Ferrovial lleva a los tribunales a la Comunidad de Madrid por una autopista de peaje fantasma

Continuando con el despilfarro monumental de las infraestructuras en el país, ahora es una de las empresas a la que se han adjudicado gran número de obras y proyectos en estos años, Ferrovial, la que lleva a los tribunales a la Comunidad de Madrid por la autopista de peaje que iba a ir en paralelo de la A-2, Madrid - Barcelona. Ya se ha visto un asunto parecido con otras autopistas de peaje sin acabar o con tráfico nulo que han dejado numerosas deudas a las administraciones culpables, a través de las propias concesionarias.
"ELCONFIDENCIAL* : El pulso de la familia Del Pino, dueña de Ferrovial, con la Comunidad de Madrid por la construcción de una autopista sin terminar ha llegado a los juzgados. La compañía de infraestructuras ha presentado un recurso en la Sala de de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que solicita la resolución de la concesión de la carretera de peaje 203 que exige una inversión de casi 100 millones y por el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llamado la atención a la sociedad.

La decisión de acudir a los tribunales se debe a la callada por respuesta que la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid dio a la compañía cuando solicitó que se anulase la concesión otorgada en 2005. Ferrovial pidió la rescisión del contrato el 31 de octubre de 2012 y esperó tres meses a que el organismo dirigido por Ignacio González se pronunciase. Al no hacerlo, el pasado 20 de febrero optó por acudir al Tribunal Superior de Justicia, según consta en la documentación sobre los resultados del primer semestre remitidos a la CNMV.

Ferrovial detalla esta información porque la institución que supervisa los mercados de valores le pidió el 15 de junio una explicación muy pormenorizada sobre la contabilización de distintos activos que no aparecía en su auditoria de 2012. La compañía de los Del Pino contestó el 8 de julio punto por punto a todas las aclaraciones de la CNMV, entre las que se encontraba la situación de la autopista 203 que une Madrid con Alcalá de Henares. El grupo expone que esta concesión tiene una provisión por deterioro de 10 millones de euros, pese a que la inversión inicial era de 70 millones.

La MP-203 estaba destinada a ser una autopista relevante, ya que con su construcción se pretendía descongestionar el tráfico de la A-2 (carretera de Barcelona) que une Madrid con Alcalá de Henares. Un trayecto de 30 kilómetros en el que se pueden llegar a emplear 60 minutos en plena hora punta. Cintra, la filial de Ferrovial, se adjudicó dicha concesión en 2005 por los siguientes 30 años y empezó a construir los 12,5 kilómetros del recorrido. Era la primera autopista de pago directo por los usuarios que uniría la A-2 por Torrejón de Ardoz y la M-208 a la altura de Mejorada del Campo.

Sin embargo, en 2007, Ferrovial paralizó las obras al estimar que el Gobierno regional presidido en aquel momento por Esperanza Aguirre modificó sustancialmente el plan económico y financiero de la concesión, lo que suponía un incremento adicional del 20% de la inversión. La Comunidad de Madrid tiene otro punto de vista, ya que acusa a la compañía de no obtener los permisos para ejecutar una parte de la obra que pasaba por debajo del AVE a Barcelona y la conexión de la R-3. Ante estas circunstancias, los Del Pino y la Comunidad empezaron a negociar cómo resolver un conflicto que tras muchas discusiones, como la carretera, no iba a ninguna parte.

El destino final ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que resolver la disputa. Ignacio González ha amenazado a Ferrovial con la imposición de sanciones, la ejecución de la garantía y hasta la incautación de la concesión.

Cien millones más por otros dos peajes quebrados

Un problema que se añade a los procesos concursales en los que se encuentran inmersas otras dos autopistas de peaje R-4, que transita por el sur de Madrid, y la que une la capital con el Levante. Hasta el pasado año, Ferrovial había contabilizado una provisión de 345 millones de euros por todos los posibles sobrecostes de esta inversión, que el Ministerio de Fomento intenta reparar mediante la creación de un banco de carretera de pago en bancarrota.

Sin embargo, después de los informes de los administradores concursales, emitidos el pasado mes de mayo, Ferrovial reconoce en la documentación remitida a la CNMV que las pérdidas esperadas por la R-4 y la Madrid-Levante se han elevado en 99 millones, hasta los 444 millones. La sociedad explica que, en su opinión, este incremento de los costes adicionales “deberá ser asumidos por la Administración, habilitando préstamos participativos que se devolverán con incrementos de tarifas futuras”.


* El Confidencial - Agustín Marco - 8.8.13
Foto: Autopista de peaje interrumpida en Madrid  - elpais.com



1 comentarios :

observador dijo...

Les explico la perversidad del asunto y perdón por la extensión.

Desde que la normativa de prestación de servicios públicos por empresas privadas ha sido regulada -hay que decirlo: por el Partido Popular Europeo- en directivas comunitarias (desde la Directiva 2004/18/CE) se ha santificado el lucro de la empresa privada por encima de todo- aquí estamos en una obra, no servicio, pero les vale también-.

Lo argumentan diciendo que absolutamente siempre la empresa que lo realiza debe tener beneficios, en pro de mantener la continuidad de ese servicio adjudicado, necesario para los ciudadanos que han de tenerlo asegurado, así como porque la Administración no ha de entorpecer el "funcionamiento normal de la economía de mercado" y la pervivencia de las empresas. Le dan la vuelta: no es el servicio público de competencias públicas lo esencial, ni un control muy cerrado de la Hacienda Pública, sino que el centro pasa a ser la empresa privada y que además "siempre es más eficiente que la gestión pública", se dice. La experiencia ya ha demostrado que no siempre es así, incluso a veces muy al contrario (vease informe del Parlamento del Reino Unido sobre la sanidad y el de ferrocarriles).

Es decir, la obra, el servicio puede tener el coste que se hubiera firmado PERO si la empresa argumenta errores, defectos, etc, etc, el Estado ha de apechugar. Caso continuo de los hospitales privatizados por un importe y luego todo se encarece y la Aministración les ha de dar dinero después para asegurar por encima de todo "que se mantenga la continuidad de los servicios que reciben los ciudadanos"...

Conclusión: suprimen el riesgo empresarial, se ponen precios por debajo que luego suben "por arte de magia". Todo sale muchísimo más caro que si se hiciese por la Administración (sobre todo en los servicios). Y los políticos de turno pagando más o menos deprisa a las empresas, negociando con los empresarios "esto para ti y esto para mi", y sacando tajada. Y ahora el segundo punto esencial:

¿Donde están los Interventores de la Administración pública? (son lo que es un Dtor Financiero de una empresa, aunque sin poder alguno en decidir el gasto, sólo en vigilar la Ley, en su gestión administrativa y tramitar los pagos). Les aseguro que esos tipos saben ver perfectamente las normas y son capaces de ver lo mal que están los contratos, los sobrecostes más allá de lo legal, los chanchullos, etc, etc. ¡perfectamente!. Y hasta pueden hacer un escrito denunciado el fiasco, pero no tienen fuerza de veto. Ellos no se hacen responsables de los contratos, ni las facturas, ¡los políticos si. Pero como en España a los políticos todo fiasco les sale literalmente gratis, pues a seguir destrozando las finanzas públicas y a hacer aeropuertos sin aviones, etc, etc.

Solución: Código Penal clarito, rápido para los políticos. ¡NO podemos admitir que todas sus tropelías les salgan gratis, no señor!. Junto con control real y duro de los Interventores. Son tantísimos casos...

Tampoco se ha de santificar el lucro de la empresa. Yo en los negocios me arriesgo, podré ganar o incluso hasta perder, es una de las claves de la economía de mercado, pero la pervierten con esas normativas y comportamientos. Eso no está nada bien, se ha de cambiar la normativa de santificar el lucro y el Código Penal se ha de cumplir de verdad. No veo otras solución al asunto.