La especulación también arruina el sector turístico que nos iba a sacar de la crisis

ELDIARIO* : La subida del IVA, las tasas de aeropuerto y sobre todo el espíritu especulativo de los dueños de las empresas nacionales de turismo provocan una debacle en el sector.
La convulsión en Iberia, el desguace de Orizonia o las cuentas de Arturo Fernández llenan espacios en los medios de comunicación. La principal aerolínea española va a dejar en la calle a 3.800 personas tras estimar unas pérdidas de 280 millones en 2012. El tour operador radicado en Mallorca despedirá a 3.000 trabajadores después de presentar un preconcurso de acreedores con un pasivo estimado en 580 millones. El pozo de los balances del grupo de Arturo Fernández aún dará sorpresas.
La debacle en estas piezas emblemáticas del sector turístico español no coincide en el tiempo por casualidad. Durante los últimos cuatro años hemos contemplado con estupor cómo 20 compañías aéreas nacionales se hundían en la quiebra: Air Madrid, Air Comet, Futura, Aebal, Andalusair, Air Almería, South Atlantic, Regional Wings, Vising Operaciones, Air Asturias, Lagunair, Air Catalunya, Prima Air, LTE, Bravo Arlines, Gadair, Hola Airlines, Air Class Airways, Girjet, Spanair y ahora Orbest.

En el mundo de los turoperadores, hemos seguido a cámara lenta cómo el emporio de integración de paquetes vacacionales, Marsans, se colaba por el sumidero con el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, como mascarón de proa. Aguanta Globalia, de la familia Hidalgo, y ahora Barceló construye su propia estructura vertical con piezas del desguace de Orizonia.

En este lapso también han quedado al descubierto los grupos hoteleros que sufren por su exposición a la burbuja del ladrillo, a la vez que son víctimas de los impagos de la industria mayorista (70 millones les debe Orizonia). Emblemas del sector como Meliá, Barceló o NH aguantan el tipo por la vía de la consolidación de los más débiles y la expansión exterior.

En el sector de la restauración (14.500 cafeterías, 70.000 restaurantes, 240.000 bares) han muerto 13.000 establecimientos. No todos que resisten aplican los principios contables del aún vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.

Buenas cifras macro

El último cuatrienio ha sido una etapa negra para la economía española y todos los responsables empresariales se escudan en sus ratios para justificar pérdidas y despidos masivos.

Pero durante este período, sorprendentemente, los viajeros europeos, sin dejar de mirar el estado de su bolsillo, han dado gusto a su afición por el sol de España, según los datos de Frontur. Quiza una de las razones sean las impactantes imágenes de los efectos colaterales de la Primavera Árabe. Lo cierto es que 2012 se ha convertido en un año récord (con 57,7 millones de turistas extranjeros, un 2,7% más que en 2011), solo superado por los registros históricos de 2007 (58,7 millones) y 2006 (58 millones).

Los emisores del Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia impulsan los alentadores registros. El Banco de España calificó ya a 2011 como "un gran ejercicio" por la aportación del turismo a la balanza de pagos nacional con 43.026 millones. La cifra puede ser superada en 2012. La senda alentadora no puede sin embargo ocultar cambios significativos de tendencia: las entradas por avión cayeron el 4,1%, mientras que los viajes en coche se dispararon el 16%. El alojamiento hotelero disminuyó el 7% y el alojamiento no hotelero (alquileres, intercambio de viviendas, etc.) creció un 11,4%.

Incluso en los desplazamientos interiores de los turistas españoles, 2012 ha resultado también un año razonable si hacemos caso a las cifras de Familitur. Se contabilizaron 14,049 millones de viajes vacacionales, con un crecimiento del 12,2% en relación con el año anterior. Es cierto que las "visitas a familiares" crecieron un 33%, pero no resulta menos verdad que el alojamiento hotelero se mantuvo estable con un 0,4% de incremento. Los viajes al extranjero fueron los paganos de la crisis con una caída del 1,7% al contabilizar 1,2 millones de desplazamientos.

Subida de impuestos y tasas

Ante esta tendencia de recuperación, cabe hacerse una pregunta: ¿cómo es posible que buena parte del sector industrial del turismo en España se encuentre en la unidad de cuidados intensivos? Directivos que ejecutan despidos masivos sin que les tiemble el pulso ¿no han tenido en los aceptables datos macroeconómicos de fondo una base suficiente como para reutilizar los beneficios de tantos años de vacas gordas y producir reconversiones con el menor trauma posible?

En reiteradas intervenciones el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la responsable en el Ejecutivo de los sistemas de transporte, Ana Pastor, afirman que el sector del turismo es una de las industrias que nos debe sacar de la crisis. Ponen como ejemplo la recuperación del atractivo de las Islas Canarias en los dos últimos años. En 2010 el número de visitantes españoles al archipiélago fue de 1,5 millones y el de turistas extranjeros se situó en 8,5 millones. El pasado año hubo un ligero recorte del turismo desde la Península (1,4 millones) pero se consiguió un fuerte incremento de los visitantes internacionales (10,1 millones).

Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno para poner coto a la destrucción acelerada del tejido turístico nacional? La subida de dos puntos del 8% al 10% del IVA aplicado al sector turístico ha costado 2.010 millones al sector en el último tramo de 2012, según Excelur. La brutal subida de las tasas aeroportuarias de ese mismo ejercicio ha generado un sobrecoste por billete aéreo que oscila entre los 0,42 euros en los aeródromos pequeños y de 18,24 euros en El Prat y en Barajas.

Crisis de los grupos turísticos verticales

El hundimiento de Orizonia –igual que ocurrió con Viajes Marsans– ha puesto de manifiesto la crisis de los grupos turísticos verticales. Venden paquetes vacacionales, y para ello multiplican su estructura empresarial incorporando líneas aéreas, empresas de cruceros, la operación mayorista y minorista y hasta la oferta hotelera. El surgimiento del fenómeno de la desintermediación que ha provocado la venta de viajes por Internet, sumada al fenómeno aéreo de las low cost y de los alojamientos no hoteleros, han segado la hierba bajo los pies a estos grandes monstruos del turismo.

Sin embargo, ni en esta realidad tan evidente pueden encontrar escusa los malos empresarios: en 2012 los turistas que recurrieron al paquete vacacional crecieron un 1,2%, según datos de Frontur.

Empresas en riesgo

Iberia es una empresa que ha tenido mala prensa en España. Sin embargo, su historia de los tres últimos lustros, desde que en la década de los 90 encontró una línea de gestión razonable, le ha permitido acumular 13 años consecutivos de beneficios y conquistar una posición de liderazgo en los tráficos entre Latinoamérica y Europa que todavía conserva, pese a los tres últimos ejercicios de crisis.

Es difícil predecir el futuro de esta aerolínea clave para la conectividad de España con el mundo y pieza angular sobre la que se apoya cualquier justificación económica de los 13.000 millones de euros que se ha gastado AENA en construir y mejorar su red de aeropuertos. El brutal giro de timón para convertirla en una empresa low cost y ajuste laboral de 3.800 empleos planteado desde IAG se justifica en unas pérdidas que solo se han producido desde que sus actuales gestores, Antonio Vázquez y Rafael Sánchez Lozano, están a la cabeza de la aerolínea, tras firmar apresuradamente una "fusión entre iguales" con British Airways.

Sánchez Lozano tiene un sueldo de 632.000 euros anuales, más una aportación a su plan de pensiones de 136.000 euros. El día que sea despedido recibirá una indemnización de 1,7 millones de euros. Con estos incentivos se le podría exigir una política algo más creativa que justificar la supeditación de Iberia a los designios de IAG y poner en la calle a 3.800 familias.

Carlyle no es el salvador de Orizonia

En julio de 2006 el fondo estadounidense Carlyle entró por todo lo alto en la industria turística española. Tras comprar buena parte de los activos en este negocio de la familia Fluxá por 800 millones, impartió clases a sus competidores erigiéndose como el modernizador del sector con la creación de Orizonia. La historia posterior está escrita en los manuales de las empresas de capital riesgo. Sólo desembolsó 150 millones y para el resto acudió al endeudamiento con Santander, Société Générale o Bankia.

Carlyle incumplió el compromiso de invertir 350 millones en su nueva empresa, aunque cobró puntualmente todos los años 25 millones por gastos de gestión. Pese a facturar 2.351 millones en 2011 y ganar 17,5 millones en su red de agencias de viaje con una plantilla de 1.300 empleados, en los últimos meses ha terminado por arruinar la vida de al menos 3.000 trabajadores.

Ante el hundimiento del grupo, resulta sorprendente leer el texto que todavía figura en su página web: "Orizonia basa su éxito en la diversificación de sus actividades, en el alto grado de profesionalización de su staff, en la solidez de sus accionistas y en el firme compromiso de su equipo que integra más de 5.000 profesionales. En los últimos años, y pese a la coyuntura económica adversa, la facturación y la cifra de clientes del grupo han mantenido una evolución positiva, lo que avala la solidez del proyecto".

Uno de los sectores estrella de la economía española, el turismo, que según el Gobierno nos debía de impulsar a salir de la crisis, se haya en plena debacle. Por el camino que vamos la actividad económica asociada a las vacaciones de media Europa en las playas nacionales se ve abocada a recuperar el modelo de explotación de los años 60 del pasado siglo: España pone sol, camareros y bailadoras; los emisores alemanes y británicos arramplan con lo demás.


* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 24.2.13
Foto: Trabajadores de Orizonia se concentran frente al Ministerio contra el "saqueo" del grupo - eldiario

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El TSJC imputa al diputado de CiU Xavier Crespo por el caso de la mafia rusa

EFE/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y actual diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, por su supuesta vinculación con la mafia rusa.
En una providencia, la sala civil y penal del TSJC ha citado a Crespo a declarar como imputado, por los delitos de cohecho y eventualmente prevaricación, el próximo 13 de marzo ante la magistrada Maria Eugenia Alegret, designada instructora del caso. Crespo, que al ser diputado goza de la condición de aforado, ha sido imputado por el TSJC después de que el supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar, Andrei Petrov, confirmara al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que pagó regalos al exalcalde y diputado de CiU, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos viajes a Rusia.

En la exposición razonada que Velasco envió al TSJC para que decidiera sobre la posible imputación de Crespo se ponía de relieve que estos regalos tenían indiciariamente el objetivo de lograr un "trato de favor" en las obras de construcción y proyectos inmobiliarios que la sociedad Development Diagnostic Company SL (DDC), administrada por Petrov, estaba realizando en Lloret. A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50% del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de Lloret de Mar, fijado en 266.000 euros, y en los terrenos del Hotel Blanca Aurora, según señaló ante el juez el supuesto mafioso ruso.

Además de los regalos directos, Petrov también se comprometió, supuestamente a instancias de Crespo y del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, el también imputado Josep Valls, a patrocinar sin contrato escrito durante tres años al Club de Hockey de Lloret y al Club de Fútbol de Lloret, por una cantidad que entre 2007 y 2010 ascendió a 270.000 euros. El Club de Hockey de Lloret, donde jugaban algunos de los hijos del exregidor, estaba presidido entonces por Joan Perarnau, también imputado, mientras que la esposa de Crespo ejercía como vicepresidenta. Por su parte, Josep Valls dirigía el Club de Fútbol de Lloret.

En el auto en el que el TSJC se declara competente para asumir la instrucción del caso se subraya que los indicios acumulados por el juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía "parecen suficientes" para proseguir con la investigación sobre la posible participación de Crespo en un delito "por el momento, sin perjuicio de cualquier otra calificación ulterior, de cohecho y eventualmente otros de prevaricación administrativa".

Para poder avanzar en las pesquisas, la juez instructora Maria Eugenia Alegret -expresidenta del TSJC-, solicita a la Guardia Civil que en un plazo de siete días le entregue toda la documentación vinculada al caso requisada en el registro al ayuntamiento de Lloret y en el domicilio de los imputados. La magistrada del TSJC también reclama a la Guardia Civil que antes de siete días le entregue el resultado de las investigaciones relativas al reloj de lujo que supuestamente Petrov le regaló a Crespo, así como sobre los viajes a Rusia realizados por el exalcalde y su familia. La juez también ha pedido a la Guardia Civil que le entregue la documentación relativa al patrocinio realizado por DCC a los clubes de hockey y de fútbol de Lloret de Mar.

Levantamiento parcial del secreto del sumario

En el auto, el TSJC se declara competente para asumir la investigación de la causa relativa a los demás imputados no aforados, aunque en este caso sólo respecto a los delitos de cohecho y prevaricación, ya que la instrucción sobre el supuesto blanqueo de capitales seguirá en manos de la Audiencia Nacional. En una resolución paralela, el TSJC ha levantado el secreto del sumario respecto a la causa sobre cohecho y prevaricación, aunque la parte relativa al blanqueo de capitales sigue restringida.

La investigación a Xavier Crespo se enmarca en la llamada Operación Clotilde, sobre una red de blanqueo de dinero de la mafia rusa en Lloret de Mar en la que figuran como imputados el supuesto líder de la red, Andrei Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mishchanin; Jessica H. -que supuestamente participó en la entrega del dinero del patrocino deportivo-; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls; la arquitecta Pilar Gimeno; el expresidente del club de Hockey de Lloret Joan Perarnau; y ahora también Xavier Crespo.

La magistrada Maria Eugenia Alegret también ha citado a declarar el mismo día que a Crespo, aunque en este caso en calidad de testigos, a Ignacio Mario Iturri y al ejecutivo gerundense Ernesto Coloma.


* El Confidencial - EFE - 27.2.13
Foto: Lloret_de_Mar (Girona) - wikipedia.org



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Una expropiación irregular ordenada por Gallardón condena a Madrid a pagar 44 millones

20MINUTOS* : La gestión de Alberto Ruiz-Gallardón vuelve a hacerle un agujero al bolsillo de los madrileños. Esta vez, la razón que provocará un desembolso es la expropiación irregular de un terreno que el que fuese presidente regional ordenó en 1999 en San Lorenzo de El Escorial, donde el Ejecutivo construyó un teatro-auditorio cuyo precio se disparó y que hoy está infrautilizado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, durante su reunión semanal, la disposición extraordinaria de 44 millones de euros para abonar a los propietarios de la finca Torrealta el justiprecio legal que debieron haber percibido en su día. En lugar de los 1,9 millones de euros que el Ejecutivo de Gallardón les ofreció, tenían que haber ingresado 30, según dictaminó el Tribunal Supremo a finales de 2011. Los otros 14 millones restantes hasta los 44 del importe final son los intereses acumulados desde la fecha de la expropiación.

Quería un "Salzburgo madrileño"

La expropiación de Torrealta, situada junto al monasterio de El Escorial, data de noviembre de 1999. El día 5, la Comisión de Urbanismo de Madrid aprobó que la Administración Pública se hacía con este espacio a fin de levantar uno de los sueños de Gallardón: un gran auditorio lírico en medio al pie de la sierra que convirtiese la localidad en el "Salzburgo madrileño". El presidente regional barajó incluso en ponerle su nombre, aunque fue convencido de lo contrario por su equipo.

Gallardón, amante declarado de la música clásica (es sobrino bisnieto del compositor y pianista español Isaac Albéniz), no reparó en gastos, salvo en el terreno, por el que solo pagó 1,9 millones.

De los 29,6 millones presupuestados inicialmente se pasó a 40 millones. Solo en equipamiento hubo que invertir otros 30 millones. En total, el coste superó los 70 millones de euros. Al final, cada una de sus 1.500 butacas le había salido a los madrileños por más de 46.666 euros.

Inauguración estelar... y batacazo

Distintos problemas técnicos, especialmente los relacionados con el terreno, demasiado duro para construir los cimientos, hicieron que se inaugurase con cuatro años de retraso.

El Teatro Auditorio celebró su primer concierto el 3 de julio de 2006, ya con Esperanza Aguirre como presidenta, que también heredó de Gallardón el 'marrón' de acabar, de nuevo por encima de su precio, los Teatros del Canal. Los reyes de España fueron los invitados estelares. El napolitano Ricardo Muti dirigió a la Orchestra e Coro del Maggio Musicale Florentino, que interpretó el himno nacional y varias piezas de Giuseppe Verdi.

La pompa y boato de su apertura no sirvieron de mucho. Tras el verano, la programación quedó desierta y la instalación, cuyos exteriores eran de un reconocible granito gallego de color blanco, cerró. No fue hasta principios de 2007, tras casi cuatro meses de inactividad, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó su gestión a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaban los productores Enrique Cornejo y José Luis Moreno y los empresarios Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán.

La concesión, ruinosa para los empresarios, concluyó a los dos años. Desde entonces, la gestión se adjudica en un pack junto a los Teatros del Canal. Hoy, según la Consejería de Cultura, corre a cargo de Clece, la empresa de servicios de ACS, que presidente Florentino Pérez.

Sin apenas uso

El auditorio, pese a su coste, ha permanecido infrautilizado desde su apertura, según reconocen fuentes del ejecutivo regional, y nunca ha alcanzado el estatus que soñó Gallardón.

Con la cesión de su gestión a empresas privadas el Gobierno de Esperanza Aguirre quiso reducir gastos y quitarse al menos un aparte del peso de encima. Ahora, un tercer presidente regional, Ignacio González, tiene que cargar en su presupuesto con las consecuencias de su construcción.

Con unas cuentas ya ajustadas de por sí, la Comunidad tendrá que hacer malabares para recuperar los 44 millones que la sentencia del Supremo le han obligado a desembolsar.


* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 21.02.2013
Foto: Interior del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.- 20minutos

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Liquidación del Aeropuerto de Ciudad Real: Una estafa colosal que entre todos vamos a pagar

MICIUDADREAL* : El Aeropuerto de Ciudad Real se ha liquidado y nadie sabe cómo ha pasado. El dinero se ha ido y nadie sabe cómo ha sido. La posible apertura del proceso de liquidación de la sociedad podría culminar la lánguida agonía de la mayor aberración especulativa de la historia regional. Y los políticos aún siguen preguntándose unos a otros qué ha pasado, reprochándose mutuamente este gran fracaso colectivo de la sociedad manchega.
Ni siquiera la definitiva ruina del aeropuerto, cuyo valor se repartirá ahora entre los actuales administradores, y las migajas (si procediera, y sin garantías) entre el resto de acreedores, sirve para que los poderes públicos actúen en consecuencia, investiguen el origen del mal y depuren responsabilidades. Porque al parecer los únicos que han depurado hasta la fecha sus responsabilidades son los contribuyentes y los propios trabajadores, paganinis de un proyecto enloquecido, aplaudido antaño por todos y ahora por todos abandonado.

Triste publicidad dará el Aeropuerto de Ciudad Real a la película que Pedro Almodóvar rodó en sus instalaciones, “Los amantes pasajeros”. Se trata de una comedia “tronchante”, según el director. Tan tronchante como el cúmulo de despropósitos de un proyecto innecesario en las dimensiones de su concepción, y mal planteado y dirigido desde el principio.

La crónica del Aeropuerto de Ciudad Real relata una fabulosa sucesión de irregularidades, ilegalidades, contradicciones, errores y exageraciones. 500 millones de euros de inversión. Avales públicos por 140 millones. Deudas por valor de otros 500 millones, si sumamos la corrección del justiprecio de terrenos avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Irregularidades medioambientales. La participación directa de CCM Corporación. El trato de favor de la Caja en la concesión de créditos avalados por las acciones del proyecto. La incompetencia de gestión. El enchufismo en las contrataciones. Los millonarios salarios de los directivos. El enorme incremento del coste inicial del Centro de Visitantes. Los desastrosos proyectos de obra. Las facturas por trabajos no terminados. La manipulación de los medios de comunicación propiedad de los dueños del aeropuerto. El despilfarro de los autobuses fantasma…

Y el rosario de horrores prosigue: la participación de instituciones de todo signo político. Las millonarias financiaciones públicas a las compañías aéreas. El concurso de acreedores presentado por una empresa contratista controlada precisamente por Domingo Díaz de Mera, uno de los principales accionistas del Aeropuerto. El beneficio “obra por obra”. La recalificación de los terrenos sancionada tras la aprobación de la LOTAU por parte del Gobierno de Barreda. CR Aeropuertos pagando sendos 2,2 millones de euros a Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez, quienes fueran respectivamente presidente y secretario de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, para que presumiblemente fueran reinvertidos con el objeto de mantener su “status quo” de poder en la sociedad. Un Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que falla a favor de los propietarios de los terrenos expropiados. Los trabajadores afectados por el ERE sumidos en la incertidumbre…

Ahora, y si el proceso de liquidación sale adelante, los tres administradores concursales cobrarán, cada uno, en torno a los dos millones de euros, y el valor de la sociedad podría repartirse entre los miembros del Consejo de Administración de CR Aeropuertos, en el que forma parte el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)… Pero también las empresas de Domingo Díaz de Mera, Juan Antonio León-Triviño y los hermanos Antonio e Ignacio Barco, precisamente los artífices y primeros beneficiarios del proyecto.

Definitivamente, el Aeropuerto de Ciudad Real se ha revelado como una estafa colosal… que entre todos vamos a pagar.


* MiCiudadReal - Editorial - 21.2.13
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma - EFE



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Desahucios, el drama de una gran estafa

ERNEST CAÑADA* : Si algún fenómeno ilustra con mayor claridad la naturaleza de la crisis que se vive en España es el de los desahucios de miles de familias que no han podido cumplir con los pagos de sus hipotecas. Lejos de ser un “problema social”, como recordó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados porlas Hipotecas (PAH), el pasado 5 de febrero de 2013, los desahucios son parte de una estafa generalizada, la que han cometido los bancos contra la mayoría de la población. Y de esto va fundamentalmente esta crisis: del fraude que están cometiendo unos pocos, en su mayoría vinculados al poder financiero y a la gran patronal, contra la gente, ese 99% que se corea en las manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país.
Entre 1998 y 2007, cuando estalló la crisis financiera, en España cada año se negociaron más de 800.000 hipotecas. En solo 9 años fueron cerca de 8 millones. La construcción de viviendas fue desmesurada, y se llegaron a hacer más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas.Pero las familias no se hipotecaron porque quisieran, si no porque no tuvieron alternativa, tal como explicó Ada Colau ante la citada Comisión.

Durante años las políticas públicas hicieron que la única vía para acceder a una vivienda fuera el sobreendeudamiento. Las viviendas de alquiler, cuyo mercado fue desregulado, eran caras, inestables y estaban en mal estado. Asimismo la política fiscal desgravaba la compra pero no el alquiler. Las autoridades públicas insistieron que no había una burbuja inmobiliaria – incluso cuando todos los indicadores eran más que evidentes [1] –, que la adquisición de una vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, y además había que hacerla rápido, antes de que su precio subiera. De este modo, la compra se convirtió prácticamente en la única vía para resolver esta necesidad vital, porque la vivienda en alquiler no era una alternativa real.

Muchas personas, siguiendo las recomendaciones de las distintas administraciones públicas, lo que hicieron fue comprarse una vivienda. Y para ello accedieron a los préstamos hipotecarios que ofrecían las entidades financieras en condiciones muy dudosas. Por una parte, recordó Colau ante los diputados, los créditos se ofrecieron mediante contratos que las mismas entidades financieras elaboraban sin posibilidad de cambio, incluían cláusulas abusivas y nunca se informó en dichos contratos que la hipoteca, en caso de impago, no quedaba saldada con la devolución de la casa, si no que la deuda podía perseguir al deudor de por vida, hasta su completa cancelación. Por otra parte, las tasaciones fueron hinchadas con precios sobrevalorados por empresas tasadoras impuestas por los mismos bancos. Además se concedieron préstamos a personas cuyos ingresos eran demasiado bajos y que claramente iban a estar en una situación de riesgo.

Cuando estalló la crisis

El resultado fue que entidades financieras, empresas inmobiliarias, constructoras y algunas administraciones públicas se lucraron enormemente con lo que constituyó un fraude hipotecario generalizado, tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su Manifiesto de presentación.

Pero cuando la crisis estalló ninguno de estos actores asumió responsabilidad alguna que, contrariamente, se trasladó en su totalidad a quienes contrajeron las deudas. De este modo, mientras miles de viviendas están vacías, sin venderse o alquilarse, y se concentran cada vez más en manos de las entidades financieras, que se han quedado con los inmuebles de las constructoras y empresas inmobiliarias endeudadas y quebradas, a quienes sí se han perdonado sus deudas a cambio de los inmuebles, miles y miles de familias son sacadas de sus casas por no poder hacer frente a las hipotecas que asumieron. Según datos de la PAH actualmente están siendo desalojadas de sus casas más de 500 familias al día, lo que supone que desde que estalló la crisis en 2007 se hayan producido más de 400.000 desahucios. El mismo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reconoció que las ejecuciones hipotecarias o desahucios habían aumentado más de un 134% durante el año 2012 .

El incremento de los desahucios ha provocado una situación de desamparo y empobrecimiento de una gran cantidad de personas. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012, el 12% de las personas sin hogar habríasufrido un desahucio. También se han incrementado dramáticamente el número de suicidios asociados a esta causa, aunque los datos estadísticos oficiales tienen serias limitaciones en este aspecto. En los últimos días, se han producido al menos cinco suicidios directamente asociados a desahucios. El pasado viernes 8 de febrero un hombre de 36 años, activista de Stop Desahucios, con esposa e hija, con una orden de desahucio por impago de alquiler se suicidaba en Córdoba; el lunes 11 lo hacía un hombre de 56 años en Basauri, País Vasco; el martes 12 una pareja de jubilados en Calvià, Mallorca, después de recibir el aviso de desalojo; y el miércoles 13, en Alicante, lo hacía un hombre de 55 años momentos antes de llegar la comisión encargada de su desahucio. Se trata de los casos más recientes, pero la lista es muchísimo mayor. En esta situación, resulta revelador que el periodista Antonio Maestre haya elaborado por medio de googlemaps unmapa de suicidios relacionados con los desahucios y las dificultades económicas provocadas por la crisis en España.

El conocimiento de las consecuencias directas de la política vigente en materia de vivienda y préstamos hipotecarios, hizo que Ada Colau acusara de criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pelliter, durante la comentada comparecencia. Momentos antes que ella interviniera el representante de la banca había ninguneado el problema de los desahucios, considerando que “la legislación española era estupenda”, en un acto más de la evidencia del poder del sistema financiero sobre los estados [2].

También desde fuera de España han arreciado las críticas y denuncias a esta política de vivienda e hipotecaria. La población inmigrante que llegó del extranjero para trabajar y acabó contrayendo hipotecas para poder acceder a una vivienda, se encuentra ahora que, además de perder su vivienda por impago de la deuda contraída, y todo el dinero que invirtieron en ellas, tienen que seguir pagándola aunque retornen a sus lugares de origen y con la amenaza de embargo de sus ingresos por las entidades financieras en esos mismos países. Esta situación llevó el pasado 21 de enero de 2013 a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador, a interponer una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios.

Lucha social y alternativas, el protagonismo de la sociedad civil

Frente a la inacción de los poderes públicos españoles, la sociedad civil ha tenido que organizarse para analizar y denunciar el problema, pero también para defender los derechos y necesidades de la gente ante los desahucios y, finalmente para proponer cambios en las políticas públicas. Buena parte del liderazgo público en la lucha social frente al problema de la vivienda ha estado a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Constituida en febrero de 2009 en Barcelona, hoy tiene núcleos organizados en más de cien municipios de toda España.

Por medio de estas estructuras la gente se ha auto-organizado para defenderse y apoyar a sus vecinos ante los desahucios, e incluso se ha logrado involucrar a colectivos como los cerrajeros que se han comprometido en muchas ciudades a no participar en más desalojos. También se ha presionado a las entidades financieras o se ha acompañado a la gente en las negociaciones para lograr gran cantidad de daciones en pago (saldo de la deuda con la entrega del inmueble), condonaciones de deuda, o que algunas familias fueran realojadas en viviendas públicas. E incluso en algunos municipios han desarrollado cierta obra social, ofreciendo estructuras de protección y acompañamiento a las personas más desamparadas. Pero sobre todo, lo más importante es que organizándose la gente ha logrado darse esperanza. Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud, destacaba que en respuesta al “paulatino deterioro del vínculo entre ciudadanía e instituciones públicas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una democracia participativa y real” [3].

En esta perspectiva cabe entender el trabajo desarrollado por la PAH con la presentación en el Congreso de los Diputados de 1.402.854 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria en España. Entre las principales medidas propuestas incluyen la dación en pago con carácter retroactivo, moratoria universal para los desahucios y un alquiler de carácter social. El 12 de febrero de 2013 el Congreso de los Diputados ha tenido que aceptar, con el voto favorable de todos los grupos políticos pese a su rechazo hasta último momento del Partido Popular, que se debata esta ILP. La presión ciudadana fuera y dentro del Congreso es cada vez más fuerte y previsiblemente continuará en ascenso si no se aceptan las propuestas “de mínimos” planteados por la voz de la calle.

La lucha contra los desahucios es parte esencial de este relato sobre la crisis. Es parte de la lucha de los de abajo contra los de arriba, la necesaria respuesta social a una crisis que, en realidad, no es más que una gran estafa.

Notas:
[1] Sobre las características del sector de la vivienda en España véase: José Manuel Naredo y Antonio Montiel Márquez, El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria Editorial, Barcelona, 2011.
[2] José Antonio Estévez, El poder del sistema financiero sobre los estados, Alba Sud, 25 de diciembre de 2011.
[3] Rodrigo Fernández Miranda,Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa, Alba Sud, 27 de enero de 2013.

Artículo publicado originalmente en la Web de la Rel-UITA el 19 de febrero de 2013.


* Rebelión - Opinión - 21.2.13
Foto: PAH, firmas ante Congreso - EFE



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Los fantasmas que sobrevuelan Eurovegas: El Reino de Don Quijote y Gran Scala

ELDIARIO* : El proyecto aragonés, denominado Gran Scala, nunca se convirtió en realidad. Como tampoco lo hizo El Reino de Don Quijote, el otro megacomplejo de ocio que iba a catapultar a Ciudad Real al olimpo mundial del juego.
“En estos doce meses hemos competido con otras zonas de España y de Europa y hemos conseguido que los promotores del proyecto determinen que nuestra Comunidad es el lugar elegido para la ubicación de este proyecto. Es un desafío (…) y quiero agradecérselo muy especialmente a los promotores que han confiado en nosotros y que contarán con la confianza de esta Comunidad Autónoma”. Así se expresaba un presidente regional sobre el proyecto de ocio que iba a revolucionar su Comunidad y crear cerca de 26.000 empleos. Pero no se trata de Ignacio González y su confianza ciega en el futuro de Eurovegas, sino de Marcelino Iglesias, entonces presidente de Aragón, quien en 2007 creía que era posible convertir el desierto de Los Monegros en la réplica europea de Las Vegas.

El proyecto aragonés, denominado Gran Scala, nunca se convirtió en realidad. Como tampoco lo hizo El Reino de Don Quijote, el otro megacomplejo de ocio que iba a catapultar a Ciudad Real al olimpo mundial del juego, de la mano del grupo estadounidense Harrah’s. La dueña del famoso Caesars de Las Vegas huyó tan rápido como pudo cuando vio desmoronarse el proyecto al mismo tiempo que el aeropuerto de Ciudad Real abandonaba su pretensión de convertirse en una alternativa a Barajas.

Construir Las Vegas en el desierto aragonés

Gran Scala se vistió de largo en diciembre de 2007. Su presentación se hizo en la Sala de La Corona del edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón, reservada para los actos más solemnes. Alrededor de 700 invitados, entre ellos algunos de los grandes nombres del empresariado español, daban la bienvenida al proyecto encabezado por Internacional Leisure Develompment (ILD). Un proyecto que iba a tomar el relevo inversor de la Exposición Internacional de Zaragoza.

Sus números iniciales eran mareantes: 18 parques temáticos, 32 casinos, la reconversión en centro de ocio de más de 2.000 hectáreas, una inversión de más de 7.000 millones de euros y la creación de cerca de 26.000 puestos de trabajo. Un globo que sólo tardo un año en empezar a desinflarse. En 2008, los pretendidos casinos se rebajaron a diez, los parques temáticos a ocho, las hectáreas a unas 1.000 y los empleos primero se redujeron a 15.000, luego a 5.000… Y hasta ahora, cuando el proyecto se da abiertamente por perdido. La única inversión que se materializó fue la compra inicial de terrenos, que benefició a los propietarios de la zona de Ontiñena, a la que ILC habría destinado unos 1,2 millones de euros.

Internacional Leisure Develompment, cuya sede está en Londres, sigue publicitando en su web el proyecto de Los Monegros que, asegura, es “un viaje al corazón de la historia y de las civilizaciones en el corazón de un reloj de 4,5 kilómetros cuadrados, articulados alrededor de 16 temas históricos (…) Concretamente, el visitante podrá entrar en la Grecia Antigua, recorrer la Edad Media, pasear por el Renacimiento y explorar el mundo del futuro. Cada periodo histórico comprenderá dos complejos, así como un hotel y un casino tematizados de acuerdo con el mismo periodo histórico”. Y continúa asegurando que Gran Scala contará con “seis grandes parques temáticos, sus contenidos variarán desde el mundo del cine, el espacio, el futuro, la aventura y espionaje, la música a través del tiempo, los mamíferos, el mundo marino y el mayor parque acuático del mundo…”. Veinticinco millones de visitantes iban a visitar el megacomplejo, que iba a abrir sus puertas en 2014.

Eurovegas es algo más cauto en sus previsiones. Espera que su proyecto madrileño, cuando esté en pleno funcionamiento, previsiblemente en 2025, atraiga a unos 10 millones de personas y, pese a la cautela, doblaría el número de turistas que visitan actualmente la Comunidad de Madrid. También anda de puntillas sobre las cifras de inversión previstas, dado que a día de hoy sólo se haría cargo, directamente, del 35% de los 17.000 millones que requiere el complejo de Alcorcón. Tampoco está claro el volumen de empleo, tanto directo como indirecto, que podría generar. Las cifras más optimistas se elevan a 260.000 puestos de trabajo que equivalen, prácticamente, a la mitad de desempleados que tiene actualmente la comunidad presidida por Ignacio González.

Precisamente, fue González quien calificó Eurovegas como un “sueño”. Una hipérbole que hace recordar las palabras de José Ángel Biel, exvicepresidente aragonés, quien habría llevado la batuta en las negociaciones con ILD y quien llegó a calificar Gran Scala como lo más grande que le había pasado a Aragón desde los Reyes Católicos.

El fallido Reino de Don Quijote

A mediados de 2005, Ciudad Real iba camino de convertirse en uno de los ejes del juego en Europa. Una actuación urbanística que, sólo en su primera fase, supondría la construcción de un casino Caesars que, como su homólogo de Las Vegas, operaría el gigante Harrah’s y que tendría más de 10.000 metros cuadrados, un hotel de lujo donde llevar a cabo grandes congresos, un teatro con capacidad para ubicar a 3.000 espectadores, un mega spa de lujo, varios campos de golf y más de 2.000 viviendas que, en una segunda fase, se ampliarían con 7.000 más.

Pero el destino del proyecto iba ligado al del fallido aeropuerto de Ciudad Real. Intereses paralelos e inversiones que se llevaron por delante a los promotores. El principal inversor del Reino de Don Quijote fue Gedeco Avantis, que entró en concurso de acreedores en 2011. El segundo era Caja Castilla-La Mancha. De hecho, según se publicó en medios locales, la caja nacionalizada llegó a invertir más de 100 millones de euros en este fallido proyecto. Harrah’s lo dio por perdido en 2008, si no definitivamente, al menos hasta que las condiciones de mercado fueran más favorables, y después de haber invertido más de 30 millones de dólares.

Pero El Reino de Don Quijote sigue vivo, al menos en la red, donde se publicita como un “destino turístico al alcance de todos”. “El Reino es un resort turístico internacional ubicado en Ciudad Real, con una amplia oferta de ocio, bienestar, cultura y golf que incluye el Caesars España Hotel y Casino, un hotel-balneario, hoteles de 4 y 5 estrellas, campos de golf, zonas comerciales, un centro de convenciones y congresos y un área residencial”, sigue asegurando en su web. Y, de nuevo, la promesa del empleo. “El Reino ampliará la oferta laboral de la región y tiene previsto crear un total de 7.000 empleos directos en Ciudad Real y 11.000 empleos indirectos e inducidos en Castilla-La Mancha. Directamente va a necesitar perfiles muy heterogéneos, todos los relacionados con la hostelería, el golf, el comercio, etc. Además, un resort de esta magnitud va a requerir muchos empleos indirectos de empresas que serán suministradores y proveedores de El Reino”.

Regulaciones específicas para megaproyectos

Otro paralelismo entre Eurovegas y los dos proyectos fallidos es el del cambio regulatorio que conlleva este tipo de megacomplejos. Aragón aprobó en 2009 una Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, espacios que debían tener una superficie de más de 1.000 hectáreas que permitieran la creación de más de 3.000 puestos de trabajo, que serían supervisados por un consorcio entre administraciones encargado de revisar el desarrollo y la ejecución de los proyectos. En el caso del Reino de Don Quijote, fue declarado “Proyecto de Singular Interés” por la Junta de Castilla-La Mancha.

En Madrid, Eurovegas ha supuesto la creación de la figura del Centro Integrado de Desarrollo (CID). Es decir, un complejo donde se realicen de forma integrada actividades industriales, turísticas, de convenciones y congresos, de ocio, espectáculos, juego, deportivas, sanitarias, culturales o comerciales. Los CID conllevan una autorización administrativa mediante concurso público que, en el caso del megacomplejo de Sheldon Adelson, podría resolverse este mismo verano porque, previsiblemente, su empresa será la única que opte al mismo.

Pero el optimismo político a veces tiene fecha de caducidad. Si en 2007, Marcelino Iglesias daba la bienvenida a los inversores de ILD, sólo dos años después, al comprobar que el proyecto se diluía, recalcaba públicamente que el único gasto realizado por la Comunidad Autónoma en la urbe del ocio y el juego de Gran Scala había sido de “50 euros”, los que se habían gastado en luz para la puesta de largo en la sede de su Gobierno. Quién sabe si dentro de unos años sabremos cuánto se gastó en luz la Comunidad de Madrid en la presentación de Alcorcón como sede de Eurovegas.


* El Diario - Cristina G. Bolinches - 17.2.13
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala



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La otra corrupción que corroe a España

TEINTERESA* : Los sobornos urbanísticos florecieron con el boom inmobiliario, pero también hay casos de amaños en contratos de basura y limpieza o de grúas.
Los tentáculos de la corrupción política e institucional se despliegan entre los municipios y ciudades españolas, aunque no acaparen los titulares ni sonrojen a la prensa extranjera como los papeles de Bárcenas, la red Gürtel o en su día el caso Filesa. Pero la mayoría de los casos por cohecho, malversación, tráfico de influencias y prevaricación que afectan a dirigentes políticos ha sucedido en el mapa municipal. Brugal, caso Andratx, Pretoria, Mercurio, Nintette, Pokémon, Malaya… Más de una treintena de alcaldes y hasta medio centenar de exregidores están implicados o siendo investigados por la Justicia.

Malaya, el paradigma de la corrupción municipal
El caso Malaya en el Ayuntamiento de Marbella que se destapó el 30 de marzo de 2006 supuso un punto de inflexión en la investigación y la persecución penal de estos procesos por la dimensión de la trama y porque tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Consistorio en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de mayo de 2007, en las que ganó el PP y puso fin a la era GIL.

En este macroproceso judicial, del que se espera una sentencia tras un juicio que ha durado 22 meses, se resume así: 86 acusados para los que se piden 490 años de cárcel y multas de 3.800 millones de euros.

El presunto cabecillo de la trama urbanística, el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, supuestamente gobernaba la ciudad desde su oficina de planeamiento, dirigiendo y gestionando los sobornos a los promotores que aceptaban pagar comisiones a cambio de quedarse con el negocio.

Pero además Roca supuestamente tejió una red de abogados, testaferros y marchantes para ocultar su poderoso patrimonio. Como muestra, su cuadro de Miró en el baño, la pista de aterrizaje para helicópteros, sus animales salvajes disecados y sus caballos de pura raza; fueron algunos bienes que confiscó la Policía.

El fiscal anticorrupción que tiró del hilo junto al juez Miguel Ángel Torres manifestó en las conclusiones finales del juicio que “15 años de arbitrariedades” en Marbella “dan para mucho” y que, pese al juicio y la actividad fiscalizadora” del Tribunal de Cuentas no se puede determinar el daño ni el castigo penal de las irregularidades cometidas. El Ayuntamiento cifra en más de 500 millones de euros el dinero esquilmado a las arcas públicas.

Caso Andratx, ejemplo del urbanismo sin control
Este caso que afectó al municipio balear de Andratx se considera un ejemplo del urbanismo sin control. Esta operación es tan compleja que ha dado lugar a 77 piezas separadas por delitos urbanísticos. El proceso se ha saldado con casi una veintena de condenas a dirigentes políticos y cargos municipales, entre ellos el exalcalde Eugenio Hidalgo y el exjefe de Urbanismo, Jaume Massot. El regidor fue condenado a cuatro años por construirse un chalé ilegal aprovechándose de su puesto en el Consistorio.

Brugal, la trama de basuras en la Vega Baja
La operación Brugal se desencadenó en 2006 después de que el empresario Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones que revelaban amaños en la adjudicación del servicio de basuras en Orihuela. El proceso, que acumula medio centenar de imputados, acabó destapando una red de irregularidades en los servicios de limpieza de la Vega Baja, y salpicando a José Joaquín Ripoll, ex presidente del PP de Alicante que comenzó su trayectoria junto a Eduardo Zaplana. Ripoll se vio implicado en este caso por aceptar supuestamente sobornos para la contrata de la basura.

En este caso que tiene ramificaciones está imputada la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, por supuestas irregularidades en el plan urbanístico de la ciudad. Unas grabaciones comprometen a la regidora porque revelan un trato de favor al constructor Enrique Ortiz.

Mercurio, el caso de las comisiones del 3% en Sabadell
El caso Mercurio en el Ayuntamiento de Sabadell se destapó en noviembre de 2012 y tres meses después se ha llevado por delante al alcalde socialista Manuel Bustos. El regidor ha presentado este jueves su dimisión por “el bien de la ciudad”, aunque mantiene su acta de concejal. La Fiscalía Anticorrupción acusa a cargos del Consistorio, gobernado por el PSC, de llevarse el 3% de los contratos de obra contratados. Según el Ministerio Público, los implicados exigían presuntamente 12.000 euros a las empresas como condición para adjudicarles las obras y al final del proyecto se quedaban con el 3% de lo contratado en dinero negro.

Astapa, el negocio barato del ladrillo a cambio de sobres
La operación Astapa que se desarrolló en 2008 en el Ayuntamiento de Estepona implicó a cargos políticos y concejales, y al entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que pasó seis meses en prisión. También salpicó a empresarios, técnicos, empleados municipales…Según la investigación, en el Consistorio se aplicaba una política urbanística que consistía en infravalorar el terreno urbanístico para que los promotores obtuvieran una mayor plusvalía, pero como contrapartida debían entregar unas cantidades de dinero a los cargos políticos.

Los informes policiales señalan que José Flores, el jefe de gabinete de Barrientos que se llamaba a sí mismo el ‘Señor de los hilillos’, se encargaba de negocios los convenios urbanísticos, de elaborar las listas electorales y de requerir a los concejales.

Caso Pretoria, la red corrupta que salpicó a exaltos cargos de Pujol
La operación Pretoria que inició Baltasar Garzón en octubre de 2009 ha afectado a cargos municipales de los ayuntamientos Santa Coloma de Gramanet, Badalona, y Sant Andreu de Llavaneras, entre ellos a dos exaltos cargos de CIU en la época de Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

Las actividades de los imputados evitaron supuestamente que las arcas públicas ingresaran 44,7 millones de euros. En este caso se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.

Operación Pokemon, irregularidades en ayuntamientos de todos los colores
La operación Pokemon investiga tramas de sobornos en adjudicaciones públicas desde Lugo, a Santiago, Asturias y Catalunya. Ya hay más de 30 imputados, entre ellos políticos, policías, funcionarios. Entre los implicados que fueron detenidos figuran el Jefe de Policía de Ourense; Abelardo Ulloa; el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE) o el de Santiago de Compostela, Ángel Currás, también de ese partido.

Los implicados en esta operación están siendo investigados por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental. La jueza investiga la concesión de contratos públicos a cambio de sobornos que, posteriormente, se repartían entre los implicados. Cada uno de estos sobornos podría rondar los 3.400 euros mensuales.


* TeInteresa - 14.2.13
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es



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Los cadáveres de Madrid

ELPAÍS* : Grandes infraestructuras públicas sin terminar o sin uso han quedado repartidas por la Comunidad como testimonio del exceso inversor de los años de bonanza.
Al asomarse a la frontera norte de la capital vuelve el recuerdo de que durante años Madrid se miró en Abu Dabi para saber qué aspecto quería que tuviera su futuro. Un skyline de rascacielos como cerillas de cristal, caracolas refulgentes firmadas por los arquitectos de moda. En este balcón de Madrid, con el IFEMA a las espaldas y alrededor un mar de hierba quemada, ahora se pueden contemplar algunos retales de ese sueño. A la izquierda, las torres de la Plaza Castilla, las que nacieron del vigor de las grandes constructoras torpedeadas por la crisis. Enfrente, el Instituto de Medicina Legal (IML), el único edificio levantado en el Campus de la Justicia de Valdebebas: 20 millones de euros vacíos a la espera de uso.

En este rincón, la semejanza con Abu Dabi se consiguió parcialmente. Puede que no en lo grandioso ni lo icónico, pero sí en que la ciudad parece en su límite septentrional un desierto salpicado de edificios con textura de espejismo. Un espacio por el que no se puede transitar sin coche porque no existe transporte público. No hay otra forma de llegar al IML, un meteorito metálico en medio de lo que tenía que ser el Campus y que, por el momento, es un páramo entre el estadio Di Stefano y la Terminal 4 de Barajas.

Al alienígena edificio se le conoce popularmente como el donut. Tiene 14.000 metros cuadrados y se espera que un día lo ocupen los trabajadores del Instituto Anatómico Forense. Despachos, salas de disección y de espera: todo está listo para que los médicos trabajen; solo falta el equipamiento. En torno a él estaba previsto que se levantaran 14 edificios igual de espectaculares para conformar el que iba a ser el complejo judicial más importante de Europa. Lo proyectó en 2004 el equipo de Esperanza Aguirre nada más llegar al poder, y en él iban a trabajar Norman Foster y Richard Rogers. Todavía no se sabía que el arquitecto del donut, Alejandro Zaera-Polo, iba a pedir que se retirara su nombre de la obra porque no cumplía con sus exigencias de calidad. Después de invertir 100 millones en el Campus y tenerlo detenido desde 2009, la Comunidad ha decidido rebajar sus expectativas y relanzar una versión low cost cuyo sorprendente reclamo es que no contará con “arquitectos estrella”. En un futuro cercano, el Gobierno regional asegura que trasladará allí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, la Fiscalía y los distintos juzgados. Como viene siendo habitual, la solución privada fue por la que apostó Aguirre antes de marcharse y dejar atado el que iba a ser uno de sus legados arquitectónicos: este año la Comunidad asegura que sacará a concurso la construcción y gestión del complejo por 33 millones de euros anuales, esperando que la operación se financie con el alquiler del espacio liberado en los juzgados de plaza de Castilla. Todo eso después de que la colocación de la primera piedra del proyecto costara 1,4 millones de euros, en parte financiados por la constructora Begar, implicada en la trama Gürtel.

Rémoras del ladrillo

Se trata, una vez más, de historias del ladrillo. Al lado de tantas promociones inmobiliarias anónimas que languidecen sin habitantes, la Comunidad aparece salpicada de edificios señeros vacíos o a medio construir. Se concibieron como símbolos de poder, y han terminado siéndolo de crisis.

La capital no ha sido el único municipio de la región con proyectos por encima de sus posibilidades. Tampoco el Partido Popular ha estado solo a la hora de impulsar planes temerarios desde las instancias en las que tenía poder. En Alcorcón (168.523 habitantes) se levanta el Centro de Creación de las Artes (CREAA), gran contenedor cultural del que Enrique Cascallana, exalcalde socialista de la localidad, dijo que iba a ser “un Guggenheim” en pleno Cinturón rojo. El complejo, de 66.000 metros cuadrados, aspiraba a situar la localidad como centro de la industria cultural. Incluye un auditorio con 1.500 butacas, un escenario de circo de 600 localidades, dos salas de exposiciones y un área de congresos con 1.292 metros cuadrados. También caballerizas.

El CREAA está ubicado en el barrio obrero de San José de Valderas. Son nueve edificios de arquitectura vanguardista pero contenida. Bajo los voladizos de acero y cristal de las fachadas, el suelo se encuentra cubierto de malas hierbas, y a través de las ventanas pueden verse huecos en el techo de los que penden caracoles de cables. La espalda del complejo es una loma que debería estar cubierta de césped como si fuera una prolongación del parque adyacente. En la práctica, solo hay hierba pajiza, vallas y un nuevo retén de vigilancia con el que evitar que continúen entrando grafiteros a firmar los paneles de vidrio de la torre del circo.

Las obras siguen congeladas a pesar de que la inauguración se fijó para 2011. Faltan 40 millones para terminar y se han invertido ya 100. La financiación dependía de Emgiasa, una empresa municipal encargada de construir la vivienda pública que impulsó el crecimiento del municipio, pero que ahora se encuentra con una deuda de 333 millones. El actual Consistorio (PP) asegura que el edificio, listo al 70%, estará terminado antes del final de la legislatura, pero que hasta que el Consistorio no aligere sus deudas (unos 500 millones) no tienen dinero para recomenzar los trabajos. En el PSOE afirman que estos se detuvieron sin necesidad porque la estrategia de los populares pasa por escenificar que la gestión de Cascallana ha sido errónea, y que David Pérez, el nuevo alcalde, terminará las obras a tiempo de apuntarse el tanto.

En el Ayuntamiento admiten que no solo ignoran cómo acabar el complejo: tampoco tienen del todo claro con qué llenarlo. Aseguran que será de uso público y que están muy avanzadas las conversaciones con dos empresas para cerrar un patrocinio que permita a partir de este mismo año relanzar el proyecto. Una posibilidad es incluirlo en el circuito de centros de convenciones. “Es lo que ya están haciendo muchas instalaciones similares que ya funcionan en Madrid”, asegura un portavoz. Efectivamente, el descalabro de proyectos como el CREAA al menos ha permitido correr un tupido velo sobre lo relativo del éxito de muchas otras infraestructuras que sí consiguieron terminarse. Ahí están los 125 millones de la reforma del palacio Cibeles, la semidesierta Caja Mágica, o el estadio de la Peineta, a la espera de una oportunidad de redención mediante el Atlético de Madrid y los Juegos Olímpicos de 2020. En la misma liga juega el centro cultural Conde Duque, rehabilitado por 70 millones y que hace unos meses el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, definió como "un salón de bodas, bautizos y comuniones" porque continúa tan vacío que alquila sus espacios a cualquier acto privado mínimamente rentable.

En Boadilla del Monte (46.151 habitantes) conocen bien la distancia que media entre los proyectos y su materialización. Este año se rescindió el contrato de la Ciudad del Deporte. La obra ha costado 16,9 millones y está a medias. Arturo González Panero, antiguo alcalde e imputado en el caso Gürtel, adjudicó por 30,5 millones el mayor contrato de la historia del municipio: 45.000 metros cuadrados para un campo de fútbol, pista de atletismo, piscina y gimnasio. Tras numerosos giros contractuales y judiciales (Hispánica, la constructora original, también está implicada en la trama de Correa), las obras están detenidas y lo que ya se había levantado se presenta tan deteriorado que, si se retoman los trabajos, habría que rehacer mucho de lo ya hecho.

Una terminal subterránea

No siempre se obró con intenciones aviesas. El exceso de ego fue un ingrediente importante de los años del boom inmobiliario. Madrid siempre apostaba por lo más grande de lo grande. La estación intercambiador de Nuevos Ministerios se inauguró en 2002 como el mayor intercambiador de Europa, con un servicio que solo se ofrecía en Hong Kong: facturar en la estación de metro para que desde allí las aerolíneas transportaran las maletas al aeropuerto.

Se colocaron 34 mostradores con cintas de facturación, oficinas de venta de billetes, de alquiler de automóviles, una comisaría, un aparcamiento de 60 plazas y una bolsa de taxis. En la planta inferior, de 2.000 metros cuadrados, se ubicaron las instalaciones de tratamiento de equipajes y el muelle de carga.

Todo ese espacio ahora está vacío, los mostradores abandonados y el aparcamiento sellado con una cinta. La facturación en Nuevos Ministerios solo funcionó hasta principios de 2006. El servicio siempre fue deficitario, así que cuando se cortó temporalmente el metro para las obras de la T4, Iberia, Spanair y Air Europa aprovecharon para desmontar sus mostradores. Barajas no está tan lejos de la capital como para justificar el montaje; Nuevos Ministerios tampoco está tan céntrico. La facturación on line ha acabado siendo la solución preferida por los viajeros.

AENA asegura que no gastó nada en aquellas instalaciones más allá de las cintas de equipaje -que luego reutilizó en Barajas- y el concurso para transportar las maletas, cancelado tras el fin del proyecto. Metro no confirma cuánto dinero se invirtió en las obras ni qué se hará con el espacio vacío; solo apunta que fueron obras financiadas por la Comunidad.

Mientras, el vestíbulo de la terminal fantasma continúa vacío, con 34 mostradores que no operan. Todo está bajo tierra. Es otro de los cadáveres de la crisis.


* El País - JERÓNIMO ANDREU Madrid 22 FEB 2013
Foto: Terrenos donde se recuperará la Ciudad de la Justicia. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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Las infraestructuras más inútiles de Cataluña

ELCONFIDENCIAL* : Ahora que el conseller de Economía Andreu Mas-Colell está preparando su nuevo presupuesto para la Generalitat y dejará al neófito conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, un año más sin capacidad de inversión, parece un buen momento para analizar cuáles han sido las cinco infraestructuras más inútiles que se han construido en la historia reciente en Cataluña.
Esta comunidad no se libró de una política de obras públicas secuestrada por los intereses de la grandes constructoras. Sí, las mismas que ahora lloran en privado porque la falta de licitación por parte de la Generalitat este pasado año las dejará en 2013 mano sobre mano. Aquí va el ranking de los mayores despilfarros en el campo de las infraestructuras de la Comunidad catalana. Aviso a los lectores con problemas cardíacos. Las cifras pueden producir vértigo y afectar a su sensibilidad.

1. Estación del AVE Camp de Tarragona. Como el AVE pasaba por Lleida nadie tuvo narices decirles a la gente de Tarragona que no podían tener AVE. ¿Solución? Construir un apeadero en medio de ninguna parte y ponerle de nombre Camp de Tarragona. Poco importa que se encontrase a 11 kilómetros de Tarragona, la ciudad que supuestamente conecta y que para ello se tuviera que cambiar el trazado del AVE tres veces, en lo que se refiere a su paso por Cataluña.

El ministro de entonces, Francisco Álvarez Cascos se dejó buena parte de su moral y su salud en el proceso. Para los que piensen que se gastó mucho hay que recordar que la Generalitat de entonces quería un total de seis estaciones de AVE en Cataluña, incluyendo Vilafranca del Penedès y el aeropuerto de El Prat.

Inversión:400 millones. Incluyendo los 55 millones de la estación propiamente dicha y el resto para desviar el trazado de lo que hubiera sido su ruta natural.

Pagano:Ministerio de Fomento.

Situación actual: Hasta 2011 la han usado hasta 5 millones de pasajeros. Menos de un millón de pasajeros al año. La razón: los pasajeros prefieren para ir de Tarragona a Barcelona en las líneas convencionales, que al menos dejan en el centro de las dos ciudades. Hay problemas con las conexiones de taxis y autobuses a causa de su mala ubicación.

2. Estación del AVE La Sagrera. Barcelona no puede ser menos. Si París tiene dos estaciones de AVE, la capital catalana, también. La Sagrera nació como un proyecto para soterrar las vías a costa de un pelotazo inmobiliario que iban a pagar las constructoras. Al final las inmobiliarias se descolgaron del proyecto porque les había pillado el estallido de la burbuja y el proyecto ha continuado a pulmón a cargo del erario público, con la justificación de que es una manera de aprovechar el túnel que llevará el AVE desde Barcelona hasta París. Aunque por ahora este trayecto no es posible y el AVE a Figueres es definido por el economista especializado en el tema Germà Bel como “un regional de lujo”. En cambio todos los partidos catalanes la consideran una obra imprescindible. El que haya otra estación de AVE plenamente operativa en Sants parece un dato irrelevante.

Inversión: 813 millones. No incluyen los edificios de viviendas.

Pagano: El Ministerio de Fomento es el principal. Asume 613 millones de euros de la primera fase. Además el propio Ministerio participa en el denominado Consorcio Sagrera Alta Velocidad, junto con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Este consorcio invertirá otros 200 millones en la arquitectura interior y las instalaciones de la estación.

Situación actual. En obras. La inversión arrancó en 2011 y se prevé que esté lista en 2016 pero con los actuales recortes no habría que descartar retrasos en este calendario. El principal promotor del despropósito es el Ayuntamiento de Barcelona, que siempre han querido utilizar la estación como una manera de dinamizar esta área urbana de la ciudad y aprovechar el soterramiento de las vías como una solución urbanística a un espacio muerto.

3. Carril BUS-VAO de la C-58: Esta vía de dos carriles para vehículos con varios pasajeros que une la Meridiana de Barcelona con la localidad de Ripollet fue uno de los proyectos estrella del gobierno tripartito de José Montilla y lo debían ocupar líneas de autobuses rápidas y vehículos con más de tres pasajeros. Iba a ser ecológico, práctico y serviría para descongestionar las entradas y salidas diarias de la capital catalana.

Inversión: 80 millones de euros.

Pagano:Generalitat de Cataluña

Situación actual. Fracaso rotundo. Tanto que la Generalitat ya ha anunciado que va a permitir el tránsito de turismos con sólo dos ocupantes ya que la autopista paralela seguía atiborrada en horas puntas, mientras los conductores veían con indignación el bus-VAO al lado vacío. Antes de cambiar la normativa se calculaba que sólo 2.000 vehículos viarios utilizan esa vía.

4. Aeropuerto de Alguaire: En plena alta montaña de Lleida se pensó un aeropuerto para traer turistas extranjeros a las estaciones de esquí catalana. Como todos los proyectos diseñados en la época de vacas gordas ha resultado excesivo para lo que luego ha logrado. Fue inaugurado por José Montilla. En tres años ha operado más de 6.300 vuelos, muy por debajo de lo que precisa esta infraestructura para ser rentable.

Inversión: 95 millones de euros.

Pagano:Generalitat de Cataluña.

Situación actual: En tres años ha tenido 115.000 pasajeros. Un promotor catalán, Air Hoster, anunció que crearía un aparcamiento para aviones que supondría una inversión de 3 millones de euros pero el proyecto todavía no se ha concretado.

5. Autovía A-14. Conecta el aeropuerto de Alguaire con la localidad de Almenar. También es conocida como “autovía hacia ninguna parte” porque en este momento no está prevista su prolongación ni por el norte ni por el sur. Son, literalmente, siete kilómetros que no llevan a ningún sitio.

Inversión: 37,6 millones de euros.

Pagano: Ministerio de Fomento. En mayo del año pasado el Ministerio justificó su apertura para evitar el deterioro y carreras de coches ilegales.

Situación actual. No hay fecha de la prolongación ni hacia la Vall d’Aran ni hacia Aragón. El actual clima de incertidumbre en la inversión pública no augura nada bueno, si bien una vez ejecutada la totalidad de la obra podría servir para oxigenar la saturada N-230.

Conclusión: en Cataluña se ha gastado como en el resto de España en lo que a obra pública se refiere. Y como demuestra La Sagrera, los catalanes no hemos aprendido gran cosa de esta crisis. Curiosamente, quien más ha malgastado ha sido el Gobierno central, en operaciones que siempre han sido jaleadas por los partidos y la administración catalana. Por suerte Cataluña es vecina de la Comunidad Valencia… así que siempre hay alguien al que mirar por encima del hombro.


* El Confidencial - Marcos Lamelas - 17.2.13
Foto: Tarragona, estación AVE - elconfidencial



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Otro aeropuerto sin aviones

ELPAÍS/Murcia* : Antonio Sánchez Hernández utiliza la lógica aplastante del campo. “Imagino que lo abrirán para luego cerrarlo”, afirma mientras señala lo que los carteles llaman el “Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”. Antonio, de 72 años, marmolista jubilado y agricultor en sus ratos libres, riega sus 20 fanegas de tierra para intentar salvar la cosecha. El aeropuerto que señala al otro lado de la carretera es un edificio gris con láminas de acero inoxidable. Es bonito y dicen que ha ganado premios de diseño. No se puede entrar, solo ver los matorrales que asoman entre la pista, el aparcamiento vacío, la torre de control sin estrenar. Ni un vuelo comercial ha aterrizado aquí, entre almendros y frutales, pese a que la instalación, que ha costado 266 millones de euros, lleva un año terminada. A la lista del bochorno, aeropuertos sin aviones —Castellón, Ciudad Real, Huesca...—, se suma el de Corvera, con menos publicidad y sin haber sido inaugurado.

Murcia iba a ser Florida. O mejor, California. En la burbuja, proliferaron los resorts —miles de viviendas y campos de golf— cerca de la costa para atraer británicos. El Gobierno regional, del PP, se sumó a la fiesta. El dinero parecía no ser un problema. Así nació la autopista de peaje Cartagena-Vera, que recorre 100 kilómetros de costa casi virgen para dar servicio a las futuras urbanizaciones. Después iba a ir Marina de Cope, un megacomplejo en un parque natural. La guinda era un aeropuerto privado para atraer enjambres de turistas. Al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, no le bastaba con el gran aeropuerto de Alicante, a 75 kilómetros de Murcia. Ni con el uso parcial de la base militar de San Javier, en Murcia.

Por eso en 2006 adjudicó a un consorcio liderado por Sacyr la construcción de este aeropuerto. “Es único porque no ha constado un euro público y la titularidad es de la comunidad”, cuenta en su despacho el director general de Transportes, Antonio Sánchez-Solís. A la entrada de la consejería hay una gran maqueta del aeropuerto. Y frente al despacho del consejero, otra.

En 2008, al comenzar las obras, pronto se vio que nada iba según lo previsto. “Entonces cae la financiación bancaria y el concesionario encuentra dificultades, se bloquean las negociaciones con las entidades financieras, y la comunidad autónoma lógicamente acudió en auxilio del concesionario avalándole. Eso no supone que haya puesto una peseta”, cuenta Sánchez-Solís.

El “auxilio” fue un aval de 200 millones de la comunidad al proyecto. Lo introdujo el PP en una enmienda a los presupuestos de 2010 y así ligó su destino al de la obra. Si la concesión quiebra, los bancos —Caixabanc, Espirito Santo, Caixa de Tarragona, Caja Segovia, Cajasol, el ICO y la Caja de Tarragona— exigirán 200 millones a una comunidad endeudada y que en 2012 tuvo que pedir 527 millones al Fondo de Liquidez Autonómica. “Era el momento de dejar caer la obra y no habría pasado nada, pero Valcárcel se empeñó en seguir”, dice una fuente conocedora del plan que exige anonimato.

Con el aval de la comunidad fluyó el crédito y las obras volvieron a coger ritmo. Acabaron hace un año, según fuentes del proyecto, aunque no hubo corte de cinta ni cava. La imagen de los fiascos de Castellón y Ciudad Real sobrevuela Murcia. Ningún político lo inaugurará sin un avión. “Está en fase de equipamiento y faltan algunas autorizaciones”, matiza el responsable de transportes autonómico, quien no da fecha para su apertura: “Sería imprudente”. La hemeroteca está llena de anuncios con la próxima apertura del aeropuerto.

El principal problema es que, a 35 kilómetros, el Ministerio de Fomento acaba de invertir 70 millones en mejorar el aeropuerto de San Javier. AENA, la sociedad encargada de gestionar la parte civil, construyó entre 2004 y 2011 una nueva terminal, otra pista y una torre de control. Y exige que la comunidad o el aeropuerto nuevo se los paguen. “Ni la comunidad ni el concesionario tienen ese dinero. Lo que pueden hacer es traspasarle esos activos al Ministerio de Defensa”, cuenta una fuente del proyecto.

La situación es endiablada: un aeropuerto nuevo de 266 millones que exige que cierre otro, público, que está a 35 kilómetros y en el que se acaban de invertir 70 millones que nadie puede compensar. “Valcárcel se empeñó en tener su aeropuerto cuando sabía que AENA estaba invirtiendo en San Javier. Dijo que triplicaría la llegada de turistas y no hay nada”, critica Begoña García Retegui, portavoz socialista. En Murcia se esgrime el agravio respecto a Alicante. “Murcia ha sido tradicionalmente muy castigada en materia de comunicaciones. La autovía del Mediterráneo paraba en Alicante, hasta hace poco no tenía una autovía con Madrid y no hay red de tren desdoblada. Y eso que es una región turística”, alega Sánchez-Solís. El Gobierno de Murcia insiste en que no será otro aeropuerto sin aviones. Valcárcel ha dicho que no es un aeródromo “para pasear”, en alusión al de Castellón, que se hizo “a mayor gloria del padre de la nena” —dardo contra Carlos Fabra y su hija Andrea—.

Pese a que la comunidad afirma que todo está en orden y no hay ningún riesgo con el aval, pasan los meses y los accionistas se inquietan. Junto a Sacyr —que cuando se lanzó la obra presidía el murciano Luis del Rivero— hay en el capital empresas de Murcia (El Pozo y Cementos Cruz), bancos (CAM y Caja Murcia) e Inmobiliarias (Montoro e Hijos e Inprisma). Cada una de estas tiene una participación que ronda el 6%, pero algunos empiezan a cansarse de pagar intereses y no tener fecha de apertura. Montoro e Hijos ya ha pedido salir del accionariado, según la empresa.

Incluso si AENA acepta cerrar el aeropuerto de San Javier, quedarán nubarrones. Los números con los que se montó el negocio son hoy más que dudosos: el tráfico de pasajeros en San Javier ha bajado de dos millones en 2007 a 1,2 en 2012. Si Corvera absorbiera todo el tráfico de San Javier no llegaría a los 5,2 millones de pasajeros en 2015, como preveía el contrato. “Si abre, habría que dar ayudas públicas inmediatamente, como se ha hecho con las autopistas de peaje. Además, se habría cerrado el aeropuerto público”, cuenta una fuente en la trastienda de la operación. La concesionaria no comenta la situación, aunque hay quien recuerda que renegociar las condiciones de la concesión es una práctica habitual.

Ajenos a las negociaciones entre Sacyr, AENA y la comunidad, en la zona cunde el desánimo. Los dueños del terreno denuncian que solo han cobrado una parte mínima de la expropiación. Ascensión Noguera está entre los 90 dueños afectados: “Estoy pagando una hipoteca por la tierra de limoneros que compré con toda la ilusión y ahora no hay nada”. Al menos, cuenta, ella trabajó en la construcción del aeropuerto. Está pendiente de los cursos de formación de personal, pero se retrasan una y otra vez.

Antonio Sánchez, el agricultor, vuelve a mirar a su alrededor y diagnostica: “No hay un duro. El dinero se ha ido. En ese resort hay 1.500 casas y viven 20 familias. Los extranjeros se han cansado de que les engañen”. Habla sonriendo, pausado, sin rencor, pero cada frase es un mazazo: “El aeropuerto no hacía falta, pero se han equivocado todos. Lo que teníamos que hacer en treinta años lo hicimos en menos de diez. Mi hija es profesora y en su escuela no tienen ni para el gasoil de la calefacción. El único avión que veré aquí será este pívot”. Y señala los tubos del sistema de regadío aéreo que pasan sobre su cabeza.

La autopista Cartagena-Vera está en concurso de acreedores y la ley que permitía la megaurbanización de Marina de Cope en un parque natural en la costa ha sido anulada por el Constitucional. ¿Se salvará el aeropuerto de la maldición de los planes faraónicos de Murcia?


* El País - RAFAEL MÉNDEZ Murcia 17 FEB 2013
Foto: El aeropuerto de Corvera, en Murcia.- elpais

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Secuelas del urbanismo salvaje en Lanzarote

DIARIODELANZAROTE* : La guía práctica del urbanismo salvaje en Lanzarote es contundente: si usted quiere vulnerar las leyes territoriales hágalo a lo grande, pues es casi seguro que logrará salvarse. Por el contrario, si lo hace a pequeña escala acabará pagando las consecuencias. Es como el himno a la lucha canaria pero al revés, puesto que en incumplimientos urbanísticos el grande gana y el chico pierde. Para unos pocos se cambian las leyes, mientras que los demás están condenados a la demolición. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN) tiene abiertos más de 9.000 expedientes por construcciones realizadas de forma irregular en suelo protegido en Canarias, de ellos más de 700 corresponden a Lanzarote. A esto, hay que sumar los 30 establecimientos turísticos que están abiertos aunque sus licencias han sido anuladas por la justicia, y que suman unas 10.000 plazas. Pero puestos a vulnerar las normas territoriales y urbanísticas no haga usted un pequeño cuarto de aperos, sino construya una nave o varias, porque es la única manera que tiene de escapar, según indica la guía práctica del urbanismo salvaje en Lanzarote.

Un día sí, y otro también, la APMUN impone cuantiosas multas por la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico no apto para ello. Se consideran infracciones administrativas graves. Adosado a la vivienda, puede que se haya construido un almacén de unos 40 metros cuadrados, y que se haya hormigonado una superficie de 130 metros cuadrados que sirve de acceso a las edificaciones. Y cuatro muros de piedra, un cuarto de aperos de unos 12 metros cuadrados y un cobertizo en precario de unos 30 metros cuadrados. La sanción supera los 100.000 euros, más la amenaza de demolición inminente. El ejemplo es real.

Mientras lo débiles reciben todo el peso de las leyes, los poderosos encuentran resquicios para que el planeamiento dé carta de legalidad a sus operaciones, hallando el amparo y la comprensión de las Corporaciones Locales. En nombre de la inversión privada y el crecimiento económico se han justificado auténticas barbaridades. Así, usted puede obtener una licencia urbanística para construir 1.000 viviendas y 200 locales comerciales en un suelo no apto para ello, como es el caso del Plan Parcial Costa Roja, o puede obtener licencias para edificar 1.800 viviendas en una Plan Parcial anulado por la justicia, como es el caso del Plan Parcial Playa Blanca. A la larga, la sensación que tiene la población es que este tipo de irregularidades quedan inmunes y acaban siendo legalizadas.

Otra muestra la constituye la situación de numerosos hoteles con licencias anuladas por la justicia, pese a lo cual siguen abiertos al público y no consta que hayan sido multados. Por ejemplo, uno de esos hoteles tenía autorizada una edificabilidad de 26.723 metros cuadrados y acabó construyendo 44.443, además de alzarse sobre dos parcelas separadas por un vial, que ha desaparecido (Hotel Papagayo Arena). Otro de los hoteles afectados edificó 26.112 metros cuadrados, cuando sólo tenía autorizados 17.517 (Hotel Dream Gran Castillo). Otro sobrepasa la altura y el número de plantas autorizadas, construyendo cuatro veces más de lo permitido y ocupando la parcela un 18% más de lo reconocido (Hotel Son Bou). El último ejemplo: además de incumplir el número de plantas y las alturas, se construyó 10.800 metros cuadrados de más, mientras que la ocupación de la parcela se excede un 12% más de lo autorizado (Hotel Princesa Yaiza). Y así hasta cerca de 30 casos de diverso tipo.

El Plan General de Ordenación de Yaiza que se está tramitando pretende facilitar la legalización de los planes parciales y los hoteles que han vulnerado las normas. Es la solución a la medida para los poderosos. No sería la primera vez que sucede una cosa así en la isla, ya que sobre el Aparthotel Los Fariones Playa pesó una sentencia firme de demolición en los años 80 del siglo XX que nunca llegó a ejecutarse. Se conoce por urbanismo a la carta aquél que consigue que los planes territoriales se adapten a sus deseos, dando igual si el suelo es rústico, zona verde o se encuentra en un espacio natural protegido. Pero, en el otro extremo, hay infinidad de situaciones que afectan a pequeños propietarios que no tienen otra salida que pagar multas y demoler lo construido.

Por lo tanto, las consecuencias del urbanismo salvaje acaecido en la isla se componen, de un lado, de las operaciones realizadas a gran escala por quienes se han saltado las leyes de una forma consciente, con el inestimable respaldo de cargos públicos y juristas y técnicos municipales, y, de otra parte, de cierto toque de insumisión que ha provocado múltiples pequeñas infracciones territoriales. La diferencia es que las primeras suelen encontrar acomodo legal y las segundas no. La tercera categoría la forma la mayoría que ha cumplido con las normas, sean empresarios turísticos o propietarios de suelo corrientes, a quienes se les quedan caras de bobos al constatar que no hay castigo para quienes se han atrevido a vulnerar las leyes territoriales y urbanísticas. Y que además son premiados.

El saber popular lo tiene claro en la isla desde hace décadas, como lo atestiguan las Coplas de Víctor Fernández, ‘el salinero', quien venía a decir, más o menos, que si pongo de alcalde a mi medianero en el pueblo se hace lo que yo quiero. Resulta evidente que muchos siguen creyendo que las leyes han de ser iguales para todos y que deben ser de obligado cumplimiento. Y que no sólo deben ser acatadas, sino que los poderes públicos deben hacerlas cumplir. De no ser así, la isla ya habría sido arrasada.

Construcción y corrupción

En el imaginario colectivo se ha instalado la sensación de que existe una estrecha relación entre el urbanismo salvaje y la corrupción. Al menos en Lanzarote, esta relación parece obvia. La corrupción política suele ser el resultado de tres tipos de factores, según los especialistas.

Unos son estructurales, es decir la existencia de unas fronteras no demasiado bien definidas entre el poder público y el mercado, que brinda oportunidades para intercambios corruptos cuando los beneficios económicos pueden depender de decisiones políticas. Otros son culturales: algún nivel de tolerancia hacia estas prácticas entre los ciudadanos que sirve como incentivo para aprovechar tales oportunidades. Y, por último, están los factores institucionales, que se refieren al funcionamiento defectuoso de los mecanismos políticos, administrativos o judiciales de control que limitan el poder discrecional de los regidores públicos.

Para terminar, los estudiosos resumen en tres las tareas que habría que abordar para acabar o reducir este tipo de prácticas. Un primer y fundamental objetivo en la lucha contra la corrupción es reducir la sensación de impunidad. Por otra parte, además de mejorar las leyes y, sobre todo, los medios para su aplicación, es imprescindible mejorar los gobiernos locales y su relación con los demás niveles de gobierno. Para finalizar, es imprescindible acabar con la financiación irregular de los partidos políticos.

Lo que parece indiscutible es que la corrupción sale barata cuando está vinculada al urbanismo salvaje. Véase si no el ejemplo del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a quien la justicia investiga por haber amasado presuntamente cerca de un millón de euros mediante la concesión de licencias ilegales. O el caso del ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, quien por el mismo motivo ha sido condenado a no ejercer de alcalde o concejal durante varios años, mientras que sí puede ejercer de diputado regional, cargo que ostenta en la actualidad.


* Diario de Lanzarote - 17.2.13
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com



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Cáceres.- El TSJEx anula la recalificación que permite edificar viviendas junto al Paseo Alto

HOY* : Esta recalificación supone una alteración sustancial del Plan de Urbanismo y debería haberse sometido la propuesta a un plazo de exposición pública para que los afectados pudieran alegar. Es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, sobre el cambio de la clasificación urbanística de un terreno ubicado junto al Paseo Alto, que aparece en el Plan General Municipal de Cáceres, PGM, aprobado en febrero de 2010, recalificación que es ahora es anulada por sentencia judicial con el argumento de que no se ha seguido el trámite obligado, es decir su exposición pública previa a la aprobación del PGM.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx, en una sentencia de fecha del pasado 15 de enero, estima el recurso presentado por vecinos de la urbanización de la Zambomba contra la resolución de la Junta de Extremadura por la que se aprobó el PGM en lo relativo al sector urbanístico denominado 'Residencial la Zambomba' ,APE 16.01.
Los vecinos de la Zambomba presentaron el recurso al no estar de acuerdo con que se permita edificar en un terreno que estaba catalogado en el Plan de Urbanismo de 1999 como equipamiento deportivo, es decir sólo apto para dotaciones con este uso y no para viviendas. Entre los motivos del recurso para pedir la anulación de la recalificación, el tribunal ha admitido una de carácter formal, la relativa a la necesidad de haber expuesto este cambio urbanístico a un período de exposición al público para posibles alegaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cáceres, que no se ha personado en este litigio, aprobó el PGM el 30 de noviembre de 2009 de forma definitiva, tras varias aprobaciones iniciales y provisionales en los años precedentes. En ese documento final aparece la recalificación de los terrenos objeto de litigio sin que el Ayuntamiento considerara necesaria someter el PGM a un nuevo período de alegaciones, que hubiera sido la cuarta exposición al público. El cambio no lo consideró sustancial, pero ahora el TJEx sí considera que debió observarse este trámite.
Cabe señalar que esta recalificación tiene que ver con la operación de El Corte Inglés porque fue aceptada por el Ayuntamiento en 2009 como propuesta, precisamente, de la empresa promotora de esta operación, Almonte, y por el propietario de los terrenos lidiantes con el Paseo Alto, Atienza, con una extensión total de 24.000 metros cuadrados y calificados como equipamiento deportivo.
El Corte Inglés
La propuesta consistía en que Almonte se hacía con 10.000 metros cuadrados para cederlos al Ayuntamiento como parte de las compensaciones de suelo que debía hacer al serle autorizada la recalificación del solar de las Carmelitas. Esta parte de los terrenos pasaría a integrar el mismo sector de la parcela el colegio, en la avenida Virgen de Guadalupe. Otros 12.500 metros cuadrados se quedaba como el sector 'Residencial la Zambomba', el APE 16.01, con capacidad para una edificación residencial de 5.000 metros cuadrados, es decir unas 22 viviendas. Ante ello, los vecinos presentan el recurso contra la recalificación del residencial, no sobre el suelo de cesión por El Corte Inglés, operación que no se ve afectada por esta sentencia, según aclara el asesor jurídico de los recurrentes, el abogado José María Muñoz.
Estos vecinos ya presentaron un recurso contra un primer intento de recalificación de este mismo sector, la que se incluyó en el primer documento de la revisión del PGM, en el año 2005, y el Ayuntamiento aceptó entonces las alegaciones de los residentes de la Zambomba, de manera que no permitió la edificación de viviendas en este terreno dentro del PGM aprobado inicialmente en 2006. Sin embargo, tres años después se plantea de nuevo una recalificación parecida, aunque con cambios, y ya es aceptada por el Ayuntamiento al permitir la viabilidad de El Corte Inglés, pero sin volver a someter la propuesta a exposición pública.
Este hecho es señalado en la sentencia, en la que el tribunal afirma que se ha producido «una alteración que en cierta medida constituye una vulneración del principio de confianza legítima» toda vez que, según la sentencia, si se suprimió en 2006 esta recalificación, «constituye una sorpresa para quienes vieron estimadas sus alegaciones que en la última aprobación (PGM de 2010) se incluya nuevamente y no se les dé trámite preceptivo de información máxime cuando si se están alegando cuestiones de fondo, no meramente formales, necesitan una motivación concreta».
El TSJEx no entra en el examen de otros motivos y su sentencia no ha sido recurrida por la Junta de Extremadura, por lo que es firme.


* Hoy - J.J.GONZÁLEZ - 19.2.13
Foto: Cáceres, urbanización la Zambomba - panoramio

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Madrid.- Una ciudad con dos planes urbanísticos

ELPAÍS* : El fin del mundo maya llegó a Madrid con un par de meses de adelanto. Afectó sólo al 15% de la superficie del municipio, sobre todo a los alrededores de la M-40. Y, afortunadamente, únicamente tuvo lugar sobre el papel. En los mapas. La vida sigue desde ese día con relativa normalidad en la ciudad. Pero en los planos, donde antes aparecían edificios, carreteras, paradas de autobús, calles y aceras, ahora hay secarrales y arboledas. De un plumazo, el pasado 28 de septiembre, el Tribunal Supremo devolvió gran parte de Madrid del año 2012 a 1985. La sentencia anuló el desarrollo urbanístico del último cuarto de siglo, incluido el barrio de Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la ampliación del aeropuerto de Barajas. Legalmente, no existen. Eso no significa que haya que derribar todo lo construido. Pero, a la espera de solucionar el entuerto, el mayor al que se ha enfrentado la capital en su historia reciente, todos los actos administrativos se han paralizado en esas áreas. Las obras en marcha continúan. Pero si se cae un doble techo del aeropuerto, no es posible obtener licencia para repararlo. Si se termina una casa en los nuevos barrios, no se pueden entregar las llaves. Porque, legalmente, nada de eso existe.

El Ayuntamiento trabaja contrarreloj para evitar que la ciudad se le muera entre las manos. Miles de personas confiaban en entrar a vivir en sus pisos de Valdebebas en la primera mitad del año, por ejemplo. ¿Qué pasará con ellos? El Gobierno municipal (Partido Popular) promete que en agosto estará resuelto. Para entonces, los mapas deberían haber vuelto al estado en el que se encontraban antes de la sentencia.

Volverán así a desaparecer los terrenos protegidos por su valor ecológico que la burbuja inmobiliaria se llevó por delante. El Supremo dictaminó que no se había justificado adecuadamente su conversión en suelo urbanizable.

El Ayuntamiento ya intentó hace años escaparse por la puerta de atrás, y de ahí viene este último varapalo judicial. Ahora debe redactar un plan urbanístico, tarea que suele llevar años, en cuestión de meses. Pero no para cambiar la ciudad, sino para devolverla a su estado actual. No introducirá ningún cambio, como le requiere el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky.

Y mientras, al mismo tiempo, continúa elaborando otro plan, este sí para toda la ciudad, este sí para modificar la cara de Madrid y, paradójicamente, tratar de revertir todo lo que ha salido mal en los últimos 27 años por confiar el desarrollo urbano al ladrillo y la especulación inmobiliaria. Estará listo en 2016.

Un bofetón del Supremo. En 1997, el Ayuntamiento, regido entonces por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que exprimía todo el suelo disponible en el municipio y convertía en urbanizable (y casi exclusivamente residencial) el doble de superficie de la que ocupa la almendra central. Parte de esos terrenos habían sido protegidos por su valor ecológico o agropecuario en 1985, cuando gobernaba la ciudad el socialista Enrique Tierno Galván.

La Comunidad, en manos del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), validó el plan en abril de 1997. Y el Partido Socialista, junto con Ecologistas en Acción, lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cinco años después, en febrero de 2003, los magistrados estimaron en parte sus quejas. En 2007, el Supremo tumbó el plan urbanístico y creyó zanjar así la cuestión. Pero el Ayuntamiento, gobernado para entonces por Gallardón, trató de remendar el zarpazo judicial: aprobó dos acuerdos, en noviembre de 2007 y marzo de 2009, que añadían al plan la justificación que los magistrados echaron en falta para convertir el suelo protegido en urbanizable.

La Comunidad, en manos de Esperanza Aguirre (PP), lo dio por bueno. Ecologistas en Acción recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en enero de 2010 desestimó su petición. Pero, y aquí acaba el expediente, el Supremo sí consideró en septiembre de 2012 que “no se puede subsanar, enmendar o convalidar un plan nulo. La justificación no puede tener alcance retroactivo”. O lo que es lo mismo: el plan ha sido anulado. Esta muerto. No se puede remendar. Hay que hacer uno nuevo. El Supremo consideraba además “menoscabado el derecho de los ciudadanos a cuestionar” las decisiones administrativas, máxime cuando tienen “una repercusión significativa sobre el medio ambiente”. “Únicamente puede combatirse aquello que se conoce y cuando se comprenden las razones”, decía la sentencia.

Las dudas de la Comunidad. El fallo anuló el plan de 1997 en 21 ámbitos de la capital, que quedaron en el mapa como en 1985. El aeropuerto de Barajas, por ejemplo, se convirtió en su mayor parte en suelo agrícola, con un pedazo de suelo de valor ecológico. El Ayuntamiento se puso de inmediato a trabajar con Comunidad y Gobierno central (PP), muy afectados ambos por la decisión.

En un primer momento, se pensó en recurrir a la capacidad legislativa regional para solucionarlo de un plumazo, pero el Ejecutivo de Ignacio González (PP) planteó dudas jurídicas. Lo que sí hizo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2013, fue sentar la base legal para trasladar esos ámbitos desde 1985 al presente de nuevo. A partir de ahí, el Ayuntamiento espera concluir el proceso el próximo 2 de agosto.

21 ámbitos paralizados. Madrid tiene 604 millones de metros cuadrados. La sentencia afectó a 89 millones. De esta, un tercio, 33 millones, era terreno protegido en 1985. Son 21 ámbitos: Mingorrubio; Portillo del Prado; Manzanares Norte; Cuatro Vientos; Campamento; El Salobral; La Dehesa; La Atalayuela; Los Cerros; Los Ahijones; Los Berrocales; Valdecarros; Valdebebas; ensanche San Fernando; remate suroeste de Campamento; La Escorzonera; solana de Valdebebas; Fuente Fría Norte; Arroyo del Fresno; Valdegrulla; y sistema aeroportuario de Barajas.

En algunos, el suelo protegido supone prácticamente todo el terreno; en Arrollo del Fresno, no había ni un metro cuadrado. En algunos, aún no ha empezado el desarrollo, pero otros, sobre todo Valdebebas, están en fase crítica. En Los Cerros, con 15.000 viviendas previstas, ni siquiera hay proyecto. En Valdecarros, con 48.000, sí, pero está parado. En Los Ahijones, con 15.400, se están empezando a mover tierras. En Arroyo del Fresno, la urbanización está casi concluida, pero aún no hay licencias para sus 2.754 viviendas.

¿Quién paga la fiesta? En Valdebebas, hay 12.500 pisos previstos; un tercio ya está en obras. La mayoría, de cooperativas, que han invertido 1.100 millones de euros. Aproximadamente 2.000 familias deberían recepcionar sus viviendas este año, indica Pedro Vizcaíno, director de comunicación de la Junta de Compensación. En marzo estará lista ya una de las 54 promociones. “Al Ayuntamiento se le echa el tiempo encima. Los cooperativistas son los que menos se lo merecen, han pagado sus cuotas. ¿Ahora quién paga la fiesta? ¿Si me tengo que ir seis meses o un año de alquiler quién lo paga?”, añade.

La mitad de informes. Pese a lo que pueda parecer, las Juntas respaldan por ahora al Ayuntamiento, y confían en que cumpla los plazos. El trámite habitual, que incluye dos periodos de alegaciones, se ha reducido en lo posible merced a la colaboración entre Administraciones. Los 72 informes requeridos se han dejado en 38 por indicación del Gobierno. No se van a introducir cambios para no salirse de la ejecución estricta de la sentencia. Adecuar la ciudad al estallido de la burbuja inmobiliaria se deja así para el nuevo plan, que se está preparando en paralelo. El área de Urbanismo, que dirige Paz González, trabaja al límite y dividida en dos para sacar adelante ambos proyectos. El avance del nuevo plan, el que debe convertir Madrid en una ciudad de bulevares y repensar los PAU a partir de 2017, estará listo en mayo.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 11 FEB 2013
Foto: Vista de las obras en el barrio de Valdebebas. / CARLOS ROSILLO

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