Fiscalía pide cárcel para 43 acusados de integrar la trama de corrupción urbanística en La Muela

La Muela es un municipio a 23 kilómetros de Zaragoza que cuenta con unos 5.000 habitantes. Allí se han construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad y un gran polígono industrial. Pero la mayor parte de las obras las realizó la promotora Aranade, a cuyo frente estaba el inductor de la trama de corrupción urbanística que permitió a la exalcaldesa Pinilla (PAR) conseguir en unos años más de 3 millones de beneficios privados ilícitos. Ahora la Ficalía pide 37 años de cárcel para ella en este asunto que fue famoso al ocupar la policía el Ayuntamiento hace casi 5 años. Ya se verá cuando llegue la sentencia.
"ELPERIÓDICO* : Un siglo y medio de cárcel, tres y medio de inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, multas que rondan los cien millones de euros e indemnizaciones por más de once a falta de valorar los perjuicios que sufrió el Ayuntamiento de La Muela con los manejos urbanísticos de la época en la que Mariví Pinilla ocupó la alcaldía. Ese es el resumen, con trazo grueso, del minucioso escrito de acusación en el que la fiscal V.Esponera describe la mayor presunta trama de corrupción nunca investigada en Aragón --a expensas del resultado global de los casos Plaza-- y solicita condenas para los 43 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo.

El escrito desgrana, agrupándolos en siete bloques, un memorial de episodios entre los que destaca la relación de la alcaldesa con el empresario Julián de Miguel, quien desde Aranade pilotó el desarrolló urbanístico del municipio con unos resultados que, según el ministerio público, le permitieron darle a la primera y su familia, "bien en metálico, bien mediante el pago de gastos", hasta 2,89 millones de euros en veinte años.

Ambos, que se encuentran en libertad provisional bajo fianza --ella de 800.000 euros y él de 120.000--, afrontan las principales peticiones de condena por parte del ministerio público: 37 años de prisión, 170 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y multas por valor de 22.944.200 euros para ella; 26 años de cárcel, 15 de inhabilitación para puestos en la administración, otros doce para gestionar empresas y una sanción económica de 19,6 millones para él.

La familia Embarba-Pinilla irá al completo al banquillo. Juan Antonio, el exmarido de la exalcaldesa, se enfrenta a una petición de prisión de once años y medio a la que se suman multas por valor de nueve millones y medio de euros. Sus tres hijos, Antonio, Víctor y Jorge, afrontan solicitudes de tres y cuatro años de cárcel y multas de, respectivamente, 300.000, 600.000 y un millón de euros. Junto a ellos se sentará su tía Dolores --dos años y 200.000 euros--.

De Miguel también ha arrastrado con él hasta el banquillo a sus hijos David y Julio, para quienes el ministerio público solicita sendas penas de dos años y medio de prisión y 480.000 euros de multa.

FRAUDE. Carmelo Aured, preso en Zuera para cumplir una condena firme por fraude fiscal y pendiente de juicio en el caso Becerril, se enfrenta a una petición de veinte años y tres meses de prisión, uno de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de multas por más de nueve millones de euros. El grueso de las peticiones está basado en presuntos fraudes tributarios con los que, presuntamente, escamotearon a Hacienda más de cuatro millones y medio.

A Aured le acompañarán en el banquillo algunos de sus colaboradores, como el testaferro Miguel Ángel Horta --le piden tres años-- o el asesor económico José Antonio Puyadas Embid --más de doce años y multas por 4,7 millones--, y varios empresarios que participaron en operaciones en las que el ministerio público aprecia indicios de delito.

El banquillo de la operación Molinos tendrá 43 ocupantes, trece de los cuales podrían eludir el ingreso en prisión aunque la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza --celebrará el juicio en aplicación del turno especial para asuntos de corrupción-- les impusiera las penas que solicita para ellos la Fiscalía. Si bien, en caso de condena, el pago de cuantiosas multas y/o indemnizaciones sería un requisito previo para poder eludir la cárcel.

En este grupo están María Jesús Velilla, intermediaria en el pelotazo del SR-1 y para quien las multas por 2,7 millones contrapesan la solicitud de dos años de cárcel; su hijo Antonio Royo, exescolta del exconsejero de la DGA Alfredo Boné --2,4 millones y seis meses-- y que se interesó por un expediente en el Pignatelli, o el excargo de Urbanismo Carlos Martín Rafecas --seis meses y 486.000 euros--. Fiscalía acusa a dos exconcejales --Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo--, al secretario Luis Ruiz y al arquitecto Francisco Núñez.


* El Periódico Aragón - BAYONA / IBÁÑEZ / MANTECÓN 21/12/2013
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org



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