Los restos del naufragio de la Comunidad Valenciana

ELPAÍS* : El aeropuerto de Castellón se ha ganado el apellido de “sin aviones” porque lleva más de un año inaugurado y a la espera de su apertura y de los permisos necesarios. “No vamos a abrirlo para que no haya aviones”, dijo en su día el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pero no es un caso único. En la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía con mayor deuda, 20.832 millones de euros hasta marzo, lo que representa el 20,2% de su PIB—se multiplican los casos de obras levantadas con dinero público y que, bien por la crisis, por una mala previsión o por disputas entre Administraciones, permanecen sin estrenar. Son el mejor ejemplo de lo que la canciller alemana, Angela Merkel, definió el jueves ante el Bundestag como “decisiones irresponsables”.

Un ejemplo es el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en Castellón. Se construyó durante el mandato del PP con una inversión de 26 millones de la Generalitat. El complejo, de 18.000 metros cuadrados y previsto para deportistas de élite, solo se abrió para su inauguración en junio de 2011. En el mismo municipio se inauguró la conocida como “biblioteca sin libros”. El Ayuntamiento ha costeado los cuatro millones de la obra, pero el centro no ha dado nunca servicio porque la Generalitat no ha pagado su parte, 2,3 millones.

El centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica de Penyeta Roja, en la ciudad de Castellón, es otro ejemplo. La Diputación —encabezada entonces por el popular Carlos Fabra— y la Generalitat invirtieron unos dos millones en unas obras que acabaron en 2009. No ha llegado a abrirse. “Se construyó para dar respuesta a una petición histórica de los padres”, explica el portavoz del PSPV en la Diputación, Francesc Colomer. Desde la consejería de Bienestar Social aseguran que no se ha abierto “porque no hay demanda para cubrir las plazas”.

En otro municipio de Castellón, Vall d’Alba, la Diputación busca qué salida dar a las viviendas tuteladas para personas mayores cuya construcción finalizó en 2006 gracias a una inversión de 400.000 euros de la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento. Las viviendas se inauguraron, pero nunca llegaron a abrirse. En 2010 el Ayuntamiento, del PP, aprobó crear allí un centro especializado de enfermos crónicos y las viviendas se volvieron a inaugurar en marzo de 2011, pero no hay dinero para llevar a cabo el centro.

Otras obras se proyectaron al calor del Plan E o del Plan C (Confianza) de la Generalitat. De este último, el PSPV estima que el Gobierno de Fabra aún debe a los Ayuntamientos 2.700 millones.

Los proyectos se realizaron, pero en algunos casos no había previsión para su puesta en marcha. El Ayuntamiento de Vinaròs, en Castellón, levantó un centro de día con 2,9 millones del Plan E bajo mandato socialista. El centro lleva un año cerrado. “Al proyecto le falta una residencia para 143 personas en la planta superior. Solo ha habido financiación para la primera parte”, explica el actual alcalde, Juan Bautista Juan (PP). Ahora se busca una empresa que ejecute la segunda parte.

En Valencia, los vecinos entregaron al Ayuntamiento que preside Rita Barberá un listado de las obras finalizadas y aún sin abrir, también financiadas con cargo al Plan E y al Plan C. Acabado desde hace más de un año está el Centro Social del barrio de Patraix, en el que se invirtieron 3,8 millones. En la misma situación están el Balneario de Natzaret (1,5 millones), una agencia de lectura (337.000 euros) y un polideportivo (9,5 millones). A ellos se suma el complejo Jubiocio, el mayor centro de jubilados de la ciudad, que costó 5,6 millones y que se está deteriorando por la falta de uso.

Fuera de la capital, en Sedaví (PP), hay un garaje de 2,4 millones que no se abre porque no hay dinero para su transformador. En Oliva, Ayuntamiento también gestionado por el PP, un centro polivalente, una biblioteca y una casa de fiesta llegaron a inaugurarse, pero están cerrados a pesar de que costaron cuatro millones.

En Alicante, el proyecto más destacado es el de la línea 2 del tranvía, que unirá el centro de la ciudad con la universidad. Las obras se terminaron hace más de un año, tras invertir la Generalitat más de 100 millones, pero sigue sin estar en funcionamiento. El Consell prepara un concurso que dejará la gestión en manos de una empresa mixta (público-privada).

El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, destinó a una piscina cubierta más de tres millones, pero está cerrada dos años después de ser construida.

En Elche, otras dos obras demandadas durante años, como un centro de día para enfermos de Alzheimer (dos millones) y un centro de día y residencia para enfermos mentales (2,7 millones) tampoco se han abierto. Ambos fueron financiados con el Plan C e impulsados en la etapa en la que el PSPV dirigía el consistorio. La consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat explica que no tienen fecha de apertura.

Cierra la lista Mutxamel. El Ayuntamiento de esta localidad invirtió 1,4 millones del Plan E en el centro de día Sant Pere para discapacitados, con 60 plazas. “Hace un año que está muriéndose”, dice el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio García.

Con información de Cristina Vázquez (Valencia) y Rosa Biot (Alicante).


* El País - LORENA ORTEGA - 17.6.12
Foto: El centro de tecnificación deportiva de Vila-real. / ÁNGEL SÁNCHEZ

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Puerto de Granadilla, un disparate urbanístico de 400 millones de euros

MªJOSÉ ESTESO POVES/Tenerife* : El puerto de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, ya se está construyendo. La obra va a suponer un desembolso de más de 400 millones de euros, aunque su financiación no está asegurada, afectará a 17 playas, sepultará cinco y dejará otras seis playas seriamente dañadas. Ese es el caso de las playas de El Médano, La Jaquita, Pelada y La Tejita. Además, tendrá un grave impacto ambiental sobre especies marinas únicas.
La resistencia contra la construcción del puerto de Granadilla es una de las más importantes de Canarias. Se remonta a diez años atrás, cuando movimientos vecinales, ecologistas y científicos se unieron para luchar contra un macroproyecto en esta zona protegida.

Las mentiras sobre el puerto

Cuando el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria (CC), anunció el 6 de mayo de 2002 la declaración de interés público del proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona, pretendía con esta clasificación impedir que los tribunales frenasen un proyecto urbanístico que atenta contra el medioambiente. Las razones del puerto según CC fueron, por una lado, la necesidad de dotar a la isla de otro puerto debido “al agotamiento de la capacidad de las instalaciones del puerto de Santa Cruz (quinto en capacidad del Estado español)”, por otro, que no existía “otra localización viable en toda la isla” para la construcción de otro puerto industrial.

Según el informe presentado hace diez años, el colapso del puerto marítimo de Santa Cruz de Tenerife se produciría en 2008. Pero eso no ha ocurrido. Sobre la ubicación, la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, integrada por movimientos sociales, ecologistas y diversos científicos y profesores de la Universidad de Canarias, explica en los informes técnicos que, debido a la situación, Granadilla estará cerrado al tráfico marítimo gran parte del tiempo debido a los vientos que azotan esta zona. Lo mismo ocurre con un puerto similar construido en Gran Canaria, el puerto de Arinaga, que está paralizado desde que se acabaron las obras.

Por otra parte, “la obstaculización de las corrientes marinas y eólicas que produciría el dique exterior del puerto interrumpirá la dinámica normal del litoral, cambiará las corrientes marinas y el aporte de arena a las playas y dunas de la zona”, entre otros impactos, explica Javier Jiménez, de la asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción. Asimismo, el puerto afectará a dos formaciones, como la Montaña Pelada y Montaña Roja, en perfecto estado de conservación, y a especies catalogadas en peligro de extinción como la piña de mar y la tortuga boba, que van a desaparecer con las obras. También se extinguirá el sebadal, una pradera marina necesaria para mantener la biodiversidad y que hasta hace dos años se encontraba protegida, en peligro en las islas.

La desprotección de especies

Fue el sebadal, las sucesivas denuncias ante los tribunales y la movilización popular lo que consiguió frenar las obras del puerto de Granadilla. En 2009 el Gobierno insular intentó descatalogar los sebadales para iniciar la construcción del puerto pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias frenó las obras. Un año después, Coalición Canaria volvió a descatalogar los sebadales, esta vez modificando el libro de especies protegidas de Canarias.

En 2010, CC, en el Gobierno junto con el PP, elaboró un nuevo catálogo de especies amenazadas en el que 226 de ellas se desprotegieron, se rebajó la protección de 131 y 94 pasaron a tener una clasificación ambigua. Ese fue el caso del sebadal, que de estar en “peligro de extinción” pasó a ser “de interés para los ecosistemas canarios”. De nada sirvieron las multitudinarias movilizaciones ciudadanas, ni las 60.000 firmas recogidas en contra del nuevo catálogo de especies de Canarias.

Pero la lucha continúa. El 12 de mayo se presentaron 5.000 firmas en el Ministerio de Medio Ambiente en contra del nuevo catálogo canario. Además, EcoOcéanos, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ben Magec- Ecologistas en Acción y Plataforma contra el puerto de Granadilla han puesto en marcha una campaña de denuncia para exigir la paralización de lo que consideran uno de “los mayores despilfarros económicos y una barbaridad ambiental”, mientras se recortan derechos fundamentales de los ciudadanos.

Catedráticos y científicos canarios denuncian también el elevado coste ambiental y económico del puerto de Granadilla, como Alberto Brito, catedrático de biodiversidad marina o Wolfredo Wildpret, catedrático de la Universidad de La Laguna, quien asegura que “no existe en todo el territorio europeo tanta biodiversidad en tan poco espacio, aunque una parte de esa biodiversidad está en manos del poder económico y se encuentra en franco retroceso”. Según Federico Aguilera, catedrático de economía aplicada: “No hay dinero para financiar el disparate del puerto de Granadilla. No es rentable, ni social ni económicamente”.

Lo mismo piensa el exdirector de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Anatael: “Ésta es una obra ilegal porque no tiene asegurada la financiación y no es necesaria. Se están construyendo ya los cajones para formar el dique exterior del puerto de Granadilla. Cada uno tiene 45 metros de largo, por 20 de ancho y una profundidad de 18 metros. Esto es como un edificio de 18 plantas, cada uno. Se están construyendo a un ritmo de un cajón cada cinco días, serán 100 en total y cada cajón cuesta un millón de euros. ¿De dónde van a sacar el dinero para la ejecución de la obra? El endeudamiento va a ser tal que va impedir a la Autoridad Portuaria realizar obras en 20 años”. Fran Castro, de BenMagec, asegura que se corre un grave riesgo: “Se va a destrozar todo en una primera fase, para la que hay dinero, 150millones de euros, pero para el resto de la obra, 250 millones, no hay financiación. El remate del disparate ambiental y social, con los recortes que se están aplicando”.


* Diagonal - 14.6.12
Foto: El Puerto de Granadilla, en construcción.- José Mesa

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