Desahucios, el drama de una gran estafa

ERNEST CAÑADA* : Si algún fenómeno ilustra con mayor claridad la naturaleza de la crisis que se vive en España es el de los desahucios de miles de familias que no han podido cumplir con los pagos de sus hipotecas. Lejos de ser un “problema social”, como recordó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados porlas Hipotecas (PAH), el pasado 5 de febrero de 2013, los desahucios son parte de una estafa generalizada, la que han cometido los bancos contra la mayoría de la población. Y de esto va fundamentalmente esta crisis: del fraude que están cometiendo unos pocos, en su mayoría vinculados al poder financiero y a la gran patronal, contra la gente, ese 99% que se corea en las manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país.
Entre 1998 y 2007, cuando estalló la crisis financiera, en España cada año se negociaron más de 800.000 hipotecas. En solo 9 años fueron cerca de 8 millones. La construcción de viviendas fue desmesurada, y se llegaron a hacer más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas.Pero las familias no se hipotecaron porque quisieran, si no porque no tuvieron alternativa, tal como explicó Ada Colau ante la citada Comisión.

Durante años las políticas públicas hicieron que la única vía para acceder a una vivienda fuera el sobreendeudamiento. Las viviendas de alquiler, cuyo mercado fue desregulado, eran caras, inestables y estaban en mal estado. Asimismo la política fiscal desgravaba la compra pero no el alquiler. Las autoridades públicas insistieron que no había una burbuja inmobiliaria – incluso cuando todos los indicadores eran más que evidentes [1] –, que la adquisición de una vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, y además había que hacerla rápido, antes de que su precio subiera. De este modo, la compra se convirtió prácticamente en la única vía para resolver esta necesidad vital, porque la vivienda en alquiler no era una alternativa real.

Muchas personas, siguiendo las recomendaciones de las distintas administraciones públicas, lo que hicieron fue comprarse una vivienda. Y para ello accedieron a los préstamos hipotecarios que ofrecían las entidades financieras en condiciones muy dudosas. Por una parte, recordó Colau ante los diputados, los créditos se ofrecieron mediante contratos que las mismas entidades financieras elaboraban sin posibilidad de cambio, incluían cláusulas abusivas y nunca se informó en dichos contratos que la hipoteca, en caso de impago, no quedaba saldada con la devolución de la casa, si no que la deuda podía perseguir al deudor de por vida, hasta su completa cancelación. Por otra parte, las tasaciones fueron hinchadas con precios sobrevalorados por empresas tasadoras impuestas por los mismos bancos. Además se concedieron préstamos a personas cuyos ingresos eran demasiado bajos y que claramente iban a estar en una situación de riesgo.

Cuando estalló la crisis

El resultado fue que entidades financieras, empresas inmobiliarias, constructoras y algunas administraciones públicas se lucraron enormemente con lo que constituyó un fraude hipotecario generalizado, tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su Manifiesto de presentación.

Pero cuando la crisis estalló ninguno de estos actores asumió responsabilidad alguna que, contrariamente, se trasladó en su totalidad a quienes contrajeron las deudas. De este modo, mientras miles de viviendas están vacías, sin venderse o alquilarse, y se concentran cada vez más en manos de las entidades financieras, que se han quedado con los inmuebles de las constructoras y empresas inmobiliarias endeudadas y quebradas, a quienes sí se han perdonado sus deudas a cambio de los inmuebles, miles y miles de familias son sacadas de sus casas por no poder hacer frente a las hipotecas que asumieron. Según datos de la PAH actualmente están siendo desalojadas de sus casas más de 500 familias al día, lo que supone que desde que estalló la crisis en 2007 se hayan producido más de 400.000 desahucios. El mismo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reconoció que las ejecuciones hipotecarias o desahucios habían aumentado más de un 134% durante el año 2012 .

El incremento de los desahucios ha provocado una situación de desamparo y empobrecimiento de una gran cantidad de personas. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012, el 12% de las personas sin hogar habríasufrido un desahucio. También se han incrementado dramáticamente el número de suicidios asociados a esta causa, aunque los datos estadísticos oficiales tienen serias limitaciones en este aspecto. En los últimos días, se han producido al menos cinco suicidios directamente asociados a desahucios. El pasado viernes 8 de febrero un hombre de 36 años, activista de Stop Desahucios, con esposa e hija, con una orden de desahucio por impago de alquiler se suicidaba en Córdoba; el lunes 11 lo hacía un hombre de 56 años en Basauri, País Vasco; el martes 12 una pareja de jubilados en Calvià, Mallorca, después de recibir el aviso de desalojo; y el miércoles 13, en Alicante, lo hacía un hombre de 55 años momentos antes de llegar la comisión encargada de su desahucio. Se trata de los casos más recientes, pero la lista es muchísimo mayor. En esta situación, resulta revelador que el periodista Antonio Maestre haya elaborado por medio de googlemaps unmapa de suicidios relacionados con los desahucios y las dificultades económicas provocadas por la crisis en España.

El conocimiento de las consecuencias directas de la política vigente en materia de vivienda y préstamos hipotecarios, hizo que Ada Colau acusara de criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pelliter, durante la comentada comparecencia. Momentos antes que ella interviniera el representante de la banca había ninguneado el problema de los desahucios, considerando que “la legislación española era estupenda”, en un acto más de la evidencia del poder del sistema financiero sobre los estados [2].

También desde fuera de España han arreciado las críticas y denuncias a esta política de vivienda e hipotecaria. La población inmigrante que llegó del extranjero para trabajar y acabó contrayendo hipotecas para poder acceder a una vivienda, se encuentra ahora que, además de perder su vivienda por impago de la deuda contraída, y todo el dinero que invirtieron en ellas, tienen que seguir pagándola aunque retornen a sus lugares de origen y con la amenaza de embargo de sus ingresos por las entidades financieras en esos mismos países. Esta situación llevó el pasado 21 de enero de 2013 a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador, a interponer una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios.

Lucha social y alternativas, el protagonismo de la sociedad civil

Frente a la inacción de los poderes públicos españoles, la sociedad civil ha tenido que organizarse para analizar y denunciar el problema, pero también para defender los derechos y necesidades de la gente ante los desahucios y, finalmente para proponer cambios en las políticas públicas. Buena parte del liderazgo público en la lucha social frente al problema de la vivienda ha estado a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Constituida en febrero de 2009 en Barcelona, hoy tiene núcleos organizados en más de cien municipios de toda España.

Por medio de estas estructuras la gente se ha auto-organizado para defenderse y apoyar a sus vecinos ante los desahucios, e incluso se ha logrado involucrar a colectivos como los cerrajeros que se han comprometido en muchas ciudades a no participar en más desalojos. También se ha presionado a las entidades financieras o se ha acompañado a la gente en las negociaciones para lograr gran cantidad de daciones en pago (saldo de la deuda con la entrega del inmueble), condonaciones de deuda, o que algunas familias fueran realojadas en viviendas públicas. E incluso en algunos municipios han desarrollado cierta obra social, ofreciendo estructuras de protección y acompañamiento a las personas más desamparadas. Pero sobre todo, lo más importante es que organizándose la gente ha logrado darse esperanza. Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud, destacaba que en respuesta al “paulatino deterioro del vínculo entre ciudadanía e instituciones públicas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una democracia participativa y real” [3].

En esta perspectiva cabe entender el trabajo desarrollado por la PAH con la presentación en el Congreso de los Diputados de 1.402.854 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria en España. Entre las principales medidas propuestas incluyen la dación en pago con carácter retroactivo, moratoria universal para los desahucios y un alquiler de carácter social. El 12 de febrero de 2013 el Congreso de los Diputados ha tenido que aceptar, con el voto favorable de todos los grupos políticos pese a su rechazo hasta último momento del Partido Popular, que se debata esta ILP. La presión ciudadana fuera y dentro del Congreso es cada vez más fuerte y previsiblemente continuará en ascenso si no se aceptan las propuestas “de mínimos” planteados por la voz de la calle.

La lucha contra los desahucios es parte esencial de este relato sobre la crisis. Es parte de la lucha de los de abajo contra los de arriba, la necesaria respuesta social a una crisis que, en realidad, no es más que una gran estafa.

Notas:
[1] Sobre las características del sector de la vivienda en España véase: José Manuel Naredo y Antonio Montiel Márquez, El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria Editorial, Barcelona, 2011.
[2] José Antonio Estévez, El poder del sistema financiero sobre los estados, Alba Sud, 25 de diciembre de 2011.
[3] Rodrigo Fernández Miranda,Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa, Alba Sud, 27 de enero de 2013.

Artículo publicado originalmente en la Web de la Rel-UITA el 19 de febrero de 2013.


* Rebelión - Opinión - 21.2.13
Foto: PAH, firmas ante Congreso - EFE



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Los fantasmas que sobrevuelan Eurovegas: El Reino de Don Quijote y Gran Scala

ELDIARIO* : El proyecto aragonés, denominado Gran Scala, nunca se convirtió en realidad. Como tampoco lo hizo El Reino de Don Quijote, el otro megacomplejo de ocio que iba a catapultar a Ciudad Real al olimpo mundial del juego.
“En estos doce meses hemos competido con otras zonas de España y de Europa y hemos conseguido que los promotores del proyecto determinen que nuestra Comunidad es el lugar elegido para la ubicación de este proyecto. Es un desafío (…) y quiero agradecérselo muy especialmente a los promotores que han confiado en nosotros y que contarán con la confianza de esta Comunidad Autónoma”. Así se expresaba un presidente regional sobre el proyecto de ocio que iba a revolucionar su Comunidad y crear cerca de 26.000 empleos. Pero no se trata de Ignacio González y su confianza ciega en el futuro de Eurovegas, sino de Marcelino Iglesias, entonces presidente de Aragón, quien en 2007 creía que era posible convertir el desierto de Los Monegros en la réplica europea de Las Vegas.

El proyecto aragonés, denominado Gran Scala, nunca se convirtió en realidad. Como tampoco lo hizo El Reino de Don Quijote, el otro megacomplejo de ocio que iba a catapultar a Ciudad Real al olimpo mundial del juego, de la mano del grupo estadounidense Harrah’s. La dueña del famoso Caesars de Las Vegas huyó tan rápido como pudo cuando vio desmoronarse el proyecto al mismo tiempo que el aeropuerto de Ciudad Real abandonaba su pretensión de convertirse en una alternativa a Barajas.

Construir Las Vegas en el desierto aragonés

Gran Scala se vistió de largo en diciembre de 2007. Su presentación se hizo en la Sala de La Corona del edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón, reservada para los actos más solemnes. Alrededor de 700 invitados, entre ellos algunos de los grandes nombres del empresariado español, daban la bienvenida al proyecto encabezado por Internacional Leisure Develompment (ILD). Un proyecto que iba a tomar el relevo inversor de la Exposición Internacional de Zaragoza.

Sus números iniciales eran mareantes: 18 parques temáticos, 32 casinos, la reconversión en centro de ocio de más de 2.000 hectáreas, una inversión de más de 7.000 millones de euros y la creación de cerca de 26.000 puestos de trabajo. Un globo que sólo tardo un año en empezar a desinflarse. En 2008, los pretendidos casinos se rebajaron a diez, los parques temáticos a ocho, las hectáreas a unas 1.000 y los empleos primero se redujeron a 15.000, luego a 5.000… Y hasta ahora, cuando el proyecto se da abiertamente por perdido. La única inversión que se materializó fue la compra inicial de terrenos, que benefició a los propietarios de la zona de Ontiñena, a la que ILC habría destinado unos 1,2 millones de euros.

Internacional Leisure Develompment, cuya sede está en Londres, sigue publicitando en su web el proyecto de Los Monegros que, asegura, es “un viaje al corazón de la historia y de las civilizaciones en el corazón de un reloj de 4,5 kilómetros cuadrados, articulados alrededor de 16 temas históricos (…) Concretamente, el visitante podrá entrar en la Grecia Antigua, recorrer la Edad Media, pasear por el Renacimiento y explorar el mundo del futuro. Cada periodo histórico comprenderá dos complejos, así como un hotel y un casino tematizados de acuerdo con el mismo periodo histórico”. Y continúa asegurando que Gran Scala contará con “seis grandes parques temáticos, sus contenidos variarán desde el mundo del cine, el espacio, el futuro, la aventura y espionaje, la música a través del tiempo, los mamíferos, el mundo marino y el mayor parque acuático del mundo…”. Veinticinco millones de visitantes iban a visitar el megacomplejo, que iba a abrir sus puertas en 2014.

Eurovegas es algo más cauto en sus previsiones. Espera que su proyecto madrileño, cuando esté en pleno funcionamiento, previsiblemente en 2025, atraiga a unos 10 millones de personas y, pese a la cautela, doblaría el número de turistas que visitan actualmente la Comunidad de Madrid. También anda de puntillas sobre las cifras de inversión previstas, dado que a día de hoy sólo se haría cargo, directamente, del 35% de los 17.000 millones que requiere el complejo de Alcorcón. Tampoco está claro el volumen de empleo, tanto directo como indirecto, que podría generar. Las cifras más optimistas se elevan a 260.000 puestos de trabajo que equivalen, prácticamente, a la mitad de desempleados que tiene actualmente la comunidad presidida por Ignacio González.

Precisamente, fue González quien calificó Eurovegas como un “sueño”. Una hipérbole que hace recordar las palabras de José Ángel Biel, exvicepresidente aragonés, quien habría llevado la batuta en las negociaciones con ILD y quien llegó a calificar Gran Scala como lo más grande que le había pasado a Aragón desde los Reyes Católicos.

El fallido Reino de Don Quijote

A mediados de 2005, Ciudad Real iba camino de convertirse en uno de los ejes del juego en Europa. Una actuación urbanística que, sólo en su primera fase, supondría la construcción de un casino Caesars que, como su homólogo de Las Vegas, operaría el gigante Harrah’s y que tendría más de 10.000 metros cuadrados, un hotel de lujo donde llevar a cabo grandes congresos, un teatro con capacidad para ubicar a 3.000 espectadores, un mega spa de lujo, varios campos de golf y más de 2.000 viviendas que, en una segunda fase, se ampliarían con 7.000 más.

Pero el destino del proyecto iba ligado al del fallido aeropuerto de Ciudad Real. Intereses paralelos e inversiones que se llevaron por delante a los promotores. El principal inversor del Reino de Don Quijote fue Gedeco Avantis, que entró en concurso de acreedores en 2011. El segundo era Caja Castilla-La Mancha. De hecho, según se publicó en medios locales, la caja nacionalizada llegó a invertir más de 100 millones de euros en este fallido proyecto. Harrah’s lo dio por perdido en 2008, si no definitivamente, al menos hasta que las condiciones de mercado fueran más favorables, y después de haber invertido más de 30 millones de dólares.

Pero El Reino de Don Quijote sigue vivo, al menos en la red, donde se publicita como un “destino turístico al alcance de todos”. “El Reino es un resort turístico internacional ubicado en Ciudad Real, con una amplia oferta de ocio, bienestar, cultura y golf que incluye el Caesars España Hotel y Casino, un hotel-balneario, hoteles de 4 y 5 estrellas, campos de golf, zonas comerciales, un centro de convenciones y congresos y un área residencial”, sigue asegurando en su web. Y, de nuevo, la promesa del empleo. “El Reino ampliará la oferta laboral de la región y tiene previsto crear un total de 7.000 empleos directos en Ciudad Real y 11.000 empleos indirectos e inducidos en Castilla-La Mancha. Directamente va a necesitar perfiles muy heterogéneos, todos los relacionados con la hostelería, el golf, el comercio, etc. Además, un resort de esta magnitud va a requerir muchos empleos indirectos de empresas que serán suministradores y proveedores de El Reino”.

Regulaciones específicas para megaproyectos

Otro paralelismo entre Eurovegas y los dos proyectos fallidos es el del cambio regulatorio que conlleva este tipo de megacomplejos. Aragón aprobó en 2009 una Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, espacios que debían tener una superficie de más de 1.000 hectáreas que permitieran la creación de más de 3.000 puestos de trabajo, que serían supervisados por un consorcio entre administraciones encargado de revisar el desarrollo y la ejecución de los proyectos. En el caso del Reino de Don Quijote, fue declarado “Proyecto de Singular Interés” por la Junta de Castilla-La Mancha.

En Madrid, Eurovegas ha supuesto la creación de la figura del Centro Integrado de Desarrollo (CID). Es decir, un complejo donde se realicen de forma integrada actividades industriales, turísticas, de convenciones y congresos, de ocio, espectáculos, juego, deportivas, sanitarias, culturales o comerciales. Los CID conllevan una autorización administrativa mediante concurso público que, en el caso del megacomplejo de Sheldon Adelson, podría resolverse este mismo verano porque, previsiblemente, su empresa será la única que opte al mismo.

Pero el optimismo político a veces tiene fecha de caducidad. Si en 2007, Marcelino Iglesias daba la bienvenida a los inversores de ILD, sólo dos años después, al comprobar que el proyecto se diluía, recalcaba públicamente que el único gasto realizado por la Comunidad Autónoma en la urbe del ocio y el juego de Gran Scala había sido de “50 euros”, los que se habían gastado en luz para la puesta de largo en la sede de su Gobierno. Quién sabe si dentro de unos años sabremos cuánto se gastó en luz la Comunidad de Madrid en la presentación de Alcorcón como sede de Eurovegas.


* El Diario - Cristina G. Bolinches - 17.2.13
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala



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