Barcelona.- La sombra de la corrupción amenaza a Convergència

ELPAÍS* : Las sombras de corrupción vuelven a afectar a Convergència (CDC) apenas un año después de volver al Gobierno. Esta vez el problema ha estallado donde menos se lo esperaban los nacionalistas. Geográficamente, en su histórico feudo de Osona, donde han gobernado sin interrupción desde 1979. Y políticamente en la Asociación Catalana de Municipios (ACM), una entidad que presta servicios a los Ayuntamientos y que, pese a estar financiada con dinero público, nunca ha tenido controles externos. Los protagonistas de los presuntos casos de corrupción son dos históricos dirigentes del partido en Osona que han saltado a la política catalana: uno es el ya destituido coordinador de la Diputación de Barcelona, Josep Maria Matas; el otro, el secretario general del Departamento de Cultura, Xavier Solà. Matas acumuló casi un millón de euros procedentes de la entidad a través de una empresa de su propiedad. Solà, junto a su mujer, facturó a la ACM más de 232.000 en tan solo dos meses.

El silencio que los nacionalistas mantienen sobre el caso cuestiona el compromiso que el pasado diciembre adquirió Artur Mas en favor de la transparencia en las instituciones con la firma de un compromiso expreso de lucha contra la corrupción en la Oficina Antifraude.

La historia comienza en 2004. CiU ha sido desalojada de la Generalitat y progresivamente pierde casi todo su poder local hasta quedar cerca de la indigencia política. Los nacionalistas deciden promocionar lo que era una suerte de club de Ayuntamientos convergentes: la Asociación Catalana de Municipios, fundada precisamente en Vic en 1981. Aunque la entidad apenas cuenta con dos millones de pesetas de presupuesto anual y tiene poca visibilidad entre la población, supone una magnífica plataforma política para sus responsables. Germà Gordó, por ejemplo, fiel colaborador de Artur Mas, fue secretario general de la entidad.

La ACM es una entidad privada, pero todo el dinero que gasta proviene de las aportaciones de los Ayuntamientos que la integran y de las subvenciones de la Generalitat. Matas controlaba todo en la ACM, desde los pagos hasta el cobro de subvenciones. Y tres años después de llegar a la ACM creó desde la sombra la sociedad Parés i Solé, de la que dos años después se convertiría en su único propietario. Con la complicidad de familiares y personas de CDC, Matas empezó a facturar a la ACM por conceptos inexistentes y por servicios que en realidad realizaban los proveedores de la entidad y que Parés i Solé presentaba como propios tras abultar supuestamente el importe final. Fue así como entre 2003 y 2011 —año que dejó su cargo en la ACM para convertirse en coordinador general de la Diputación de Barcelona— Parés i Solé acumuló un activo de 921.000 euros.

Solà, abogado de profesión, también ha facturado a la ACM. Lo hizo durante siete años como jefe de sus servicios jurídicos, pero las irregularidades de las que ha informado EL PAÍS no empezaron hasta convertirse en teniente de alcalde de Vic, donde se encargaba de Urbanismo y Cultura. Creó la empresa Procomu Habitatges SL junto a Matas y al abogado Salvador Cuadreny. La empresa firmó un contrato con la Fundación Privada de Vivienda Pública de la ACM —que Solà dirigía a cambio de 12.000 euros al año— para gestionar sus promociones inmobiliarias y, concretamente, unas obras de vivienda protegida en Vic. Así, Solà participaba —y cobraba— de las tres partes implicadas en el asunto, pues mientras él y Matas fueron accionistas de la empresa esta cobró 55.000 euros de la citada fundación. Solà también facturó a través de una empresa suya 193.000 euros mediante 65 facturas por un catálogo de masías que él mismo había impulsado desde la ACM en 2005.

Hace unos días, a raíz de las informaciones publicadas por este diario, Matas fue destituido de su cargo en la Diputación, la fiscalía ha empezado a investigar la relación de Parés i Solé con la ACM y Solà ha desaparecido de la escena pública. La tensión en el partido es alta. Mas ha eludido valorar el caso, mientras que Francesc Homs sigue defendiendo a Solà. Pero hay temor por la investigación que ha abierto la fiscalía. “Si el caso acaba en el juzgado puede haber consecuencias penales”, admiten fuentes de CiU. Matas ha sido apartado de la escena, pero el partido hasta le organizó un pequeño acto de desagravio con la presencia del secretario general adjunto del partido, Oriol Pujol. En esta cena, celebrada en el Club Tennis Vic, Matas tomó la palabra para lanzar dos mensajes: el primero, recordar a los asistentes —alcaldes y cargos locales del partido— lo mucho que les había ayudado desde su puesto en la ACM. Pero fuentes de los asistentes le atribuyen un segundo mensaje: “Tranquilos, me voy a callar”.


* El País - MIQUEL NOGUER / JORDI ROVIRA Barcelona 10 MAR 2012
Foto: Barcelona, entramado Convergencia sobre ACM - elpais

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Un ‘código de buenas prácticas’ para los bancos no soluciona la estafa hipotecaria

PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA* : A la espera de que se concreten los detalles, y por las diferentes filtraciones que han aparecido en los medios en relación al Real Decreto que prepara el Gobierno con el teórico fin de paliar la situación de cientos de miles de familias víctimas de una legislación hipotecaria medieval, la PAH sostiene que:
Todas aquellas medidas que se regulen en el marco de un “código ético” o “de buenas prácticas” al que se podrán adherir voluntariamente las entidades bancarias que así lo deseen, son un insulto a las millones de personas afectadas por la estafa hipotecaria. Hace apenas dos semanas la PAH ya hizo público en un comunicado, que medidas como la dación en pago de carácter voluntario no aportan nada nuevo y que ya están contempladas en el ordenamiento jurídico actual con el resultado de sobras conocido.

Pero además, si entramos a analizar en detalle los criterios y requisitos que deberán cumplir las personas afectadas para acogerse a la medida (todos los miembros en el paro, sin ninguna prestación social y para deudas inferiores a un determinado importe, en una horquilla que va desde 120.000 a 200.000 euros en función del número de habitantes de la población) aún en el supuesto de que todas las entidades financieras decidiesen adherirse a dicho código, la inmensa mayoría de familias quedarían fuera. Al respecto diversas consideraciones:
– Según los datos de la PAH, en base a una encuesta rellenada por más de 7.000 familias de todo el Estado, la mayoría de las ejecuciones hipotecarias se inician para deudas superiores a 200.000 euros. Muchas de estas hipotecas se firmaron en 2006, un año en el que se suscribieron más de 1,5 millones de hipotecas en todo el Estado, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. Así se entiende por qué el gobierno limita a una horquilla de entre 120 y 200 mil euros el importe máximo de las hipotecas que podrían acogerse a la dación en pago. Si además tienen que cumplirse otros criterios (todos los miembros en paro, sin percibir ninguna prestación social ) y la entidad tiene que haberse adherido al código ético, entenderemos porque este código es una falta de respeto y sensibilidad hacia las familias. A parte se trata de una medida discriminatoria que se convierte en una lotería perversa en función del banco que te toque: podría ocurrir que una familia con las mismas condiciones objetivas que otra se pudiese acoger a la medida y la otra no.
- Esta medida, pregonada a bombo y platillo, recuerda a la famosa moratoria ICO del Partido Socialista. Se vendió como la gran medida que beneficiaría a medio millón de hogares. Fue un absoluto fracaso. Solo 6.000 familias se acogieron. Resulta que también era voluntaria.
– ¿Están los bancos aceptando daciones en pago? Si. Cuando? Cuando el importe de la deuda es inferior al precio de las viviendas. Es decir cuando les interesa a los bancos. En este sentido las deudas hipotecarias pendientes de amortizar que pudiesen existir iguales o inferiores a 200.000 euros en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, por poner algunos ejemplos, con muchas probabilidades serán inferiores al precio actual de la vivienda. Por lo tanto, en estos casos Sr De Guindos, la dación en pago es un negocio redondo para los bancos. La única ocasión en que bancos y cajas aceptan la dación en pago, en contra de sus intereses, es cuando la presión social, léase la PAH, les obliga a ello, vía denuncia pública.
– ¿Es la medida que prepara el Consejo de Ministros retroactiva? No. Eso quiere decir que los más de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria iniciados, más todos los avalistas que hay detrás, es decir, padres, madres y familiares cercanos, no se podrían beneficiar. ¿Vamos a dejar a millones de personas en la estacada? El gobierno del Partido Socialista y ahora el del Partido Popular así lo quieren. Pero la PAH, no. Porque la PAH llega, donde los grandes partidos se ausentan, y lucha donde los grandes partidos claudican.
– ¿Qué quiere decir que las entidades que acepten la dación en pago van a tener bonificaciones fiscales? ¿No han recibido bancos y cajas suficientes ayudas públicas? ¿No será su propuesta una manera encubierta de legitimar ante la sociedad civil un nuevo paquete de ayudas que prepara?
– ¿Que quiere decir que agilizará los procesos? ¿No nos estará diciendo que echará a las familias de sus casas con mayor rapidez, verdad? ¿Como justifica este nuevo atropello? Puede dormir por las noches? Sabe usted lo que es vivir con la amenaza constante de que le desahucien? Y que le amenacen de arrebatarle la custodia de un hijo por no tener un techo que ofrecerle?
- Sres. y sras. del PP : Son ustedes, corresponsables, junto al Partido Socialista de la burbuja inmobiliaria y de la situación que atraviesan centenares de miles de familias. No se presenten ahora como salvadores de la Patria. Porque ustedes, a Dios rogando y con el mazo dando.
Que les quede claro. No les quepa la menor duda. No aceptaremos rebajas. Y menos cuando lo que está en juego es nuestra supervivencia. No aceptaremos que trafiquen y trapicheen con nuestros derechos.
Las propuestas que nos ofrecen, son las propuestas que están dispuestos a ceder los bancos. Es decir, son las propuestas de los bancos. Y nos preguntamos: ¿No debería ser al revés? La democracia no es un sistema de representación que traduce en ley aquello que la ciudadanía clama a gritos? ¿Por qué os dejáis manipular como marionetas por el interés del 1%? ¿Sois conscientes de que el espectáculo que dais para el 99% restante es patético?
Dación en pago retroactiva, stop desahucios y alquiler social. ¡Lo queremos todo y lo queremos ahora! Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de miles de familias amparadas por su gobierno son ilegales. Y no lo dice la PAH. Lo dijo Naciones Unidas en Barcelona la semana pasada. Queremos a los responsables de esta estafa hipotecaria sentados, pero no en las cortes generales, sino delante de un tribunal. Como ha hecho el civilizado pueblo islandés.
La ciudadanía lo tiene claro. Hemos reaccionado y más temprano que tarde lo vamos a conseguir. Ya no hay vuelta atrás. En unos meses nos volveremos a encontrar. Llevaremos nuestras propuestas al Congreso avaladas por centenares de miles, quizá millones de firmas a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) que está a punto de empezar. Entonces se darán cuenta, de que somos personas. Que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y que lo único que exigimos es Democracia Real Ya! Entonces no les quedará otra opción que aplicar justicia social.

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/


* Madrilonia - PAH - 8/03/2012
Foto: Hipotecas, protesta dacion en pago - EFE

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Las Palmas.- Canódromo, la hora de la verdad

CANARIAS7* : Salvo imprevistos de última hora, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, comparecerá el miércoles próximo en el juzgado de instrucción nº3 de esta ciudad para responder sobre el expediente del Canódromo. Lo hará en condición de imputado, diez años, un mes y 27 días después de que firmara el convenio urbanístico más polémico en la historia de la ciudad, alrededor del que se acumula una intensa batalla vecinal con decenas de pronunciamientos judiciales.
Lo hace además en un procedimiento iniciado en 2004, cuando la presidenta de la asociación de vecinos Avecalta, Ángeles Sánchez, denunció la posible existencia de un delito de prevaricación después de que la junta de gobierno de la ciudad otorgara el 29 de abril de ese año las licencias de demolición y excavación solicitadas por Realia Bussines para levantar el complejo denominado Torres del Mar, dos edificios de 15 plantas en la esquina más vistosa del parque del Canódromo.

El fundamento de la denuncia apuntaba que los permisos eran ilegales, porque desde el 3 de marzo anterior, el plan especial del Canódromo quedó suspendido al no haber respondido en tiempo y forma el ayuntamiento un recurso de reposición presentado por un particular.

La querella, que aún hoy está en fase de diligencias previas, se vio reforzada cuando en enero de 2008, la el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el plan especial del Canódromo y los planes generales de 2000 y 2005 que le dieron cabida, en una sentencia que sirvió de percha y refrendo a anteriores y posteriores resoluciones judiciales, como las que anularon las licencias de obras y forzaron la paralización de los trabajos de la primera de las torres. El Tribunal Supremo enmendó la plana al TSJC en diciembre pasado, y le obligó a redactar de nuevo la sentencia, un trámite aún pendiente.

Operación.

La querella incorporó entonces nuevos datos, y llamó la atención de la Fiscalía y del juez sobre la operación financiera que abrigó el convenio del Canódromo. La empresa Urbacan, que se hizo con los derechos de la parcela después de firmar un primer acuerdo con el ayuntamiento en el año 2000, obtuvo 9 millones de euros de beneficio al vender a Realia dos de las fincas recibidas en la permuta, una de ellas la que da cabida a las llamadas Torres del Canódromo. El acuerdo entre Urbacan y Realia se concretó a las pocas semanas de formalizar las escrituras.

La Fiscalía cree necesario aclarar si la firma de los convenios en los años 2000 y 2002, en los que Cardona actuó como concejal de Urbanismo, incurrió en malversación. La acusación apunta a los estudios de Realia fechados el año 2000, que fijaron una previsión de inversión de 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) para «la compra de terrenos» en la zona del Canódromo. Es decir, que dos años antes del convenio definitivo, la constructora «estaba dispuesta pagar un precio muy superior» al que el Ayuntamiento pidió por esas parcelas (la finca del Canódromo se permutó con un valor de 8,4 millones de euros, tres veces menos de lo previsto por Realia). A esa conclusión también llegó la comisión municipal que investigó el caso en 2010, y que Cardona desprecia al considerar que fue un montaje político.


* Canarias 7 - Gonzalo H. Martel - 11.3.12
Foto: Casi doce años después de su gestación, el convenio urbanístico del Canódromo está bajo la lupa del juez.- canarias7

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Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.- Un cuarto de siglo de lucha

ELPAÍS* : El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) tiene todos los grados de protección necesarios para considerarse a salvo de la mano, a veces negra, de la civilización y de su desarrollo. Gracias a su declaración como Parque Natural, hace ahora 25 años, sus 50.000 hectáreas de superficie no se han transformado en un gran bloque de hormigón con piscinas, parques temáticos y campos de golf en primera línea de playa. Sin embargo, la protección durante este cuarto de siglo no ha sido de manual.
El hotel levantado hace nueve años en la playa del Algarrobico (Carboneras) se considera el mayor exponente de los ataques que ha sufrido el Parque Natural dentro de sus límites. Más allá. Se ha calificado como una de las grandes aberraciones medioambientales en el litoral español de las últimas décadas y, lo peor, es que se hizo con el beneplácito de las administraciones consideradas competentes.

Su impacto mediático ha sido mayor que el de otras construcciones hosteleras promovidas en los términos municipales que comparten el Parque -Almería, Níjar y Carboneras- levantadas sobre suelo no urbanizable. No ha trascendido de igual manera la proliferación de zonas de regadío e invernaderos dentro de sus límites de protección, así como de industrias relacionadas con esta actividad, las explotaciones mineras o la realización de caminos en lugares protegidos para facilitar el acceso de vehículos.

Los planes especiales (PORN y PRUG) "velan por que todas las actuaciones en el Parque Natural se lleven a cabo con criterios de sostenibilidad", argumenta Sonia Rodríguez, delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Partidaria de un "equilibrio entre la conservación y las necesidades de la población local" destaca la necesidad de imprimir un "enfoque social" a las actuaciones que se desarrollan tanto en el Parque, como en el área de influencia socioeconómica del mismo, en manos legislativas ya de los planes generales de cada municipio y de las normas urbanísticas de rango superior. "La primera especie a proteger en el Parque Natural es la especie humana", incide la delegada.

La distancia prudencial que podría existir entre las políticas de la administración y las reivindicaciones de actuaciones defensivas proclamadas por los grupos conservacionistas ha ido aumentando durante estos 25 años hasta convertirse en una brecha.

"La administración ha hecho de apagafuegos. Ha estado más preocupada por dar la imagen de que no pasaba nada y ha actuado cuando no quedaba más remedio", analiza José Rivera, presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), uno de los principales colectivos conservacionistas nacidos en la provincia. Junto a otros cinco colectivos ha constituido una Plataforma para la protección del Parque Natural.

Unen fuerzas con la intención de hacer de parapeto ante otros proyectos relacionados con el ladrillo que rodean al Parque. La amenaza viene por todas direcciones. Al norte, los proyectos de Hoya Altica (urbanización y campo de golf en Almería) y Nazareno (1.000 viviendas, 2.500 plazas hoteleras y un campo de golf de 27 hoyos en 230 hectáreas en Níjar). Al este, la ampliación del Puerto de Carboneras y el proyecto de Playa Macenas (urbanización y campo de golf en Mojácar). Al oeste, la ampliación del Puerto de San José (Níjar) y las urbanizaciones previstas en la zona de Las Salinas y en La Fabriquilla (Cabo de Gata).

Todas son grietas que podrían desquebrajar la sostenibilidad del Parque, Reserva de la Biosfera, en el que conviven más de 1.000 especies de flora y fauna exclusivas y que constituye un paisaje único en la costa mediterránea.

El Algarrobico, exponente del ataque

La imagen más popularizada de violación a la esencia del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e, incluso, de burla a la normativa que le concedió el máximo grado de protección medioambiental —cuestión que se dirime en los tribunales— la constituye el hotel levantado en la playa del Algarrobico, en Carboneras (Almería).
Levantado hace nueve años con licencia municipal y permiso de la Junta de Andalucía —a la que un juez acusó de modificar planos para rebajar el nivel de protección del suelo y cuya tesis respaldó el TSJA— fue paralizado al 90% de su construcción. En cuestión de días se dará a conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre si la construcción vulnera la Ley de Costas al encontrarse a menos de 100 metros de la costa. De ser así, y al tratarse de una sentencia firme, supondría que parte de la estructura del edificio debe derribarse.
Tanto el Ministerio como la Consejería de Medio Ambiente coinciden en que el Algarrobico debe desaparecer del mapa una vez haya una resolución judicial firme, lo cual parece obvio. La única iniciativa tomada por ambas Administraciones ha sido la firma de un convenio en el que se especifican las actuaciones que cada una debe llevar a cabo una vez que se obtenga luz verde para el edificio de 40 plantas. "Queremos que el paraje recupere sus condiciones originales naturales", proclama la delegada provincial de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez. Recientemente, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que con su partido en la Junta "será más fácil demoler el Algarrobico", un hotel que aún dará que hablar durante la campaña electoral.


* El País - MARTA SOLER Almería 10 MAR 2012
Foto: Las obras de la construcción del hotel del Algarrobico paralizadas en la playa de Carboneras de Almería. / JULIÁN ROJAS

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