La mala gestión de las aguas residuales podría costar a España hasta 50 millones

AMBIENTUM* : España admite que probablemente la Unión Europea le impondrá una multa de 20 a 50 millones de euros, un cálculo que se basa en sanciones anteriores que ya se han puesto a países como Luxemburgo y Bélgica, teniendo en cuenta el tiempo de incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, así como el número de procedimientos abiertos.
Así, el incumplimiento en cuanto a la existencia de colectores y por la falta de algunas estaciones depuradoras, ha provocado que el Reino de España esté incurso de dos procedimientos sancionadores y en una solicitud de información previa a un posible tercer procedimiento sancionador.

Respecto a la condena económica, se basa en las sanciones impuestas a Bélgica y Luxemburgo. Concretamente, Luxemburgo tiene un procedimiento abierto por 4 aglomeraciones urbanas de las 12 que tiene todo el país, en un país cuyo total del territorio nacional ha sido declarado zona sensible, mientras que España tiene un primer procedimiento abierto para 38 depuradoras.

Así, la Comisión Europea ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia Europeo las siguientes multas para Luxemburgo: Una multa coercitiva de "no menos de 2,3 millones de euros" que se ha calculado en 11.340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2006. Además, se propone una suma a tanto alzado de 1.248 euros desde el día en que se dictó sentencia hasta que se ejecute la sentencia dictada, lo que supondría 4,1 millones de euros al año por verter en zonas sensibles.

A este respecto, fuentes del MAAMA han manifestado a Europa Press que el ministro, Miguel Árias Cañete, mantuvo la semana pasada conversaciones en Bruselas con varios de sus homólogos y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, la semana pasada en Nairobi (Kenia) con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, para explicarles que la situación ha mejorado y que, aunque va despacio, se está trabajando "a marchas forzadas". De hecho, apuntan que de los 26 puntos difíciles que había en 2010, "ahora" se ha reducido a 20 aglomeraciones urbanas.

Entre otras tecnologías a utilizar, contempla el reciclado de 650 hectómetros cúbicos al año; la desalinización mediante nuevas inversiones y estrategias; la gestión de eventos extremos y sequías así como la recuperación medioambiental y el apoyo a las empresas españolas con experiencia en agua, tanto a nivel nacional como internacional.


* Ambientum - 28.02.12
Foto: Aguas residuales - renovablesverdes

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El ex alcalde de Bollullos, imputado por cuarta vez, en esta ocasión por estafa

ELMUNDO/Huelva* : El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Palma, tribunal que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007, a denuncia de una vecina jubilada que asegura haber sido "profundamente engañada" por Sánchez.
Según la providencia del juzgado fechada el pasado lunes, el ex regidor socialista comparecerá ante la juez como imputado el próximo 5 de marzo, declaración que forma parte de las diligencias previas abiertas por el tribunal, que decidió reabrir el caso el pasado 4 de enero tras recibir denuncia ampliatoria sobre los hechos.

La denuncia presentada por María Josefa López Valenciano contra el ex primer edil de Bollullos, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, apunta a los delitos de estafa, hurto, daños, prevaricación y amenazas, ya que, según la denunciante, Sánchez le llegó a amenazar con "pasarlo muy mal" si finalmente tomaba la decisión de denunciarlo.

Según la denuncia, Josefa López heredó de sus padres, junto a su hermana, una casa construida en 1880 en la calle Calvario de la localidad, donde pretendía instalarse a pasar los años de jubilación tras regresar de Ginebra donde había emigrado. El Ayuntamiento estaba interesado desde la década de los 90 en adquirir la vivienda para demolerla y construir una plaza pública, pero nunca llegaron a un acuerdo. Así, durante años el consistorio le denegó licencia para realizar obras de rehabilitación, lo que provocó que en 2002 fuese declarada en ruinas.

En 2003, siendo alcalde Carlos Sánchez, se llega a un acuerdo verbal que sería ratificado por escrito en 2005, por el cual el consistorio se queda con la casa y a cambio autoriza a la vecina a construirse una nueva vivienda en un terreno no urbanizable bajo la promesa de que el solar sería recalificado. Además, los costes de urbanización "quedarían compensados con la cesión de su parte de la casa", valorada en poco más de 27.000 euros.

Sin embargo, tan sólo unos meses después empezaron los problemas que desembocaron en una orden de demolición de la nueva vivienda y en una multa que ya roza los 90.000 euros, que originó el embargo de su pensión. Además, el acuerdo nunca fue ratificado en pleno y la vieja casa de la denunciante fue echada abajo sin expediente de expropiación y sin previo aviso.

"Me han quitado todo lo que era de mi madre y los recuerdos de mi pasado", lamenta Josefa López en su denuncia, en la que destaca que a su hermana no le han pagado su parte y ni tan siquiera se pusieron en contacto con ella, y que, para colmo, aún le sigue llegando a nombre de su padre el recibo para pagar el IBI.

Cuarta imputación

Con esta imputación, el ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado suma ya cuatro. A falta de que la juez de La Palma determine si hay indicios de delito para seguir adelante con el procedimiento judicial y si es así especificar los delitos, Carlos Sánchez está imputado de prevaricación en tres causas anteriores, dos de ellas por irregularidades urbanísticas y otra por adjudicar el contrato de recogida de basuras a una empresa aún a sabiendas de que el Ayuntamiento no tenía dinero para pagarlo.

Según fuentes consultadas por este periódico, la dirección del PSOE de Huelva está tratando de "quitarse de en medio" a Sánchez y ya tiene sustituto. Sin embargo, hace tan sólo unos meses la cúpula socialista onubense, liderada por el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, defendió la candidatura de Sánchez a la Alcaldía de Bollullos para las elecciones municipales del pasado mayo, a pesar de que ya estaba imputado por irregularidades urbanísticas.


* El Mundo - José Carlos Aguado - 23.2.12
Foto: Bollullosdel Condado (Huelva) - visitingspain.es

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La empresa de la vivienda de Alcorcón entra en concurso de acreedores

ELPAÍS/Madrid* : La Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA, la empresa municipal de la vivienda) ha presentado esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 6 concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago de 266 millones de euros que tiene de pasivo. Así lo ha comentado el primer teniente de alcalde y presidente de la sociedad, Óscar Romera, que ha asegurado que las cerca de 600 casas que quedan por entregar de las cinco promociones pendientes de construir se terminarán y se entregarán a sus adjudicatarios. El PSOE, por su parte, cree que la situación de la empresa no es "tan negativa como quiere vender el PP" y que su última intención es acabar con los pisos sociales que tanta fama han dado a Alcorcón.

Según Romera, EMGIASA no tiene liquidez para hacer frente a todos los pagos y a las obligaciones derivadas de la compra e hipoteca de parcelas, en su mayoría en el Ensanche Sur. Este nuevo barrio de Alcorcón está formado por un 85% de viviendas sociales. En su opinión, el principal problema es que se han acometido obras para los que no había como el macrocentro de cultura y ocio CREA que ha supuesto un desembolso de unos 80 millones de euros y que necesita un gasto adicional de otros 40 para concluirlo y dotarlo.

"El modelo de gestión de la empresa no era malo si solo se hubiera dedicado a construir viviendas sociales. El problema es cuando se genera un deudón como el que no hemos encontrado por hacer obras faraónicas para las que no había dinero ni necesidad", ha explicado el presidente de EMGIASA. "No queríamos adoptar esta medida de pedir el concurso de acreedores pero no ha quedado otro remedio dado que solo hemos podido rebajar 66 millones en los últimos meses", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, ha acusado al PP de querer desmantelar la empresa municipal sin haber aportado la documentación económica-financiera que acreditara la situación de EMGIASA. "Esto es una locura. Su principal intención es que quieren desmantelar la vivienda pública en Alcorcón, lo que no tiene sentido, sobre todo, cuando presentan unos presupuestos municipales con un superávit de 18 millones de euros", ha destacado De Andrés. Esta ha recordado que la empresa tiene un patrimonio ejecutable y libre de cargas de cerca de 200 millones de euros. "Solo se dedican a hablar de la deuda, pero no del activo ni de las cuentas pendientes de cobro. Han querido provocar la insolvencia cuando no existe", ha concluido la edil socialista.


* El País - 28.2.12
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org

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La gallinita ciega o el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje

FRANCISCO SOLER DUQUE* : Con la solución que opera el Decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, la Junta ha decido convertirse en la gallinita ciega de este esperpéntico y macabro juego que se deja ayudar siguiendo las pistas de los ayuntamientos, quienes dándole vueltas y riendo le cantan: Gallinita, gallinita ¿Qué se te ha perdido en el pajar?/Una aguja y un dedal/Da tres vueltas y la encontrarás, le dicen.
Chanzas a parte, la solución arbitrada por el decreto puede calificarse de premio a la mala gestión para aquellos que teniendo la obligación de conseguir que la actividad urbanística cumpliera con los fines de: desarrollo sostenible y cohesión de las ciudades; vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales; subordinación de los usos del suelo al interés general definido por la LOUA; así como el de las edificaciones y construcciones; decidieron jugar al juego de la gallinita ciega permitiendo por omisión la construcción de 250.000 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable en Andalucía se hayan regido por los principios de la política social y económica contemplados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española, a los que por mandato de la ley urbanística andaluza está subordinada la ordenación urbanística.

Hay en el decreto un dato concreto que confirma lo que he señalado y que nos lo proporciona el artículo 17: la no computación de los terrenos ocupados por asentamientos ilegales a los efectos de determinar los límites de crecimiento superficial que impone el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, en unión con los planes subregionales. Para ello parte de la ficción jurídica que tal ocupación no existe.

Inevitablemente la situación creada nos lleva a preguntarnos cómo ha quedado el Estado de Derecho en Andalucía. La respuesta no puede ser otra que: quebrado, ante el fallo generalizado de todos los mecanismos y controles previstos en la ley. Y esta quiebra no puede ser atribuida únicamente a una de las administraciones públicas implicadas pues tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía obviando el mandato de atribución competencial conjunta que les asigna la LOUA, decidieron mirar hacia otro lado. Los primeros permitiendo tales construcciones y no ejerciendo las potestades de disciplina urbanística que tienen atribuidas o aprobándolas en otros casos mediante expedientes urbanísticos que no cumplían los requisitos exigidos por la ley, pues no es creíble que se puede invocar desconocimiento en los pequeños pueblos donde todo se sabe. Pero hablemos claro, en los pueblos en la mayoría de los casos se pregunta al alcalde, aunque sea de manera hipotética. ¿Debemos creer entonces que los alcaldes pasaban el día encerrados en sus despachos sin contacto con la realidad de su municipio? Y respecto a la Junta de Andalucía: ¿acaso nunca llegaron denuncias de los ciudadanos, acaso nunca se comentó por los alcaldes y concejales del partido en el gobierno de la comunidad autónoma en las reuniones de conmilitones la situación que se estaba viviendo en sus respectivos municipios?. Cabe pensar pues que la Junta también miró hacia otro lado y decidió no ejercer las competencias urbanísticas atribuidas.

Resulta llamativo por demás que ninguna voz, desde ningún rincón, se haya alzado pidiendo la exigencia de responsabilidades a quienes permitieron tal estado de cosas. La explicación quizás haya que buscarla en el hecho que ante la magnitud del destrozo paisajístico y ecológico y la total ausencia de los principios de ética ciudadana que han demostrado (unos y otros), no han querido coger el toro por los cuernos pensando en que sería su muerte política, cuando de haber actuado como debían podría haber constituido el primer acto de valentía de nuestros responsables políticos frente a la corrupción, la primera actitud de cambio político que está reclamando la sociedad, sin perjuicio de los muertos políticos y las condenas judiciales que se hubieren debido derivar de aquella etapa. Cabe pensar pues que tal actitud fue una mezcla de cálculo interesado y cobardía política. En uno y otro caso quienes han actuado de esta manera no merecen ocupar el cargo de representantes de los ciudadanos o representantes de las instituciones en Andalucía. Señalar además que la quiebra del Estado de Derecho que ha supuesto esta situación de rebelión institucional de nuestros representantes a los principios y mandatos de la Constitución y la traslación a los ciudadanos del mensaje que todo vale, junto con la ausencia de voces críticas que desde dentro reclamen la exigencia de responsabilidades, ahondará la pérdida de confianza de los ciudadanos en representantes políticos e instituciones.


El decreto lejos de resolver el problema como proclama la administración autonómica, lanza el mensaje de que cuando el urbanismo salvaje vuelva a ser otra vez un problema insostenible se aprobará una norma que otorgue una nueva amnistía urbanística. Así, mientras el incumplimiento de la ley salga gratis a quienes son los encargados de su implementación y disciplina, continuaremos viviendo en el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje.


* La Opinión Málaga - 28.2.12

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