Marbella.- Acusan a Muñoz y Roca por la operación urbanística de la finca 'El Pinillo'

SUR/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al exalcalde de Marbella Julián Muñoz; al exgerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, y a 19 personas más, entre ellas exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios, por la operación urbanística en la finca 'El Pinillo', en Marbella, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
Así, en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Entre los acusados, además de Muñoz y Roca, está el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y también el exinterventor Juan Antonio Castro, así como seis exconcejales marbellíes.

También hay acusados tres administradores de empresas y supuestos testaferros de Roca -dos de ellos abogados-, que han sido juzgados en el caso 'Malaya'; la hija de Jesús Gil y empresarios que fueron interviniendo en la operación urbanística. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que además de prisión solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones par alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales, al que ha tenido acceso Europa Press, una pena de 15 años de cárcel.
En lo que respecta al exalcalde marbellí, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación sostiene que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella «los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros», en el caso de Muñoz «desde su posición de alcalde accidental y persona de confianza del regidor para firmar decretos, convenios y escrituras públicas indiscriminadamente».
Se precisa que en el caso de Roca este control se hacía «desde la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y su condición de máximo artífice de la revisión del planeamiento del municipio hasta el mes de marzo de 2006». Su posición, señala el fiscal, le permitía «negociar los términos y aspectos relevantes de convenios urbanísticos y destino del patrimonio del suelo municipal, con margen para negociar con empresarios «en beneficio de éstos o de sí mismo».
Promoción inmobiliaria
Concretamente, en 'El Pinillo' se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, dice el fiscal, estuvo «lejos de promover la utilidad pública».
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, «de común acuerdo con Roca», y con la participación del entonces secretario municipal, «tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no solo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria».


* Sur - EP - 20.1.13
Foto: Marbella, Muñoz y Roca - elmundo

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El Superior anula la licencia de una urbanización de 24 viviendas en Meirás

LAOPINIÓN/Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de A Coruña que anuló las licencias para la construcción de cuatro edificios plurifamiliares con 24 viviendas en la denominada urbanización La Soleada, en Meirás. El TSXG ha ratificado también la anulación de otras tres licencias concedidas entre marzo y abril de 2005 por el Gobierno local de Sada, presidido por Ramón Rodríguez Ares, para la construcción, en total, de 130 viviendas que, finalmente, no llegaron a ejecutarse porque fueron paralizadas cautelarmente.

El Alto Tribunal ha dado nuevamente la razón al BNG y la Xunta, que en 2005 presentaron sendos recursos contra la resolución de la Junta de Gobierno local de Sada del 14 de julio que desestimaba su reclamación contra la concesión de los permisos a cuatro promotoras para construir edificaciones plurifamiliares en suelo de núcleo rural, clasificado en los proyectos como suelo urbano, con una edificabilidad de 0,70 metros cuadrados por metro cuadrado (a excepción de la de Meirás, de 0,35).

El juzgado de lo Contencioso sí atendió su demanda, y anuló las licencias al considerar que infringían la ley de suelo y la normativa urbanística de Sada. El ahora edil de Obras, Emilio Gómez (PDSP) dirigía por entonces la Concejalía de Urbanismo. En todos casos, los permisos fueron informados favorablemente por el arquitecto municipal Enrique Roel, ahora en Arteixo.

El TSXG ratifica ahora el fallo y desestima el recurso de dos de las cuatro promotoras. En concreto, Ánfora Azul, que obtuvo licencia para ejecutar los cuatro edificios plurifamiliares en Os Tornos, Meirás; y Promociones Urbanísticas Osedo, a la que le fue concedido permiso para dos edificios con un total de 42 viviendas , aparcamientos y trasteros en el lugar de O Tarabelo. Esta urbanización fue paralizada cautelarmente y solo llegó a ejecutarse el sótano.

Las otras dos promotoras desistieron del recurso. La primera, Residencial Portosada, con permiso para ejecutar tres edificios con un total de 77 viviendas en O Tarabelo y que tras el primer fallo presentó inmediatamente una reclamación millonaria que los jueces han desestimado, solo aceptando resarcirla por el coste de la tramitación de los proyectos. La segunda, de Manuel Osorio, para dos bloques de once viviendas en Samoedo. El otorgamiento de este tipo de licencias en suelo de núcleo rural por el Gobierno que encabezaba Ramón Rodríguez Ares fue una de las principales causas de que la Xunta suspendiese el normativa urbanística de Sada en 2005. El Alto Tribunal ratifica ahora la legalidad de los permisos, que en el caso de la urbanización de Meirás conlleva el derribo de lo construido.


* La Opinión A Coruña - 18.1.13
Foto: Urbanización La Soleada, en Meirás. / juan varela

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