La otra corrupción que corroe a España

TEINTERESA* : Los sobornos urbanísticos florecieron con el boom inmobiliario, pero también hay casos de amaños en contratos de basura y limpieza o de grúas.
Los tentáculos de la corrupción política e institucional se despliegan entre los municipios y ciudades españolas, aunque no acaparen los titulares ni sonrojen a la prensa extranjera como los papeles de Bárcenas, la red Gürtel o en su día el caso Filesa. Pero la mayoría de los casos por cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación que afectan a dirigentes políticos ha sucedido en el mapa municipal. Brugal, caso Andratx, Pretoria, Mercurio, Nintette, Pokémon, Malaya… Más de una treintena de alcaldes y hasta medio centenar de exregidores están implicados o siendo investigados por la Justicia.

Malaya, el paradigma de la corrupción municipal
El caso Malaya en el Ayuntamiento de Marbella que se destapó el 30 de marzo de 2006 supuso un punto de inflexión en la investigación y la persecución penal de estos procesos por la dimensión de la trama y porque tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Consistorio en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de mayo de 2007, en las que ganó el PP y puso fin a la era GIL.

En este macroproceso judicial, del que se espera una sentencia tras un juicio que ha durado 22 meses, se resume así: 86 acusados para los que se piden 490 años de cárcel y multas de 3.800 millones de euros.

El presunto cabecillo de la trama urbanística, el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, supuestamente gobernaba la ciudad desde su oficina de planeamiento, dirigiendo y gestionando los sobornos a los promotores que aceptaban pagar comisiones a cambio de quedarse con el negocio.

Pero además Roca supuestamente tejió una red de abogados, testaferros y marchantes para ocultar su poderoso patrimonio. Como muestra, su cuadro de Miró en el baño, la pista de aterrizaje para helicópteros, sus animales salvajes disecados y sus caballos de pura raza; fueron algunos bienes que confiscó la Policía.

El fiscal anticorrupción que tiró del hilo junto al juez Miguel Ángel Torres manifestó en las conclusiones finales del juicio que “15 años de arbitrariedades” en Marbella “dan para mucho” y que, pese al juicio y la actividad fiscalizadora” del Tribunal de Cuentas no se puede determinar el daño ni el castigo penal de las irregularidades cometidas. El Ayuntamiento cifra en más de 500 millones de euros el dinero esquilmado a las arcas públicas.

Caso Andratx, ejemplo del urbanismo sin control
Este caso que afectó al municipio balear de Andratx se considera un ejemplo del urbanismo sin control. Esta operación es tan compleja que ha dado lugar a 77 piezas separadas por delitos urbanísticos. El proceso se ha saldado con casi una veintena de condenas a dirigentes políticos y cargos municipales, entre ellos el exalcalde Eugenio Hidalgo y el exjefe de Urbanismo, Jaume Massot. El regidor fue condenado a cuatro años por construirse un chalé ilegal aprovechándose de su puesto en el Consistorio.

Brugal, la trama de basuras en la Vega Baja
La operación Brugal se desencadenó en 2006 después de que el empresario Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones que revelaban amaños en la adjudicación del servicio de basuras en Orihuela. El proceso, que acumula medio centenar de imputados, acabó destapando una red de irregularidades en los servicios de limpieza de la Vega Baja, y salpicando a José Joaquín Ripoll, ex presidente del PP de Alicante que comenzó su trayectoria junto a Eduardo Zaplana. Ripoll se vio implicado en este caso por aceptar supuestamente sobornos para la contrata de la basura.

En este caso que tiene ramificaciones está imputada la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, por supuestas irregularidades en el plan urbanístico de la ciudad. Unas grabaciones comprometen a la regidora porque revelan un trato de favor al constructor Enrique Ortiz.

Mercurio, el caso de las comisiones del 3% en Sabadell
El caso Mercurio en el Ayuntamiento de Sabadell se destapó en noviembre de 2012 y tres meses después se ha llevado por delante al alcalde socialista Manuel Bustos. El regidor ha presentado este jueves su dimisión por “el bien de la ciudad”, aunque mantiene su acta de concejal. La Fiscalía Anticorrupción acusa a cargos del Consistorio, gobernado por el PSC, de llevarse el 3% de los contratos de obra contratados. Según el Ministerio Público, los implicados exigían presuntamente 12.000 euros a las empresas como condición para adjudicarles las obras y al final del proyecto se quedaban con el 3% de lo contratado en dinero negro.

Astapa, el negocio barato del ladrillo a cambio de sobres
La operación Astapa que se desarrolló en 2008 en el Ayuntamiento de Estepona implicó a cargos políticos y concejales, y al entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que pasó seis meses en prisión. También salpicó a empresarios, técnicos, empleados municipales…Según la investigación, en el Consistorio se aplicaba una política urbanística que consistía en infravalorar el terreno urbanístico para que los promotores obtuvieran una mayor plusvalía, pero como contrapartida debían entregar unas cantidades de dinero a los cargos políticos.

Los informes policiales señalan que José Flores, el jefe de gabinete de Barrientos que se llamaba a sí mismo el ‘Señor de los hilillos’, se encargaba de negocios los convenios urbanísticos, de elaborar las listas electorales y de requerir a los concejales.

Caso Pretoria, la red corrupta que salpicó a exaltos cargos de Pujol
La operación Pretoria que inició Baltasar Garzón en octubre de 2009 ha afectado a cargos municipales de los ayuntamientos Santa Coloma de Gramanet, Badalona, y Sant Andreu de Llavaneras, entre ellos a dos exaltos cargos de CIU en la época de Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Las actividades de los imputados evitaron supuestamente que las arcas públicas ingresaran 44,7 millones de euros. En este caso se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.

Operación Pokemon, irregularidades en ayuntamientos de todos los colores
La operación Pokemon investiga tramas de sobornos en adjudicaciones públicas desde Lugo, a Santiago, Asturias y Catalunya. Ya hay más de 30 imputados, entre ellos políticos, policías, funcionarios. Entre los implicados que fueron detenidos figuran el Jefe de Policía de Ourense; Abelardo Ulloa; el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE) o el de Santiago de Compostela, Ángel Currás, también de ese partido.

Los implicados en esta operación están siendo investigados por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental. La jueza investiga la concesión de contratos públicos a cambio de sobornos que, posteriormente, se repartían entre los implicados. Cada uno de estos sobornos podría rondar los 3.400 euros mensuales.


* TeInteresa - 14.2.13
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es



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Los cadáveres de Madrid

ELPAÍS* : Grandes infraestructuras públicas sin terminar o sin uso han quedado repartidas por la Comunidad como testimonio del exceso inversor de los años de bonanza.
Al asomarse a la frontera norte de la capital vuelve el recuerdo de que durante años Madrid se miró en Abu Dabi para saber qué aspecto quería que tuviera su futuro. Un skyline de rascacielos como cerillas de cristal, caracolas refulgentes firmadas por los arquitectos de moda. En este balcón de Madrid, con el IFEMA a las espaldas y alrededor un mar de hierba quemada, ahora se pueden contemplar algunos retales de ese sueño. A la izquierda, las torres de la Plaza Castilla, las que nacieron del vigor de las grandes constructoras torpedeadas por la crisis. Enfrente, el Instituto de Medicina Legal (IML), el único edificio levantado en el Campus de la Justicia de Valdebebas: 20 millones de euros vacíos a la espera de uso.

En este rincón, la semejanza con Abu Dabi se consiguió parcialmente. Puede que no en lo grandioso ni lo icónico, pero sí en que la ciudad parece en su límite septentrional un desierto salpicado de edificios con textura de espejismo. Un espacio por el que no se puede transitar sin coche porque no existe transporte público. No hay otra forma de llegar al IML, un meteorito metálico en medio de lo que tenía que ser el Campus y que, por el momento, es un páramo entre el estadio Di Stefano y la Terminal 4 de Barajas.

Al alienígena edificio se le conoce popularmente como el donut. Tiene 14.000 metros cuadrados y se espera que un día lo ocupen los trabajadores del Instituto Anatómico Forense. Despachos, salas de disección y de espera: todo está listo para que los médicos trabajen; solo falta el equipamiento. En torno a él estaba previsto que se levantaran 14 edificios igual de espectaculares para conformar el que iba a ser el complejo judicial más importante de Europa. Lo proyectó en 2004 el equipo de Esperanza Aguirre nada más llegar al poder, y en él iban a trabajar Norman Foster y Richard Rogers. Todavía no se sabía que el arquitecto del donut, Alejandro Zaera-Polo, iba a pedir que se retirara su nombre de la obra porque no cumplía con sus exigencias de calidad. Después de invertir 100 millones en el Campus y tenerlo detenido desde 2009, la Comunidad ha decidido rebajar sus expectativas y relanzar una versión low cost cuyo sorprendente reclamo es que no contará con “arquitectos estrella”. En un futuro cercano, el Gobierno regional asegura que trasladará allí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, la Fiscalía y los distintos juzgados. Como viene siendo habitual, la solución privada fue por la que apostó Aguirre antes de marcharse y dejar atado el que iba a ser uno de sus legados arquitectónicos: este año la Comunidad asegura que sacará a concurso la construcción y gestión del complejo por 33 millones de euros anuales, esperando que la operación se financie con el alquiler del espacio liberado en los juzgados de plaza de Castilla. Todo eso después de que la colocación de la primera piedra del proyecto costara 1,4 millones de euros, en parte financiados por la constructora Begar, implicada en la trama Gürtel.

Rémoras del ladrillo

Se trata, una vez más, de historias del ladrillo. Al lado de tantas promociones inmobiliarias anónimas que languidecen sin habitantes, la Comunidad aparece salpicada de edificios señeros vacíos o a medio construir. Se concibieron como símbolos de poder, y han terminado siéndolo de crisis.

La capital no ha sido el único municipio de la región con proyectos por encima de sus posibilidades. Tampoco el Partido Popular ha estado solo a la hora de impulsar planes temerarios desde las instancias en las que tenía poder. En Alcorcón (168.523 habitantes) se levanta el Centro de Creación de las Artes (CREAA), gran contenedor cultural del que Enrique Cascallana, exalcalde socialista de la localidad, dijo que iba a ser “un Guggenheim” en pleno Cinturón rojo. El complejo, de 66.000 metros cuadrados, aspiraba a situar la localidad como centro de la industria cultural. Incluye un auditorio con 1.500 butacas, un escenario de circo de 600 localidades, dos salas de exposiciones y un área de congresos con 1.292 metros cuadrados. También caballerizas.

El CREAA está ubicado en el barrio obrero de San José de Valderas. Son nueve edificios de arquitectura vanguardista pero contenida. Bajo los voladizos de acero y cristal de las fachadas, el suelo se encuentra cubierto de malas hierbas, y a través de las ventanas pueden verse huecos en el techo de los que penden caracoles de cables. La espalda del complejo es una loma que debería estar cubierta de césped como si fuera una prolongación del parque adyacente. En la práctica, solo hay hierba pajiza, vallas y un nuevo retén de vigilancia con el que evitar que continúen entrando grafiteros a firmar los paneles de vidrio de la torre del circo.

Las obras siguen congeladas a pesar de que la inauguración se fijó para 2011. Faltan 40 millones para terminar y se han invertido ya 100. La financiación dependía de Emgiasa, una empresa municipal encargada de construir la vivienda pública que impulsó el crecimiento del municipio, pero que ahora se encuentra con una deuda de 333 millones. El actual Consistorio (PP) asegura que el edificio, listo al 70%, estará terminado antes del final de la legislatura, pero que hasta que el Consistorio no aligere sus deudas (unos 500 millones) no tienen dinero para recomenzar los trabajos. En el PSOE afirman que estos se detuvieron sin necesidad porque la estrategia de los populares pasa por escenificar que la gestión de Cascallana ha sido errónea, y que David Pérez, el nuevo alcalde, terminará las obras a tiempo de apuntarse el tanto.

En el Ayuntamiento admiten que no solo ignoran cómo acabar el complejo: tampoco tienen del todo claro con qué llenarlo. Aseguran que será de uso público y que están muy avanzadas las conversaciones con dos empresas para cerrar un patrocinio que permita a partir de este mismo año relanzar el proyecto. Una posibilidad es incluirlo en el circuito de centros de convenciones. “Es lo que ya están haciendo muchas instalaciones similares que ya funcionan en Madrid”, asegura un portavoz. Efectivamente, el descalabro de proyectos como el CREAA al menos ha permitido correr un tupido velo sobre lo relativo del éxito de muchas otras infraestructuras que sí consiguieron terminarse. Ahí están los 125 millones de la reforma del palacio Cibeles, la semidesierta Caja Mágica, o el estadio de la Peineta, a la espera de una oportunidad de redención mediante el Atlético de Madrid y los Juegos Olímpicos de 2020. En la misma liga juega el centro cultural Conde Duque, rehabilitado por 70 millones y que hace unos meses el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, definió como "un salón de bodas, bautizos y comuniones" porque continúa tan vacío que alquila sus espacios a cualquier acto privado mínimamente rentable.

En Boadilla del Monte (46.151 habitantes) conocen bien la distancia que media entre los proyectos y su materialización. Este año se rescindió el contrato de la Ciudad del Deporte. La obra ha costado 16,9 millones y está a medias. Arturo González Panero, antiguo alcalde e imputado en el caso Gürtel, adjudicó por 30,5 millones el mayor contrato de la historia del municipio: 45.000 metros cuadrados para un campo de fútbol, pista de atletismo, piscina y gimnasio. Tras numerosos giros contractuales y judiciales (Hispánica, la constructora original, también está implicada en la trama de Correa), las obras están detenidas y lo que ya se había levantado se presenta tan deteriorado que, si se retoman los trabajos, habría que rehacer mucho de lo ya hecho.

Una terminal subterránea

No siempre se obró con intenciones aviesas. El exceso de ego fue un ingrediente importante de los años del boom inmobiliario. Madrid siempre apostaba por lo más grande de lo grande. La estación intercambiador de Nuevos Ministerios se inauguró en 2002 como el mayor intercambiador de Europa, con un servicio que solo se ofrecía en Hong Kong: facturar en la estación de metro para que desde allí las aerolíneas transportaran las maletas al aeropuerto.

Se colocaron 34 mostradores con cintas de facturación, oficinas de venta de billetes, de alquiler de automóviles, una comisaría, un aparcamiento de 60 plazas y una bolsa de taxis. En la planta inferior, de 2.000 metros cuadrados, se ubicaron las instalaciones de tratamiento de equipajes y el muelle de carga.

Todo ese espacio ahora está vacío, los mostradores abandonados y el aparcamiento sellado con una cinta. La facturación en Nuevos Ministerios solo funcionó hasta principios de 2006. El servicio siempre fue deficitario, así que cuando se cortó temporalmente el metro para las obras de la T4, Iberia, Spanair y Air Europa aprovecharon para desmontar sus mostradores. Barajas no está tan lejos de la capital como para justificar el montaje; Nuevos Ministerios tampoco está tan céntrico. La facturación on line ha acabado siendo la solución preferida por los viajeros.

AENA asegura que no gastó nada en aquellas instalaciones más allá de las cintas de equipaje -que luego reutilizó en Barajas- y el concurso para transportar las maletas, cancelado tras el fin del proyecto. Metro no confirma cuánto dinero se invirtió en las obras ni qué se hará con el espacio vacío; solo apunta que fueron obras financiadas por la Comunidad.

Mientras, el vestíbulo de la terminal fantasma continúa vacío, con 34 mostradores que no operan. Todo está bajo tierra. Es otro de los cadáveres de la crisis.


* El País - JERÓNIMO ANDREU Madrid 22 FEB 2013
Foto: Terrenos donde se recuperará la Ciudad de la Justicia. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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