El campo no será un parque temático

DIAGONAL* : Catorce pueblos okupados y colectividades se reunieron entre el 6 y el 9 de agosto en la Puebla de la Sierra (Madrid) para avanzar en la construcción de una red estatal de colectivos de okupación y agitación rural.
El centro de educación ambiental de la Puebla de la Sierra se convirtió durante cuatro días en un espacio para el intercambio de experiencias, y para la reflexión sobre las motivaciones, limitaciones y objetivos comunes de pueblos okupados y colectividades rurales que funcionan bajo las premisas del asamblearismo, la autonomía, y la autogestión ligadas a la vida en naturaleza y al aprovechamiento local de los recursos naturales.

La cooperativa Los Apisquillos de la Puebla (Madrid) fue el colectivo anfitrión de este cuarto encuentro de grupos rurales que están trabajando desde hace dos años en la creación de una red estatal que sirva para fomentar el apoyo mutuo, intercambiar recursos y divulgar experiencias rurales que ponen en un brete los modelos de vida capitalistas urbanos, donde prima el consumismo e individualismo.

Desde prácticas y orígenes diferentes, los 14 colectivos que participaron en el encuentro comparten presupuestos políticos (ruralidad, anticapitalismo, antipatriarcado), formas de funcionamiento (horizontales, asamblearias, autogestionadas, economías compartidas y vinculadas a la tierra y a los recursos locales), y proyectos (actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, labores de aprovechamiento forestal e hídrico, autonomía energética, formas no autoritarias de crianza, autonomía energética...).

Esta vez en la sierra norte de Madrid se dieron cita pueblos okupados como Sieso de Jaca (Huesca), Arizkuren (Navarra), Rala (Navarra), Aineto (Huesca), Lakabe (Navarra), Hontanillas (Guadalajara), colectividades rurales como Los Apisquillos de la Puebla (Madrid), Manzanares (Soria), La Artesa de Villasur (Burgos), Alendar (Cantabria), el BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta) de Valladolid, y espacios okupados como la Casa Calabaza (en las Alpujarras de Granada) o los barceloneses Can Masdeu, Can Pascual, Kan Mussol y Can Piella, que prefieren estar cerca de la metrópoli para intervenir en ella.

Los colectivos presentes defendieron la reapropiación de tierras y la legitimidad de la okupación frente a la especulación urbanística y turística, así como la implicación en luchas sociales desde los pueblos. En el Estado español se contabilizan a fecha de 2011 más de 9.000 pueblos deshabitados (sin contar caseríos). Es complicado censarlos todos, pues habría que diferenciar entre “deshabitados” y “abandonados”, pero se puede hacer una búsqueda orientativa en el INE (núcleos poblacionales con cero habitantes). Huesca es la provincia con más pueblos deshabitados.

Los pueblos okupados y las colectividades rurales que vuelven a cultivar la tierra y a tener ganado entran en conflicto con el modelo actual de socialización en los pueblos (servir de ocio para la gente de la ciudad), la Política Agraria Común (PAC) de la UE, el desmontaje y sedentarización del sector primario vinculado a la agricultura y la ganadería. Por eso resulta tan importante “estudiar, comprender e incidir en el medio rural”. Acción local frente a amenazas globales

A finales de los años ’70 y sobre todo durante los ’80, se consolida el movimiento neorural con la coordinadora MAR (Movimiento Alternativo Rural). El movimiento antinuclear participa en las okupaciones y mantiene un vínculo con las experiencias de años anteriores (‘la primera oleada’). De esta época son los pueblos okupados de Matallana (Guadalajara), Bergua (Huesca), Lakabe (Navarra) o Matavenero (León).

En la actualidad no existe una coordinadora estatal de pueblos como pudo ser el MAR. De ahí la importancia de esta nueva red, que comenzó a cobrar forma en el verano de 2010, cuando una serie de colectivos rurales deciden reunirse en enero de 2011, en el cortijo El Manzano (Granada), para hacer el I Encuentro de colectivos y jornadas de pre-okupación y agitación rural. El segundo encuentro se haría en junio de ese año en Lakabe (Navarra) y el tercero, seis meses después en Sieso de Jaca (Huesca).

Como herramienta de coordinación de proyectos de okupación rural funciona desde el año 2000 el veterano fanzine La Llamada del Cuerno, cuya próxima edición está en manos de “los cans” barceloneses (Can Masdeu, Can Pascual, Can Piella y Kan Mussol).

La vida en el centro

Ligada implícitamente a la idea de una economía social y alternativa desde los pueblos, las relaciones sociales y económicas que se crean desde estas colectividades rompen con los intermediarios económicos y también con los agentes clásicos de la política (gobierno, partidos, sindicatos).

Aunque la red, que está en proceso de construcción, no estuvo presente en nuevos espacios que se han abierto con el 15M, los colectivos que la forman tienen un vínculo con las asambleas de los pueblos, y acudieron al I Encuentro Rural 15M Rurales Enredadxs (diciembre de 2011, Piedralaves, Ávila).

Las experiencias de estas colectividades muestran nuevas y viejas formas de vida en el medio rural que hoy alimentan un repertorio nuevo de luchas sociales y movimientos de protesta. Cooperativas y colectivos cuyas necesidades se cubren a través de iniciativas de producción a pequeña escala, que recuperan los trabajos comunales (llamados ’agabias’ en Aragón, ’auzolan’ en Euskadi, ’averedas’ en Cantabria, ’endechas’ en Aturias) y cuya forma de existencia vuelve a poner la vida en el centro.

El próximo encuentro de la red se hará este invierno, en la finca okupada Somonte, en Palma del Río (Córdoba). Será una reunión más interna. El objetivo, seguir creando espacios de confianza dentro del colectivismo rural y tejer nuevas alianzas con el sur.

Antes de esta cita, la red internacional Reclaim the Fields (RTF) organizará en Francia a finales de agosto su próximo encuentro. Formada por personas y colectivos rurales europeos que trabajan por la reapropiación de la tierra, la soberanía alimentaria y la construcción de alternativas a la producción industrial de alimentos, esta red organiza encuentros periódicos y campos de trabajo en diferentes lugares de Europa y también participa en las movilizaciones de protesta junto a Vía Campesina.


* Diagonal - LAURA CORCUERA (REDACCIÓN WEB) - 11.8.12
Foto: Belchite (Zaragoza), ejemplo de pueblo abandonado - google

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Andalucía.- La amenaza de la demolición judicial pende sobre 700 viviendas ilegales

ELPAÍS* : La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente —que desde las pasadas elecciones tiene entre sus competencias la ordenación del territorio— tiene contabilizados unos 700 expedientes contra viviendas ilegales que en este momento se están tramitando en los tribunales. "Buena parte pueden ser causa de demolición", señala el departamento que dirige Luis Planas. "Desde que se interpone la denuncia hasta que existe sentencia firme de demolición pueden transcurrir una media de ocho o diez años", advierte esta consejería.

La Junta de Andalucía tiene registrados 43 casos de casas ilegales demolidas entre mediados de 2005 y mediados de 2012, que llegaron a los tribunales tras "la actividad inspectora" de los servicios autonómicos.

Estos 43 derribos son un pobre balance, sobre todo, si se compara con las 80.422 viviendas edificadas en suelo no urbanizable que la Junta dice haber identificado en los últimos cuatro años, 22.196 de ellas en zonas de especial protección. Uno de los motivos es la lentitud de los procesos y las reticencias de muchos órganos judiciales a la hora de ordenar las demoliciones. Sin embargo, la fiscalía también apunta a la falta de colaboración de las Administraciones a la hora de ejecutar las sentencias.

Patricia Navarro, fiscal especializada en Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, sostiene que en muchos de los casos en los que los jueces aprecian delito, al estar la vivienda en una zona no urbanizable, y dictaminan que las excavadoras deben actuar, los propietarios se declaran insolventes para hacer frente a la demolición. En ese momento, "la Junta y los Ayuntamientos deben actuar subsidiariamente", afirma Navarro. Y vuelve a generarse otro tapón en el proceso. "Hay sentencias de demolición paralizadas desde 2007", indica. "Muchos Ayuntamientos alegan insuficiencia presupuestaria", añade la fiscal.

Pero, según Navarro, en algunos casos hay otras razones que llevan a los Consistorios a "no querer mojarse". El fenómeno de las casas ilegales está muy arraigado en muchos municipios. Un ejemplo clarísimo es el de Chiclana (Cádiz), donde el PP gobierna en coalición con el denominado Partido Vecinal Regionalista, que prometió durante la campaña de las últimas municipales que regularizaría la situación de unas 15.000 viviendas ilegales de la localidad.

"Los Ayuntamientos no quieren ser los malos y tirar las casas", explica Navarro, quien, como su antecesor en la fiscalía gaditana especializada en urbanismo, Ángel Núñez, mantiene una batalla legal en la defensa del ordenamiento urbano.

La participación de la fiscalía en los procesos que abordan este tipo de conductas solo se da cuando van por la vía penal. Es decir, cuando la construcción de la casa se considera un delito, normalmente por levantarse en zona de suelo no urbanizable, protegido o no.

Navarro afirma que últimamente está notando más implicación de los jueces y magistrados. "Se nota un fuerte impulso", añade esta representante del Ministerio Público. Uno de los motivos, en opinión de esta fiscal especializa, es el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un derribo en El Puerto de Santa María (Cádiz). El propietario había sido condenado, entre otros asuntos, por un delito contra la ordenación del territorio, pero, como ocurre en muchos casos, la demolición no se había ejecutado. La Audiencia Provincial se opuso por considerarla "desproporcionada" ya que la casa estaba rodeada por otras similares. La fiscalía decidió recurrir y el Supremo le dio la razón y respalda el derribo como única forma de que no se consolide la ilegalidad cometida.

Navarro sostiene que es la primera vez que la sala de lo penal del Supremo se pronuncia sobre los derribos de casas ilegales. En su opinión, supone un respaldo a las tesis que ha venido defendiendo la fiscalía especializada en temas urbanísticos. Además, Navarro recuerda que el Ministerio de Justicia no ha admitido hasta ahora los indultos de viviendas edificadas en suelos no urbanizables.


* El País - MANUEL PLANELLES Sevilla 15 AGO 2012
Foto: Vivienda ilegal derribada en la sierra de Córdoba en abril de 2008.- elpais

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