La trama corrupta de Sabadell exigía 120.000 euros previos y un 3% en dinero negro

PÚBLICO/Barcelona* : Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 120.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.
Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 120.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso.

Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.

Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández.

La denuncia de 2010 --a la que ha tenido acceso Europa Press-- presentada por la vicepresidenta, portavoz y concejal de ICV, Carme Garcia, afirmaba que los ladrones habían entrado con llaves y habían abierto la caja fuerte --escondida en un armario-- sin causarle daños.

Aseguraba que "los autores han accedido para sustraer información del partido sobre intereses públicos para la ciudadanía y lo han hecho con llaves", e informaba a la policía de que podía haber dos exmiembros del partido con copia de llaves de la sede, en la calle Picañol.

Recogía además que estas dos personas fueron expulsadas del partido en 2007 por "deslealtad al facilitar información de ICV al Gobierno municipal del partido PSC de Sabadell", y que de hecho estas personas una vez expulsadas pasaron a formar parte de los socialistas.

Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta.

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio.

Por otra parte, Entesa per Sabadell ha reclamado este martes en un comunicado el nombramiento "inmediato" de un alcalde accidental en lugar de Bustos, porque son "unos hechos muy graves que justifican plenamente que los imputados sean separados temporalmente de sus cargos".

Por su parte, Bustos ha afirmado que está imputado por delitos contra la administración pública en el marco de una operación anticorrupción, que está bajo secreto de sumario, por la que se registran dependencias del Ayuntamiento, pero defiende su inocencia y señala que "una persona que es inocente" no debe dimitir. "Es una rumorología, pero parece ser que esto arranca hace unos años de un partido político que presenta una denuncia", ha dicho sin querer citar a la formación, y ha reiterado que ese es el rumor sobre el caso, que está llevando el juzgado 1 de Sabadell y sobre el que hay secreto de sumario.

Los grupos de ICV, EUiA y Entesa per Sabadell han pedido explicaciones al Gobierno municipal por la operación anticorrupción.

Los Mossos d'Esquadra han realizado registros desde primera hora de la mañana las dependencias del Ayuntamiento de Sabadell, en una operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas. En la operación, que ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell e impulsada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, participan agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que están registrando el edificio consistorial, la sede de la concejalía de Urbanismo y la de la compañía municipal de aguas Grupo CASSA.

El registro, que se produce tan sólo dos días después de las elecciones catalanas, ha sido ordenado por el juez de instrucción de Sabadell, que lleva más de dos años investigando varios procesos de recalificación urbanística llevados a cabo en Sabadell, según las mismas fuentes. En la operación se han detenido un total de 12 personas y otras 26 han sido imputadas (entre ellas, el alcalde de Sabadell).

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, se ha producido la entrada y registro del Ayuntamiento de Sabadell, 41 entradas y registros en empresas y sociedades, así como en 15 domicilios particulares. Las diligencias previas investigan una "trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento" en la que habrían intervenido, junto a diversos empresarios, miembros integrantes del PSC y uno perteneciente al PP --actualmente destituido de su partido-- del mismo ayuntamiento.

Paralelamente, los Mossos d'Esquadra también han irrumpido está mañana en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), localidad cercana a Sabadell, de donde se han llevado un expediente administrativo no relacionado con temas urbanísticos. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que los agentes se han presentado esta mañana ante la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, a quien han reclamado un expediente administrativo.

Una vez se les ha entregado este documento, que no estaría relacionado con temas urbanísticos, los mossos han abandonado el consistorio, han precisado las mismas fuentes.


* Público - Agencias - 27.11.12
Foto: Sabadell, ayuntamiento - google

* Rectificada la cantidad del titular de la noticia

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Sabadell.- Dos alcaldes, tres ediles y un constructor imputados

ELPAÍS/Barcelona* : A las 8.40 de ayer llegaba el alcalde de Sabadell, Manel Bustos (PSC), a la sede consistorial. Iba a pie, desde su casa, a escasos metros del edificio. Una hora y media después, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, el comisario jefe de investigación, José Luis Trapero, y el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Jordi Bascompte, entraban caminando también al Ayuntamiento.
Sin grandes algaradas, los investigadores dieron el pistoletazo de salida a un operativo para desarticular una presunta trama corrupta que tiene su epicentro en el Ayuntamiento del Vallès Occidental, con más de 40 registros y unos 300 agentes desplegados. Los mossos inspeccionaron el despacho de Bustos, la sede de Urbanismo del Consistorio, que está en un edificio aledaño, la empresa municipal de vivienda (Vimusa), el Área de Promoción Económica, y se llevaron diversas cajas con documentos durante el día de ayer.

Imputaron al alcalde de la ciudad. Y también a su hermano, Francisco Bustos, concejal de Espacio Público, que cruzaba la plaza consistorial sobre las 10.30. “A mí solo me han llamado para una cita urgente”, respondió a los periodistas que aguardaban en la puerta del Ayuntamiento y le preguntaban ya por su imputación.

La investigación apunta a un entramado delictivo que se dedicaba a percibir pagos a cambio de licencias de obras y de locales. Algunos expedientes urbanísticos fueron manipulados para lograrlo, según fuentes del caso. La Fiscalía Anticorrupción, a través de un comunicado, aseguró que los 26 imputados y 12 detenidos exigían 120.000 euros a fondo perdido para cualquier adjudicación que luego se repartían. Además, exigían el 3% en negro del presupuesto total de la obra en cuestión, que gestionaba un despacho de abogados, del cual no han dado detalles. Sus supuestas actividades delictivas pueden suponer delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que ha trabajado en el caso durante los dos últimos años, tiene en el punto de mira diversas operaciones urbanísticas en las que, presuntamente, se pagaron comisiones. Una de ellas es la urbanización del polígono Sant Pau de Riu Sec, donde se encuentra la nueva tienda de Ikea, la más grande de España, que está previsto que se inaugure el 4 de diciembre. Las obras de ese proyecto están valoradas en unos 60 millones.

La Fiscalía Anticorrupción tiene constancia también de diversos intermediarios que, presuntamente, se dedicarían también a mover el dinero entre los diferentes implicados.

Entre los imputados se encuentran también la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista Maria Elena Pérez. La edil fue aupada en su puesto por los hermanos Bustos hace dos años, después de que el anterior alcalde, César Arrizabalaga, dimitiese debido a que su nombre salió en las escuchas del sumario del caso Pretoria, también sobre corrupción urbanística.

En la operación actual, bautizada como Mercurio y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, la policía ha imputado también al concejal de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas, Ricard Estrada; al concejal de Urbanismo y Espació Público, Joan Manau, y a otro alto cargo de Urbanismo, todos del Ayuntamiento de Sabadell. Asimismo, está imputada Montse Costa, coordinadora del Área de Presidencia y pareja del alcalde Bustos, y el jefe de la Policía Local de la ciudad.

Fuera de los cargos vinculados al PSC, los mossos han detenido también a Jordi Soriano. Se trata de un exconcejal del Partido Popular que desempeñó un papel clave en el tiempo que formó parte del Consistorio. El PP, sin embargo, le apartó del partido y ya no le permitió presentarse en su lista en las elecciones municipales de 2011. La líder popular, Alicia Sánchez Camacho, se refirió ayer a una “una gestión pésima” del edil, que según fuentes del partido no ejercía la oposición que se esperaba de él. Soriano jugó un papel clave en diversas ocasiones delicadas en la gestión de Bustos frente al Consistorio vallesano.

Pero el entramado que salpica de lleno a los Bustos no se queda aquí. Los mossos imputaron ayer también a Melquíades Garrido. El hombre es el actual presidente del Gremio de Constructores de Sabadell, y es el tío de Manuel y Francisco Bustos. La policía le acusa también de formar parte de la trama corrupta, aunque él, igual que su sobrino, corrió a defender su gestión, y negó que jamás haya hecho ninguna obra pública en Sabadell o en Cataluña, según dijo a Ràdio Sabadell.

El dispositivo no se limitó a los Ayuntamientos de Sabadell y Montcada i Reixac. Los mossos entraron en el Consejo Comarcal del Vallès Occidental, Aguas de Sabadell, en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), de donde Manuel Bustos es presidente y, según explicó él mismo, la policía catalana pidió también documentos de la Diputación de Barcelona. También acudieron a la sede del PSC para comunicar a Daniel Fernández que el juez le investiga.

Mientras los mossos continuaban registrando y pidiendo documentos en diversas sedes del Ayuntamiento, su alcalde celebraba una rueda de prensa atestada de periodistas. El edil negó tajantemente las acusaciones y defendió que en todo momento ha mantenido una gestión transparente al frente del Ayuntamiento.

En la puerta, y a pesar de la lluvia fina que caía incesantemente, diversos vecinos de la ciudad se reunieron para celebrar y brindar por la actuación policial. Una imagen que recordó a la que en 2009 se vivió en las puertas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, cuando detuvieron al socialista Bartomeu Muñoz por el caso Pretoria. Por la tarde, un centenar de vecinos se reunieron a las puertas del Consistorio para pedir la dimisión de su alcalde. Algo que él ya avanzó que no hará bajo la afirmación de: “Soy inocente”.

A 120.000 euros la adjudicación

La presunta trama corrupta de Sabadell exigía como “condición sine qua non” un pago de 120.000 euros a quienes quisiesen acceder a adjudicaciones, según la fiscalía.
Ese dinero iba a un fondo perdido que presuntamente se repartían entre políticos y funcionarios involucrados.
Los investigados apalabraban también, supuestamente, el pago del 3% en dinero negro del total del presupuesto.
Los Mossos han detenido a 12 personas y han imputado a otras 26, entre ellas el alcalde de Sabadell, Manel Bustos; la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández.
Los implicados están acusados de los delitos de tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos.


* El País - REBECA CARRANCO / JESÚS GARCÍA Barcelona 28 NOV 2012
Foto: Agentes de los Mossos sacan cajas de información de las dependencias municipales de Sabadell. / GIANLUCA BATTISTA

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