Santa Cruz.- La fiscal concluye que Urbanismo inició el ´mamotreto´ sabiendo que era ilegal

El asunto de la corrupción urbanística en la playa de las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife sigue adelante con una lentitud judicial pasmosa. Ahora se está tratando solamente el edificio del 'mamotreto', construido ilegalmente en plena playa y con el visto bueno de todas las autoridades (in)competentes municipales y autonómicas. Tras siete años (siete) de investigación judicial, la fiscal llega a la conclusión que el ayuntamiento del alcalde M.Zerolo (hoy senador CC) sabía que era ilegal. Se ha cubierto de gloria, sin duda.
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía mantuvo ayer su petición de condena por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio contra los siete imputados del caso mamotreto, los exconcejales de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia, Luz Reverón (ahora en el PP) y José Domingo Pastor, y los funcionarios municipales Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Lo hizo en la última jornada del juicio por uno de los litigios en torno a Las Teresitas y que se refiere al edificio de aparcamientos y locales comerciales que se construyó en la entrada de la playa. Además, solicitó a la jueza, Beatriz Méndez, que la condena abarque el pago de la demolición de este edificio inacabado. Para la Fiscalía ha quedado claro que el Consistorio construyó el edificio sabiendo que era ilegal.

Tras escuchar al último testigo y después de cuatro jornadas de juicio, la fiscal, Inmaculada Violán, ratificó su solicitud de tres años de cárcel para los exediles Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor y para la empleada pública Loreto Ariz, y de dos años de prisión para la exconcejal Luz Reverón y los técnicos Candelaria Benítez y Epifanio Gómez, por "haber llevado a cabo un plan preconcebido dirigido a la aprobación de un proyecto sí o sí con el objetivo de que las obras se ejecutaran cuanto antes, aunque incumpliera la normativa urbanística y la ley de ordenación del territorio y con una simplicidad que se excede de lo que podría considerarse una mala praxis".

Además, y al considerar la fiscal que la construcción es "completamente ilegal", solicitó a la juez que también se incluya en la condena la demolición del mamotreto para que su coste sea asumido por los imputados, ya que este edificio, según la Fiscalía, tendría que haberse derribado desde 2008, cuando se paralizaron las obras porque Costas advirtió de la irregularidad del mismo. Asimismo, la fiscal pidió siete años de inhabilitación para los siete acusados e incorporó en su escrito de acusación la pena por prevaricación administrativa genérica.
Los letrados de la defensa coincidieron en solicitar la absolución de los acusados. Las conclusiones de estos, sobre todo del abogado de Manuel Parejo, Eduardo García, se centraron fundamentalmente en dejar claro que la responsabilidad de lo ocurrido era de otros. Los letrados de los funcionarios insistieron en que son los políticos los que toman las decisiones, y los de los responsables políticos, en que son los técnicos los que informan favorablemente o no sobre un expediente. El abogado de Parejo, además, dio nombres concretos, queriendo dejar claro que los responsables de este expediente del mamotreto fueron el gerente de Urbanismo, el técnico Víctor Reyes y el concejal de Obras, Norberto Plasencia, también imputado en este caso. El juicio quedó visto para sentencia, la cual, según los abogados de los acusados, se conocerá en uno o dos meses.

Durante la última jornada del juicio, la fiscal destacó el contexto en el que el Ayuntamiento "decidió iniciar unas obras en contra de la normativa", refiriéndose al procedimiento contencioso administrativo que en aquel entonces estaba en curso en relación a la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas. "Y ambas cosas están muy ligadas porque se estaba hablando de la disponibilidad de dichos terrenos. Cuando el Consistorio inicia las primeras acciones para aprobar el proyecto del edificio de aparcamientos y locales comerciales aún no existía la sentencia firme sobre la disponibilidad de las parcelas, algo indispensable porque esto implicaría la suscripción o no del convenio con Costas", indicó Inmaculada Violán.

La fiscal indicó que el exconcejal Manuel Parejo aseguró a la Dirección General de Costas que el Ayuntamiento contaba con la disponibilidad de los terrenos a pesar de que había pendiente un recurso que, además, finalmente todo el procedimiento acabó con una sentencia del Tribunal Supremo anulando la operación de compra de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento en 2001.

El Ministerio Público aseguró que ha quedado claro, según las declaraciones de los testigos y la prueba pericial, que la construcción del mamotreto era un proyecto inviable, que incumplía la normativa urbanística, que invadía la servidumbre de protección y de tránsito y el dominio público marítimo terrestre, que no contaba con autorizaciones y que incluía unos usos incompatibles con la ocupación del dominio público refiriéndose a los locales comerciales, y que todo esto lo sabían los acusados. "Y a pesar de todo, se inició y ha costado a Santa Cruz más de 10 millones de euros", concluyó la fiscal.


* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 30.11.2013
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto aparcamiento - laopinión.es

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