El juez pide imputar a Castedo y Alperi por amañar el PGOU de Alicante a favor de Ortiz

INFORMACIÓN* : El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en Castedo y Alperi, aforados en su condición de parlamentarios autonómicos (PP), indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.

La exposición razonada del juez especifica que "teniendo en cuenta la jurisprudencia y legislación vigente citada, a la vista de que concurren indicios de la posible comisión de hechos delictivos, y a los efectos de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pueda evaluar su competencia para conocer del procedimiento al concurrir, a juicio de este instructor, la necesidad de imputación formal de dos representantes legislativos de la Comunidad Valenciana, Dª. Sonia Castedo Ramos y D. Luis Bernardo Díaz Alperi, es por lo que se eleva la presente exposición razonada, estimando que este Juzgado no es legalmente competente para concluir la instrucción de la causa".

Este mismo texto es el que se remitirá a Valencia, a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia donde, de admitirse la causa, como todo apunta a que se hará, proseguirá la instrucción dirigida a partir de ese momento por uno de sus miembros: la componen la presidenta, Pilar de la Oliva, y cuatro magistrados más. De ahí habría que excluir a José Ceres, inmerso ahora en la instrucción de la presunta financiación ilegal del PP.

Lo que sí parece probable es que una de las primeras actuaciones que tendrá que realizar el instructor será la citación a declarar de Alperi y Castedo en calidad de imputados.

El fiscal Felipe Briones ha mantenido los mismos cargos tanto contra la regidora como contra Alperi que en su escrito inicial con el que se dio origen a este procedimiento. El acusador público considera que ambos representantes públicos son responsables de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho por facilitar datos secretos del planeamiento urbano de Alicante a empresario Enrique Ortiz a cambio de dádivas.

El juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.

Sobre este grupo de personas el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.

En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto".

En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.

De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.

La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.


* Información - M. GALLEGO / S. LLINARES / EFE - 5.7.12
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi (archivo) - adn

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La Audiencia avala la paralización de los derribos del Cabanyal

LEVANTE/Valencia* : La Audiencia Nacional ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que ordenó paralizar la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, que contemplaba el derribo de 1.600 viviendas para urbanizar de nuevo el barrio con una avenida al mar, y decretó la suspensión de los derribos en la zona afectada, según ha explicado la plataforma Salvem El Cabanyal.
La Audiencia desestima con esta decisión los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana contra la orden dictada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que fue avalada hace un año por el Tribunal Supremo.

El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico en 1993 y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto.

Consell, Ayuntamiento y Gobierno central se enfrascaron en una maraña de recursos en las diferentes instancias jurídicas y parlamentarias. El Consell aprobó el decreto ley 1/2010 que pretendía blindar el plan especial de reforma barrio y que fue recurrido por el Gobierno que lo consideró inconstitucional.

Además, la orden ministerial fue recurrida por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana que consideraban que era inconstitucional y atacaba el autogobierno de los valencianos. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que la orden ministerial es "correcta" y que el Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio, como así hizo, pues "queda claro" que el Estado central es constitucionalmente competente en materia de protección y conservación general del patrimonio histórico.

En la resolución conocida hoy, la Audiencia indica que el ministerio es "respetuoso" y "no invade en modo alguno la autonomía local", pues la orden no le dice al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, sino sólo que lo previsto en el PEPRI es "ilegal" por constituir expolio. La alternativa deberá proponerla de nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la protección del patrimonio, según ha indicado en un comunicado la plataforma Salvem El Cabanyal.

Descarta también la Audiencia que existiera indefensión por parte del Ayuntamiento en el procedimiento, pues se le dio trámite de audiencia e hizo llegar su informe favorable al PEPRI. El tribunal repasa los distintos informes emitidos por instituciones y organizaciones de defensa del patrimonio, para concluir que del conjunto de ellos se deduce que la declaración de expolio estaría bien argumentada.

Cuatro meses después de dictarse la orden, el ministerio de González-Sinde tuvo que recurrir a los tribunales para exigir que la orden ministerial se cumpliera.

Barberá exigió sin éxito tras ser reelegida alcaldesa en mayo de 2011 que el Gobierno, todavía socialista, retirara el pleito del Cabanyal después de ganar en votos en la zona afectada.


* Levante - EP - 5.7.12
Foto: Valencia, el Cabanyal aérea - público

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