Vic.- Un fiasco de 630.000 euros

ELPAÍS/Barcelona* : La promoción fallida de pisos de protección oficial de la Serra de Sanferm de Vic (Barcelona) que impulsó la Fundación Privada de Vivienda Pública (FPHP), dirigida por Xavier Solà, exconcejal de Urbanismo de esta localidad y actual secretario general de Cultura, costó 630.000 a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), entidad privada que se nutre exclusivamente de dinero público. Este importe es la suma de las facturas emitidas hasta marzo del 2011, cuando las obras se detuvieron.
Entre 2010 y principios del 2011 las gestoras Procomu Habitatges y Minamb Quattro cobraron 119.000 y 127.095 euros, respectivamente, de aquella promoción. Procomu —de la que Solà y Josep Maria Matas, exsecretario de la ACM y también investigado por la fiscalía, fueron accionistas en su primer año— cobró por la “gestión integral de la FPHP”, y Minamb, por la “dirección, coordinación y desarrollo” del proyecto.

Al justificar la duplicidad de gestoras, Solà explicó a este periódico que tras crear Procomu se dieron cuenta de que no sabrían gestionar los pisos de Vic y encargó a Cuadreny —secretario de la fundación— que buscara, sin concurso público, a alguien que lo hiciera. La empresa escogida fue Minamb Quattro, de la que Cuadreny había sido accionista hasta unos meses antes de que se firmara el acuerdo con la FPHP. En el momento de la firma, el propietario de esta empresa era José Escoda —exsocio de Cuadreny—, que ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Meses después, Escoda se quedó las acciones de Solà y Matas en Procomu, con lo que acabo siendo propietario de las dos gestoras. EL PAÍS ha comprobado que Minamb no solo ha tenido pérdidas la mayoría de los años desde su fundación en 2006, sino que además estaba casi inactiva. El único movimiento empresarial importante fue, precisamente, la promoción de pisos de Vic.

En noviembre de 2010, tres semanas después de ponerse la primera piedra, la FPHP tenía presupuestado pagar el mismo importe —175.881,88 euros— a cada una de las dos gestoras por las obras de Vic y por una promoción de pisos de alquiler en Figueres que finalmente no se llevó a cabo. Así, las dos empresas cobraron buena parte del importe a pesar de que las obras de Vic no se acabaron. Estas se detuvieron cuando tan solo se había construido el sótano y la planta baja. Las de Figueres ni se empezaron.

Sin embargo, las facturas de las obras de Vic no se limitan a las dos gestoras, sino que hay una quincena más de conceptos, como los 149.000 euros a la constructora Teyco y los 155.000 al estudio de arquitectura Coll-Leclerc. También se pagaron la tasa de la licencia urbanística, el control de calidad y los anuncios en prensa, entre otros gastos.

Finalmente las obras quedaron detenidas, se dio por finalizado el convenio con la fundación y esta devolvió la paga y señal a los compradores. Así, el terreno sigue siendo de titularidad municipal al no haberse formalizado la compraventa del solar por los 491.881 euros acordados con la empresa municipal Impulsvic.

Los vecinos de la Serra de Sanferm desde un principio criticaron la falta de un plan de viabilidad en las obras. Agustí Bancells, miembro de la asociación vecinal, recuerda que Solà dirigía el proyecto y se encargó de todas las gestiones. “Él fue el único representante del Ayuntamiento con el que estuvimos en contacto”, asegura. Tres años después, los vecinos vuelven a movilizarse. Ya han expresado a miembros del Consistorio su voluntad de que se derribe lo construido (en los próximos días presentarán la instancia) y se han entrevistado con los grupos municipales para que se posicionen al respecto.

Sin embargo, la intención del Ayuntamiento es otra. “En principio los pisos se acabarán haciendo”, admite Josep Rafús, concejal de Urbanismo y Vivienda, aunque no fija plazo alguno. El objetivo del Consistorio es que, en lugar de ser de venta, los pisos puedean ser de alquiler, para así garantizar su viabilidad.

La esposa de Solà facturó 53.530 euros por reformar la sede de la ACM

La esposa de Xavier Solà, la arquitecta Meritxell Inaraja, cobró 53.530 euros (IVA incluido) por el proyecto de las obras de reforma de las oficinas de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), ubicadas en la calle de València de Barcelona. Esta cifra dobla los 26.765 euros hasta ahora conocidos que había recibido Inaraja de la entidad, en la que su pareja había sido jefe de los servicios jurídicos.
Estos honorarios percibidos por Inaraja implican que el matrimonio Solà cobró un total de 259.503 euros de la entidad municipalista entre el 29 de diciembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010. En estos tres meses Solà facturó 193.853 euros (IVA incluido) repartidos en 65 facturas por sus trabajos en un catálogo de masías que él mismo impulsó, así como 12.120 euros por la dirección de la Fundación Privada de Vivienda Pública (FPHP), que se encargó de la promoción fallida de los pisos de Vic.
Los nuevos datos sobre los honorarios de Inaraja elevan hasta el 14% del presupuesto anual de la ACM lo que el matrimonio Solà recibió en esos dos meses. La ACM dispone de unos recursos anuales de 2,33 millones de euros para llevar a cabo sus funciones de cooperación y coordinación con los Ayuntamientos.
El matrimonio adquirió poco después de cobrar aquel dinero, el 29 de marzo de 2010, un piso en Cadaqués por un importe de 180.000 euros al contado.


* El País - JORDI ROVIRA Barcelona 20 ABR 2012
Foto: Obras de la Serra de Sanferm en Vic que Xavier Solà ha dejado a medias. / EL PAÍS

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La Audiencia entierra la trama urbanística del crimen de Polop

LAVERDAD/Alicante* : El trasfondo urbanístico del crimen del alcalde de Polop ya es historia. El móvil que durante meses barajó la Guardia Civil en la investigación de la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda, registrada en octubre de 2007, no se confirmó, pero derivó en una investigación independiente que la Audiencia acaba de enterrar ahora al confirmar la prescripción de los posibles delitos. Por el pelotazo de 1,1 millones de euros con la venta de terrenos a la mercantil Blauverd llegaron a declarar como imputados el sucesor del alcalde fallecido, Juan Cano, presunto autor intelectual del asesinato, el exconcejal de Urbanismo Jaime Narbó y el ingeniero municipal José Vicente Martí Albiñana.

Los dos primeros y el padre de Narbó lograron en el año 2005 unas plusvalías cercanas a 1.100.000 euros con la venta de unas parcelas a Blauverd, que tenía intereses en el planeamiento urbanístico de la pequeña localidad de La Marina Baixa, en concreto en el Sector 8.
El negocio resultó redondo gracias, en parte, a los informes favorables de Martí, que ejercía de facto como arquitecto municipal en virtud de de un convenio firmado entre el Consistorio y la Universitad Politècnica de Valencia. Ese técnico había asesorado a su vez a través de una empresa propia a los beneficarios de la recalificación de los terrenos.
Indicios de delito
En el auto, fechado el pasado 16 de febrero y a la que ha tenido acceso ahora este diario, la sección primera de la Audiencia ve indicios de delito (negociación prohibida a los funcionarios públicos) en la actuación de Martí, por lo que rechaza acceder a su pretensión del sobreseimiento libre de la causa, que equivaldría en la práctica a una declaración de inocencia sobre el fondo del asunto.
La Justicia llegó demasiado tarde al no dirigir una acusación más o menos formal contra él hasta el 27 de septiembre de 2010, cuando se le citó a declarar como imputado, más de cinco años después de los hechos que podrían haberle sentado en el banquillo. La deducción de testimonio decidida por la magistrada María Antonia Raedo no interrumpe ese plazo de prescripción, en contra del criterio mantenido por la Fiscalía.
La Sala ratifica que Martí estaba sujeto a la aplicación de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, pues aunque no lo fuera en puridad ejercía como tal debido a su «condición de asesor permanente del Consistorio.
«Dada su situación laboral y la actividad que realizaba para el Ayuntamiento contratante», señala la sentencia, han de aplicárseles esos preceptos penales. No se necesitaba por tanto para llevarlo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Villajoyosa «una prueba plena» de su implicación. Máxime cuando de sus propias declaraciones se desprende que asesoraba al Consistorio que le pagaba al mismo tiempo que «emitía informes en asuntos en los que eran parte interesada empresas de las que formaba parte».
Para la Audiencia, Martí debería haberse abstenido de pronunciarse en esos casos «para no confundir el ejercicio de su actividad pública con sus intereses particulares, instrumentalizando el cargo público que desempeñaba (...) vulnerando el deber de imparcialidad que debe presidir su función».
De todas formas, esa «apreciación indiciaria» de elementos delictivos en su actividad municipal «no suponen una presunción de culpabilidad» en un juicio que, por otra parte, nunca llegará a celebrarse, independientemente de los «perjuicios morales y las graves consecuencias que puedan habérsele irrogado por campañas, noticias o comentarios de medios de comunicación», añade el fallo sobre el extécnico de Polop.
El tribunal rechaza también el informe pericial que solicitó la Fiscalía para determinar la sobrevaloración de los terrenos con los que Cano y Narbó se hicieron ricos.
Esa pericia, explican los magistrados, resultaría «irrelevante para consolidar indicios de criminalidad» contra el que fuera concejal de Urbanismo, pues la única declaración incriminatoria en la causa, realizada por un compañero de partido que desempeñó ese mismo cargo, Juan Andrés Llorens, enemigo declarado de Cano, «no ha sido ratificada por nadie más».
Ni la sucesora de Cano en la Alcaldía, María Dolores Zaragoza, ni otros integrantes del equipo de gobierno del PP de esa época pudieron, o quisieron, confirmar la existencia de presiones relacionadas con las plusvalías obtenidas con la venta de terrenos a Blauverd.
La Sala rechaza ése y los demás argumentos de la Fiscalía contra el sobreseimiento decretado por el juez de Primera Instancia e Instrucción 3 de Villajoyosa. Así, aunque se inclina por calificar la actuación del arquitecto municipal como delito del artículo 441 del Código Penal y no del 339, que conlleva penas más severas, insiste en que los hechos estarían prescritos.
Los magistrados se basan en en la redacción del nuevo artículo 132 del Código Penal, introducido en el marco de una reforma legal más amplia del año 2010, que exige para la interrupción de la preescripción «una resolución judicial motivada» donde se atribuya al reo «su presunta participación en un hecho que pudiera ser delito o falta».
Libramiento de testimonio
El libramiento de testimonio que hizo la juez que investiga la muerte de Ponsoda, María Antonia Raedo, no cumplía esos requisitos, ya que en esa decisión no se contemplaban los motivos de la misma y solo había menciones a una «serie de personas que habían sido sometidas a seguimiento o investigación por la Guardia Civil».
Como Martí realizó su última actuación profesional en junio del año 2005 y no fue imputado hasta septiembre de 2010, los hechos supuestamente delictivos por él cometidos han prescrito.
Los magistrados ni si quiera analizan los presuntos tejemanejes de Juan Cano, cuya inocencia tampoco llegó a cuestionar en su recurso el fiscal del caso al no ejercer en la época investigada cargo público alguno.
Cano se encontraba fuera del Ayuntamiento cuando se llenó los bolsillos con la operación de venta de parcelas a Blauverd, si bien, de acuerdo con testimonios como el de su sucesor en Urbanismo Llorens, seguía controlando la actividad municipal.


* La Verdad - 23.04.12 - MANRIQUE C. SÁNCHEZ
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com

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Madrid.- Centenares de personas protestan en una manifestación contra el ‘tarifazo’

ELPAÍS* : Algunos avanzan por la manifestación haciendo cuentas. Y no les salen. Eso decía este mediodía Marcela Molina, presidenta de la Asociación de vecinos de La Paz, jubilada de 73 años con 600 euros al mes para vivir y usuaria del transporte público. “Me ha subido el agua, la luz, el metro… y todo más que la pensión”. Casi un millar de personas (unas 5.000, según los organizadores) han marchado hoy entre la plaza de Cibeles y el cruce de Alcalá con la Puerta del Sol en protesta contra el ‘tarifazo’, la subida del precio del transporte público que se aplica a partir de mayo.
Asociaciones de vecinos, ecologistas, consumidores, sindicatos y partidos de la oposición han convocado la manifestación para “exigir” a la Comunidad de Madrid que congele las tarifas y habilite abonos sociales para parados.

El precio del billete sube una media del 11% en Madrid, el mayor incremento registrado en una década, que llega apenas dos meses después de que la presidenta Esperanza Aguirre se comprometiera a no subirlo.

Llegar o salir del aeropuerto en autobús o metro costará cinco euros, el doble que ahora. El ‘metrobús’ (el billete de 10 viajes que usa uno de cada cuatro usuarios) se incrementa un 29% hasta los 12 euros. Los abonos, que utilizan el 62% de los usuarios, aumentarán casi el 8%.

El objetivo de la Comunidad de Madrid, a la que tampoco le cuadran las cuentas, es recaudar 120 millones más a través de las tarifas, para que el usuario pague con el billete el 50% de lo que cuesta el servicio (ahora cubre el 40%) frente al 50% que aportarán las Administraciones de lo que recaudan de los ciudadanos vía impuestos.

“Nos están subiendo todo y los sueldos siguen estancados”, se ha quejado Sonia Rodríguez, informática de 35 años, que cobra “unos 20.000 euros al año”. Dice que a partir de ahora, los viajes más cortos los hará andando. Unos metros más atrás, una pancarta denunciaba “mil y un ‘tarifazos’ a un pueblo manso” y otra ironizaba: “Me ha tocado el Gordo, puedo hacer transbordo”.

Iván Vázquez, de 29 años y miembro del movimiento 15-M como refleja la chapa que lleva prendida del jersey, avisa de que ha acudido a título particular. Se define como “casi mileurista” después de 10 años de trabajo, pide que las movilizaciones aumenten: “Si no salimos a la calle, nadie va a frenar esto”.

La oposición, de momento, espera conseguir con las movilizaciones que 2012 acabe sin una nueva subida de tarifas que el Gobierno regional no ha descartado de manera firme. “Hay más fórmulas para conseguir fondos”, ha señalado hoy el diputado socialista José Manuel Franco, presente en la pancarta inicial de la marcha con otros portavoces políticos. Su partido presentó en la Asamblea de Madrid iniciativas como que las grandes superficies pagarán más por tener cerca una boca de metro o aumentar la publicidad. “Esta medida supone entrar en un círculo vicioso: ,si el precio sube el número de viajeros baja y se reduce la recaudación”, ha analizado.

El coordinador regional de IU, Gregorio Gordo, ha tildado de "despropósito" el aumento de tarifas y ha recordado que “otro de sus efectos" será el aumento del uso del vehículo privado "con las graves consecuencias que tiene para el consumo energético y para el medio ambiente”.

Inés Sabanés, portavoz de la mesa de Madrid de Equo, hace memoria. No recuerda ninguna manifestación similar previa contra las subidas del precio del transporte en años anteriores. “Hubo algunas concentraciones, pero no marchas. Es que este ‘tarifazo’ ha sido espectacular”, ha explicado este mediodía. “Hay un efecto acumulativo y la gente empieza a ver que las subidas de tarifas y tasas son reales, que les impiden llegar a fin de mes”. Mientras la manifestación se disolvía poco después de la una de la tarde, Sabanés auguraba que caca vez habrá más gente en las protestas. La “movilización será creciente”.

Lo mismo ha defendido el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui. Su federación ha convocado jornadas reivindicativas en los barrios el 26 de abril con asambleas, reporto de información o despliegue de pancartas. “Tenemos que hacer cada vez más público el rechazo social a la subida, esto no puede quedar impune”.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 21 ABR 2012
Foto: Marcha contra la subida de precio del transporte público. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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