La Fiscalía mantiene que sí hubo una trama urbanística en Arroyo con «regalos» a políticos del PP


El caso de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) sigue su lento curso. El crecimiento desmesurado e ilegal de este municipio cercano a la capital es un ejemplo de libro, estando todas las instituciones superiores implicadas gobernadas por el partido 'popular', lo que hace más sencillo y rápido el gran pelotazo que se ha dado finalmente.
"ELDÍA* : El fiscal y la acusación popular del Caso Arroyo hicieron hoy causa común al mantener su convicción de que, a partir de 1999, Mahía Grupo Inmobiliario vio allanado el desembarco urbanístico en este municipio vallisoletano gracias a la colaboración prestada, entre otros, por quien fuera alcalde del PP a partir de 2003 y hoy independiente, José Manuel Méndez, y gracias al entramado dispuesto entre los seis imputados, a quienes solicitan un conjunto de penas que suman 36 años y medio de cárcel, y multas por valor global de 2,1 millones.

En la sexta jornada del juicio celebrada ayer en la Audiencia de Valladolid, los representantes de las acusaciones pública y popular, ésta ejercida por la Asociación de Vecinos Siglo XXI (de Arroyo), se encargaron de exponer al tribunal sus informes finales. Mientras que el fiscal mantuvo todas sus tesis iniciales, el abogado acusador sí optó por modificar su petición de penas, pasando de los 58 años y medio de prisión con que inició la sesión el pasado día 9 a los mismos 36 y medio que se reclaman desde el Ministerio Público.

Diez y medio para Méndez. De todos ellos, diez y medio (y su inhabilitación por 27 años) son para el alcalde arroyano, al que se acusa de la presunta comisión de dos delitos de cohecho, dos de prevaricación urbanística y uno de malversación.

En el caso del exdelegado de la Junta (y exconcejal y exdiputado provincial del PP), Jesús García Galván, la petición de pena es de tres años de prisión y otros 18 de inhabilitación por dos delitos de cohecho y prevaricación.

El resto se los reparten Ramón López Casal (presidente de Mahía), José Presas (exsocio en común de Méndez y López Casal), Mª Iluminada Miguel Fernández (hija de un exalto cargo del PP en la provincia y exsecretaria de una empresa de Méndez y de Mahía) y Buenaventura Conde Salazar (el arquitecto municipal de Arroyo) a razón de catorce, dos, tres y dos años de prisión, ya que a éste se le retiraron ayer los cargos por delito de cohecho y sólo se le juzgará ya por dos delitos de prevaricación.

En sus alegatos finales, las dos acusaciones dieron por probado que Méndez, en 1999 teniente de alcalde y concejal de Deportes y Medio Ambiente en Arroyo y alcalde a partir de junio de 2003, comenzó una «estrecha» relación con el presidente de Mahía a partir del vínculo previo que mantenía con el también socio de la mercantil gallega, José Presas Zobra, debido a la participación de este último y el regidor en la mercantil Recreativos Dema.

Es a partir de entonces, según entienden probado tanto el fiscal como el abogado de la acusación popular, cuando los tres iniciaron una actividad delictiva con la que, presuntamente, se benefició los intereses de la citada promotora, hasta el punto de que en el periodo investigado ésta llegó a ejecutar un millar de las 6.000 viviendas construidas en el municipio. Para ello, según las acusaciones, los tres contaron con la colaboración de Iluminada Miguel (calificada ayer como la «mano derecha» de Méndez), Buenaventura Conde (el arquitecto municipal de Arroyo) y Jesús García Galván (exdelegado de la Junta y que presidía la CTU, Comisión Territorial de Urbanismo).

Origen: los 30 millones. El punto de inflexión o inicio de esa supuesta colaboración delictiva, es, según el fiscal, el préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas (180.000 euros) que, en 2001, Méndez recibió del presidente de López Casal y que, según los dos acusadores, fue en realidad un «regalo» o «dádiva» por cuanto nunca fue devuelto.

A ese «regalo» obedecerían las facilidades que la constructora habría conseguido en distintas operaciones urbanísticas que se desarrollaron en los denominados SAU-13 y SAU-9, el primero para lograr aumento de edificabilidad y en el segundo, para un cambio en la calificación del suelo. Y todo ello, según ambos acusadores, con la participación activa de Conde y, luego, de Galván en la CTU, «prescindiendo de las normas y a sabiendas de que iban en contra de la legalidad», según el fiscal.

Y a todos esos supuestos favores se achacan también la entrega, en 2004, de un piso en Villagarcía de Arosa (de 87.400 euros) a Méndez y de un chalé en Mugardos (de 150.000) a García Galván. A pesar de que ambos aseguran que abonaron el precio en efectivo, los dos acusadores sostienen que fue una dádiva y que los entonces dirigentes del PP formalizaron la solicitud de una hipoteca pero utilizaron el dinero a un fin distinto, ya que estos dos inmuebles eran un pago por sus servicios. En esta línea, el letrado de la acusación llegó a calificar de «esperpento» las explicaciones de Méndez y Galván.

Hoy será la séptima jornada, con los primeros alegatos de los abogados defensores.


* El Día - EP - 17.07.13
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es



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