La fiscalía reclama un organismo para prevenir la corrupción

ELPAÍS/A Coruña* : Frente a la corrupción o tráfico de influencias en las Administraciones públicas, la Fiscalía Superior de Galicia aboga por crear un nuevo organismo de fiscalización externa “y prevención de los riesgos de gestión”, a semejanza del que existe en otros países como el vecino Portugal. Es necesario, aseguró ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, “un mayor control para evitar que sean desviados o mal utilizados los fondos públicos”. Varela puso como ejemplo el Tribunal de Cuentas luso, que cuenta con un consejo de prevención encargado de determinar los riesgos de los departamentos de cada Administración pública a la hora de gestionar los presupuestos.

Esta propuesta está incluida en la memoria anual de la Fiscalía de Galicia, presentada ayer en A Coruña. Otra de sus apuestas es el proyecto denominado Iglesia Segura para reforzar la protección de los bienes culturales eclesiásticos. Una iniciativa que podrían adoptar todos aquellos a quienes les “parezca interesante”, precisó Varela al restar importancia a la falta de respuesta que ha recibido su propuesta por parte de las diócesis gallegas.

Los delitos contra la seguridad viaria volvieron el año pasado a ser los más numerosos e incluso se incrementaron: representan el 45% de los 310.011 escritos de acusación o calificación presentados por el ministerio público en la comunidad gallega a lo largo de 2011. De esa cifra, casi dos de cada tres son contra personas que conducían bajo los efectos del alcohol. En segundo y tercer lugar aparecen los delitos de lesiones (16%) o los patrimoniales y socioeconómicos (otro tanto).

El pasado año, no obstante, se estabilizó el número total de procedimientos penales por delitos en el conjunto de la comunidad autónoma. Solo aumentaron un 0,89% en comparación con 2010. Pero de nuevo el fiscal jefe remarcó que solo el 4,86% de los procesos tramitados acabaron con una sentencia judicial. Quedaron pendientes al finalizar 2011 casi el 19% de los procedimientos, mientras que la inmensa mayoría de los demás casos, sobre todo los delitos contra el patrimonio o en el ámbito socioeconómico, “no pasan el filtro de la fase inicial”. Dos de cada tres procedimientos acaban en sobreseimiento o archivados, o finalizan de forma anticipada, antes de llegar a una sentencia, al acumularse con otros o por inhibición.

La Fiscalía Superior de Galicia volvió ayer a achacar este pobre resultado al “deficiente sistema organizativo”, provocado, asegura el ministerio público, por “el gran desajuste” entre los juzgados y el volumen de asuntos tramitados.


* El País - PAOLA OBELLEIRO A Coruña 31 JUL 2012
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es

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