Denuncian que el Gobierno de Cospedal quiere vender montes públicos para hacer cotos de caza

LAREPÚBLICA* : Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha asegurado que el Gobierno regional prepara la venta de entre 46 y 68 montes de utilidad pública de la región, mientras que la consejería de Agricultura ha asegurado que "en este momento" no se está planteando tomar esta medida. En un comunicado, los ecologistas señalan que "existe una lista" para vender "al mejor postor" montes de titularidad pública, entre los que figuran cuatro refugios de fauna.
La organización ecologista, que se opone rotundamente a esta medida, considera que esta venta supone “un intento de expolio de los bienes patrimoniales de todos los ciudadanos y un paso atrás sin precedentes en materia de protección ambiental y de gestión forestal” de Castilla-La Mancha.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura han asegurado que a pesar de que cada día se estudian cientos de medidas que contribuyan a sanear las cuentas públicas “en estos momentos, no existe un documento de trabajo” que plantee la venta de montes públicos.

Estas mismas fuentes han apuntado que esta medida puede haber sido planteada por otra comunidad autónoma, dentro del trabajo que vienen realizando para sanear las cuentas públicas, si bien, han afirmado, que en Castilla-La Mancha no se está trabajando en esta medida.

Ecologistas en Acción, por el contrario, mantiene que a lo largo de las últimas semanas han recabado datos de la iniciativa de la Junta por diversas fuentes y que, finalmente, ésta decisión le “ha sido confirmada” por el director general de Montes y Espacios Naturales en una reunión celebrado este jueves mismo.

La actuación, según los conservacionistas, se enmarcaría dentro de un plan de enajenación de bienes de titularidad pública que ha impulsado la consejería de Hacienda y en el que está colaborando la consejería de Agricultura.

Según los ecologistas, el plan ya está avanzado y ha dado sus primeros pasos, por lo que, según esta organización, “se ha elaborado una lista inicial de montes susceptibles de venta que se han seleccionado con criterios de ausencia de cargas, disponibilidad para desarrollar explotaciones forestales y cinegéticas y de dotación de infraestructuras que los puedan hacer más atractivos a posibles compradores”.

Potenciales clientes

Entre los potenciales compradores -afirma EA- ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas.

Según la organización ecologista, los montes pueden interesar a empresarios con alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos y también a latifundistas colindantes que quieran ampliar sus posesiones, a los que se les ofrecería la posibilidad de precios muy ventajosos dada la situación actual del mercado inmobiliario.

La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes públicos que ocupan 171.228 hectáreas de superficie, de la que se ofertarían entre 34.000 y 51.000 hectáreas.

Entre los primeros montes en venta figuran cuatro refugios de fauna toledanos, se trata de los montes el Dehesón del Encinar en Oropesa, Nava de Don Diego en los Navalucillos y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes.

Ecologistas en Acción considera que este plan incumple las vigentes Leyes de Montes (estatal y autonómica) sobre el régimen jurídico al establecer que “Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Por ello, la asociación ecologista avisa de que acudirá a los tribunales no sólo para defender la titularidad pública de estos espacios sino para denunciar a los políticos y gestores que puedan llevar adelante tan flagrante ilegalidad.


* La República - EFE - 1.2.13
Foto: Bosque público - publico

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Canarias.- Primer juicio por corrupción en el PP de la era Soria

CANARIASAHORA* : La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fijado diez sesiones para la celebración, entre los meses de febrero y mayo, del juicio contra Jorge Rodríguez, diputado del PP en el Parlamento de Canarias y miembro de la Ejecutiva regional del partido, a quien la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas acusa de dos delitos de tráfico de influencias por su vinculación en la trama del Grupo Europa. Será, por tanto, el primer caso de corrupción del PP canario de la era Soria que llegue a juicio.
El ministerio público pide un año y ocho meses de cárcel, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer todo empleo o cargo público al que fuera portavoz del PP en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007.

En un auto fechado el 28 de enero, la Sala de lo Civil y Lo Penal, que está presidida por Antonio Castro, presidente del TSJC, establece las sesiones para los días 27 y 28 de febrero; 1 y 8 de marzo; 4,5,29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo. Durante los cuatro primeros días declararán los siete imputados, entre los que se encuentran, además de Jorge Rodríguez, el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena; el de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, o el propio denunciante de la trama, Francisco Cambreleng.

Las declaraciones de los veinte testigos de esta causa tendrán lugar entre el 4 y el 29 de abril. Francisco Valido, exalcalde de Telde, prestará declaración el día 5, mientras que el 29 lo harán cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

La Sala no ha admitido que se incorporen a la causa pruebas documentales propuesta por la defensa de Jorge Rodríguez, entre las que se encontraban ejemplares de revistas y periódicos, al considerar que de las diligencias practicadas y de los escritos de calificación de las partes no se deduce la necesidad de practicar más pruebas que las ya admitidas.

Jorge Rodríguez es el acusado de mayor relevancia en este caso, que surge de una pieza separada del caso Faycán. El de nuevo diputado autónomico del PP –dimitó en 2007 después de que saltara el escándalo en Telde, está acusado de interceder en favor del Grupo Europa y cobrar por ello al menos 64.000 euros con trabajos de intermediación ante ayuntamientos canarios gobernados por su propio partido.

El fiscal Luis del Río recogió en su escrito de acusación que había constancia documentales en las cuentas anuales de la empresa Grupo Europa de los pagos al diputado entre los años 2003 y 2006, momento en el que estalla el caso Faycán, con múltiples ramificaciones en Telde.

Para el ministerio público, la actuación de Rodríguez fue determinante para que Grupo Europa resultase adjudicataria de un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.

Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas sobrepasan entre todos los acusados los 27 años de cárcel y las multas ascienden a más de 1,3 millones de euros por unos hechos considerados constitutivos de doce delitos, y que entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de PP y Ciuca pretendieron situar la política de viviendas sociales en medio de un negocio ilícito a través de la obtención de beneficios otorgando al suelo gratuito municipal un coste irreal.


* Canarias Ahora - 2.2.13
Foto:Santa Cruz Tenerife, parlamento Canarias - canariasahora

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