35 de los 88 ayuntamientos canarios han sido investigados por corrupción

LAOPINIÓN/Tenerife* : 35 de los 88 municipios del Archipiélago se vieron envueltos en casos de corrupción urbanística entre 2006 y 2010, la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. Esta cifra representa casi un 40% de los ayuntamientos de las Islas, lo que supone algo más del cuádruple de la media española, situada en un 8,3%. Se trata, por tanto, de la segunda comunidad autónoma que porcentualmente estuvo más afectada por la corrupción, solo superada por Murcia que septuplica la media. Los habitantes de todas las localidades afectadas suponen más de la mitad de la población española (26,3 millones).

Esta evaluación del impacto de la corrupción urbanística, que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías, Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna (ULL), titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.

Dentro del estudio se reflejan datos como que España solo representa el 10% del PIB europeo y a pesar de ello, desde el año 2000 se han construido en el país el 30% de las viviendas de toda la Unión Europea. La mayoría de esos nuevos hogares han sido financiados con dinero que procedía del exterior, por lo que la crisis inmobiliaria española se relaciona estrechamente a la crisis financiera.

Desconocimiento

El estudio también hace referencia al enorme iceberg que supone la corrupción urbanística en España, del que solo se conoce la punta. "Sabemos dónde está, pues hemos localizado su punta, pero se desconoce la dimensión real de ese trozo de hielo flotante que se encuentra mayoritariamente hundido e invisible para el que navega en la superficie de ese mar", explican los autores de la investigación.
"Parece que una gran parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió con la telaraña de la corrupción política y urbanística", señala la investigación. "Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la moneda única". Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información extraída de la prensa, blogs y comunicados dado que según aclaran "España no dispone de ninguna estadística oficial que recoja información de este tipo".

El estudio también distingue cinco tipos de municipios en función del sector económico: industrial, urbano, turístico, agrario y mixto. Los autores observaron una destacable actividad inmobiliaria en las capitales provinciales y sus municipios periféricos (21,7%), ya turístico (13,3%), mientras que el resto corresponden a localidades agrarias (42,3%) o industriales (7,7%) que han optado por cambiar de modelo de desarrollo económico, pasando al inmobiliario-urbanístico. Lo que concluye que, en definitiva, la corrupción urbanística afecta, como es lógico, principalmente a aquellos municipios donde se asienta la economía inmobiliaria.

Los posibles motivos que encuentran los autores para que los poderes económicos y políticos trampeen la ley en la planificación urbanística están, por un lado la necesidad económica para elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para urbanizarla. El 88% de los casos están relacionados con la transformación del suelo rústico en urbanizable, saltándose la ley y produciendo impactos medioambientales.

En cuanto a cuestiones políticas distinguen entre las administraciones locales y los partidos políticos predispuestas al soborno. La mayoría de los casos se descubrieron por la clasificación del suelo, la transmisión irregular, materia de legislación medioambiental y el fraude fiscal.


* La Opinión Tenerife - J.GONZÁLEZ - 17.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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