La Fórmula 1 le ha costado ya a Valencia lo mismo que la construcción de 55 colegios o seis hospitales comarcales

ELPLURAL* : El coste que las carreras de Fórmula 1 en Valencia le ha supuesto a las arcas públicas se ha convertido en los últimos años en uno de los símbolos del derroche de recursos en grandes eventos de la Generalitat Valenciana. Según los cálculos más aproximados, el gobierno valenciano lleva “enterrados” más de 275 millones de euros en un circuito que iba a tener “coste cero”. Con ese dinero, los ciudadanos valencianos podrían disponer ahora de otros 55 colegios públicos o de seis nuevos hospitales comarcales.
Meses antes de las elecciones autonómicas de 2007, el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps se inventó otro de sus megaproyectos y, con la complicidad pagada a precio de oro del patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, se inventó el circuito urbano del puerto de Valencia para hacer de la ciudad otro Montecarlo. Camps aseguró que el Gran Premio de la F-1 no le costaría “ni un euro a las arcas públicas” porque todo quedaría en manos privadas.

Construir el circuito costó 100 millones
Cinco años y cinco carreras después, ese “coste cero” de Camps se ha convertido en realidad en un dispendio para la hacienda pública superior a la 275 millones de euros, aunque difícil de concretar por la opacidad de la administración autonómica. Los gastos de la Fórmula 1 se han trasladado al final a la Generalitat a través de la Agencia Valenciana de Turismo, la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos o la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de Cheste.

Para la celebración de la primera carrera en 2008, la Generalitat invirtió unos cien millones de euros en la construcción del circuito en el Puerto de Valencia. El Consell señaló que su coste sería cero, porque esperaba recuperar la inversión cuando la zona se urbanizara con el sobrecoste que pagarían los promotores para la construcción de viviendas. La burbuja inmobiliaria se llevó por delante las fantasías de Camps y la zona sigue siendo un inmenso solar.

Un canon anual de 26’9 millones
Si de la construcción del circuito la Generalitat no ha recuperado ni un euro, lo mismo ocurre con el canon anual, que en un principio debía correr a cargo de Valmor Sport, la empresa privada encargada de montar y desmontar la carrera. Según desveló el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2001, el canon que cada año recibe Ecclestone es de 26’9 millones de euros, por lo que las cinco carreras celebradas han supuesto un gasto de 134’5 millones de euros. Un canon que la Generalitat habría ido ingresando en cuentas de paraísos fiscales británicos, según ha denunciado el portavoz de Compromís, Enric Morera.

El consell asume un déficit de 41 millones
Por otra parte, el déficit de 41 millones que la empresa gestora del GP acumuló obligó al gobierno valenciano a “rescatarla” en diciembre de 2011. Valmor se encontraba ya en causa de disolución y su incapacidad para organizar el Gran Premio en Valencia habría significado una penalización de 71 millones de dólares. Con la compra de Valmor -“lo más sensato que se podía hacer”, declaraba recientemente el vicepresidente del Consell, José Císcar- la Generalitat asumía también su deuda.

Una señal que costaba 22 millones
Al margen quedan los 22 millones más IVA que Canal 9 se comprometió a pagar a Mediapro por el subarrendamiento de la retransmisión de las carreras por las temporadas 2010 a 2013. En 2011, último que la televisión pública valenciana ofreció el automovilismo, desembolsó 4,95 millones de euros por una retransmisión simultánea con La Sexta. La primavera pasada, Canal 9 rescindió unilateralmente lo que quedaba de contrato, desconociéndose la penalización que ha tenido que asumir.

Sumando los gastos de la construcción del circuito, el canon anual y la condonación de la deuda a Valmor, la Generalitat ha tenido que desembolsar al menos 275’5 millones durante estos cinco años. Un periodo que ha coincidido con la mayor crisis económica conocida y que en el País Valenciano ha provocado unos recortes brutales en la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Seis hospitales como el de Gandía
Con el despilfarro de la Fórmula 1, la Generalitat Valenciana podría haber construido al menos 55 nuevos colegios públicos, cuando este curso aún hay 18.000 escolares valencianos que estudian en barracones. Por el contrario, el gobierno de Fabra mantiene su política de recortes en los presupuestos educativos, que la oposición cifra en 500 millones de euros.

También se podrían haber construido seis hospitales comarcales como el de Gandia, con un coste valorado en 50 millones y una previsión de 400 camas. Aunque su entrada en funcionamiento se anunció inicialmente para la primavera de 2011, el nuevo hospital de Gandía se encuentra en la actualidad prácticamente terminado pero cerrado, porque la Generalitat no dispone de los veinte millones que requeriría cada año su mantenimiento.


* El Plural - SALVADOR FAUS - 10.1.13
Foto: Valencia, circuito F1 junto Puerto - elpais.com

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Murcia.- El fiscal apunta al alcalde por el «cúmulo de ilegalidades» en Nueva Condomina

LAVERDAD* : Anticorrupción dice que el alcalde no puede alegar ignorancia en un asunto de tamaña trascendencia y le advierte de que eso solo agravaría su responsabilidad.
Un informe del Fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, redactado y remitido al juzgado hace apenas un mes, permite por vez primera, desde que en 2008 se iniciaron las diligencias judiciales sobre el 'caso Umbra' de supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, conocer al detalle el «cúmulo de ilegalidades» que supuestamente se cometieron en torno al proyecto Nueva Condomina. No solo eso. También es la primera vez que transciende a la opinión pública un documento sumarial en el que se pone cerco, con un amplio argumentario jurídico, al máximo responsable político de ese convenio urbanístico, el alcalde Miguel Ángel Cámara, a quien el fiscal imputa haber actuado «con ceguera jurídica».

Y contra el interés general
El informe de Juan Pablo Lozano no tenía por qué dirigirse, en principio, contra el alcalde Cámara y 'número 2' del PP, ya que su objetivo declarado es ofrecer argumentaciones para que se mantenga la imputación contra el exresponsable de la Gerencia de Urbanismo y autor de la redacción del convenio Nueva Condomina, Pedro Morillas, quien ha solicitado el sobreseimiento de los cargos que pesan contra su persona.
Sin embargo, el fiscal aprovecha ya esa coyuntura para apuntar al también imputado Miguel Ángel Cámara como primer impulsor y último garante del macroproyecto urbanístico y, a la vez, para esbozar las principales razones por las que no podría excusarse de las posibles responsabilidades penales que pudieran establecerse.
Comienza el fiscal recordando que ya anteriormente, cuando se inició la investigación judicial, denunció una serie de «irregularidades administrativas cometidas en la aprobación del proyecto Nueva Condomina, infracciones de tal gravedad que se las calificaba indiciariamente como constitutivas de delitos de prevaricación y fraude». Y añade que ya entonces «se observaba todo un cúmulo de ilegalidades administrativas que siempre beneficiaban al promotor (el presidente del Real Murcia, Jesús Samper), por encima de los intereses generales y que fueron bendecidas por todos los funcionarios intervinientes a fin de conseguir el logro político deseado: un nuevo estadio de fútbol».
Aunque advierte el responsable anticorrupción de que ese objetivo (el nuevo campo de fútbol) es perfectamente legítimo, advierte de que «la decisión política no puede ir contra la Ley y el Derecho», ni siquiera «aunque la misma sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, despreciando interesadamente los informes contrarios de la Comunidad Autónoma, que fueron intencionadamente soslayados en la tramitación del plan parcial».
En esta línea, apunta a la experiencia para asegurar que algunos altos funcionarios, incluso cuando no existe una dádiva de por medio, pueden cometer ilegalidades para obtener los favores de los superiores políticos, trepando así «hacia puestos de responsabilidad y nombramiento de jefaturas de servicio o similares (...), y siendo incluidos como personas de confianza». Cuando eso ocurre, «las normas prohibitivas son flexibilizadas en todo lo que perjudique al proyecto que defiende su superior, y las normas discrecionales son interpretadas con pasmosa generosidad, resolviendo cualquier duda a favor del proyecto, al margen de los cauces de interpretación jurídica y vulnerando los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que en teoría debe presidir el actuar funcionarial».
Tal es lo que, en su opinión, ocurrió con Nueva Condomina, que resume con la advertencia de que «lo que no vale es tomar atajos y, evitando actuar según el procedimiento legalmente establecido y contrariando la normativa legal vigente, anteponer el fin, por legítimo que sea, al cumplimiento de la legalidad».

Irregularidades en el convenio.

Perjuicio de 18 millones
«Las ilegalidades en Nueva Condomina», como las denomina el Fiscal Anticorrupción, se habrían cometido tanto con la redacción del convenio (en la que intervinieron Morillas; la jefa de los servicios jurídicos municipales, Ana María Vidal, y el entonces secretario municipal, José Luis Valenzuela, ya fallecido) como con la tramitación y aprobación del plan parcial en la zona norte del municipio.
Una de las «ilegalidades» de mayor calado consistió, siempre según el fiscal, en eximir a Jesús Samper de abonar al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, ineludible por ley, y habérselo conmutado por la entrega del campo de fútbol, cuando debía haber recibido ambos bienes. Y todo ello «mediante una serie de incomprensibles argumentaciones, cuyo resultado último fue la causación de un perjuicio de 18 millones de euros».
Lozano recuerda que el Ayuntamiento acabó recibiendo ese dinero en contra de su propia voluntad, obligado «por imposición de una sentencia judicial», ya que insistía en que no debía cobrarle a Samper.
Otra supuesta vulneración de la ley se habría cometido «al calificar como sistema general para el campo de golf unos suelos calificados como NF (forestales y de protección específica), sin que dicho uso sea compatible, pese al reparo opuesto por la Comunidad Autónoma y sin que exista informa alguno del Servicio de Planeamiento».
Exceso de edificabilidad

Un 60% más de viviendas

En la tramitación del plan parcial participaron los altos funcionarios Morillas y Valenzuela, no así ya Ana María Vidal, y la principal ilegalidad habría consistido en aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina hasta los 0,63 m2/m2, cuando la ley entonces vigente solo permitía llegar al 0,4 (se otorgó así a Samper permiso para un 63% más de viviendas de las en apariencia posibles) y, otra vez, pese a la advertencia de ilegalidad cursada por la Administración regional.
Para ello, señala Lozano, «se aplicó parte de un Plan General que todavía no estaba en vigor (no había sido publicado en el BORM) y parte del Plan General del año 2001, escogiendo a conveniencia lo que interesaba en cada caso».
Ese exceso de edificabilidad supuestamente ilegal habría permitido a Jesús Samper obtener un 'regalo' de 190.000 metros cuadrados más para construir, con un total de 1.548 viviendas extra, «tal y como se reiteró por dos veces en los informes de los servicios jurídicos de la Comunidad». Informes que no fueron atendidos.

La ignorancia no es excusa

Pone a Cámara en la diana
Recuerda el Fiscal Anticorrupción de Murcia en su recién elaborado informe que «las autoridades políticas imputadas, el señor Cámara, alegaron su desconocimiento de las cuestiones técnicas y jurídicas, amparándose siempre en que existían informes favorables en tales expedientes, para excusar su responsabilidad».
Pues bien, considera Juan Pablo Lozano que esa pretendida ignorancia no le exime de culpa. «La alegación de no saber nada, cuando existe la obligación de saber dada la importancia y cuantía del asunto en cuestión, no es excusa, sino que agrava la situación personal». Sobre todo teniendo en cuenta, reseña, «que no todas las cuestiones sobre las que se les preguntaron eran de carácter técnico», y también habría eludido ofrecer respuestas aduciendo ignorancia.
«En un expediente -insiste el fiscal- en el que se ventilan más de 24 millones de euros para el Ayuntamiento de Murcia, el conocimiento del alcalde debe ser exhaustivo. Y es la decisión política previa favorable al convenio, por el principio de oportunidad y dirección política, lo que necesariamente motiva los posteriores informes técnicos que dan viabilidad a tales decisiones».
Dicho de otra forma, Lozano considera que primero se decidió por parte de Cámara sacar adelante el proyecto Nueva Condomina, y luego se utilizaron los informes para darle apariencia de legalidad.

«Un falsario 'mantra budista'»

Sentencias que no exculpan
El responsable anticorrupción de la Fiscalía Superior deja traslucir su indignación cuando señala que «conviene desde ya rechazar la falta alegación que repiten, cual mantra budista, todos los imputados (al igual que el falsario mantra de las 41 denuncias presentadas por la Fiscalía de Murcia, de las que 38 habrían sido archivadas), acerca de la legalidad del PGOU de Murcia y de los convenios». Y recuerda que «las dos sentencias del TSJ que se han pronunciado sobre los convenios urbanísticos en nada afectan a esta denuncia de la Fiscalía, sino que, más bien al contrario, la refuerzan».

Soslayando a 'Maco' Navarro

«El responsable político»
A lo largo del todo el documento, Lozano señala que fue el alcalde el principal impulsor del proyecto, desde sus orígenes, y enumera las razones por las que está imputado como último «responsable político». Recuerda de esta manera que «lo primero que hizo Cámara fue, sin expediente alguno y sin informe de ninguna clase, firmar un protocolo con el Real Murcia el 12-7-1999, se supone que por un mero afán político bienintencionado de conseguir un nuevo estadio de fútbol para Murcia». Un protocolo que «no fue objeto de publicidad ni comunicado de prensa alguno» y que se constituyó en «el embrión» del proyecto Nueva Condomina, animando a Samper a adquirir una gran extensión de terrenos para promover la ya entonces comprometida recalificación urbanística.
«Se infiere la presencia de una importante voluntad política en la búsqueda de un nuevo estadio -continúa el fiscal- por los indudables réditos políticos que ello podía suponer. El convenio, que habría sido materia de la Concejalía de Urbanismo, fue asumido directamente por la Alcaldía, soslayando al entonces concejal Navarro (Ginés, 'Maco' Navarro), crítico sobre determinadas cuestiones de las negociaciones ya entonces existentes».
«Esa asunción, legítima», advierte el fiscal anticorrupción, convierte al alcalde en el responsable político del convenio». Argumento con el que insiste en que Cámara no puede alegar ignorancia y aducir que se vio simplemente arrastrado por los informes técnicos.
Lozano destaca que desde el momento en que se firmó el primer protocolo entre el alcalde y el presidente del Real Murcia «comenzaron a surgir problemas entre Cámara y el concejal de Urbanismo». Así, mientras Ginés Navarro era partidario de realizar un concurso (abierto a otras empresas que quisieran construir un estadio a cambio de la aprobación de un plan urbanístico), «el alcalde y el concejal de Deportes apostaron por un proyecto conjunto con el Real Murcia».
Incluso Metrovacesa -promotora del centro comercial Thader y rival de Nueva Condomina- llegó a hacer dos propuestas para construir el campo de fútbol, a las que el Ayuntamiento ni siquiera respondió. «No consta pronunciamiento alguno de los técnicos municipales aportados al expediente de Nueva Condomina ni a estos autos», constata el fiscal.

«Con ceguera jurídica»

Imputación contundente
Algunas afirmaciones del fiscal anticorrupción ponen de manifiesto, por su contundencia, que no va a cejar fácilmente en el empeño de sentar a Cámara en el banquillo por este asunto. «Se aprecian ilegalidades que son objeto de investigación para demostrar que los funcionarios municipales, primero, y después la autoridad política encargada (alcalde), actuaron, en expresión de un reputado penalista, con 'ceguera jurídica'».
En el mismo sentido apunta más adelante que «la actuación de los técnicos (Morillas y Ana Vidal) y de las autoridades que negociaron el convenio (Alcaldía) puede reputarse de fraudulenta, soslayando la ley en todo aquello que perjudicaba el interés político por conseguir un nuevo estadio de fútbol».
Acaba asegurando que «si se quería obtener un estadio sin coste para el erario público, sufragándolo con el valor de un aprovechamiento urbanístico, debería haberse realizado un expediente de venta del aprovechamiento municipal». Lo que ocurrió, al contrario, según Lozano, es que «una voluntad municipal, representada en el alcalde de Murcia, fue la que motivó la decisión, sin estar respaldada en informe alguno, utilizando meras razones de oportunidad y conveniencia sin justificación legal alguna, planteadas durante la negociación previa».


* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 12.1.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org

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