El gobierno de Ourense adjudicó a dedo una obra de 600.000 euros

ELPAÍS* : Las obras de la céntrica calle Bedoya de Ourense, contratadas en octubre de 2008 por procedimiento negociado, sin publicidad, y con reparos del interventor, por 593.000 euros, comenzaron antes de ser adjudicadas. La empresa contratista que se lanzó a la operación urbanística antes de haber conseguido la adjudicación es Ocasa, que tiene como apoderado a José Ramón Fernández Morgade, que fue de número 14 en la lista del PSOE en las municipales.
Ayer, uno de los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Ourense, Javier García Gago, denunció ante la propia entidad local la comisión de un posible delito por parte del gobierno municipal, el bipartito integrado por PSOE y BNG, que aprobó la adjudicación de la obra ya iniciada, en comisión de gobierno. García Gago registró un informe en el que asegura que se encuentra obligado a poner en conocimiento de la Administración local y de la justicia estos hechos “graves y posiblemente constitutivos de delito”.

En su opinión, la actuación del gobierno local supone una “desviación de poder” ya que se ha “utilizado” una potestad administrativa, la adjudicatoria, “no para otorgar el contrato a la oferta más ventajosa, sino a una empresa predeterminada” uno de cuyos apoderados está vinculado políticamente al gobierno local que le contrata “irregularmente”.

García Gago hace su denuncia después de que la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, señalase a un exasesor jurídico municipal —padre del ahora denunciante— como responsable de la tramitación de los expedientes urbanísticos para la construcción de dos edificios, en la Rúa Progreso y Avenida das Caldas, que podrían suponer el pago de indemnizaciones de en torno a un millón de euros con cargo a las arcas municipales.

Ahora, su hijo, funcionario de carrera con el mismo cargo de asesor jurídico, denuncia que la adjudicación de la obra de la calle Bedoya es especialmente grave ya que la ley solo permite prescindir de la difusión del concurso e ir a un procedimiento negociado sin publicidad cuando el valor estimado de la ejecución sea inferior a 200.000 euros “si se trata de contratos de obras”. Como el de la citada calle fue de 593.000 euros resulta “evidente” para el jurista que no podría haber sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad; esto es, mediante adjudicación directa.

García Gago suma a este hecho el de la “intención preexistente” de adjudicar la obra a una empresa concreta, cuyo apoderado está vinculado al gobierno local —“con relación directa con el alcalde”, que lo incluyó en su lista— que supuestamente incumplió, favoreciéndolo, la legalidad en lugar de buscar una oferta más ventajosa para los ourensanos.

El asesor jurídico reclama ahora que se depuren responsabilidades y que se informe a los correspondientes órganos jurisdiccionales para que investiguen estos hechos así como el “eventual aumento del patrimonio” de las personas que formaron parte del órgano administrativo que adjudicó el contrato e incluso “de los familiares y amigos cercanos” de ellos ya que, de ser así, podría “encubrir conductas más graves”.

Los principales directivos de Ocasa están imputados —y han prestado declaración— como presuntos autores de un delito fiscal y de falsedad documental tras admitir a trámite la fiscalía en julio pasado una querella criminal por la supuesta emisión de facturas falsas por parte de la constructora que, de esta forma, evadiría una considerable cantidad de dinero al fisco. La empresa, con sede central en Ourense, tiene delegaciones en Santiago, Pontevedra, Lugo, Valladolid, Madrid, Barcelona y Granada.

Aunque la obra de la calle Bedoya fue adjudicada definitivamente en octubre de 2008, en mayo de 2011 la junta de gobierno en funciones le rescindió el contrato apoyándose en el hecho de que la Administración local no había firmado el acta de recepción definitiva de las obras. La decisión del gobierno local permitió al Ayuntamiento recuperar su dominio sobre una calle abierta al público sin que formalmente hubiera finalizado la obra.


* El País - CRISTINA HUETE - 9.2.12
Foto: Panorámica de las obras de la calle Bedoya en 2009. / NACHO GÓMEZ

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La jueza investiga la ONG del ex alcalde de Ayamonte y a varios constructores

HUELVAINFO* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Ayamonte ha levantado el secreto que pesaba sobre las actuaciones del procedimiento por el que se investiga la posible implicación del ex alcalde de Ayamonte, Rafael González, personal de la anterior Corporación municipal y empresarios de la construcción en una trama de corrupción urbanística vinculada al núcleo costero de Isla Canela.
La Fiscalía halló en los documentos intervenidos -hace ahora un año- en la Casa Consistorial ayamontina indicios de la comisión de delitos urbanísticos, de prevaricación y de cohecho, según confirmaron a Huelva Información fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las pesquisas han sido desarrolladas en gran parte por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

El caso, que se halla en fase de instrucción, se centra tanto en la persona de Rafael González como en la de otros miembros de su Corporación, de diferentes áreas y niveles de responsabilidad.

La jueza trata de esclarecer también la relación que con todos ellos mantuvieron cuatro constructores y promotores, así como la conexión de este asunto urbanístico con la ONG que fundó el propio alcalde Rafael González y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala.

Las diligencias continúan abiertas y se espera que en los próximos días se incorporen al expediente diversos informes que han sido solicitados por el Juzgado número tres de Ayamonte a varios departamentos de la Junta de Andalucía, así como otros documentos técnicos que debe aportar la Delegación de Urbanismo.

La investigación judicial abrió de lleno el melón urbanístico de Isla Canela hace justo un año y desde entonces se han acumulado ya varios miles de folios de documentación, casi toda relacionada con los procedimientos urbanísticos que se han usado en el Ayuntamiento ayamontino y que fueron muy cuestionados por grupos como Ecologistas en Acción, Ojo con el Guadiana, IU e incluso por la Oficina del Defensor del Pueblo.

La Fiscalía de Huelva ya abrió diligencias informativas en marzo de 2010 para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que alberga 800 viviendas. El Consistorio parceló una zona verde de 148.214 metros cuadrados para hacer residenciales. Los cambios urbanísticos se llevaron a cabo a través de estudios de detalle, de ámbito municipal que no llegan a las manos de la Administración autonómica.

La investigación abierta abarca desde 1993 en adelante, tras la llegada de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística a través de campos de golf y puertos deportivos. Los proyectos siempre contaron con las sucesivas bendiciones de los gobiernos municipales presididos por Isaías Pérez Saldaña y Rafael González, además de la aprobación del entonces consejero andaluz Jaime Montaner, defensor desde sus inicios del proyecto que ha convertido Isla Canela, en plena marisma, en una zona turística de primer orden que ocupa una marisma rodeada de espacios naturales protegidos.

El único alcalde que se opuso al voraz desarrollo urbanístico fue José Nicolás de Jesús Rodríguez. Ni la Dirección General de Costas del Ministerio, ni la Junta de Andalucía, ni el Consistorio ayamontino pusieron cortapisas al futuro de Isla Canela. El no de Nicolás le valió un enfrentamiento con su partido, el PSOE, que optó por el entonces concejal de Cementerio, Rafael González, para presidir Ayamonte en 1996-97. Y duró hasta 2007.


* Huelva Información - RAQUEL RENDÓN · R. MORENO - 11.2.12
Foto: Miembros de Ecologistas visitando una promoción de Isla Canela denunciada por ser zona verde.- huelvainfo

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Las Palmas.- El fiscal pide que se anule el archivo del ´Canódromo´

LAPROVINCIA* : La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un recurso de reforma contra el auto que acuerda el sobreseimiento del caso Canódromo y pide al juez que anule dicho archivo y dicte un nuevo auto para motivar por qué dio carpetazo a las actuaciones en lo relativo a la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. En un extenso escrito de 45 folios, el fiscal sostiene que "la conducta delictiva de la presunta prevaricación administrativa y/o malversación quedaría ceñida a la firma del convenio urbanístico de planeamiento" sobre el Canódromo realizada en mayo de 2000 por el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, con la entidad Inprocansa y a la rúbrica del convenio definitivo, dos años después. Además, recuerda que el Ministerio Público ya solicitó la investigación de esa fase del proceso, así como la declaración como imputados de las personas señaladas por los denunciantes del caso, y que el tiempo es limitado, dado que los presuntos delitos prescribirían el 22 de marzo próximo.

En un recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado hace poco más de una semana, la delegación de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que anule el archivo de las diligencias previas que dictó el pasado mes de diciembre por dos cuestiones. En primer lugar, el fiscal entiende que no se motivó adecuadamente el archivo de las actuaciones por prevaricación contra la exalcaldesa Pepa Luzardo y su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso, en la aprobación del Plan Especial 'El Canódromo' y solicita al juez que dicte otro auto en el que sí se argumente el sobreseimiento, con el que se muestra conforme.

A continuación, el escrito se detiene en la segunda rama de la investigación del supuesto pelotazo: la aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento y las permutas en ejecución del convenio.

En este caso, el Ministerio Público se muestra en contra de su archivo al entender que ni se ha motivado, ni se han practicado las diligencias instructoras que solicitaron las partes en su momento, entre las que se encuentra la declaración de Cardona como imputado. Según el recurso, fue él, como concejal delegado de Urbanismo, quien firmó los convenios con Inprocansa y Urbacan para el Canódromo y que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria el 22 de marzo de 2002 con los votos a favor del PP y de CC, la oposición del PSOE y la abstención del Grupo Mixto. Además, el fiscal advierte que en un mes "los delitos -en caso de haberse perpetrado- quedarán prescritos".


* La Provincia - 9.2.12
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - Q.Curbelo, canariasahora.es

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Desarrollismo o decrecimiento en el modelo territorial vasco

IRATXE MENÉNDEZ URIBARRI* : El documento, Euskal Hiria.net (ciudad vasca.net), redactado por el Taller de Ideas de Alfonso Vegara será aprobado en las próximas semanas por el Gobierno Vasco. Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) definen la política territorial de la Comunidad Autónoma Vasca sin responder a la necesidad de un cambio de paradigma. Tal como señalaba el entonces exconsejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, “nuestros actuales modelos de consumo, movilidad y desarrollo son insostenibles” (Gara, 9/11/2004). Aun así, Euskal Hiria.net da continuidad a la política territorial de los últimos 20 años bajo el paradigma capitalista que equipara desarrollo y crecimiento.
El citado informe apuesta por crear una ciudad-región global articulada en torno a polos tractores situados en las tres capitales de provincia. Un buen ejemplo es la autopista Supersur de Bilbao que, con una inversión de 821 millones de euros y con una circulación por debajo de sus expectativas ha motivado bajadas de peajes y rebajas en las previsiones oficiales de uso.

Proyectos como éste han contribuido a la artificialización de 8.815 hectáreas en la última década para la construcción de infraestructuras de transporte. Según los datos de Udalplan 2010, en la última década se han construido, en total (viviendas, centros comerciales, zonas industriales y redes de transporte), 15.832,77 de hectáreas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

En respuesta a los planes del Gobierno, el pasado 20 de diciembre sindicatos, ecologistas, docentes universitarios, profesionales de urbanismo y feministas hicieron público un Manifiesto a favor de unas directrices de ordenación y cohesión territorial. (PDF). Ha sido el primer paso tras un año de trabajo del grupo DOT-desazkundea.

Si bien algunos grupos políticos (Bildu, Antikapitalistak, IU y Aralar) han mostrado su interés en la propuesta, la plataforma ha considerado conveniente trabajar de forma independiente. A mediados de enero, los firmantes del manifiesto se reunieron con Pilar Unzalu, consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, e Iñaki Atxukarro ,viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas.

Cambio de paradigma

En dicha reunión trasladaron la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas territoriales, frente a lo cual la consejera valoró el documento de análisis como “interesante en el nivel académico” y mostró su molestia por tildar de “neoliberal” su política territorial. Sin embargo, no hubo capacidad de réplica a un segundo documento de propuestas para un nuevo modelo territorial.

Según fuentes presentes en ese encuentro, la consejera mostró una actitud abierta al debate, pero dejó claro que el documento Euskal Hiria.net se aprobará. Y lanzó la propuesta, que ya había hecho pública en otros foros, de abrir un “proceso participativo” desde febrero a junio de este año, sin especificar calendario, estructura y objetivo de dicho proceso. A fecha de hoy no se sabe quién y cómo gestionará dicho “proceso participativo”.

Para el grupo DOT-desazkundea, el modelo propuesto por el think tank de Alfonso Vegara reincide en polarizar la actividad, equipamientos y servicios en las tres capitales, suburbializando el resto del territorio, lo que generará mayores índices de movilidad obligada, destrucción de tierra agraria, pérdida de soberanía alimentaria, desaparición de los pequeños comercios, entre otros efectos que consideran nocivos. A este respecto, en la reunión con la Consejería se reclamó una moratoria para la construcción de nuevos centros comerciales en la CAV.

Tal como se desprende del documento de propuesta elaborado por el grupo DOT-Desazkundea, es necesario generar un proceso de análisis deliberativo que determine objetivos, prioridades y necesidades desde un diagnóstico complejo: ambiental, socioeconómico, cultural, etc, que incorpore la participación ciudadana para garantizar la transparencia y pluralidad, y como vía para trabajar cuestiones sociales como el impacto de género o la relación pueblos- ciudades-capital. Así, llama la atención que en el documento Euskal Hiria.net no haya mención alguna a la cuestión de género ni a la Ley 4/2005 para la Igualdad.

Desde el grupo de trabajo DOT-Desazkundea se propone definir colectivamente un territorio en transición basado en pautas de proximidad, autonomía energética; reducción de la movilidad obligada; reducción de la huella ecológica; fomento del sector primario para paliar la dependencia alimentaria, reducción de las emisiones de carbono, y sobre todo, diferenciar las necesidades de los lujos en la toma de decisiones.

Por ello, desde este grupo se apunta que estas DOT deberían marcar directrices vinculantes que establezcan límites a los procesos de asentamiento en el territorio mediante indicativos de desarrollo ambientales y sociales. Reflejo de la exigencia de otro modelo territorial fue la convocatoria de diferentes agentes sociales para la manifestación del 4 de febrero con el lema: “Por un cambio del modelo social para una Gipuzkoa diferente: ¡paralización de las grandes infraestructuras!”.

LAS AMISTADES DE VEGARA

Alfonso Vegara ha sido el principal valedor del informe Euskal Hiria.net, en el que se basa el modelo desarrollista que está impulsando el Gobierno vasco. Vegara, arquitecto-urbanista de prestigio, preside la Fundación Metrópoli, con la que estuvo relacionado el miembro de la familia real Iñaki Urdangarin, según informó el diario El Mundo.

Entre los proyectos en los que ha participado Vegara se encuentran el club Málaga Valley, construido por José Luis Ullibarri, imputado en el caso Gürtel, así como en la Ecociudad de Sarriguren (Navarra), promovida por un constructor que aparece en el sumario de la Operación Malaya.

* Diagonal - Opinión - 4.2.12
Foto: La autovía del Cantábrico a su paso por Eibar. Foto: Gari Araolaza

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