Agua, del derecho al negocio

PÚBLICO* : La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación.
Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.

Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.

"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.

En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.

"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.

Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.

Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.

Un valor de mercado
El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.

Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.

Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".

Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.

Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.


* Público - LUCÍA VILLA Madrid 03/03/2013
Foto: CandeledaVistaDelPueblo - wikipedia.org



5 comentarios :

Radic dijo...

Por ley, privatizar bienes o servicios públicos debería aprobarse por referendum con mayoría cualificada de la población afectada. A los dirigentes que estuvieran en el poder político en el momento de la privatización, se les debería prohibir a ellos y a sus parientes tener tratos económicos con las empresas agraciadas.
Acordémonos de la privatización en su mitad de la empresa funeraria madrileña que se efectuó con dolo y fue objeto de condena por la justicia.


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linceplus dijo...

Las construstoras se estan peleando por quedarse con las empresas de agua mineral de este pais,hace poco se publicaba que habian detectado plomo en varias marcas de agua mineral pero nadie se atrevio a decir las marcas,pues a partir de ahora,llevaran plomo y polvo de cemento y ladrillo,esto es una liquidacion,estamos inmersos en un camino sin retorno


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Pericles42 dijo...

Una vez terminado el filón del ladrillazo, ahora se ha descubierto el filón de las privatizaciones, "Oportunidad de Negocio" que dirian los neoliberales.

Claro, que privatizar sectores tan estrategicos como la Sanidad, La Enseñanza, o el agua, por poner algunos ejemplos, se nos abren las carnes pensar en qué manos nos estamos poniendo.

En las manos de gente sin escrupulos que sólo persiguen el lucro personal, sin importarle los medios empleados y la gente a la que están dispuesta a quedar en el camino.

Qué estas privatizaciones van crear pingües beneficios a sus privatizadores, los políticos que intervienen en ello, pues no nos cabe la menor duda.

Se ha abierto otro "melón" como la Gürtel y los presuntos sobornos será la moneda de cambio para los interlocutores, y sus beneficios a los paraisos fiscales.


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pazair dijo...

El auténtico negocio empezó hace muchos años con la venta de concesiones de manantiales y aguas minerales, las Fontvella, Lanjarón, Bezoya y compañía, que a cambio de un pequeño canon al municipio obtienen grandes beneficios por la mera comercialización y envasado de dicho agua. Lo que comenzó como una forma de garantizar el suministro en zonas donde la calidad del agua era deficiente se ha convertido en un gran negocio de marketing. Según Emily Arnold y Janet Larsen, miembros del EarthPolicyInstitute, una organización estadounidense dedicada a la promoción del desarrollo sostenible, el consumo de agua embotellada ha crecido incluso en lugares donde el agua del grifo es de calidad, lo que está provocando de forma innecesaria el aumento de residuos y el gasto de grandes cantidades de recursos y energía.

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Xulian dijo...

Aquí donde yo vivo ya han privatizado el agua hace más de una década, la empresa no ha hecho ninguna inversión, por supuesto, con lo que en horas de mucha demanda hay bajadas de presión, los productos químicos que le echan al agua hace que tenga olor y sabor a lejía, me imagino que emplearan lo más barato sin reparar si es venenoso o nocivo, el servicio de averías es nefasto pero eso sí, el precio ha subido sin parar con lo que algún pez gordo estará forrandose a costa de todos, incluso de los ton.tos que votan a los ladrones y que abogan por el saqueo de lo público.


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