Barcelona.- El número dos de Cultura se lucró con 193.000 euros de la ACM

ELPAÍS : Una empresa de Xavier Solà, actual secretario general y número dos del Departamento de Cultura, facturó 193.853 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) a finales de 2009 por un catálogo de masías que él mismo impulsó cuando era jefe de los servicios jurídicos de la entidad municipalista. Todas las facturas —65, cada una por un importe de 2.982,36 euros— se emitieron el 29 de diciembre, cuando estaba a punto de cerrarse el ejercicio anual. El concepto era el mismo en todas ellas: “Trabajos de redacción normativa, revisión general del catálogo y revisión estilística y de contenido” del programario y las fichas del Catálogo de masías y casas rurales. La única diferencia era el nombre del municipio donde se habían catalogado los edificios.

En el momento de la emisión de las facturas, el responsable de los pagos de la ACM era su secretario general, Josep Maria Matas, que el 24 de febrero fue destituido como coordinador general de la Diputación de Barcelona por las irregularidades cometidas en los 11 años que estuvo al frente de la ACM, tras las informaciones publicadas por EL PAÍS.

Matas y Solà —a los que une una estrecha amistad, además de ser ambos dirigentes de CDC en Osona— trabajaron codo a codo en la ACM entre los años 2000 y 2007, hasta que este último se presentó a las elecciones municipales de Vic y, tras la victoria de CiU, se convirtió en el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad.

Fue durante el periodo en el que trabajaron juntos en la ACM cuando Solà impulsó el catálogo de masías. El proyecto tenía por objetivo inventariar el patrimonio arquitectónico rural de los municipios catalanes y surgió por la necesidad de los Ayuntamientos de disponer de un catálogo de masías y casas rurales, según lo establecido por la Ley de Urbanismo aprobada en 2002. El catálogo se elaboró mediante convenios entre la ACM y las entidades que han realizado los trabajos del mismo, como las universidades de Lleida y de Vic, y la Fundación Mas i Terra, que entre 2005 y 2009 catalogaron el patrimonio de decenas de municipios.

En las dos universidades y en la Fundación Mas i Terra el proceso era el mismo: las tres centralizaban el proceso de producción y encargaban el trabajo de campo a jóvenes historiadores, geógrafos y otros especialistas. En el caso de las universidades, solían ser becarios quienes realizaban el trabajo bajo la coordinación del profesorado.

Solà respondió ayer a este diario que las facturas son por su labor profesional —es abogado— y que responden a “la parte jurídica, la revisión y la coherencia normativa de todo el trabajo”. El número dos de Cultura también explicó que “cada catálogo tiene su propia normativa, aunque eso no significa que las normativas no se parezcan entre ellas”.

Cuando Solà emitió las 65 facturas del catálogo, tan solo hacía 15 días que había adquirido la empresa que luego utilizó para cobrar el servicio, EiL Sau, que había sido creada en marzo de 1998 en la comarca de Osona y se dedicaba a actividades lúdicas. Tras unos años en funcionamiento, en 2004 sus propietarios dieron por finalizada su actividad. Cuando, a finales de 2009, Solà hizo la oferta para comprarla, EiL Sau ya llevaba cinco años inoperativa.

La venta de las acciones tuvo lugar el 14 de diciembre de aquel año en Vic. Los compradores eran Solà —aún primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la capital de Osona— y su esposa, Meritxell Inaraja, arquitecta de profesión.

Solà ha admitido que tramitó las 65 facturas tras comprar una empresa “por temas fiscales, lo que no es ninguna ilegalidad”. De esta forma pagaba menos impuestos a Hacienda, ya que en lugarde tributar el 43% correspondiente a sus ingresos como persona física, pagaba el máximo del 30% que corresponde a una sociedad.

Tras hacerse con la empresa, Solà y su esposa cambiaron el objeto social por el de arrendamiento y gestión de fincas urbanas. Oficialmente, la empresa no tiene más trabajador que Solà —que aparece como administrador— y tampoco dispone de oficinas, ya que la dirección social se trasladó a la casa de la zona residencial de Vic donde vive la pareja. La sociedad, por tanto, no tiene estructura empresarial alguna.

Según consta en el registro mercantil, en 2009 la empresa declaró un importe neto de cifra de negocio de 167.115 euros, lo que coincide con los 193.853 euros de las 65 facturas, menos el IVA. Aquel año EiL Sau no tuvo más ingresos, pues en los meses anteriores, debido a la situación de inoperatividad de la sociedad, no había habido movimiento alguno.

Aparte de las facturas del catálogo, la empresa no registró posteriormente ningún otro ingreso, ya que en el último balance depositado en el registro mercantil —correspondiente al ejercicio del 2010— no se observa actividad empresarial de ningún tipo. “Aquel año no pude trabajar con esta empresa”, justifica Solà, que admite que desde 2011 la sociedad vuelve a estar inoperativa.

Con relación a “la revisión estilística y de contenido”, EL PAÍS ha contactado con los responsables de los 65 catálogos, tanto en las dos universidades como en la Fundación Mas i Terra. Todos ellos han admitido que nunca externalizaron nada a ninguna empresa y que eran ellos los que entregaban el material cuando estaba finalizado.

Otro hecho relevante es que todas las facturas eran por el mismo importe pese a la gran diferencia de masías, y por tanto de trabajo, que implicaban los catálogos según el municipio. Así (véanse las facturas de la imagen), mientras que en Tagamanent tan solo había unas pocas decenas de edificios por catalogar, en Les Franqueses del Vallès —un caso excepcional— se acercan a los 400, diferencias que no se reproducen en las facturas de Solà.

Por otra parte, el importe de cada factura de Solà —2.571 euros una vez restado el IVA— es en algunos casos muy superior al coste final de los trabajos completos de catalogación, impresión incluida, en algunos municipios con pocas masías. En algunos casos, el coste total del catálogo era de apenas 600 euros, mientras que las facturas de Solà multiplicaban por cinco esta cantidad. “Si quieres, puedes decir que soy un abogado muy caro”, respondió Solà cuando se le hizo notar esa diferencia en los importes.


* El País - JORDI ROVIRA Barcelona 5 MAR 2012
Foto: Vic (Barcelona), plaza - turismo

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El fiscal denuncia a la ex alcaldesa de Villanueva por la venta de una cañada

ELMUNDO/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha denunciado ante los tribunales a María José Cervantes, la ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, por un presunto delito de prevaricación que se suma a las no pocas imputaciones que acumula, la mayoría de ellas por delitos urbanísticos; también por el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos.
Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, la fiscal Amparo Marcos interpuso el 12 de enero la denuncia en los juzgados de Lora del Río. En ella pide que se investigue si Cervantes concedió licencias de segregación y usurpación de parcelas que, en realidad, pertenecían al Ayuntamiento como parte de la Cañada Real Vereda de la Carne.

Las licencias fueron vendidas por una empresa, la Sociedad de Desarrollo Local San Fernando, a particulares en lo que podría constituir, añade el Ministerio Público, una estafa.

Cervantes fue 'colocada' por el PSOE como asesora en la Diputación que preside el socialista Fernando Rodríguez Villalobos tras perder las últimas elecciones municipales.


* El Mundo - Chema Rodríguez - 4.3.12
Foto: Villanueva del Río y Minas (Sevilla) - sevillatequiero

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Los expedientes ambientales de la UE contra España asedian al ministro Arias Cañete

LAVANGUARDIA* : Los expedientes por incumplimientos de las normas ambientales europeas (planificación de ríos, saneamiento de aguas residuales y polución en las ciudades, enter otras) asedian al Gobierno. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, expresó ayer su "enorme preocupación" por el retraso en la elaboración de los planes de cuenca de los ríos españoles, que tenía que estar hechos antes de finales de 2009. El retraso ha motivado un expediente de la UE. "España es el país más atrasado en planificación hidrológica", dijo el ministro, para quien esta circunstancia "podría comprometer las inversiones europeas prometidas". Arias Cañete expondrá la situación a sus colegas europeos la semana próxima y pedirá "comprensión" para evitar o minimizar las posibles sanciones.
Además, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE el 14 de abril del 2011 por la deficiente depuración de las aguas en 38 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. El hecho podría comportar una multa coercitiva de 20 a 50 millones de euros al año desde el 14 de abril del 2011.

Asimismo, la UE llevará a España al Tribunal de Justicia de la UE por el insuficiente tratamiento de las aguas residuales en 39 aglomeraciones de más de 10.000 habitantes. Que vierten sus aguas en zonas sensibles.

Incluso hay una carta de requerimiento de información (primer paso del procedimiento contra España), con fecha del 30 de noviembre, por deficiente depuración de las aguas en 921 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes y hasta 15.000.

También hay expedientes abiertos contra España por la polución en las grandes urbes (algo a lo que el ministro no se ha referido aún), y existe una condena firme por la construcción del canal Segarra-Garrigues en un área de aves esteparias protegidas en la provincia de Lleida.

El titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente precisó que, una vez se acabe la planificación hidrográfica y se solucione la "mala" depuración de las aguas en más de 900 municipios, y se modifique la Ley de Aguas, propondrá un "gran Pacto Nacional del Agua que derive en un Plan Hidrológico Nacional".Por eso, esa iniciativa se demora para al menos, finales de 2013 o 2014. En este contexto considera "muy difícil" realizar una planificación nacional sin conocer los recursos disponibles y las necesidades en cada cuenca. Por ello, ha reiterado que un Plan Hidrológico "serio" tiene que tener los planes de cuenca hechos, ya que otra cosa sería una "arquitectura artificial".

Ley de Costas

Mientras tanto, la reforma de la Ley de Costas tiene cada vez perfiles más claros. La intención del Gobierno es prorrogar las actuales concesiones temporales de determinadas propiedades situadas en la franja costera de dominio público. Además, quiere ampliar el tipo de actividades que pueden albergar las zonas de protección en la primera línea de mar.

El documento entregado ayer por el ministro Miguel Arias Cañete en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (agricultores, empresarios, ecologistas...) ilustra su deseo de dar la vuelta a la actual ley de Costas como a un calcetín. Ahora, los dueños de propiedades privadas afectados por la delimitación (deslinde) del dominio público junto a las playas ven expropiados sus derechos, y no son indemnizados. Sólo se les da una concesión temporal de 30 años, prorrogable por otros 30.

En cambio, lo que se busca ahora es dar una solución a la finalización de muchas concesiones (que acaban a partir del 2018); por lo que se plantea alargar la ocupación 75 años, como fija la Ley de Patrimonio del Estado. Además, se quiere modificar la ley para que se puedan vender los títulos de concesión, una opción que intentó la ministra Elena Espinosa sin éxito. El documento aduce que no hay razones ambientales de peso para penalizar a sus titulares impidiéndose vender ese título.

Además, Cañete quiere acelerar los procesos para que pasen más rápidamente a manos privadas las zonas urbanas degradadas afectadas por antiguos deslindes y que han dejado de ser dominio público. Para ello, quiere fijar unos trámites de desafectación más rápidos. Podrían verse beneficiados con esta medida los barrios de Palo y Pedregalejo en Málaga, Chilches en Castellón y otros en la cornisa Cantábrica.

Otra propuesta plantea "una flexibilización" de las actividades en las franjas de protección costera (de 20 metros en suelos urbanos y de 100 m. en los demás suelos), por lo que se podrían autorizarse nuevos usos lúdicos o turísticas. Ecologistas en Acción y CC.OO. rechazaron la reforma.


* La Vanguardia - ANTONIO CERRILLO - 2.3.12
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)

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El Parlament valida el decreto para regularizar urbanizaciones ilegales

DIARIODEMALLORCA* : El Parlament balear validó ayer el decreto ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística aprobado por el Govern y que permite regularizar las urbanizaciones ilegales ya existentes y que los ayuntamientos puedan realizar modificaciones puntuales en su planeamiento sin necesidad de haberse adaptado al Plan Territorial. Esta normativa fue respaldada por el PP frente al voto contrario del PSOE y del PSM-IV-ExM, formaciones estas últimas desde las que se advirtió del "efecto llamada" que estas iniciativas van a tener en materia de urbanismo ilegal. En cualquier caso, el actual redactado podrá ser modificado durante su futura tramitación como ley, ante lo cual desde el Govern se reclamó la colaboración de la oposición.

El conseller de Territorio, Biel Company, fue el encargado de defender las virtudes del decreto, que en su opinión aporta una mayor seguridad jurídica, agiliza la tramitación de proyectos ante las Administraciones y afronta problemas que se han mantenido durante "décadas", como el de las urbanizaciones ilegales.
Company rechazó que la posibilidad de legalizar los asentamientos en suelo rústico vaya a incentivar su crecimiento, por cuando esta medida solo se aplicará sobre los ya existentes, y negó que el decreto vaya a suponer una "desregulación salvaje", tal y como se había acusado desde la oposición.
También la diputada del PP Virtudes Marí respaldó los cambios propuestos por el Govern, ya que en su opinión se da respuesta "con valentía" a la inseguridad jurídica en un momento de crisis económica con el fin de favorecer las nuevas inversiones. Además, rechazó que se promueva un "urbanismo a la carta".
Mucho menos complacientes fueron los grupos de la oposición. Desde el PSOE, Jaume Carbonero acusó al Ejecutivo autonómico de aprobar un decreto cuyos objetivos son, en su opinión, recuperar las urbanizaciones que fueron desclasificadas por el anterior Govern del Pacto, regularizar las parcelaciones ilegales y suspender el límite de crecimiento urbanístico (que en Mallorca es del 10%) que se fijó en las directrices de ordenación del territorio. Pero además, denunció una medida que "nunca pensé que se atrevieran a aplicar", como es el silencio positivo de las Administraciones, es decir, que si éstas no responden a los trásmites en los plazos fijados el proyecto se considera aprobado.
Al igual que Carbonero, el diputado del PSM-IV-ExM Antoni Alorda subrayó el "efecto llamada" que la regularización de los citados asentamientos en suelo rústico va a tener, y ambos se mostraron extremadamente críticos con el hecho de que se pueda permitir que éstos no dispongan de alcantarillado, por lo que anunciaron que recurrirán ante los tribunales cada caso que se apruebe con esas condiciones.
Por otro lado, el pleno del Parlament aprobó también un documento en favor de la educación pública elaborado por PSM-IV-ExM, aunque el voto en contra del PP en varios de sus puntos hizo que éste quedara notablemente mutilado.


* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO - 29.2.12
Foto: Palma, parlamento balear - EP

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