Galicia.- El Plan del Litoral cumple un año sin apenas avances y con 47 pleitos

ELPAÍS* : Las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral, los dos principales documentos que definen la ocupación y uso del suelo en Galicia, entraron en vigor, tras años de retraso, hace justo doce meses. El pasado 23 de febrero, en el caso de las Directrices, y el 24, en el del Plan del Litoral, se cumplió un año del inicio de su aplicación. Esas fechas se han superado sin que la Xunta haya cumplido dos de las tres obligaciones que ambos documentos exigían para su su primer año en vigor y con un reguero de pleitos en marcha impulsados por Ayuntamientos, empresas y particulares. En el caso del Plan del Litoral, se han presentado 47 recursos en los tribunales.

Las Directrices y el Plan del Litoral contienen numerosas normas cuyo cumplimiento es obligado solo cuando una administración o un particular quiere acometer una intervención determinada en el territorio. También recogen la posibilidad de que la Xunta desarrolle a partir de ambos documentos otro tipo de planes secundarios, sin establecer plazos para ello.

Esto es, parte del desarrollo de las Directrices y del Plan del Litoral es de carácter político, potestativo, y depende de las iniciativas que decidan priorizar este y próximos gobiernos. Pero ambos documentos sí fijaban tres obligaciones concretas a cumplir por la Xunta en su primer año en vigor.

El deber más importante viene determinado por la ley territorial de 1995, la misma que obligaba a redactar las Directrices que tardaron 16 años en aprobarse. Esa ley, y su posterior desarrollo, establece que “la Xunta de Galicia, una vez al año, presentará al Parlamento una memoria en la que se plasmará el estado en que se encuentran las directrices”. El primer año ya ha pasado sin que se tenga constancia del envío al Parlamento de dicho balance.

Por su parte, el Plan del Litoral exige, en su disposición adicional primera, que “en el plazo de 12 meses desde la aprobación definitiva” del documento “la consellería competente en materia ambiental realizará una Guía de buenas prácticas de intervención en los sistemas playa-duna”. Superados esos doce meses, nada se sabe de esa guía.

Lo que sí ha cumplido la Xunta es la exigencia de la disposición adicional quinta de que “en el plazo de doce meses desde la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral la consellería competente en materia ambiental realizará una guía para la elaboración de los estudios de impacto e integración paisajística”. Medio Ambiente presentó ese documento el 3 de febrero, veinte días antes de que venciese el plazo de un año que tuvo para ello.

En este último año la Xunta también tenía la obligación de intercambiar información entre varios de sus departamentos implicados en el seguimiento de ambos documentos. Según otra disposición adicional del Plan del Litoral, la cuarta, la Dirección Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe debe ser informada anualmente del cumplimiento del seguimiento ambiental del Plan del Litoral. A su vez, ese seguimiento debe estar vinculado al de las Directrices, y para encargarse de ello, entre otras funciones, se ha creado el Instituto de Estudos do Territorio. Pero el consejo rector del nuevo organismo se constituyó el 6 de febrero y su funcionamiento no será pleno hasta dentro de varias semanas, según admitió entonces la Xunta, por lo que tendrá difícil hacer en plazo el primer balance anual de ambos documentos.

El Plan del Litoral contempla otras obligaciones temporales cuyo plazo aún no ha sido superado pero para las que siguen pasando los meses. Antes de que pasen dos años desde su aprobación la Xunta deberá iniciar un plan especial que cree la denominada Senda de los Faros, un itinerario peatonal por toda la costa gallega. El Plan del Litoral también fija tres años de plazo para que los ayuntamientos adapten al mismo su planeamiento urbanístico.

Algunos de estos plazos parecen haberse quedado cortos pese a que fueron notablemente ampliados en la versión definitiva del Plan del Litoral aprobada hace un año. En los primero borradores que manejó la Xunta se establecían seis meses frente a los doce actuales para la guía de actuación en las playas, un año frente a los dos actuales para la Senda de los Faros y dos años frente a los tres actuales para que los ayuntamientos adaptasen su urbanismo.



Ence encabeza la batalla judicial

Aunque su seguimiento por parte de la Xunta presente deficiencias, las Directrices do Territorio y el Plan Litoral se están aplicando en numerosos aspectos. Las primeras están sirviendo como guía para la redacción de documentos urbanísticos y sectoriales de todo tipo y las restricciones y consideraciones del segundo están siendo incorporadas por los Ayuntamientos en sus respectivos planes municipales: el 25% de los municipios afectados ya lo había hecho a los siete meses de su entrada en vigor, según el último balance facilitado de la Xunta, pese a que disponen de tres años para ello.
Pero el futuro de ambos documentos en aspectos o zonas geográficas puntuales puede verse truncado si prospera alguno del medio centenar de recursos judiciales que se han impuesto contra ellos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de los que ha venido dando cuenta el Diario Oficial de Galicia durante el último año.
El Plan Litoral es el que mayor conflictividad suscitó con 47 recursos, Cinco de ellos proceden de Ayuntamientos (Bueu, Cariño, Vilaboa, Vimianzo y A Illa de Arousa), una docena de promotoras inmobiliarias, tres de asociaciones vecinales, uno de Ence, otro de Elnosa y el resto de particulares, en ocasiones agrupados en una misma denuncia. Por su parte, las Directrices do Territorio se enfrentan a cuatro recursos: Ayuntamiento de Cariño, una fundación, Ence y Elnosa. Las dos últimas empresas encabezan el rechazo a ambos documentos oficiales porque estos impiden las permanencia de sus instalaciones en la ría de Pontevedra más allá de 2018.


* El País - DAVID REINERO Santiago de Compostela 2 MAR 2012
Foto: Cariño (A Coruña), vista - panoramio

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Brunete reclama a dos exalcaldes 1,3 millones tras la denuncia interpuesta por un constructor

20MINUTOS* : Las arcas de Brunete (9.967 habitantes) no están para tonterías. Por eso, el municipio va exigir que sus dos anteriores alcaldes paguen de su bolsillo la indemnización de 1,3 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha impuesto al Consistorio por el perjuicio que ocasionó a un constructor una operación urbanística fallida.
La reclamación recae sobre Julio Fernández, alcalde entre 1995 y 1999 por la información independiente Alternativa por Brunete, y sobre Félix Gavilanes, que sucedió al anterior y portó el bastón de bando de la localidad por el PP entre 1999 y hasta 2011.

La petición de responsabilidades se hará en base a un informe de los servicios jurídicos municipales, que buscarán la fórmula (incluyendo la vía penal) para que ambos hagan frente a la multa con su patrimonio y sin que las consecuencias de sus acciones tengan que ser sufragadas por los vecinos de la ciudad.

Sin embargo, la iniciativa no ha partido del alcalde, un Borja Gutiérrez (PP) que gobierna en minoría, que ni si quiera se presentó como cabeza de lista en las últimas elecciones y que aún tiene a Gavilanes como jefe de filas, ya que este se mantiene como presidente local del Partido Popular. La maquinaria, al contrario, ha sido puesta en marcha por UPyD, a quien han respaldado el PSOE e IU.

El fraude y el pacto

Los hechos se remontan a 1998, cuando Julio Fernández autorizó unilateralmente y por decreto la construcción de una promoción de 11 chalés con dos plantas y parcela de 250 metros cuadrados junto a la carretera de los pantanos (M-501). Un año después, con los trabajos empezados, el TSJM anuló el decreto y dictaminó que el alcalde había prevaricado por dar luz verde a una operación en terreno no urbanizable. El constructor afectado, José Curiel, inició entonces una batalla judicial para recuperar parte de su inversión.

Félix Gavilanes, sucesor de Fernández en la Alcaldía, trató de detener el proceso el 28 de diciembre de 2004, día de los Santos Inocentes, ofreciendo al denunciante un pacto con tres opciones. "Era lo mejor que podíamos hacer. La deuda estaba reconocida", explicó Gavilanes a 20minutos.es.

Según la primera, el constructor recibiría 601.000 euros de compensación por olvidarse del litigio. La segunda consistía en embolsarse esa cantidad en especie, es decir, en solares edificables y con la concesión de licencia para levantar 10 viviendas en el mismo lugar de la polémica, una vez que el Ayuntamiento cambiase el Plan General de Ordenación Urbana municipal para convertir la operación en legal. Esta segunda opción debería ejecutarse antes de que pasasen dos años, en diciembre de 2006. Si esto no sucedía, y esta era la tercera condición, el constructor se embolsaría 1.021.720.

Un PGOU ilegal

En 2008, el Ayuntamiento no cumplió con el trato en ninguno de sus tramos, ya que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana impulsado por Félix Gavilanes fue rechazado por la Comunidad de Madrid (ya gobernada por Esperanza Aguirre) y después recurrido judicialmente. La razón no era otra que el municipio solicitaba construir 20.000 viviendas a lo largo de diez años. De ellas, aproximadamente 4.000 serían levantadas por un solo constructor en la finca La Pellejera, terreno rústico de especial protección medioambiental junto al río Guadarrama.

El agraviado José Curiel continuó entonces la vía judicial, que se agotó el pasado 27 de octubre de 2011, cuando el TSJM estableció una indemnización a su favor de 1,3 millones de euros (1.021.720 euros más los intereses desde diciembre de 2006 y las costas judiciales).

Al conocer la sentencia y dado el Estado de "quiebra técnica" de las arcas municipales, el portavoz municipal de UPyD, Fernando Castellano, llevó a pleno una moción que salió adelante con el apoyo del PSOE y de IU. Esta obliga al alcalde a emprender acciones judiciales contra Javier Fernández y Félix Gavilanes.

El Consistorio no puede desobedecer la orden del máximo órgano municipal. Sin embargo, fuentes municipales ha confirmado a 20minutos.es que, por el momento, sólo estudiará querellarse contra Fernández, no contra el antiguo alcalde popular. Tanto UPyD como PSOE aseguraron a este diario que, dado que tienen mayoría en el pleno, obligarán al Ayuntamiento a cumplir con la moción en su integridad.

Los denunciados

El procedimiento de denuncia fue aprobado el pasado jueves 1 de marzo. Ese mismo día, el exacalde Julio Fernández se personó en el pleno e hizo uso del turno de ruegos y preguntas, reservado a los vecinos, para defender su gestión. Según distintos testigos presenciales, admitió que "se pudo equivocar", pero argumentó que en ningún caso se enriqueció durante su paso por el Ayuntamiento y que, a su salida, dejó unas cuentas saneadas. Por ello, rechazó pagar la cantidad que se le imputa.

Fernández, hoy desvinculado de la política, fue inhabilitado dos veces por cometer prevaricación durante su etapa en Brunete. En ocasión, según las sentencias, dio licencias urbanísticas de manera irregular a sabiendas. En este caso, también fueron condenados cuatro concejales del PP, partido con el que gobernó en coalición, y a otro independiente. Cumplió la misma pena por negarse a convocar, en contra de la ley, el pleno en el que la corporación municipal iba a destituirle como alcalde.

Félix Gavilanes, por su parte, aseguró a 20minutos.es estar "muy tranquilo" respecto a su gestión y sobre la posible denuncia. "Heredé el problema del anterior alcalde. La deuda estaba reconocida y había sentencia de un tribunal, así que preferí pagar a dejar de abonar las nóminas de los empleados municipales o a quitar servicios esenciales a los ciudadanos. El acuerdo que ofrecimos era la mejor solución, según estimamos entonces yo mismo, el secretario y el abogado municipal", concluyó el alcalde.

Gavilanes sigue siendo presidente del Partido Popular de la localidad, pese a estar enfrentado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Él fue el que encabezó la candidatura a las elecciones municipales de 2011. Sin embargo, tras obtener la mayoría de los votos, renunció. El segundo de su lista, Borja Gutiérrez, fue investido alcalde gracias a la abstención de UPyD y por un solo voto de diferencia sobre el socialista Fernando Corvo.


* 20MINUTOS - ÁNGEL CALLEJA 06.03.2012
Foto: Brunete (Madrid), plaza mayor - comunidad

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Vilanova y Benlloch reclaman cifras millonarias al aeropuerto de Castellón

ELPAÍS* : Los ayuntamientos de Vilanova d’Alcolea y Benlloch en cuyos terrenos se ha construido el aeropuerto de Castellón batallan en los tribunales para que la empresa constructora y promotora pague la millonaria licencia de obra y de actividad que reclamaron hace más de tres años, cuando las obras llegaban a su recta final. La batalla viene de lejos. En noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Benlloch aprobó en pleno requerir a Aerocas y a la ahora exconcesionaria de las obras, Concesiones Aeroportuarias, el pago de la licencia de obras y de actividad del aeropuerto. El Ayuntamiento de Vilanova hizo lo mismo en el pleno de febrero de 2009.
Antes, lo único que existía era un acuerdo por el que cada municipio recibiría un millón de euros en compensación por las obras. Y esta decisión molestó tanto al presidente de Aerocas, Carlos Fabra, que anunció la congelación del acuerdo.

La decisión de si el aeropuerto debe o no pagar esta licencia que se prevé millonaria se dirimirá en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que ambos ayuntamientos hayan recurrido una primera sentencia dada a conocer ahora que ha dado la razón a Aerocas.

La empresa pública presentó un contencioso en el que alegaba que las obras se autorizaron en 2002 y comenzaron en 2004. La petición de la licencia llegó cinco años más tarde, después de que en las elecciones locales la Agrupació Vilanova Independient (AVI) arrebatara la alcaldía al Partido Popular. Aerocas recuerda en su alegación que “es evidente que la resolución recurrida (la decisión plenaria) es una reacción frente a un convenio de compensaciones que el Ayuntamiento no comparte”. Además, sostiene que “el aeropuerto no está sujeto a licencia”, puesto que es una obra de interés general y sujeta a ordenación territorial y no urbanística.

Dos sentencias del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón les han dado la razón pero sin pronunciarse sobre si el aeropuerto está sujeto o no a licencia de obras. En ambos casos, el tribunal considera el requerimiento municipal nulo porque el consistorio lo hace sin ordenar la paralización de las obras para exigir el pago de la tasa.

“Cuando pedimos la tasa las obras estaban casi terminadas y no creíamos que fuera conveniente paralizarlas”, dice el edil de Urbanismo de Vilanova, Joaquín Laborda. Y recuerda que el mismo fallo apunta que el alcalde puede requerir la licencia siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la terminación de las obras.


* El País - LORENA ORTEGA Castellón 6 MAR 2012
Foto: Vista aérea del aeropuerto de Vilanova d’Alcolea, en Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ

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¿Quién decide en Europa el precio de las hipotecas?

DIAGONAL* : Abogados y activistas lanzan una campaña de denuncia e instan a investigar cómo se calculan y publican los datos del euríbor, aparentemente sin control público.
El cálculo del euríbor –tipo de interés de referencia para 18 millones de préstamos hipotecarios– está en manos de la mayor corporación de información financiera del mundo, Thomson Reuters. Todos los días, los 44 principales bancos que operan en Europa envían a esta agencia privada la oferta de los préstamos que se hacen entre sí. A las 11h, Thomson Reuters hace la media de los tipos de interés recolectado, publica el dato del euríbor y, según la normativa, los datos empleados para garantizar la transparencia del proceso. Hasta aquí la teoría: en la práctica, los números que maneja Thomson Reuters no se conocen. Hasta ahí han llegado dos abogados sevillanos que, partiendo del caso de un cliente que quería conocer el porqué del aumento de su deuda con Cajasol, han preguntado a entidades bancarias, al Banco de España, a la Comisión Europea y a la agencia privada sin recibir ninguna respuesta satisfactoria.

Como consecuencia, han lanzado la OpEuríbor, una campaña mediática con la que intentan alertar sobre ciertos números sospechosos: si se observa la serie histórica del euríbor desde el comienzo de la crisis, en repetidas ocasiones ha sido exactamente el mismo durante varios días seguidos (algo muy improbable estadísticamente cuando se dan cifras con tres decimales obtenidas de otros decimales redondeados). Francisco Jurado, uno de los abogados, explica que es un hecho conocido que, desde la caída de Lehman Brothers, “los bancos no se fían nada unos de otros y han dejado de prestarse dinero”. Además, los bancos centrales han inyectado mucho líquido a bajo coste. “Si los bancos no se prestan, ¿cómo se sigue publicando el euríbor, como si nada sucediera?”, se pregunta.
Sospechas institucionales
En octubre de 2011, la Comisión Europea entró en las oficinas de varios bancos –entre ellos Deutsche Bank– para recabar datos sobre la confección del euríbor. La Comisión del Mercado de Valores de Canadá también investiga la posible manipulación de los tipos de interés a nivel mundial. Aún no ha transcendido información sobre sus averiguaciones.
La hipótesis que más suena es que los bancos modifican a la baja los tipos. “Podría parecer ilógico, pues cuanto más alto esté más dinero reciben de sus clientes hipotecarios”, apunta Jurado, pero cuentan “con la cláusula suelo, que indica en un contrato hipotecario un límite del que no se puede bajar”. Así, los bancos no cobran menos intereses, pero sí se benefician como deudores de otros bancos y consiguen dar una imagen saludable del mercado interbancario.
En la web opeuribor.es se puede descargar un modelo para solicitar información a bancos, con el objetivo de recabar negativas e iniciar una demanda legal. Se trata de que Thomson Reuters llegue a recibir una orden judicial y no pueda seguir negándose a facilitarlos datos.


* Diagonal - MARTA G. FRANCO - 5.3.12
Foto: Hipotecas - diagonal

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