Madrid.- El nuevo poblado de la región

ELPAÍS* : Uno de los márgenes de la carretera comarcal M-203, que une Torrejón de Ardoz y Mejorada del Campo, luce desde hace unas semanas unos inesperados vecinos. Decenas de chabolas e infraviviendas se levantan en un lateral de esta vía, sin contar con los correspondientes permisos oficiales para el asentamiento, según confirmó un portavoz del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
El asentamiento se encuentra en plena construcción justo delante de una enorme chatarrería, en el kilómetro 3 de la M-203. Los nuevos pobladores han dejado un pequeño camino por el que solo cabe un vehículo para comunicarse. Una pequeña vaguada, utilizada para evacuar las aguas de correntía, es lo único que los separa de la calzada.

Muchos de los nuevos pobladores son gitanos españoles que residen en localidades de la zona, como Alcalá de Henares. Reconocen que las han adquirido en pequeñas proporciones para tenerlas como segundas viviendas, en especial para los fines de semana. Otros, por el contrario, aseguran que, como les han echado de sus lugares habituales de residencia, las utilizarán de domicilio principal.

La actividad en los últimos días ha sido frenética y era frecuente ver a los nuevos moradores con furgonetas cargadas de tablones, partes de anuncios y trozos de uralita con los que montar las nuevas infraviviendas. En ese trabajo ayudaban todos. Desde los más pequeños a los adultos. Mientras unos se suben a las escaleras y clavan los tablones, otros se dedican a barrer la poca suciedad hay en la zona.

Otros han sido mucho más prácticos y han decidido instalar en esa zona sus caravanas, en las que viven, sin necesidad de levantar viviendas con tablones. La cantidad definitiva de asentados todavía no se conoce, puesto que ahora mismo continúan en plena fase de instalación. Fuentes policiales no descartan que el número pueda superar la treintena en las próximas semanas.

“Queremos quedarnos aquí de una vez y que no nos echen. Es una zona que hemos comprado y en la que pretendemos vivir tranquilos”, explica uno de los moradores. La zona carece de los mínimos servicios para convertirse en vivienda. No hay electricidad ni alcantarillado ni agua corriente, por lo que todo apunta a que quienes se instalen en esas infraviviendas tendrán que utilizar generadores o acumuladores eléctricos y de agua para estar surtidos.

La solución no parece fácil para el asentamiento, y mucho menos a corto o medio plazo. La Concejalía de Urbanismo de San Fernando de Henares ya ha abierto un expediente informativo sobre el caso, dado que se trata de un terreno rústico en el que no se puede levantar ningún tipo de construcción.

El terreno pertenece a una sola empresa, que carece del permiso necesario para hacer la reparcelación y la venta por unidades menores que ha efectuado, según fuentes municipales de San Fernando de Henares. De hecho, los dueños solicitaron un permiso de vallado de todo el área, pero la junta local de gobierno la denegó en su reunión del pasado 13 de septiembre de 2012. “La policía y la Comunidad de Madrid ya están informados porque todo apunta a que se trata de una venta ilegal que incumple todas las normas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana”, explican fuentes municipales.

El principal problema es que no existe una distancia mínima con la carretera M-203, por lo que no se respeta su zona de afectación. Es decir, que si en un futuro el Gobierno regional decidiera ampliar la vía o realizar algunas mejoras, por ejemplo ensanchando el arcén, se vería con el problema de tener a escasos 10 metros las infraviviendas. Estas se prolongan en un terreno lineal de 500 o 600 metros, por lo que su traslado o demolición sería bastante dificultoso y costoso.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando ya se ha avisado a los notarios de la zona de que no deben registrar ninguna escritura de esta zona porque supondría vulnerar las leyes urbanísticas. La Policía Local de San Fernando ya ha emitido diversos informes en los que alertan de los problemas que pueden comenzar a surgir en breve.

Mientras, el número de infraviviendas aumenta indiferentes a los miles y miles de coches que pasan junto a ellas.


* El País - F. JAVIER BARROSO Madrid 26 NOV 2012
Foto: Vista aérea del nuevo poblado en la carretera M-203. / ULY MARTÍN

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Citan a declarar al exconcejal de Urbanismo y a un arquitecto municipal de Valladolid por el PGOU de 2003

LAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Valladolid, encargado de investigar las presuntas irregularidades cometidas durante 2003 en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, tomará nuevamente declaración los días 9 y 10 de enero, respectivamente, a los imputados Luis Álvarez Aller y José Antonio García de Coca, el primero arquitecto municipal y el segundo exconcejal de Urbanismo.
El interrogatorio de ambos se produce como consecuencia de su fallida toma declaración ocurrida los pasados días 4 de septiembre y 13 de octubre, ya que en la primera de las dos citas sus letrados alegaron ante el juez José María Crespo la imposibilidad de realizar una defensa con garantías al no habérseles facilitado copia de todo lo actuado hasta ese momento y en la segunda, en cambio, la suspensión estuvo motivada por problemas técnicos en el sistema de grabación.

Con carácter previo a su interrogatorio, el juez instructor tiene previsto tomar declaración, el próximo día 20 de diciembre, a varios técnicos de la Consejería de Fomento.

Hasta la fecha, por dependencias judiciales ha 'desfilado' una veintena de imputados, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.


* La Información - EP - 23.11.12
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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