Afectados por los desahucios ocupan la sede central de Bankia en Madrid

MÁSPÚBLICO* : Al grito de “No a los desahucios, alquiler social”, más de una veintena de personas afectadas por diferentes procesos de ejecución hipotecaria han ocupado este lunes la planta baja de la sede central de Bankia, una de las torres Kio, para lograr abrir una negociación con responsables del banco.
“Llevamos semanas ocupando diferentes sucursales y estamos hartos de que los encargados nos digan que ellos no toman las decisiones, por eso hemos ocupado la sede de Bankia”, ha denunciado Daniel García, activista de la Asamblea de Vivienda de Vallecas. La policía se ha acercado para identificar a los presentes, en su mayoría afectados que llevan un mes acampados en la sucursal de Bankia de la calle Celenque. Tras esto, los manifestantes han realizado una sentada.

Por otra parte, varios activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han irrumpido en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda para tratar de parar un desahucio que se iba a ejecutar este martes y que iba a dejar a una familia de siete miembros en la calle. Finalmente, han conseguido que EMV cancele la ejecución.

Cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La protesta de la torre Kio, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Asamblea de Vivienda de Madrid y varios afectados por las hipotecas de Bankia acampados en Celenque, tiene el objetivo de denunciar que “las ejecuciones hipotecarias masivas producen una violación sistemática de 25 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, así como “varios artículos de la Carta Magna española.

En un comunicado, los convocantes han exigido, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la paralización de los desahucios y la modificación de la Ley Hipotecaria española “para adaptarla al marco legal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y ratificado en la Constitución Española de 1978″.


* Más Público - 10.12.12
Foto: Vivienda, protesta Bankia - maspublico

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Recurrir una obra ilegal puede costar más de 10.000 euros

LAVANGUARDIA* : Si una ONG ecologista decidiera recurrir hoy un proyecto inmobiliario como la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros, según la nueva ley de tasas judiciales promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo asegura la organización Ecologistas en Acción que denuncia que la justicia ambiental se verá obstaculizada por la nueva norma en contra de los convenios internacionales firmados por el Estado español. Por ello, esta ONG anuncia una campaña de inconstitucionalidad de la ley y recurrirá al organismo de la ONU que vela por la justicia ambiental.

"La defensa de la naturaleza y de los derechos de la ciudadanía se ve gravemente afectada por la nueva ley", denuncia Ecologistas en Acción en un comunicado en el que añade que "Los pagos de cuotas harán inviable la protección ambiental ante los tribunales para muchas organizaciones sin ánimo de lucro".
La Ley 10/2012 impone el abono de unas tasas que condicionan la admisibilidad de las demandas y recursos, cuyo importe se determina con independencia de la capacidad económica del actor y que tiene una parte fija y otra variable en función de la cuantía del asunto, asegura la ONG. "Algo que afecta especialmente a Ecologistas en Acción en el orden contencioso-administrativo, donde se revisa la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y al que se acude para impugnar la aprobación de proyectos o planes urbanísticos", recuerdan.

La ley será uno de los temas que se aborden en la Asamblea Confederal anual que Ecologistas en Acción comienza hoy en Trujillo. Los asistentes recibirán un modelo de carta para enviar al Defensor del Pueblo y reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad. También se solicitará a diputados y senadores que se dirijan al Tribunal Constitucional para que este órgano derogue una ley que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Además, los abogados de la organización trabajan en estos momentos para la presentación de una queja ante el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus. Este convenio, del que el Estado español es firmante, garantiza el derecho a acceder a los tribunales en asuntos ambientales sin impedimentos de tipo económico. El “tasazo” contravienen este derecho.

Si Ecologistas en Acción recurriera hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de los 1.290 euros.
La cantidad sería menor, de 440 euros, en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas, el plan parcial de la playa de Valdevaqueros o los permisos a Repsol en aguas canarias. Estas cuantías, acumuladas en decenas de procedimientos que Ecologistas en Acción afronta anualmente, se hacen inviables.
La organización, cuyos abogados trabajan mayoritariamente de forma gratuita, no podría haber afrontado el coste de estos y otros procedimientos judiciales con la nueva Ley de Tasas. Lo mismo le ocurre a muchas otras organizaciones sin ánimo de lucro que velan por la defensa del medio ambiente y el interés general. "El tasazo es malo para la justicia, también para la ambiental", argumenta Ecologistas en Acción.


* La Vanguardia - 7.12.12
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion - ecologistasenaccion.org

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