140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas

La aberrante Ley de Costas causará estragos en el litoral del país, como ya se ha advertido en numerosas ocasiones. La inoportunidad de esta nueva Ley en un momento histórico clave, tras la gran estafa inmobiliaria de los últimos años, va a permitir que se legalicen verdaderos monstruos urbanísticos en la costa española. En vez de buscar una solución sensata para los excesos cometidos, el gobierno se decanta por la injusticia comparativa y el peligroso principio de crear precedentes políticos en la ilegalidad de la Construcción. Aunque todavía no hay conciencia real de su importancia, noticias como ésta seguiremos viendo en el futuro. ¿Actuará en algún caso la justicia?
"ELPAÍS* : La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral español. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de las infracciones urbanísticas— por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta zona de protección, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener vía libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.

El cálculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa zona de protección había unas 125.000 edificaciones. “Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar”, explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las comunidades autónomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de protección, sino que la medida tendrá un alcance “muy limitado”. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.

Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.

Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta documentación y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. “Es un trabajo que se está elaborando en estos momentos”, explicó.

El senador socialista mostró su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretaría de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. “La administración trabaja con los equipos que tiene la dirección general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral”, comentó el secretario de Estado.

El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el número total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La amnistía de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que también se enfrentaban a la piqueta. También pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que también podrán seguir trabajando.

En la segunda línea, la denominada zona de servidumbre de protección, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. “Son cifras muy altas que merecían una respuesta y dar seguridad jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el medio ambiente ni tampoco protegía a ellos”, comentó el secretario de Estado.

La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a trámite los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el País Vasco y Cataluña.

Entre la protección de la costa y la de los propietarios

La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio público, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protección o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.

La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su título. El Gobierno defiende que refuerza la protección de la costa y al tiempo aporta seguridad jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ámbito industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.

La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima línea de playa y que se sentían perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. “Evita el llamado efecto 2018”, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado dentro de cinco años. En esa fecha se cumplían los 30 años del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga también se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, además de 89 restaurantes y chiringuitos, que también habrían tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguirán operando a cambio de un canon que justifique la ocupación de dominio público.

El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. “Algo que es público se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años”, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 25.10.13
Foto: Construcciones en torno a la ría de O Burgo, en La Coruña. / XURXO LOBATO

8 comentarios :

4men dijo...

Son tan CARENTES de ideas que no se las ha ocurrido otra cosa que VOLVER AL LADRILLO,si no se vende todo lo que hay en el mercado inmobiliario,lo que hay en los bancos y ahora pretenden terminar de destrozar el litoral.Espero que la COHERENCIA de los ciudadanos NO PERMITA más DESTRUCCIÓN del territorio.

bionews dijo...

Olvidaros de las playas bonitas, esas en las que alguno dice que se puede surfear... olvidaros de los paisajes y de la tranquilidad... todo Galicia se convertirá en un monumento al ladrillo, o a la minería. A nadie le importa nada, y con la ley Wert, el negocio es redondo, si no vales, a trabajar al ladrillo, que hay mucha demanda.

noalainercia dijo...

En España saltarse la ley en algunos ámbitos que nuestros conservadores consideran afines puede tener premio, ahora algunos de los que delinquieron para destrozar nuestro litoral podran regularizar y hacer negocio con su canallada. Quienes iban de centristas siguen mostrando que su modelo no deja de ser el mismo desarrollismo desaforado que destruyó nuestros cascos históricos y construyó espantos como Benidorm o la costa de Levante. Quienes se dicen derecha europea no ocultan ya que su modelo es un ultraliberalismo a lo anglosajón que no considera necesarios espacios públicos, los que les gustaría disfrutar en exclusiva de playas privadas van paso a paso. La vergüenza de Europa.

7yoga7 dijo...

140.000 infracciones o delitos durante décadas y los ayuntamientos, policía, ministerio de la vivienda, del interior, etc. que no vieron nada o no hicieron nada porque estaban recibiendo o entregando sobres (o ambos) a mansalva como Gil, etc. Probablemente eran más los que recibían sobre que los que no, que eran las tontos. De los listos pocos acaban en la cárcel. Qué políticos degenerados, indultos (pagados?) para millonarios, para narcos, políticos, policías y banqueros. Los demás al trullo por robar comida en un supermercado. Vaya país.


alberto00 dijo...

El PP ampara la delincuencia y la corruPPción. Hay que acabar con los desmanes urbanísticos. La costa es de todos, no de unos cuantos sinvergüenzas con contactos en la política, que untan a alcaldes, presidentes de diputación, etc., y hacen su agosto a costa de un bien de todos. La derechona y los socialistas mediocres y sin ideas han convertido a la construcción y el turismo en el motor de la economía española: eso es tercermundista, señores, ninguna economía de los países "que cuentan", como diría Aznar, basa su crecimiento en esos sectores. Pero los políticos mienten sin parar, cuentan cuentos para idiotas y, mientras, se llenan los bolsillos. A ellos les da igual que fuera la gente se ría de España; lo que les preocupa es tener una cuenta corriente saneada, y a eso se aplican.

sevilla dijo...

Sinvergüenzas... Lo que hay que hacer es demolerlas, como se hace en Dinamarca, en Suecia, en Malta, Croacia, Francia, Holanda, Alemania o Noruega... pero aquí con la corrupción solo se marea la perdiz, y de cumplir las leyes los pobres si acaso........¡República Bananera Marca España!

alfredo888 dijo...

Las viviendas que eran legales antes de 1988 y a las que se le aplico con caracter retroactivo la Ley de Costas de ese año, podrían eliminarse por la via que cualquier pais europeo hace, se les compra a los propietarios (expropiacion) y se acabó el problema. Otra cosa son las viviendas que se construyeron de forma ilegal o despues de ese año sin hacer los deslindes pertinentes. Por ejemplo lo de que en 2018 se iban a tirar miles de viviendas es falso, y lo malo es que a base de repetirlo se acaba quedando como una verdad. En 2018 se cumplen los 30 años de la Ley de 1988, que indicaba que una vez realizado el deslinde las viviendas podrian tener una concesion de 30 años prorrogables por otros 30. De nuevo aqui abunda el insulto y el desconocimiento sobre un tema que la Comision de Peticiones del parlamento europeo (Informe Auken) se ha pronunciado pidiendo que se compense a los que adquirieron una vivienda que fue construida legalmente antes de 1988. Este es un pais que promulga leyes de pais del primer mundo pero con los recursos de pais de tercer mundo (costas, dependencia etc etc).



lestes dijo...

Las casas construidas antes de 1988 (y digo construidas), deberían expropiarse al precio que pagaron (o que dijeron pagar, si lo hicieron parcialmente defraudando a Hacienda obviamente eso no) sus propietarios mediante contrato anterior a 1988, siempre y cuando la edificación no contraviniera las leyes estatales, autonómicas y urbanísticas existentes (esto es, si el promotor le ha dado un maletín a un alcalde para que le de una licencia y esa licencia no se podía dar, obviamente no debería haber ningún derecho reconocible por un acto ilegal). El dinero podría salir fácilmente de las correspondientes multas a todas las edificaciones construidas posteriormente a 1988, y de las anteriores que se demostrara ilegalidad (además del dinero para demoler las de ese grupo, claro está).