Madrid.- Una ley más aprobada de madrugada

ELPAÍS* : Mientras los madrileños duermen, ajenos a su destino, conforme a los biorritmos que rigen la rutina del común de los ciudadanos, los políticos legislan. La madrugada del jueves al viernes dejó un nuevo ejemplo del desfase en el que la Asamblea de Madrid permanece instalada desde los años noventa. A las 1.58, en otra noche toledana cargada de tensión entre los grupos políticos, llegó la culminación de una de las promesas electorales de Esperanza Aguirre en los comicios autonómicos del año pasado: "Desarrollar una nueva ley de urbanizaciones sostenibles en el ámbito rural".

La normativa fue aprobada por los 66 diputados presentes del PP con el voto en contra de los 53 de la oposición en el hemiciclo a falta de dos minutos del canto del gallo, como ya ocurrió en verano con la ley que permite la apertura de los comercios de la región las 24 horas los 365 días del año. PSM, IU y UPyD coincidieron en lamentar la “nocturnidad y alevosía” con que salió adelante una legislación a la que ha acompañado la polémica desde sus primeros trazos.

La ley aprobada permitirá edificar, a partir de más de seis hectáreas, en suelo rural que no esté protegido ambientalmente y con una superficie máxima de ocupación del 1,5%. Los propietarios del terreno correrán con todos los gastos derivados del suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de basuras, transportes y accesos. “Es un atentado al territorio y sostenibilidad del medio ambiente. Plantea un todo vale en el medio natural. Diseminar en pleno siglo XXI este tipo de viviendas nos retrotrae a tiempos de Felipe IV”, criticó el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

“Dejen de hacer de trileros con la legislación. Este proyecto de ley puede poner en peligro las funciones de los montes, justo cuando la gestión forestal en la región brilla por su ausencia”, insistió, argumentando que “el PP abusa de su mayoría para gobernar para una minoría: los propietarios de 13.102 parcelas rústicas a costa de seis millones de habitantes”. "Con esta ley nos igualamos a la mayoría de comunidades autónomas. Esta ley es exigente y restrictiva, y por tanto respetuosa con el medio ambiente. No se podrá construir en suelo no sectorial y quedan excluidos los espacios protegidos", defendió Álvaro González, del Partido Popular.

“Esta ley beneficia a una casta privilegiada. Fomentan residencias de lujo con nefastas consecuencias sobre nuestros ecosistemas naturales… Hay un sinfín de argumentos contra esta ley pero siguen aferrados y empeñados en convertir el derecho urbanístico en la cueva de Alí Babá”, intervino Carmen Villares, de Izquierda Unida “Habrá grandes urbanizaciones a cargo de grandes constructoras", preconizó de una normativa que pese a los reproches de la oposición en bloque es más suave que la idea inicial. La intención original de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que hasta finales de septiembre dirigía Ana Isabel Mariño —ahora encargada de la cartera de Empleo, Turismo y Cultura— y ahora gobierna Borja Sarasola planteaba la posibilidad de dejar construir en suelo rural protegido, no pasó el corte. La opción, adelantada por este diario, de construir residencias en una superficie mínima de cinco hectáreas en suelo rural sin protección, o en 10 hectáreas en suelo rural protegido, no cuajó.

La versión que finalmente se impuso, más light, permite que se pueda levantar una vivienda unifamiliar por unidad de terreno, con una altura máxima de 3,5 metros y una distancia de al menos 250 metros de la construcción más cercana. "Esta ley solo beneficia a unos pocos, es una mala ley de un mal gobierno", también cargó Gabriel López, de UPyD. “Es una ley que dará más libertad a los madrileños y revitalizará a los pequeños municipios. Y permitirá una mayor interacción con la naturaleza”, insistió el popular Álvaro González.

“La nueva normativa no responde a las necesidades reales del medio rural y traslada la burbuja inmobiliaria al suelo rústico, al fomentar viviendas y complejos de lujo en terrenos de alto valor natural”, valoran desde Ecologistas en Acción, donde insisten en que la nueva normativa será aplicable en el 41% del territorio (330.000 hectáreas) y podría amparar la construcción de 7.000 viviendas dispersas en terrenos de alto valor natural y paisajístico. “Se permitirá la construcción de grandes mansiones de hasta 900 metros cuadrados en fincas con una superficie mínima de seis hectáreas”, insisten los ecologistas.

Desde la Plataforma Anti-ViRuS (denominada así por la ley de Vivienda Rural Sostenible, e integrada entre otros por la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, geógrafos de la Universidad Autónoma, arquitectos y ONG) aseguran que “afectará gravemente la economía agraria, con un modelo de ordenación territorial insostenible, a derechos y deberes constitucionales y a garantías de protección del medio ambiente”. El Ejecutivo autonómico niega "una tesis tan apocalíptica".


* El País - JOSÉ MARCOS - 14.12.12
Foto: TRIBUNA VACÍA. Es el primer pleno que se celebra esta legislatura sin testigos. La tribuna fue cerrada por el presidente del hemiciclo de Vallecas, José Ignacio Echeverría, impedir las protestas. / LUIS SEVILLANO

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Salvemos Mojácar cree que el informe final de CAMP Levante de la ONU es "un atentado contra el medio ambiente"

EUROPAPRESS/Almería* : La asociación ecologista Salvemos Mojácar, participante del Consejo del Litoral del proyecto CAMP Levante de Almería de la ONU que se desarrolla desde hace más de dos años, ha manifestado su "absoluta disconformidad" con el informe resultante del proyecto, ya que es un "atentado medioambiental" que "bendice y da luz verde a los monstruosos intereses urbanísticos de las administraciones locales y autonómica, al tiempo que lo disfraza y justifica como si se tratara de un desarrollo sostenible".

En una nota, la organización conservacionista afirma que el informe "llega a contravenir normativas medioambientales europeas y sentencias del Tribunal Supremo" de manera que "da por buenos desarrollos urbanísticos en el Algarrobico, Macenas, Mundo Aguilón y en zonas de alta protección del Parque Natural de Cabo de Gata, en terrenos contaminados por la radioactividad de Palomares, en terrenos con yacimientos arqueológicos y en terrenos inundables".

Salvemos Mojácar considera "una burla" a la ciudadanía que se haga un informe final "al servicio de las administraciones corruptas, cuando dicho informe ni siquiera es vinculante". Asimismo, añade que el proceso de participación ciudadana "ha sido deficitario" y "ni siquiera se ha tenido en consideración en el informe final en lo tocante a la cuestión fundamental: el urbanismo".

La asociación ha realizado un estudio crítico sobre el informe, que exige que sea tenido en cuenta para vetar cualquier nuevo desarrollo urbanístico, especialmente en las zonas protegidas en las que la normativa española y europea así lo exige. Igualmente, exige que se incluyan datos comparativos de las dinámicas de crecimiento de la zona, que se dé una visión acorde a la realidad del problema urbanístico, que se evite el "tono neoliberal" de defensa soterrada de la especulación y que se propongan nuevos modelos económicos y de diversificación productiva.

La organización ha pedido también un inventario detallado y contrastado de yacimientos arqueológicos y que estos se incluyan en los itinerarios culturales y en la recomendaciones como bienes de interés cultural a proteger. Para ello, la asociación ha enviado el estudio a la dirección del proyecto con la petición de que sea incluido en la corrección del informe final, que se votará el 11 de diciembre en la séptima reunión del consejo del litoral.

La asociación anuncia que de no ser tenidos en cuenta emprenderá denuncias a nivel europeo y de Naciones Unidas contra el Informe Marco de Referencia CAMP Levante de Almería.


* Europa Press - 3.12.12
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas (archivo) - salvemosmojacar.org

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