El Supremo confirma que El Algarrobico contraviene la Ley de Costas

PÚBLICO/Almería* : El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005 amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de veintiún plantas y 411 habitaciones.

La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.

En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.

De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.

"Proceder irrespetuoso"
"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".

El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".

La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.

Licencia nula
La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.

Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".

En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.


* Público - EP - 27.3.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)

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La Fiscalía propone vigilar a políticos y funcionarios para prevenir la corrupción

FARODEVIGO* : Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. Un modelo a seguir, según defiende el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es el que aplica Portugal desde el año 2008 y que supondría la creación de un consejo de prevención de la corrupción en la comunidad bajo la supervisión del Consello de Contas, así como la formación de equipos de control en la Xunta y en los ayuntamientos. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se encargaría de identificar las áreas de riesgo y de hacer un seguimiento de las actuaciones de cada departamento administrativo con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación o tráfico de influencias.

"Para no hacer gravitar todo sobre la vertiente represiva, establecida por las normas penales, es importante adoptar sistemas de prevención de riesgos de corrupción y otras infracciones conexas", sostiene Carlos Varela.
En la actualidad distintos organismos internacionales y gobiernos de países del entorno europeo ya trabajan en la elaboración de documentos que el fiscal jefe de Galicia pone como referencia para aplicar también en las administraciones públicas de la comunidad. Portugal o Reino Unido ya han puesto en marcha medidas legales para prevenir la comisión de delitos de corrupción por parte de sus cargos públicos.
Desde el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya se dio la voz de alerta en el año 2003 al advertir de que las instituciones financieras deberían adoptar medidas de vigilancia sobre las "personas políticamente expuestas", así como poner en marcha sistemas de gestión de riesgo adecuados.
¿A quién se debería someter a esa especial vigilancia por parte de las instituciones financieras para advertirles ante un intento de corrupción? Según el GAFI a aquellas "personas políticamente expuestas" que son aquellas que desempeñan o desempeñaron funciones públicas importantes e incluso a sus familiares y colaboradores más próximos.
En cuanto a las medidas en materia de anticorrupción tomadas por países del entorno europeo destaca Reino Unido, que el pasado mes de junio puso en marcha la Bribery Act 2010, una ley contra la corrupción considerada la más severa del mundo ya que se aplica a los casos de soborno cometidos por cualquier persona o empresa relacionada con Reino Unido independientemente de donde cometiera el delito.
En Portugal, la Ley 54/2008 del 4 de septiembre creó el denominado Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC), una entidad administrativa independiente que funciona bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. "Creo que este es el camino a seguir", defiende el fiscal superior de Galicia. "Se trata €añade Varela€ de que las entidades que manejan fondos púbicos establezcan planes de prevención de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Por ejemplo, en un concello se definiría el área urbanística, que digamos es la más sensible, y se marcarían los comportamientos de riesgo de ese departamento, algo que se sabe por experiencia, y a continuación se determinaría cómo neutralizar esas conductas y se designaría a la persona encargada de controlar esos comportamientos de riesgo y de dar la alerta".
Pero los planes de prevención no son la única medida que defiende la Fiscalía gallega para evitar operaciones como Orquesta, Arena o Campeón que salpican a alcaldes, diputados autonómicos e incluso ministros. El fiscal superior de Galicia también apuesta por reforzar el papel de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel clave en el "control interno" de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes "a medida" a través de un asesoramiento externo para así saltarse las legalidad urbanística vigente.
En esa labor contra la corrupción, Varela también apela a la colaboración de la Xunta, a la que recuerda que es imprescindible que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) mantenga una colaboración permanente con la Fiscalía para detectar y corregir ilegalidades urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación. Además, propone la creación en Galicia de una fiscalía específica sobre corrupción.


* Faro de Vigo - R. PRIETO - 24.12.11
Foto: Uno de los acusados en la operación "Arena" a su llegada a los juzgados de Corcubión. // FDV

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El ‘annus horribilis’ de la Diputación de Barcelona

ELPAÍS* : Veintiuno: estos son los días que lleva Josep Tous (CDC) en el cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona. Tous era el hombre al que el presidente de la institución provincial, el también convergente Salvador Esteve, había encomendado la tarea de calmar las aguas tras la destitución del anterior coordinador, Josep Maria Matas, por sus presuntos negocios irregulares cuando era secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fórmula de Esteve, amparada por Oriol Pujol, falló y Tous fue detenido ayer por su supuesta participación en una presunta trama de adjudicación de estaciones para la inspección técnica de vehículos, una pieza separada del caso Campeón.

La detención de Tous ocurrió un día después de que el vicepresidente primero de la Diputación, Alberto Fernández Díaz (PP), anunciara en una entrevista a BTV que en otoño dejará el cargo para dedicarse por completo a su tarea de presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Fernández Díaz aseguró ayer que su renuncia a la Diputación es una cuestión personal y no de partido. Sin embargo, suma incertidumbre a una entidad ya golpeada por los escándalos.

Estos dos espisodios son el colofón del annus horribilis de la institución. En febrero, este diario reveló los negocios que había realizado Josep Maria Matas, entonces mano derecha de Esteve, cuando era secretario general de la ACM. La fiscalía estudia una posible malversación de fondos en la facturación irregular de 900.000 eros de la asociación por parte de una empresa de Matas. El presidente de la Diputación mantuvo a Matas en el cargo 10 días, hasta que finalmente le dejó caer. “Lo de Matas es amoral aunque no sea delito”, dijo en su día Esteve.

Pero Matas no es el único investigado. Ferran Civil (UDC), vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde de Cercs (Berguedà), está imputados en dos causas judiciales e investigado por la fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña. Entre otras, el fiscal pide para él una pena de tres años y medio de prisión por autorizar la construcción de tres naves industriales en suelo protegido.

Esteve también ha tenido que gestionar el escándalo de las mochilas, los sobresueldos que desde el año 2000 —cuando los socialistas estaban en el poder— se pagaban a algunos funcionarios que habían sido promovidos temporalmente a un cargo superior y volvían a su plaza. En ellas se han gastado casi un millón de euros. Unos 50 trabajadores de la Diputación siguen cobrándolas.


* El País - CAMILO S. BAQUERO Barcelona 27 MAR 2012
Foto:

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Nueva imputación al cabecilla de Brugal por enterramiento ilegal de basuras

ELPAÍS/Alicante* : El industrial Ángel Fenoll, considerado como el cabecilla de la trama corrupta del caso Brugal, ha acumulado una nueva imputación. La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela, que también instruye la causa general de Brugal, acusa a Fenoll de un delito contra el medio ambiente vinculado a enterramientos ilegales de basuras en plantaciones de naranjos próximas a su planta de residuos de Abanilla (Murcia).
La juez interrogará a Fenoll, en calidad de imputado, el próximo día 17 de abril, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Las mismas fuentes han señalado que la juez tomará declaración a 18 testigos y perito y a los dueños de las fincas "donde aparentemente" se que se hayan realizado catas.

La investigación judicial de esta nueva causa contra Fenoll tiene su origen en una denuncia de un exempleado del industrial, los vecinos de la pedanía oriolana de la Murada y del Ayuntamiento de Orihuela, presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y el Seprona. Según los denunciantes, Fenoll enterró miles de toneladas de residuos sin reciclar en una docena de campos adyacentes a su planta de basura. Esta instalación está ubicada justo en el límite entre los términos municipales de Orihuela y Abanilla.

Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja, está en la actualidad en libertad bajo fianza e imputado en dos de las principales ramas del caso Brugal: el supuesto amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela y un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.


* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 26 MAR 2012
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com

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