Valladolid.- Retorcer el Urbanismo no es el camino

La Junta 'popular' de Castilla y León continúa con sus desmanes urbanísticos, aunque no haga tanto ruido como otras Comunidades. Saltarse las normas legales es una de sus características especiales y el caso del municipio de Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, es uno de los preferidos.
"ELECONOMISTA* : El revolcón que el Tribunal Supremo ha dado a Ikea, al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y a la Junta de Castilla y León al invalidar la operación urbanística que permitió la instalación de la multinacional sueca en la localidad vallisoletana ha supuesto una importante victoria para el pequeño comercio de la capital del Pisuerga en su larga guerra contra los macrocentros comerciales.
También es otro ejemplo, y ya son incontables, de la facilidad de las administraciones para utilizar la ley a su antojo o saltársela incluso a la torera si es necesario.

En política urbanística ha sido una constante en nuestro país y los varapalos judiciales resuenan un día sí y otro también. Son los ecos de los tiempos de los pelotazos en los que se retorcía el urbanismo para construir miniciudades de chalés adosados que al final terminaron por provocarnos la indigestión que a punto ha estado de mandarnos al otro barrio.
La práctica de utilizar el PGOU a la carta también sirvió para ponerse a disposición de las grandes multinacionales, muchas veces en una frenética disputa municipal por ver quien se hacía con el proyecto. Y si era necesario no había ningún problema en desvirtuar las normas que obstaculizaban los fines perseguidos.
En el caso del centro comercial Río Shopping, no ha sido un juez sino toda la escalera judicial hasta llegar al Supremo la que constata el incumplimiento no sólo de las normas municipales sino de la misma Ley de Equipamientos Comerciales. Y también está claro que los comerciantes vallisoletanos han sido los paganos y están en todo su derecho de pedir compensaciones.
El fallo no tendrá efectos prácticos porqué ha nadie se le puede pasar por la cabeza que las instalaciones vayan a ser demolidas. La cuestión es ver si el desaguisado va a quedar sin castigo o alguien, por fin, va a asumir responsabilidades porque lo que no se entiende es que las administraciones públicas tenga bula a la hora de saltarse la ley a las bravas y a la vez sean las que no pasan ni una a los ciudadanos.


* El Economista - Rafael daniel - 23.12.13
Foto: Ikea Arroyo


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