Abarán.- Rechazo ecologista a la recalificación para construir 12.000 viviendas

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN/Región Murciana* considera desacertado que el Ayuntamiento de Abarán siga apoyando la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo en el paraje de Casablanca, para la construcción de un complejo urbanístico de 12.000 viviendas con campos de golf, ya que apostar por este tipo de desarrollos urbanísticos es perjudicial para el futuro de nuestro municipio al no responder a ninguna necesidad real. De hecho, el uso del suelo sigue siendo agrícola y es el interés que debe prevalecer a la hora de clasificar el suelo, en un municipio como el de Abarán.
Según esta asociación ecologista, continuar ahora con el apoyo a la recalificación para evitar las compensaciones económicas, es una huida hacia adelante y no soluciona nada: El desarrollo de esta nueva zona urbana, traerá consigo en el futuro nuevos gastos y obligaciones para el municipio, ya que es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos. De nuevo hay una falta de visión política a largo plazo y un alto grado de irresponsabilidad.

La mejor opción es renunciar al convenio urbanístico, declarando la nulidad del mismo al recaer en una potestad no negociable, a pesar de que conlleve costes económicos. Esta es, la única manera de poder reconducir la irresponsable actitud del equipo municipal de gobierno que lo firmó en el año 2005. El proyecto era insostenible entonces y sigue siendo insostenible ahora, aseguran, y añaden que el futuro del pueblo de Abarán debe estar por encima del interés particular de un empresario que haya invertido en el negocio del ladrillo.

Según el portavoz de la organización ecologista, Héctor Quijada, “lo que sucede ahora es que el Ayuntamiento se ha topado con la realidad, ha visto como tras el boom del ladrillo viene la ruina económica para la administración local y la constatación de que el milagro inmobiliario no es tal”. Y añade “parece que los gobernantes locales no han aprendido nada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria”, en alusión al acuerdo tomado en el último pleno, el cual ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y UYD, y en contra de IU y la edil independiente Rosa García.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en contra el proyecto en todas sus fases, el cual pretende la reclasificación de 4.704.451 m2 de suelo No Urbanizable a Urbanizable, junto al Parque Regional, ZEPA y LIC de la Sierra de la Pila. Además, calificaron como “fraude de ley” que el proyecto no fuera sometido a Evaluación Ambiental de Planes y Programas conforme a la Ley 9/2006, lo que llevaría a la realización de una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el principal argumento de la asociación ecologista es que lo que está en juego es el futuro sostenible de todo el municipio de Abarán y no sólo de la finca en cuestión.

Para Quijada, el Plan de Ordenación Municipal de Abarán no puede sustentarse en el desarrollo de un modelo urbanístico y territorial ficticio, causante de la crisis inmobiliaria y que por tanto se encuentra agotado. Es necesario un cambio en la concepción actual del urbanismo, la ordenación del territorio debe considerar el suelo como un recurso natural, escaso y no renovable.

Ecologistas en Acción asegura que las autoridades municipales son perfectas conocedoras de la falta de justificación de esta reclasificación de terrenos en el actual PGMO, por ello solicitan que reconsideren su posición y que declaren la nulidad del convenio realizado.


* Ecologistas en Acción - Murcia - 3.12.12
Foto: Abarán (Murcia) - regmurcia

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Las obras de Girona vinculadas al clan de los ‘asfalteros’ se encarecían hasta un 46%

ELPAÍS* : Los concursos que Gisa adjudicó en Girona entre 2007 y 2009 sufrieron sustanciales encarecimientos una vez en marcha. Es la principal conclusión que la Sindicatura de Comptes ha sacado tras cumplir el mandato del Parlamento catalán, que le encomendó la detección de posibles anomalías en los procesos de adjudicación de obras investigadas en el caso del clan de los asfalteros, una supuesta trama con la que un grupo de constructoras se repartió el pastel de las obras públicas en la provincia gerundense. El reparto habría contado con la presunta connivencia del gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Vergé, despedido tras conocerse la investigación.
Las cuatro principales obras adjudicadas en la provincia durante 2007 y fiscalizadas por la Sindicatura sufrieron desviaciones presupuestarias que supusieron para la Administración incrementos de coste de entre el 21,9% y el 46,1%.

Esa dinámica se repitió en los años sucesivos analizados, por lo que el organismo fiscalizador exige un planteamiento técnico y una supervisión más firme que evite posteriores replanteamientos de obras.

Del informe elaborado por la la Sindicatura también se evidencia un importante peso de elementos subjetivos a la hora de adjudicar las obras. El organismo público reclama a Gisa el establecimiento de “criterios de valoración que se puedan cuantificar mediante la aplicación de una fórmula o de un cálculo de proporcionalidad y ser expresados en cifras o porcentajes”.

De esa forma se evitaría, como acabó sucediendo, que en uno de cada tres concursos abiertos por la empresa encargada de las obras de la Generalitat no se impusiera la empresa que había conseguido la mejor puntuación en los baremos objetivos.

La Sindicatura de Cuentas analizó expedientes de contratación de obras de acondicionamiento de firmes, nudos viarios y rotondas aprobados en 2007 que forman parte de la investigación judicial iniciada en febrero del pasado año.

Prueba del descontrol existente en el control de las obras de Gisa, aquel año el importe total de las obras analizadas ascendía a un presupuesto inicial de 9,13 millones de euros, pero el organismo fiscalizador pone el acento en que si a ese importe se le suma “el del conjunto de proyectos modificados y de obras complementarias adjudicadas posteriormente —no necesariamente a las mismas empresas— el coste total adjudicado” sería de 75,3 millones de euros.

Casos similares sucedieron en 2008 y 2009, según otro trabajo hecho público ayer por la Sindicatura. En ese caso, los ocho expedientes analizados por el ente fiscalizador del Parlamento contaban con un presupuesto conjunto de 137,1 millones de euros, una cifra que creció hasta los 224,16 millones a causa de proyectos modificados y obras complementarias.

El informe, al que ni el Departamento de Economía ni la Oficina Antifraude han aportado información, constata que en seis de los ochos expedientes de 2008 y 2009 podría haberse incumplido el “principio de concurrencia”.

Como en el de 2007, el informe pone énfasis en la necesidad de dar “preponderancia a los criterios objetivos” en los pliegos de bases de los concursos. En otro caso, señala, “hace falta que el informe de la comisión técnica [...] incluya la motivación de la puntuación otorgada”. Sobre todo “si se tiene en cuenta que de los ocho expedientes solo en tres ha resultado adjudicatario el licitador de mayor puntuación en los criterios económicos”, que sí se pueden valorar de forma objetiva.

A causa de que el 50% del baremo se decidía por criterios subjetivos eran indispensables las decisiones que se tomaban en el seno de la comisión técnica de valoración de las propuestas técnicas. Ésta la integraban el director de la división de carreteras, que la presidía, el gerente de planificación y programación operativa y el gerente de carreteras de Girona, que ejercía de secretario. Jordi Vergé, que ocupaba ese último puesto, podía acceder así a valiosa información e influir en las adjudicaciones, por las que presuntamente recibía comisiones. A causa de esa implicación es uno de los imputados en el caso, acusado de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas. La empresa pública Gisa se ha personado en la causa, por lo que se libraría de posibles responsabilidades patrimoniales para la entidad.

Algunas de las conclusiones expresadas en el informe de la Sindicatura —que no detecta, no obstante, pruebas de irregularidades punibles— coinciden con las alcanzadas por la Oficina Antifraude cuando analizó las adjudicaciones al clan de los asfalteros desde la Diputacíón de Girona. La OAC consideró en aquel caso que la corporación municipal decidió con criterios “arbitrarios”.

Según las pesquisas judiciales, las empresas salpicadas por el caso actuaban como un cartel que decidía los precios de las obras de carreteras. Se habrían adjudicado hasta 75 concursos en Girona por un valor de 300 millones de euros solo en 2009 y 2010. En enero de este año, el juez que instruye el caso amplió a los ejercicios 2007 y 2008 la investigación para esclarecer las irregularidades.

Recurso tras el robo

Los últimos informes referentes a Gisa también recogen el caso de la contable de la empresa pública denunciada en abril del pasado año acusada de robar 513.107 euros a la empresa pública mediante la falsificación y cobro de diversos cheques. La Sindicatura desvela que la mujer, que habría falsificado la firma de centenares de talones desde 2007 a 2011, se habría apropiado en realidad de un total de 517.452 euros, lo que, a efectos prácticos, habría supuesto un sobrecoste de la obra total ejecutada en esos años. Como consecuencia de ese robo, que Trinidad I. A. utilizaba para cargar en una tarjeta de El Corte Inglés y cubrir su afán consumista, Gisa se ha visto forzada a reformular sus cuentas de 2010 para reflejar el incidente.
Poco después de conocerse el caso, la empresa despidió a la empleada por causas disciplinarias, incumplimiento muy grave, falsedad socumental, premeditación, lucro ilícito y grave perjuicio a la entidad, con agravante de uso de posición en beneficio propio. Aunque la empleada no recurrió el despido sí ha presentado una demanda por reclamación de cantidad de la liquidación.


* El País - DANI CORDERO - 5.12.12
Foto: Sede de Gisa en Barcelona. / MARCEL·LÍ SÀENZ

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