El Constitucional anula la Ciudad del Medio Ambiente de Soria

Todo parece puro surrealismo: el Constitucional declara anticonstitucional la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, ya que ésta es medioambientalmente delictiva, aparte de otras ilegalidades. Más de 7 años después que Castilla y León aprobara por Ley como de 'interés especial' esta gran ciudad junto al Duero, se anula cuando ya está a mitad de su construcción. Así pues grave delito autonómico que no permitió entonces que organizaciones ciudadanas y ecologistas recurrieran esta 'especial' aprobación. Habrá que ver si la justicia es ahora más diligente y condena a los políticos culpables de este atentado contra el medio ambiente y los ciudadanos.
"ELPAÍS* : El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley que las Cortes de Castilla y León aprobaron en 2007 con la mayoría del PP y que amparaba la construcción de un gran proyecto urbanístico en el Soto de Garray (Soria). La llamada Ciudad del Medio Ambiente, que está a medias y ya se ha llevado 52 millones de euros de dinero público, incluía siete edificios emblemáticos en terreno protegido junto al Duero y sin un destino claro. El alto tribunal anula la urbanización al considerar que, al aprobarla por ley, Castilla y León se saltó el control de los tribunales y los ciudadanos, que no podían recurrir contra el plan urbanístico.

Más de siete años ha tardado el tribunal en fallar el recurso de inconstitucionalidad que presentaron 50 diputados del PSOE a la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente.

Fue en marzo de 2007 cuando las cortes aprobaron el extraño texto legal: dos páginas de Boletín Oficial del Estado de exposición de motivos, un artículo único de cinco líneas, dos disposiciones y 164 páginas de anexo con los detalles de la urbanización en las que incluso se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas.

Al aprobarlo por ley, Castilla y León evitaba que los ciudadanos o los ecologistas pudieran recurrirlo ante los tribunales ordinarios. Evitaba así reveses judiciales como el de Las Navas del Marqués (Ávila), donde el Tribunal Superior de la comunidad anuló un gran plan urbanístico en un pinar protegido. Con un procedimiento similar, Castilla y León aprobó una pista de esquí con nieve artificial en terreno quemado en Valladolid, un vertedero en la misma provincia y una estación de esquí en Palencia.

El Constitucional ya tumbó hace un año la ley de Murcia para levantar 9.000 viviendas en primera línea de costa virgen. Aunque ese fallo llegó 11 años después de la ley, allí no habían empezado las obras. No ha sido así en Soria, donde las máquinas entraron pronto y levantaron los esqueletos de las cúpulas de la energía. Son edificios blancos y modernos, que representan los gajos de una naranja. Están junto al Duero en un soto protegido y no tienen un destino claro. En marzo pasado la junta paralizó la construcción de los edificios pero afirmó que mantenía el resto del complejo, que incluye un polígono industrial en el que apenas hay empresas.

El objetivo oficial era fijar los criterios “ecológicos, territoriales, sociales, económicos y científicos que han de definir un asentamiento sostenible contemporáneo”. En teoría la ciudad iba a crear mil empleos sostenibles y albergar a 4.000 personas.

Los aparcamientos semienterrados tienen punto de carga eléctrica en cada una de las 709 plazas de garaje aunque no hay coches. No existe ninguno de los 788 chalés ecológicos y sostenibles anunciados, pero las calles ya tienen fibra óptica. Sí funciona una central de biomasa.

El Constitucional recuerda que la ley “reclasifica una parte del suelo clasificado [...] como no urbanizable de especial protección” y lo convierte en terreno urbano. El uso de una ley “impide el control de la jurisdicción contencioso administrativa a que se someten el resto de planes urbanísticos”, afirma la sentencia, notificada ayer a las partes. El Constitucional critica “la desproporción en que ha incurrido el legislador” al usar una ley para amparar este proyecto, y más con los problemas que suscitaba, entre los que cita que la población de Garray iba a pasar de 500 habitantes a 4.500 y que el suelo estaba protegido.

El entonces secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, celebró el fallo: “Decían que iban a crear 1.000 empleos y al recurrirlo nos acusaban de ir contra el empleo y el desarrollo de la zona. Ahora se ve que ha sido una forma, otra más, de enterrar dinero público”. Añadió que la ciudad del Medio Ambiente tenía un fin político, atacar al alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, que ayer pidió a la cúpula del PP que asuma responsabilidades políticas por lo que calificó como despilfarro.

Una portavoz de la Junta de Castilla y León afirmó que era pronto para opinar sobre la sentencia. La impulsora de estas iniciativas —que inicialmente incluía otras “cúpulas temáticas” a lo largo de las provincias del Duero— fue la exvicepresidenta regional, la soriana María Jesús Ruiz, hoy senadora por el PP. Esta ayer eludió la responsabilidad del proyecto: “Es una ley de las Cortes de Castilla y León. Llame allí”. Sobre si se sentía desautorizada, zanjó: “Yo era consejera de un Gobierno con un programa”.

La Ciudad del Medio Ambiente es un caso retorcido de la burbuja inmobiliaria. No solo es una urbanización en terreno protegido sino que lo impulsa la Administración pública donde no había llegado el ladrillo y con el fin teórico de proteger el medio ambiente.

Aunque durante años fue apoyado en Soria por el empleo y la inversión de 100 millones de euros, últimamente había cosechado críticas, ya que la Junta renunció hace un año a la segunda fase de las obras de ampliación del hospital de Soria, presupuestadas en 34 millones, mientras destinaba 11 a la ciudad del Medio Ambiente.

En abril pasado, el gerente de la Ciudad del Medio Ambiente, Nicolás Alonso, defendía ante las grúas que una sentencia adversa del Constitucional no afectaría en nada: “De cualquier manera, salga como salga, esto no tiene marcha atrás”.

Luis Giménez, arquitecto y miembro del grupo ecologista Asden, que batalló contra la Ciudad, reclama ahora ir a por los responsables: “Tiene que haber responsabilidad penal de los políticos que lo aprobaron. Ahora eso quedará como monumento al despilfarro”.

Leyes a la carta

El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno rpotegido eludiendo el control de los tribunales.El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno protegido eludiendo el control de los tribunales.

En diciembre pasado, el Constitucional anuló la reforma legal que aprobó Murcia en 2001 para construir 4.000 chalés en Marina de Cope, un parque natural virgen en el Mediterráneo. Pese a llegar 11 años después de que se aprobara la ley, el estallido de la burbuja inmobiliario hizo que aún estuviera sin construir.

En 2010, Castilla y León aprobó una ley para poder construir una pista de esquí en un antiguo bosque quemado en Valladolid, algo prohibido por la Ley de Montes. Está pendiente de fallo del Constitucional.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 10.12.13
Foto: Las Cúpulas de la Energía de la Ciudad del Medio Ambiente, en el Soto de Garray (Soria). / L. S.

5 comentarios :

Felix Lombao dijo...

La sentencia judicial muestra la catadura moral de numerosos políticos de este país y de los responsables que los mantienen en sus puestos. Ante una sentencia que anula el proyecto que defendió con ahínco, la actual senadora, y entonces consejera, hace como que no va con ella mientras no ha salido ni un responsable de la Junta de Castilla León a entonar un mea culpa. Si no asumen responsabilidades es porque todo les parece normal y eso es más preocupante.

lestes dijo...

Cada vez que el PP habla de medio ambiente es para destrozarlo. Su defensa de la constitución se detiene en cuanto ven un resquicio para intentar saltársela, y siempre que pueden intentan hurtar las vías de acción de la ciudadanía, recortando derechos, e incluso como en este caso, eliminando la posibilidad de que los ciudadanos individuales y ongs protesten judicialmente cuando se violan sus derechos. Una vez anulada, los gobernantes deberían devolver la pasta que despilfarraron en obras ilegales y reponer el ecosistema a la situación anterior. De paso, convendría revisar si las empresas que participaron en la construcción andan entre los papeles de Bárcenas.

mondonguero dijo...

El llamado "PP de Castilla y Leon" está aún más corrupto que su homologo de Valencia: es el caciquismo del saqueo de lo publico en su más pura esencia. Querian hacer una urbanización en un area protegida denominándola "urbanizacion de la Naturaleza"

extres dijo...

¿Y ahora qué? ¿Alguien va a asumir responsabilidades? ¿Dónde está Mª Jesús Ruiz y su adláteres? Sí esos que me llamaron mala soriana, que no quería el desarrollo de mi provincia,... a mí y a los 6.000 sorianos que nos manifestamos en contra. Esos 100 millones serían estupendos para acabar la primera autovía que nos una con Madrid (solo lleva 4 años de retraso), ah por cierto, recuerdo que Soria no tiene autovía con Valladolid, cuando hubo dinero no se quiso hacer (si, los fondos fueron para la Burgos-León que era más interesante políticamente) y ahora como no hay fondos porque los han gestionado de pena nos quedaremos en nuestra esquinita como los irreductibles numantinos. Pero bueno no seguiremos con batallitas que seguramente nos lo merecemos por votar a unos ineptos y seguir votando a los mismos año tras año. Una soriana indignada ¡¡¡SORIA YA!!!

codino dijo...

Otra más que añadir a las megalomanías de unos políticos que se creyeron dioses. Miles de millones de dinero público ha sido enterrado en proyectos fantasmales cuyos nombres quedarán en la memoria de los españoles que ahora debemos sufrir los recortes de las políticas sociales debido a los sueños de grandeza de de unos seudopolíticos generados por una democracia imperfecta. Toda una orgía de dinero, de componendas entre políticos y empresarios, de cruces de intereses entre los tres poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial. En fin, que además hemos de soportar que sean nombrados altos de cargos de empresas muy poderosas. Uno se pregunta, lógicamente, si para llegar a ser consejero, ministro o presidente de una comunidad autónoma o del propio estado hace falta algo más que saber leer los discursos que alguien, lógicamente bien pagado, prepara. ¿Quién paga por tanto dinero derrochado inútilmente?