Todo menos la demolición

Sobre el asunto de los derribos y demoliciones, necesarios para hacer cumplir la Ley o Normas Urbanísticas, ya se ha hablado bastante en este blog. No es ninguna novedad que se pueden contar con los dedos de una mano los casos en que esto ha sucedido en los años de urbanismo salvaje e ilegal. Para demostrarlo ahí sigue en pié el buque insignia de la corrupción, el famoso hotel El Algarrobico en la costa almeriense, a pesar de las múltiples sentencias en su contra. Igual sucede en toda la geografía y autonomías españolas. Una vergüenza política y judicial que se deja como herencia a generaciones futuras.
"ELPAÍS* : El boom inmobiliario ha pasado, pero los ladrillos que se colocaron en pleno furor, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, continúan bien pegados al suelo. Los fiscales de Medio Ambiente siguen teniendo “serios problemas” para conseguir que se ejecuten las demoliciones de las construcciones ilegales. Los propietarios tratan de retrasar la llegada de la piqueta todo lo posible, bien buscando fallos en el proceso, o agarrándose a nuevas normativas regularizadoras, como la Ley de Costas. Los Ayuntamientos o comunidades, que deben responder de forma subsidiaria porque ellos debían velar por la legalidad urbanística, alegan en muchas ocasiones de que no tienen fondos para asumirlo.

“Nos damos contra un muro”, cuenta Patricia Navarro, la fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.
La memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de 2012, hecha pública esta semana, destaca la situación “paradójica” en la que se encuentra esta medida legal. Aunque los derribos de construcciones irregulares se sigan acordando de manera más o menos fluida —se interponen unas 100 órdenes de demolición al año—, hay poco consenso en los tribunales sobre su necesidad o naturaleza.

La Fiscalía no dispone de una estadística de órdenes de demolición, algo que hace muy difícil calcular la cantidad de las que hay en España. Tampoco existen datos oficiales y globales de viviendas ilegales, pero las comunidades con problemas más sonoros son Andalucía, donde el Gobierno regional estima que hay unas 300.000 construcciones irregulares, 60.000 de ellas en Málaga, o Valencia, donde Greenpeace calcula hasta 50.000 casas ilegales solo en la zona costera. Cantabria también es conocida por sus desmanes urbanísticos, con 663 sentencias de derribo, según datos del Gobierno regional.

Las divergencias a la hora de sentenciar son todo un clásico. Sevilla habla de una “irreconciliable disparidad” con las demoliciones. Mientras tres secciones de la Audiencia sevillana las acuerdan con “bastante regularidad”, una cuarta no la aplica “como regla general”. Hasta 2012 han conseguido que se acuerden más de 100 derribos. En algunos casos, el propietario de la vivienda ilegal ha llegado a entrar en prisión porque no asumió la demolición como forma de responsabilidad civil.

Jaén también destaca por la “extraordinaria reticencia de los jueces” para acordar esta medida. De las 72 condenas por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en las que ha intervenido la fiscal de Medio Ambiente Isabel Uceda, solo dos llevaban aparejada la piqueta. Uno de los casos más llamativos es el de una urbanización levantada en el entorno del yacimiento íbero de Puente Tablas, en una zona residencial de la capital catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). En este barrio hay chalés con órdenes de demolición y otros, colindantes, con condena, pero sin esta medida. Los propietarios ven en esa falta de unidad de criterio judicial una clara “inseguridad jurídica”.

Los ejemplos negativos son los más numerosos. La fiscalía de Cáceres se queja de la falta del “conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores” sobre las características de la orden de demolición, y en Valencia denuncian que su Audiencia ha dejado de aplicar o recurre a la anulación sistemática de todas estas órdenes. Aunque no se ejecuten, la buena noticia es que los jueces valencianos las están acordando con más frecuencia. Si en 2011 esta medida iba incluida en el 37% de las condenas, en 2012 ha subido hasta un 63%.

El contrapunto a esta situación, enquistada en los últimos años, lo ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución, del 21 de junio de 2012, reconoce los principales argumentos que la Fiscalía en defensa de la necesidad de imponer esta medida, como que es la única manera de reparar el daño causado por el delito. “La demolición es la responsabilidad civil”, ha declarado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verger.

La fiscal Patricia Navarro pidió al Supremo que se posicionara sobre este asunto planteando un recurso de casación a una condena por una construcción ilegal en el Puerto de Santa María que no llevaba aparejado el derribo. El alto tribunal aceptó —y su decisión sienta jurisprudencia— que el derribo debe ser la “regla general” y no una excepción, algo que se deduce del nuevo contenido del artículo 319 del Código Penal, y que si no se aplica favorece la sensación de impunidad.

Cádiz tiene unas 40.000 viviendas irregulares y a finales de 2012 había 70 órdenes de demolición sin acometer. “En la zona de Chiclana, Chipiona o la costa, ha habido un crecimiento muy rápido y una vivienda ilegal sin demoler es un efecto llamada”, considera Navarro. Sobre su mesa hay órdenes de derribo de 2007 que todavía no se han ejecutado porque les plantean infinidad de incidentes para evitarlo. “Se solicita, por ejemplo, el indulto, y aquí no cabe, porque no se trata de una pena”, explica la fiscal gaditana.

Los propietarios están agarrándose a la posibilidad de beneficiarse de la nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas. También a decretos, como el que presentó la Junta de Andalucía en 2012 para regularizar el 90% de las construcciones irregulares, o a cambios en los planes urbanísticos de los municipios que les pudieran beneficiar.

Un colectivo de extranjeros afectados por los desmanes urbanísticos cometidos en el Valle del Almanzora (Almería), donde hay 12.000 construcciones ilegales, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, un juez de Almería ha suspendido la orden de demolición de la casa de un matrimonio británico hasta ver el resultado de la demanda internacional. Gerardo Vázquez, letrado de la asociación, reclama un cambio urgente en el sistema. “Es un modelo bizantino, es evidente que han fallado los controles por la cantidad de viviendas ilegales que hay”, contempla. Los 300 socios de la asociación, la mayoría británicos jubilados, compraron casas en suelo rústico y los promotores pusieron pies en polvorosa. No tienen derecho a suministros básicos, como electricidad o agua, pero lo más grave es la sombra de la excavadora.

En Mijas (Málaga), hay 8.000 construcciones irregulares, pero el decreto de la Junta de Andalucía ha abierto la puerta a la regularización de la mitad. Las otras 4.000 luchan por encontrar un hueco legal que las salve. En este pueblo de la Costa del Sol ya ha habido varias demoliciones y el equipo municipal, del PP, reconoce que no son plato de gusto. “Intentamos encontrar soluciones legales, pero contra las viviendas con expediente de demolición no se puede hacer nada”, explican.

En Navarra han tenido que embargar de forma previa a los condenados para poder pagar esos derribos. En 2012 ha habido cinco sentencias. El caso típico es el de una caseta de huerta que se ha ido mejorando hasta convertirla en vivienda, en especial en la Ribera navarra. Todo un clásico del urbanismo español.

Con información de Javier Doria y Ginés Donaire.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 21.9.13
Foto: En Mijas (Málaga) hay 8.000 construcciones irregulares. / JULIÁN ROJAS

5 comentarios :

romairales dijo...

En los aeropuertos se apilan avionetas abandonadas, en los puertos barcos, en los caminos perros sin dueño, caballos sin destino.... Cómo estará el tema de los adosados que no se pueden desadosar?. Muy pocos entendieron la economía con fecha de caducidad de Aznar y ahora tienen que participar en el pago. Es injusto.

Daniel Tortosa dijo...

Que paguen los responsables, ya vale de sangrar las arcas públicas. Dan pelotazos urbanísticos (beneficio público que recae en bolsillos privados que, si no eran grandes, se hacen) y encima quienes siempre pagamos las consecuencias negativas del matrimonio político-privado somos los ciudadanos más honrados y quienes sufrimos para llegar a final de mes.Esta espiral negativa provoca que los ciudadanos menos agraciados, desesperados, acaben marginados y mendiguen o incluso delincan o pierdan su integridad para subsistir,carezcan de estabilidad en el hogar y dependan de la solidaridad escasa.Esta solidaridad es soportada sobretodo por el bolsillo de la clase media. Aunque done el rico,la donación en cuestión no genera progresión en el estatus social. La solidaridad en este sentido sirve para subsistir no para progresar en la escala social, no para generar nueva riqueza, con el tiempo no existirá una progresión gradual de una a otra clase social,sino dos estancamientos rico-pobre. Y la consiguiente mayor dominación de una clase poco ética, hacia otra subordinada y atrapada en la sumisión hacia la voluntad de la primera

pepemoran dijo...

La verdad es que no entiendo, alguien que me explique por favor ¿Como es que se puede construir una vivienda, una sola casa sin permisos de construcción? ¿Que los ayuntamientos no tienen inspectores? ¿Nadie se da cuenta de que alguien esta construyendo? Si yo o algún otro ciudadano de a pie decidimos una caseta para el perro sin tener los permisos correspondientes, seguro que me caen a palos los inspectores, hacienda me audita y hasta la parienta me pide el divorcio, y veo la foto del artículo y alucino. ¿Nadie se dio cuenta de que se estaban construyendo unos pequeños edificios en esa zona? Quise contarlos tres veces y me perdí y lo mas curioso es que al fondo se ve una grúa que sigue en pie. No se, pero en esto hay responsables, alguien firmó esos permisos, y si nadie lo hizo y se construyó sin licencias pues entonces algún funcionario cometió un delito por omisión de sus funciones y obligaciones legales

ab001 dijo...

Hay un proceso que se llama interdicto +-, se para al momento, lo que pasa en el basurero es que depende de quien, es el tamaño de las gafas y/o lentes, ademas del color que tengan los billetes, el caso es que los trileros cobran IBI y demás impuestos por estas construcciones, toda una aberración legal.........una estafa la cual parece ser que los/as fiscales.......dan poco de si.........si me cobras impuestos, das por echo lo ilegal/legal, claro que en el basurero lo de ilegal/legal es todo dependiendo del color del día.....

antibabas dijo...

Mientra la gente siga votando a corruptos e irresponsables que hacen dejación de sus responsabilidades todo seguirá igual. Todas la obras ilegales son responsabilidad de los ayuntamientos que dejaron hacer, por omisión o por corrupción. Los propietarios de las viviendas tenían la obligación de conocer el estado de legalidad de esas viviendas y si no lo hicieron tienen que asumir sus responsabilidades. Los responsables de esas construcciones ilegales tienen que ir a la cárcel y devolver el dinero. En todo caso el estado, es decir los contribuyentes, no tiene que asumir ningún tipo de gasto.