Campaña de arquitectos y vecinos contra el complejo de lujo en edificios históricos de Madrid

Parece que el 'fachadismo' ilegal continúa en pleno centro de Madrid, y el interior de edificios protegidos como La Equitativa o el Banco Central Hispano será destruido para construir un hotel de lujo. Todo ello con el permiso 'ciego' de las autoridades competentes en Patrimonio de la Comunidad y el visto bueno del Colegio de Arquitectos.
"ELDIARIO* : Diversos colectivos y asociaciones promueven una recogida de firmas y presentan alegaciones a la modificación de la Dirección de Patrimonio que quita protección a dos edificios considerados Bienes de Interés Cultural, y que formarán parte de un centro de lujo promovido por el Grupo Villar Mir."

"Salvemos Canalejas de la voracidad del ladrillo". Parece un eslogan antiguo, extemporáneo, de la España anterior a la crisis. Pero es reciente y es noticia porque alude a la mayor operación inmobiliaria de estos tiempos post burbuja: la de la manzana de Canalejas, en Madrid. La iniciativa de www.change.org ya suma más de 280 firmas para pedir al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que devuelvan la máxima protección a dos edificios considerados Bien de Interés Cultural (BIC): la sede del Banco Central Hispano y La Equitativa. Estos palacios, dos de los más singulares de la capital, forman parte de un proyecto del Grupo Villar Mir, que vaciará siete edificios para convertirlos en un megaespacio en el que cabrán un hotel cinco estrellas de 26.000 m2, un centro comercial de 16.000 m2, 35 viviendas de lujo y 500 plazas de parking. Para permitirlo, la Comunidad ha rebajado su protección, que ahora se limita a poco más que la fachada.

"Los edificios tienen sentido y valor como entidad, no a trozos. Y proteger sólo el exterior es caer en el llamado fachadismo", señala una de las alegaciones que se han presentado contra esta decisión. Incluso la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con voto en la Junta General de Patrimonio, argumenta que no hay razón (como podría ser un error en la calificación anterior o una situación ruinosa del edificio) para rebajar el blindaje. El proyecto, sin embargo, tiene el visto bueno del Colegio de Arquitectos.

Un precedente nefasto

"Revocar una protección para facilitar el camino a una constructora sienta un precedente nefasto, porque abrirá la puerta a más casos", señala la arquitecta Amparo Berlinches. Tanto es así que la Comunidad de Madrid quiere cambiar la ley para "facilitar" el aprovechamiento económico del patrimonio.

"Los políticos carecen de imaginación. ¿Que hay paro? Entonces busquemos un titular que diga que creamos empleos. Pero se crean los mismos puestos de trabajo haciendo las cosas bien que haciéndolas mal. Miran sólo el debe y el haber. Y a veces el arte pierde en esa dicotomía económica”, reflexiona José Miguel Gastón de Iriarte, arquitecto especialista en rehabilitaciones.

El Banco Hispanoamericano (Canalejas, 1), de 1905, es obra de Eduardo Adaro (autor también del Banco de España) y José López Salaberry. Por su riqueza arquitectónica fue declarado BIC en 1999. "Y ahora deciden que le quitan esa catalogación sin una justificación", se queja Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Se argumenta que el edificio ha cambiado mucho. "Pero las remodelaciones muchas veces suman valor en lugar de restarlo", objeta Patón. El del patio de operaciones, de los años cuarenta, con sus vidrieras y sus columnas de capiteles de latón, es uno de esos casos.

La Equitativa (Alcalá, 14) es obra de José Grases Riera, un discípulo de Gaudí que también diseñó la modernista sede de la SGAE. Inaugurado en 1891, es uno de los edificios más especiales de la ciudad. Con la nueva catalogación muchas de sus decoraciones originales quedan desprotegidas. Y también su lucernario, una verdadera joya incorporada en 1945, con una imponente cristalera de Maumejan, el vidriero más famoso de la época. "Ahora si quieren pueden tirarlo todo", se lamenta Patón.

Los críticos con la resolución de la Comunidad de Madrid apostaban por una rehabilitación individual de los edificios, como establecía el Plan Municipal de Protección Integral, aprobado en 2007. Ahora hay que esperar que se resuelvan estas alegaciones, y hay casi un mes para alegar también el cambio en el PGOU que les quita la protección municipal. Pero las asociaciones se quejan de falta de información.

Se podría hacer un hotel más pequeño con una gran personalidad arquitectónica”, afirma Gastón de Iriarte. "Pero se ve que no se conforman con un negocio normal. Quieren un meganegocio", remata Patón.

“Para entender la importancia de lo que ocurre hay que pensar con perspectiva”, explica Gastón de Iriarte. Y concluye con una anécdota y una pregunta: "En los años 70 el Gran Hospital San Carlos iba a ser demolido para construir viviendas, pero en 1977 lo salvamos al lograr que se declarara Monumento Histórico-Artístico. Ahora es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. ¿Hoy alguien podría creer que iban a tirar el Reina Sofía?”.


* El Diario - Natalia Chientaroli - 21.3.13
Foto: Vestíbulo del Banco Central Hispano en Canalejas, en enero de 2007. / RICARDO GUTIÉRREZ

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Procesan al exalcalde de Aljaraque y a su concejal de Urbanismo

El procesamiento del exalcalde de Aljaraque (Huelva) y su concejal de Urbanismo se produce 5 años después de acusar a ambos del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos.
"HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Instrucción nº3 de Huelva ha ordenado el procesamiento del ex alcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP), por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Junto a Orta también están imputados y serán procesados el que fuera su concejal de Urbanismo, Casto Pino, y otras dos personas de las que no han trascendido más detalles, imputándoseles a todos ellos los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública."

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalaron a Efe que el auto ha sido recurrido por las defensas ante la Audiencia Provincial de Huelva estando pendiente de resolución.

El procesamiento se conoce cinco años después de que saliera a la luz la presunta trama fiscal que encabezaban presuntamente los que fueron máximos responsables del Ayuntamiento de Aljaraque, detenidos a comienzos de abril de 2008 por orden judicial.

El procesamiento se produce a raíz de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, en enero de 2007, el promotor inmobiliario y ex militante del Partido Popular Rafael Barroso, en la que aparecía los nombres de los dos ediles aljaraqueños imputados. En aquel momento, el ex alcalde respondió a Barroso con una querella por injurias, calumnias y denuncias falsas.

Después de que Anticorrupción trasladara el caso a Huelva, el Juzgado de Instrucción número 3 se hizo cargo del asunto. El empresario Barroso acusó al ex regidor aljaraqueño de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en los doce años que estuvo al frente del Ayuntamiento, así como del presunto cobro de comisiones ilegales; denuncia que además hizo extensible al concejal de Urbanismo, Casto Pino.

Se acusó a ambos del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos, apuntando que a él mismo se le habían solicitado 300.000 euros para poder obtener una de esas licencias municipales de obras.

Además señalaba que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establecen por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".

En la denuncia que en su día presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, el empresario detallaba que se cobraban comisiones ilegales por la firma de convenios con hasta siete empresas inmobiliarias y hasta legaba a detallar los supuestos delitos cometidos por los ahora detenidos (contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal).

El denunciante llegaba incluso a establecer un cálculo del patrimonio del ex alcalde y de su principal colaborador, que cifró en unos 60 millones de euros.

En la documentación que el empresario presentó a las instancias judiciales afirmaba además que el cobro de las comisiones ilegales era invertido "en bienes de distinta naturaleza", como inmuebles, fincas urbanas, rústicas, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades; y que "evidentemente" era para "la compra de artículos y bienes de lujo".


* Huelva Información - 23.3.13
Foto: Aljaraque (Huelva) - juntadeandalucia.es



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