Alicante.- Así conseguía Ortiz suelo urbanizable

ELPAÍS* : Decenas de conversaciones telefónicas, múltiples reuniones y varios planos demostrarían la supuesta connivencia del constructor Enrique Ortiz y los alcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi para diseñar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que saciara los intereses del promotor.
El juez instructor de la pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, en el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en el que pide la imputación de Castedo y Alperi a los que atribuye tres delitos (cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información), dedica casi la mitad de las 100 páginas del informe a esos supuestos pelotazos. El objetivo de Ortiz sería acaparar el mayor volumen de metros de suelo posible no urbanizable para poder reclasificarlo, y construir, o bien tener terrenos en parques para negociar, y adscribirlos a zonas urbanizables.

El juez incide que el suelo donde Ortiz logró compensaciones por tener terreno en parques naturales, como en las Torres de la Huerta, era suelo urbanizable que está junto a urbano cercano a la línea de costa, y con un potencial valor inmobiliario.

En una de las conversaciones grabadas por la policía Ortiz habla con uno de sus colaboradores al que le informa de su capacidad de decisión a la hora de alterar los proyectos:

Ortiz: Si te pregunta alguien su tienes el plano, dices que no.

Llorens: Ya lo sé.

Ortiz: Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul..., de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado.

El juez destaca el contenido de esta conversación porque manifiesta que Enrique Ortiz “está en disposición de influir para determinar la clasificación de un suelo de manera que pueda beneficiarle”. Otro episodio en el que se detiene el magistrado en su informe son las múltiples gestiones realizadas en el proyecto de remodelación o rehabilitación del Estadio Rico Pérez. Unas negociaciones que arrancaron en mayo de 2008 y concluyeron en noviembre de 2011 con el supuesto beneficio para el promotor de la obtención de suelo urbanizable junto al campo de fútbol.

El juez recuerda la adjudicación del 16 de abril de 2007 del estadio de fútbol a la mercantil Aligestión, SL, participada por Enrique Ortiz, por 7,8 millones de euros con la obligación de invertir en reparación y acondicionamiento 4.275.000 euros. Además, el informe del magistrado destaca una reunión en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento entre Ortiz, Castedo y Jesús Quesada, redactor del PGOU, que también está imputado. En esta cita, según el informe, la alcaldesa “comunica a Ortiz que se han atendido a sus pretensiones” sobre el estadio.

En la documentación que se remite al TSJ se incorporan sendos planos. En uno de ellos la clasificación del suelo donde se ubica el estadio, en el documento del concierto previo, es protegido, y el suelo de la calle de Ceres, ubicada al noroeste del estadio, era urbanizable. Y un segundo plano, que presentó el anterior equipo redactor del PGOU en diciembre de 2004, el suelo del estadio de fútbol tiene la clasificación de red primaria para equipamiento deportivo, y la calle de Ceres para equipamiento de servicio urbano.

Sin embargo, el 1 de julio de 2008 el redactor del plan, Jesús Quesada, entrega para su exposición pública la revisión del PGOU, en la que la parcela del Rico Pérez figura como suelo urbano con una calificación de terciario-industrial, cuyo objetivo es crear un área comercial, de 45.000 metros, y mejorar el campo de fútbol.

El juez en su escrito considera que la “actuación del imputado (Ortiz) pretende obtener aprovechamiento urbanístico en zonas susceptibles de ser clasificadas como Parques Naturales, concretamente en Fontcalent, donde las sociedades mercantiles en las que participa tienen suelo en propiedad y gestionan adquirir más”. En la revisión del PGOU aprobada la calle de Ceres figura como “suelo residencial, y excluyendo el estadio, como zona destinada a edificaciones en manzana cerrada”.

Por todo ello, el magistrado concluye que “existen indicios derivados del contenido de las conversaciones y documentación” de que en el 2004 el anterior equipo catalogó esa parcela dentro de la red primaria de equipamientos y “tras las reuniones y conversaciones” se pasó a tener la clasificación de suelo terciario-dotacional, y la calle de Ceres pasó a residencial.

El juez sospecha que Enrique Ortiz pretendía “obtener el mayor número de metros posibles en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible, y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a los intereses del imputado para obtener beneficio, así como a la clasificación del suelo de su propiedad como urbanizable”.

Las gestiones del promotor para conseguir el mayor rédito posible a sus inversiones fueron múltiples, y el juez destaca como Ortiz al redactor del PGOU, Jesús Quesada, le advirtió de “ser amigo” de Castedo y Alperi.

No obstante, el magistrado en sus conclusiones finales admite que el posible delito de aprovechamiento de información privilegiada del Enrique Ortiz con obtención de beneficios “sólo podrá consumarse una vez se ejecute el planeamiento del desarrollo a resultas de la revisión del PGOU aprobado definitivamente en el sector concreto que ha sido objeto de la investigación”. Un plan que, por ahora, está paralizado.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 6 JUL 2012
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais

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Tres Cantos quiere reclasificar un terreno para ahorrar 60 millones de sanción

ELPAÍS/Madrid* : El equipo de Gobierno de Tres Cantos está estudiando dar el permiso para que se construya en la finca de El Tagarral, un terreno que en estos momentos es suelo no urbanizable (una parte de protección agrícola de regadío y el resto de protección ecológica), según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta decisión, según su alcalde, Jesús Moreno, se adoptaría con la intención de evitar que los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo, así como la Comunidad de Madrid, tuvieran que abonar 60 millones de euros a las empresas propietarias de las fincas: Martinsa, Nozar y Masaveu, tal y como determinó una sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que ya es firme.
Este fallo judicial fijaba inicialmente el perjuicio que habían sufrido los empresarios al no recalificarse sus terrenos en 24 millones de euros, pero conforme han pasado los años sin que se ejecutara la sentencia el montante ha venido aumentando. Llegando a los 60 millones, a razón de 200.000 euros más cada mes.

El problema tiene su origen en los años ochenta, cuando Tres Cantos todavía pertenecía al Ayuntamiento de Colmenar Viejo. El Ayuntamiento aprobó en 1987 el plan general dejando fuera la finca del Tagarral, cuyo plan parcial había sido aprobado en 1967, pero que no se había construido. Por eso los propietarios recurrieron la decisión del Consistorio, dándole los tribunales siempre la razón. La última vez fue el TSJM en 2003, que fijó una indemnización que ahora mismo supera los 60 millones de euros. En 2007 la sentencia se convirtió en firme, por lo que el dinero debe ser pagado de forma solidaria por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Castos y el Consistorio de Colmenar Viejo.

Hasta hace unos meses todos los grupos políticos se oponían a la reclasificación de unas fincas, que los ecologistas consideran una joya natural, y que goza de protección agrícola y ecológica, según el plan general que aprobó en 1987 el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. De hecho, en 2005 la mayor parte de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Tres Cantos confirmaron en una moción su decisión de que no se especulara con los terrenos de El Tagarral.

En los últimos meses el Consistorio, gobernado por el PP, ha cambiado de estrategia y ha anunciado su intención de estudiar la posibilidad de reclasificar los mencionados terrenos, o al menos una parte, para evitar el pago de los 60 millones. “La moción de 2005 pedía que no se especulara con el terreno. Y esto lo cumplimos plenamente, fue una moción que suscribimos, y con esta decisión ni se quiere especular, porque solo se reclasificarán los terrenos si estos no reúnen las condiciones medioambientales”.

El anterior alcalde, José Folgado (PP), envió una carta urgente a todos los vecinos en los que abordaba el problema del terreno de El Tagarral. Las tres posibles soluciones, según el primer edil, eran: o bien pagar, esperar el embargo o reclasificar la finca.

Para el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, la mejor solución es recalificar los terrenos. “Nosotros estamos trabajando en la línea de llegar una solución para no pagar una indemnización”, explica en este sentido el regidor tricantino, que prosigue: “Seguiremos con lo que dicta el plan general, que dice que los suelos no están protegidos, están en suspenso, por lo que no habría que pagar nada. Tenía una protección agropecuaria para que hubiera animales, pero el mismo PGOU decía que Medio Ambiente estudiará qué terrenos son urbanizables y qué terrenos son agrícolas”.

Por ese motivo, Medio Ambiente está haciendo un estudio que decidirá si deben protegerse o ser urbanizables. Lo mejor es llegar a un acuerdo, ver qué características tiene el suelo las tres Administraciones con los propietarios y si reúne las condiciones del 87. Pero el Consistorio parece haber optado por la tercera, al encargar un estudio para constatar la viabilidad ambiental de la zona, y ver cómo se puede hacer el cambio de calificación de El Tagarral: “Y ese tiempo nos costará, solo en intereses de demora, otros 4,5 millones de euros”, aseguró el diputado socialista Miguel Aguado Arnáez, en una intervención en la Asamblea que versaba como punto único la situación de la finca de El Tagarral. “Hay una responsabilidad política, porque Tres Cantos pasará de los 42.000 habitantes actuales a alrededor de 100.000 habitantes. Creemos que destroza un área, destroza una ciudad, y complica las comunicaciones con Colmenar Viejo y otros municipios. La solución del PSM sería una permuta con los terrenos de igual valor. Ya clasificados y urbanizables”.

Los socialistas no son los únicos que critican la decisión del PP. Para el diputado regional de UPyD Gabriel López el plazo transcurrido desde que el Supremo dictaminó la firmeza de la sentencia en 2007, es, a todas luces, “injustificable”. “Hace pensar en un obstruccionismo impropio de instituciones públicas respetuosas con el ordenamiento jurídico”. Este diputado destacó, como una prueba más de la decisión del Ayuntamiento de rectificar los terrenos, la existencia de un acuerdo con los demandantes, en virtud del cual los empresarios se comprometían a no ejecutar la sentencia si los terrenos se reclasificaran. “El urbanismo no debe ser un mero instrumento para hacer caja ni para pagar deudas, como es el caso”, se lamentó este parlamentario de esta formación.

La diputada de IU-Los Verdes, Carmen Villares, destacó el hecho de que las constructoras Martinsa y Nozar compraron su parte después de la sentencia, abonando 180 millones de euros: “Resulta curioso que paguen tan alto precio sin garantía legal de poder edificar. Hasta el nuevo alcalde del PP se mostraba contrario a la reclasificación urbana antes de ser alcalde. Por eso desde IU queremos que se respete la moción presentada en 2006 y que en ningún caso se recalifiquen los terrenos, por las nefastas consecuencias económicas, sociales, y medioambientales que entrañaría para el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de Tres Cantos”.

Por su parte, el director general de Urbanismo y Estrategia Territorial, José Trigueros Rodrigo, señala que el hecho de que un suelo sea o no protegido “no es aleatorio”. Por eso, en un futuro, esos suelos, si no tienen valores para ser protegidos, podrían ser urbanizados. “Si El Tagarral no tiene que ser protegido, hagámoslo urbanizable, como se preveía en los años sesenta y setenta. Lo único que tengo que decirles es que estamos intentando acortar los plazos, porque somos conscientes también de que cada día que pasa, si no se llega a una solución urbanística nos cuesta unos cuantos euros más”.


* El País - TONO CALLEJA Madrid 9 JUL 2012
Foto: Imagen de los terrenos de Tres Cantos en los que se ampliaría el Soto de Viñuelas. / ULY MARTÍN

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