Amnistía denuncia la desprotección en el derecho a la vivienda

El artículo 47 de la Constitución española dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". Y de aquí viene la denuncia de Amnistía Internacional.
"PÚBLICO* : "El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012".

En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según ha señalado el director de AI en España, Esteban Beltrán.

"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado Beltrán, quien ha anunciado que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.

El principal problema, según ha señalado, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", ha dicho el director de la ONG, que ha pedido que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".

Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán ha recordado que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.

"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe ayer en Madrid, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.


* 20 Minutos - LUCÍA VILLA - 23.5.13
Foto: Una de las múltiples protestas en España contra la política de recortes del Gobierno - AI

2 comentarios :

Sor Dalmira dijo...

No sólo es en materia de vivienda, también lo es en materia de asistencia social, pues muchísimas personas carecen de recursos o subsidios para sobrevivir y están totalmente abandonadas a su suerte. Curiosamente en su Constitución se reconocen ambos derechos (vivienda digna y adecuada y subsidio para subvenir a la las necesidades, especialmente en caso de desempleo) pero el régimen neofranquista español se lo pasa por el forro.


publico

egalite dijo...

En España no hay derecho a una vivienda, aunque asi lo ponga en la constitucion, cuando te quedas en la situacion que tenemos ahora, solo cabe, el impago de hipotecas y alquileres y servicios.

La ocupacion ilegal de casas, con la pena que pueda conllevar.

O la pu ta calle


publico