Piden un año para el presidente de UD Almería y un exconsejero murciano por viviendas sin licencia

EUROPAPRESS* : El fiscal considera que los ocho acusados "sabían" que el residencial se construía sobre suelo no urbanizable.
La Fiscalía Provincial solicita doce meses de prisión para el exconsejero de la Región de Murcia Juan José Padilla Cánovas y para el presidente de la UD Almería, Alfonso García, por participar y promover presuntamente la construcción de 300 viviendas en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería) "sin licencia municipal de obras y contraviniendo la norma urbanística aplicable en la zona".

La vista oral, en la que están procesados junto a otras seis personas por un delito contra la ordenación del territorio, se ha suspendido este jueves pendiente de nuevo señalamiento a la espera de dar traslado a las defensas de la personación en la causa de los compradores de uno de los inmuebles, una familia de nacionalidad británica a la que el juzgado instructor no comunicó la existencia de un proceso penal en el que el Ministerio Público interesa derribo de lo construido.

La Fiscalía, a cuya calificación deberá adherirse esta parte, formuló acusación asimismo contra Antonio S.H., Carlos P.M., Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G., para los que solicita también penas de un año de prisión, el pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día y la inhabilitación especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito, al que tuvo Europa Press y que publica el diario 'La Voz de Almería', en el periodo de tiempo comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la UD Almería como representantes legal de la mercantil 'Aesur SL' y Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en calidad de promotoras, y la mercantil Ferrovial Agroman SA como constructora y teniendo como representante a Carlos P.M. iniciaron la construcción de un residencial en el paraje denominado Llanos de Jordana, en Cuevas del Almanzora.

De la citada urbanización, en el que se proyectaban en un primera fase y bajo el nombre de 'Almanzora Country Club' un total de 1.794 viviendas, se llegaron a levantar y concluir 300 inmuebles en terreno clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal resalta que estas "no serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia municipal preceptiva".

Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y dirigió las obras de urbanización necesarias", tal y como señala el escrito, para la posterior edificación.

En concreto, atribuye a Juan José Padilla Cánovas, quien ostentó la titularidad de la Consejería de Política e Infraestructura Territorial durante las dos primeras legislaturas y hasta 1987, la realización de la nivelación de terrenos, la canalización, los saneamientos y los sistemas generales, entre otras actuaciones.

Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido --remarca-- a su cualificación profesional, sabían no solo de la inexistencia de la licencia municipal de obras, sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería deberá resolver, asimismo, una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo construido y urbanizado, y, si tal y como interesa la Fiscalía, se debe reponer el terreno a su primitivo estado concediendo un plazo "razonable" de seis meses a los acusados o, en su defecto, a la Junta de Andalucía a cargo solidario de los acusados o subsidiariamente las tres mercantiles impulsoras del residencial.


* Qué - EP - 19.4.12
Foto: Almería, campo futbol - google

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La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el ‘caso Gürtel’

ELPAÍS/Valencia* : El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.

El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.

El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.


* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 18 ABR 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo

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Plasencia.- Las casas ilegales proliferan en la ciudad

HOY/Cáceres* : Están a la vista de todos y van cambiando poco a poco la panorámica de la Sierra de Santa Bárbara y de la zona de la Vinosilla, entre la Chopera y el Club Sociodeportivo Ciudad de Plasencia. Son las nuevas construcciones que decoran estas áreas. Casas ilegales levantadas sin licencia en espacios donde está prohibida la construcción.
La visión tanto de la N-110 como de la sierra ha cambiado de forma notable a raíz de estas construcciones ilegales. Sin embargo, el Gobierno local del PP desconoce la situación real que está a la vista de todos los placentinos.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, asegura que se están tramitando expedientes por estas construcciones y que algunos de ellos han sido remitidos a Fiscalía. Sin embargo, el edil no sabe cuántos expedientes están en marcha por estas infracciones urbanísticas ni tampoco en qué punto está cada expediente. En 2009, a raíz también de una proliferación de construcciones ilegales, que comenzaron a levantarse al amparo de la revisión del Plan General Municipal, la entonces alcaldesa, Elia María Blanco, anunció que había firmado casi una quincena de decretos de paralización.
Entonces, la primera edil placentina explicó que el objetivo era poner coto a las construcciones ilegales y servir de ejemplo para evitar que otros tomaran el camino. Pero los decretos sirvieron de poco o los precintos que se colocaron se los llevó el viento porque el ejemplo ha cundido poco.
Las construcciones ilegales continúan en la sierra y en la Vinosilla y el Gobierno local desconoce cuántas casas son las levantadas de forma ilegal, si tienen o no expediente sancionador y en qué punto del trámite está cada una de ellas. El edil de Urbanismo ha solicitado a los técnicos, no obstante, la información pertinente, que aún no le han pasado, para tratar de organizar y controlar un asunto que compete a su concejalía y que levanta no pocas quejas entre los ciudadanos. Son muchos los que entienden que el descontrol que existe es claramente discriminatorio. Mientras que unos residentes tienen que respetar trámites y plazos y, sobre todo, pagar al Ayuntamiento las pertinentes licencias y permisos para poder construir su vivienda, otros edifican sin más.
La Fiscalía de Cáceres, ya en su memoria de 2010, denunció «el tipismo, tan extremeño, de construir segundas viviendas donde no se puede». En Plasencia, la tendencia sigue al alza. Es una realidad a la vista de todos.


* Hoy - 19.04.12 - ANA B. HERNÁNDEZ
Foto: Plasencia (Cáceres), ayuntamiento y plaza - fotonazos

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