual ley costera, vigente desde 1988, buscan adaptar la normativa a los efectos del cambio climático. Lejos de prevenirlo, tienen como punto de partida hechos consumados o graves amenazas. En ellas, concretamente en la 176, se establece que los “derechos de ocupación” de las construcciones que invaden dominio público se van a mantener “siempre que el mar no les alcance o exista un riesgo cierto de que lo haga”. Si se considera que la zona está en “riesgo de regresión grave”, algo que declarará una orden ministerial, el Estado podrá asumir parte de las obras de defensa para protegerlas o imponer contribuciones. Se trata de que “los concesionarios que están en el dominio público en riesgo se beneficien de las actuaciones de protección de la Administración (...) es una colaboración financiera con los particulares beneficiados”, reconoce una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. “Las ocupaciones se pueden mantener siempre que no exista riesgo de que el mar les alcance”, añade.

La reforma, denominada Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, apuesta por conceder permisos para negocios cada cinco años e ir revisándolos. Se contempla también la posibilidad de resolver las autorizaciones “unilateralmente” y “sin derecho a indemnización” cuando se establezca “cierto peligro” de que el mar les alcance.

Una delegación de la Eurocámara visitó España en marzo para investigar 76 quejas recibidas sobre la tramitación de esta ley. En esos encuentros —que mantuvieron con representantes del Gobierno, damnificados y asociaciones no gubernamentales— se interesaron por la situación de los extranjeros afectados, pero también por la vulneración de directivas medioambientales, como la de riesgo de inundaciones.

“Se trata el cambio climático de una forma frívola, si lo tomaran en serio optarían por retranquear la línea de costa y no perpetuar las instalaciones”, contempla Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG WWF. La organización ve “imposible” certificar lo que ocurrirá en los próximos cinco años y mucho menos “frenar el avance del mar” con obras de defensa. “No se está previniendo nada”, añade José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF.

Greenpeace acusa al PP de “falta de rigor”. “No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, ni la isla de Formentera, ni las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley”, subrayaron ayer. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar u ocurran catástrofes, como que el agua alcance viviendas. “Se choca con el más elemental principio de precaución”, advierten.

De momento no hay una memoria económica que analice el coste de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir sus efectos. “Estos tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre”, aconsejan en Greenpeace.

Medio Ambiente precisa que las medidas tienen todavía que concretarse en un reglamento que desarrolle la ley y presume de que su propuesta es “más ambiciosa y proteccionista del dominio público” que cualquiera de las presentadas por cualquier grupo parlamentario en el Congreso o en el Senado. El Gobierno garantiza que se utilizarán “criterios científicos” para determinar esos tramos en riesgo y “no discrecionalidad de la Administración”.

caso a caso", dice un exdirector de Costas

“Para empezar se considera propietarios a las personas que ocupan dominios públicos”, subraya el socialista Hugo Morán, secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. El diputado critica que se conceda un título de propiedad a un plazo que llega a los 75 años y al mismo tiempo el PP pretenda reservarse el derecho de suprimirlo sin exponerse a reclamaciones judiciales. “Todo esto va a dar lugar a un derecho indemnizatorio, es una irresponsabilidad con los afectados que alcanza un grado supino”, añade.

“Se va a macizar la costa al amparo de las infracciones urbanísticas”, aporta José Fernández, director de Costas en la etapa en la que Cristina Narbona (PSOE) fue ministra de Medio Ambiente. “El cambio climático no se puede dejar para ir viéndolo caso por caso, o dejas la costa como está o amplías la protección, no se puede reducir de ninguna manera”, aporta.

Los grupos parlamentarios presentan hoy sus enmiendas a la Ley de Costas en el Senado.


* EL País - Juana Viúdez - 10.4.13
Foto: Edificios en la costa de Moaña (Pontevedra), uno de los dos últimos núcleos que los populares proponen amnistiar. / Lalo R. Villar

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Cuando la Iglesia registra a su nombre los edificios que han levantado los vecinos

Varios ayuntamientos en Navarra denuncian que la Iglesia ha registrado como de su propiedad bienes construidos con dinero o colaboración pública. Son casos evidentes de especulación urbanística al confundir el Patrimonio público con el privado.
"ELDIARIO* : Los consistorios reunidos en la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro vuelven a hacer un llamamiento a las entidades locales para reclamar al Arzobispado de Pamplona los bienes que este lleva inscribiendo a su nombre desde el año 1998, en lo que miembros de la plataforma consideran un "auténtico expolio" de patrimonio público".

En el origen de este conflicto que enfrenta al Arzobispado con algunos ayuntamientos y que se repite en todo el estado, está la percepción sobre la propiedad de muchos bienes sin inmatricular (primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad) que, hasta su registro por parte de la Iglesia, los pueblos consideraban como comunes.

Uno de los ayuntamientos que conforman la comisión integrada en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro es el del Valle de Baztan, regido por Garbiñe Elizegi. Considera que desde siempre, "el dinero que se ha invertido en la construcción y arreglo de las casas parroquiales o las iglesias del valle ha sido de los pueblos, bien a través de las aportaciones de los vecinos o del trabajo en auzolan".

Este auzolan, como se conoce en Navarra al trabajo comunitario llevado a cabo por los vecinos y vecinas, es el que está detrás de la limpieza de bosques municipales o la recogida de leña, pero también de la restauración de las casas de las hacedoras, el mantenimiento de cementerios o la construcción de muchas ermitas navarras. Eso, sumado a las aportaciones públicas a través de subvenciones, como por ejemplo, los 321.345 euros concedidos por el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de la ermita de San Martín en Izagaondoa, o a la documentación histórica sobre la titularidad de los bienes, lleva a muchos consistorios y poblaciones a considerar parte de estos propiedad municipal.

Y eso aunque nunca los hubiesen inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que los lugares de culto como ermitas o iglesias no podían ser registrados por nadie hasta 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria. Por otro lado, en el caso de fincas, bosques o viviendas porque, según Pascual Larumbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, "hubo una cierta desidia o inercia sociocultural. La casa del cura era como la casa del maestro, que seguro que en muchos sitios sigue sin inmatricular. Todo el mundo sabe que es una casa mantenida por el pueblo".

Sin embargo, fue el Arzobispado de Pamplona quién registró todos ellos a partir de 1998, gracias a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que rige que la Iglesia Católica, a la que atribuye la misma potestad que a las administraciones públicas, "cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan". Para ello, y de forma unilateral, solo tiene que emitir ella misma, a través de los diocesanos, a los que equipara así a funcionarios públicos, un certificado de propiedad para registrarlos, a pesar de carecer de otros documentos que prueben su titularidad. El coste de este procedimiento ha sido hasta ahora de entre 25 y 30 euros. Los términos de esta reforma de la Ley Hipotecaria vinieron precedidos, según Larumbe, de un "evidente pre acuerdo del Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal".

Según esto, y contrariamente a la opinión del ayuntamiento, la Iglesia se considera propietaria, solo en el valle del Baztan de doce parroquias, ocho ermitas, una basílica, dos fincas y un arbolado que registró a su nombre hasta 2007. En toda Navarra se han producido más de mil registros o inmatriculaciones de bienes de este tipo, Unas inmatriculaciones con las que según Elizegi, la Iglesia "se está apropiando indebidamente de patrimonio público", cosa que, además, ha hecho "a escondidas".

"Que lo decida un juez"

Ante esto, los ayuntamientos se han dirigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio Arzobispado para reclamar la anulación de estas inmatriculaciones y el registro de los bienes a nombre de los municipios. Eso hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Otsagabia al que el Arzobispado recibió con un "que lo decida un juez".

Sin embargo, una reclamación por vía judicial puede suponer para un pequeño consistorio más de 5.000 euros, como los que ha tenido que afrontar el pueblo de Garisoain, de apenas una treintena de vecinos, para recuperar la ermita del Pilar. La Audiencia Provincial de Navarra acaba de fallar en contra de la primera sentencia que atribuía la propiedad al Concejo, pero van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante lo que consideran "un litigio entre la cúpula de la Iglesia y sus feligreses", según Javier Ilzarbe, hasta ahora presidente del Concejo.

El próximo 9 de abril, todos estos consistorios estarán presentes en la asamblea que, a instancia de la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, se ha organizado con el objetivo de acordar "una estrategia común". Una asamblea en la que quede claro, una vez más, según Larumbe, que "lo importante es el corporativismo municipal, que haya una voz unánime sobre que no estamos atacando a nadie sino tratando de recuperar lo que nos han robado. Y eso es competencia directa de los ayuntamientos".

"Muskilda es nuestra"

También en Navarra, el Patronato de Muskilda y la Villa de Otsagabia están a punto de presentar la demanda judicial por la que reclaman la propiedad municipal de esta ermita que el Arzobispado de Pamplona inscribió a su nombre. Este caso no está dentro de aquellos reclamados por la plataforma, por su especial idiosincrasia, pero también se inscribe en la política de inmatriculaciones que el Arzobispado lleva desde 1998.

Sin embargo, la alcaldesa de Otsagabia es rotunda, "Muskilda es nuestra", afirma Marisa Sáez. Considera que este caso es diferente al de la mayor parte de las inmatriculaciones reclamadas por la plataforma, porque "la ermita se rige por un patronato desde hace 600 años. La Iglesia se ha querido meter en Muskilda desde hace tiempo, pero hay sentencias hasta de 1600 que dicen que la ermita es del pueblo que la construyó y la mantuvo en auzolan". La ermita se levanta en terreno municipal y las llaves las tiene la hacedora o ermitaña. El consistorio paga anualmente a un párroco por el culto.

Ante el litigio se muestra optimista, porque considera que tienen "muchas pruebas" de la propiedad municipal de Muskilda. Pruebas que ocupan más de mil folios y que espera que sean las necesarias para que los tribunales les den la razón frente al Arzobispado en un caso "que es muy sangrante y que le duele en el alma a todo el pueblo".


* El Diario - Jara Calvo - 30.3.13
Foto: Protestas frente al Arzobispado de Pamplona / EFE

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