El Puerto.- EA advierte que paralizar expedientes urbanísticos o dedicar las multas a gastos de urbanización puede ser constitutivo de delito

ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción indica, en un comunicado de prensa que, "de nuevo un partido político, ahora el PP, intenta hacer caja electoral prometiendo lo imposible a los miles de personas que han construido su casa de forma ilegal. La mayoría de los partidos políticos del municipio han venido haciendo estos últimos años promesas a los propietarios de viviendas ilegales imposible de cumplir por su manifiesta ilegalidad. Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo que no hay atajo para regularizar estas urbanizaciones ilegales que primero había que aprobar el PGOU, como ya se ha hecho, y después asumir todos los gastos de urbanización, gestión, cesiones…, igual que han hecho los que han adquirido una vivienda legal". Ahora "el equipo de Gobierno plantea suspender las sanciones y las multas coercitivas a los que han construido de forma ilegal, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Las sanciones no son una decisión potestativa, es un imperativo legal que se impone a aquellos que construyen ilegalmente; si además se niegan a paralizar las obras o a demoler lo ilegalmente construido, se les imponen multas coercitivas. Y no hay en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) posibilidad de suspenderlas incluso si están en proceso de legalización. Sería como suspender una multa de tráfico si el infractor se compromete a conducir bien en adelante".

Pero entienden que "más grave es aún la propuesta de dedicar las multas coercitivas para los gastos de urbanización de las EMAs. La LOUA deja claro que las multas y sanciones tienen carácter finalista y debe incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). El artículo 72 estipula que deben integrarse en el patrimonio público de suelos las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas. El artículo 197 incide más aún en el destino de estas multas al prescribir que los importes en concepto de sanciones… se integrará en el patrimonio público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada. Destinar el importe de multas y sanciones a la urbanización de las EMAs podría ser constitutivo de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos".

Si el Ayuntamiento "no ha gastado el dinero y dispone de estos fondos, no los podría gastar en urbanizar las EMAs sin incurrir en un flagrante delito; si lo ha gastado, las inversiones para urbanizar las EMAs tendrían que salir de las menguadas arcas municipales, o sea, del los impuestos de todos los portuenses, lo que sería más grave aún".
Ecologistas en Acción entiende que el PGOU "ha sido enormemente generoso con aquellos que han construido al margen de la legalidad, dándoles la posibilidad de regularizarse con obligaciones y cargas menores que las que se exigen a promociones legales desarrolladas dentro del planeamiento urbanístico. Cualquier medida que venga a favorecer aún más a los constructores ilegales vulnerando el PGOU y las leyes y normas urbanísticas, sería inadmisible, y supondría una burla a los ciudadanos que han venido cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales".

Ecologistas en Acción va a solicitar formalmente al alcalde, Enrique Moresco, y al concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, que hagan público el montante de las sanciones y multas que ha cobrado el Ayuntamiento en estos últimos cinco años por construcciones ilegales, y el destino que se le ha dado a estos fondos.


* Andalucía Información - 3.5.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Inutilidad de las sentencias urbanísticas

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : Máquinas excavadoras originando montículos de escombros, arañando y haciendo irreversible lo que durante millones de años la naturaleza había regalado. Mientras, un pleito pretendía, mediante una acción jurídica, combatir aquella destrucción en la umbría onubense que, para colmo, era Zona de Especial Protección para las Aves. Se concitaban así todos los despropósitos posibles contra el medio ambiente y el urbanismo. Pero, ¡el pleito se ganó! La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad radical de toda aquella horrenda construcción. Impugnada ante el Tribunal Supremo en casación, además de por la empresa promotora "en defensa de sus intereses" simultáneamente por el Ayuntamiento de Huelva (del PP) y la Junta de Andalucía (PSOE), coincidencia reveladora de un urbanismo preso en una maraña de regulaciones sin sentido y cuya descodificación arroja sabrosas enseñanzas sobre el poder. El TS confirmó lo que la Sala de Instancia había sentenciado: que toda la modificación del plan promovida por el Agente Urbanizador y al que habían obedecido tanto el Ayuntamiento como la Junta, era nula de pleno derecho. Pero la urbanización se hizo. No hubo medida cautelar que provisionalmente la paralizara. Y ahí sigue con evidente burla de las sentencias. Ahí está, para quien quiera verla.

Las personas que adquirieron sus casas no tienen nada que ver con la situación ilegal; se han encontrado con ella, son también víctimas del entuerto administrativo. Y si se lograra la reconstitución tendrían indudable derecho a la indemnización y al realojo.

Cuando se demostró hasta la saciedad que la torre construida pese a su extrema ilegalidad tenía que ser demolida, el TSJ abatió sus propias decisiones y las del Tribunal Supremo para evitarlo. Lo mismo que parece guiar ahora a la Xunta para salvar de la picota, en un proyecto de ley que cheira a inconstitucional, desde el edificio de Fenosa, en A Coruña, a la Colina de Castrelos, en Vigo, pasando por las 20 viviendas unifamiliares de A Guarda pendientes de derribo. Luego ¿sirven las sentencias urbanísticas para algo más que para ponerlas en un marco como antigualla de la más exquisita pero obsoleta orfebrería jurídica?

* Doctor en Derecho Público

* El Correo Gallego - Opinión - 4.5.12

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