El TSJA da un ultimátum de cinco días al hotel de El Algarrobico

ELALMERÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras un plazo que expira dentro de cinco días (hasta el próximo día 10) para que declaren como "no urbanizable" el suelo sobre el que se levanta el hotel de la playa del Algarrobico. La resolución sigue la doctrina marcada por el Tribunal Supremo que el pasado mes de septiembre declaró que la zona debe estar amparada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 en lugar del de 2008 por garantizar el primero de ellos un mayor nivel de protección.
Las dos administraciones, local y autonómica, deberán acreditar en el plazo marcado, la "adopción de medidas" para restablecer a la zona el nivel de protección que tenía en 1994, es decir calificarlo como "espacio protegido no urbanizable". El requerimiento tiene lugar como consecuencia de un escrito dictado por la organización ecologista Greenpeace, que informaba tanto al TSJA como al Supremo, de los "incumplimientos reiterados" sobre los pronunciamientos de ambos órganos jurídicos.

Al hotel, por lo tanto, le queda ese tiempo (5 días) para estar considerado como un edificio ilegal' por estar construido en suelo no urbanizable. Su camino que parece inexorable hacia la demolición, se encuentra ahora más allanado.

El TSJA continúa la senda marcada por el Supremo quien en un fallo demoledor para los intereses de la promotora Azata del Sol, aseguraba que de continuar amparando la construcción del hotel dentro de los límites de protección determinados por el PORN de 2008 se produciría "un efecto devastador en la zona". Asimismo, la propia doctrina del Alto Tribunal Andaluz el marzo de 2009, "el interés público en proteger el medio físico es el que aconseja la suspensión del PORN de 2008", ya que la zona "queda mejor amparada" por la legislación de 1994.

El destino del hotel de 411 habitaciones parece pues sentenciado, a pesar de que contra el fallo cabe un recurso de casación, que al parecer va a interponer el Ayuntamiento de Carboneras. De hecho, ayer mismo el primer edil de la localidad, Salvador Hernández, quien criticó a la Junta de Andalucía por no haber puesto en marcha "los controles urbanísticos previos a la construcción del hotel de 20 plantas" e insistió en que la postura del equipo de Gobierno "apuesta por la apertura del hotel", algo que quedó demostrado por la negativa a ejecutar la sentencia que declaró nula la licencia de obras por los "daños irreparables que podía causar a la promotora, Azata del Sol".

La otra parte implicada en el cumplimiento de la resolución del TSJA, la Junta de Andalucía, se pronunció ayer en un comunicado de la Consejería de Medio Ambiente, en el que se aseguraba que se iba a "poner en manos de los tribunales, toda la información requerida y en el plazo marcado", a la vez que insistió en que su único interés es "recuperar la zona", al mismo tiempo que "respetar un procedimiento que permita alcanzar este objetivo con la totalidad de garantías jurídicas".

LA Consejería firmó a finales del año pasado un protocolo de actuación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para proceder a la demolición y a la posterior regeneración de la playa del Algarrobico, una vez que se produzca una resolución judicial en firme". Su hora parece haber llegado después de su construcción en 2003.


* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA /04.02.2012
Foto: El Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com

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Fútbol y recortes - El Roto




Viñeta: El Roto, fútbol y recortes - elpais 20120201

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Despilfarros históricos que causan vergüenza: Puerto de Laredo

ELSOPLÓN/Cantabria* : El Gobierno de Cantabria quiso dotar a Laredo de un Puerto digno de una ciudad que se convirtiera en un importante destino turístico. El proyecto tuvo un coste de alrededor de 90 millones de euros. Un lastre con el que aún tienen que continuar, debido a que no terminarán de pagar la deuda hasta 2019.
El Gobierno de Cantabria debe a los bancos cerca de 40 millones de euros como consecuencia de las obras del Puerto de Laredo. A eso hay que añadir una cifra más, 3,6 millones de euros por la lonja que se está construyendo y de la que queda pendiente la urbanización de su zona de servicios.
El Puerto de Laredo fue inaugurado por Revilla en la legislatura pasada. Pero está sin abrir. Ningún barco atraca en él. Un proyecto que ha supuesto un importante despilfarro para la comunidad autónoma y que no quedará totalmente pagada hasta 2019. Supone un gasto anual de 5 millones de euros, lo que condiciona el resto de las partidas presupuestarias del ejercicio.

El Puerto está protegido por un dique de abrigo exterior de 730 metros de longitud y un contradique paralelo a la playa Salvé de 380 metros. El puerto pesquero-recreativo tiene cabida para 1.043 atraques deportivos, pero nadie lo usa. A esos hay que sumar 200 plazas habilitadas en la marina seca para embarcaciones menores de 8 metros.

La dársena deportiva dispone de una superficie total de 126.000 metros cuadrados y la pesquera de 37.500 metros cuadrados, ambas separadas por un espigón.

El proyecto incluye la construcción de una nave que acoge la marina seca, las bodegas y talleres, la sede de Capitanía Marina y la estación depuradora, instalaciones a las que se añade la lonja y la fábrica de hielo. También se han construido nuevos aparcamientos.

90 millones de euros a un proyecto ambicioso que está en desuso.


* El Soplón - 27.1.12
Foto: elsoplon

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‘Banca Cívica’ recurre a subastas extrajudiciales para desahuciar

PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA* : Subastas extrajudiciales. El caso de Banca (In)Cívica y el abuso de una legislación criminal.
Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. Su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida.
A la PAH han empezado a acudir personas afectadas por este tipo de procedimiento. Concretamente tenemos ya varios casos de Banca Cívica, a quien no hemos dudado en rebautizar como Banca InCívica y quien se podría convertir en una buena metáfora de la hipocresía de la banca española, que no contenta con engañar, extorsionar, robar, estafar y desahuciar a buena parte de la población, aún pretenden mantener una buena imagen pública con nombres como Banca Cívica, o con una obra social que jamás podrá compensar todo el daño que están causando.

A Banca InCívica, y al resto de entidades que pretendan seguir cometiendo estos abusos, las avisamos: no permitiremos más violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios. Exigimos no sólo que retiren inmediatamente los procedimientos notariales extrajudiciales, sino que liberen de deuda a las personas afectadas y les permitan mantener la vivienda en régimen de alquiler social asequible. En caso contrario, la PAH emprenderá las acciones necesarias para defender los derechos de la ciudadanía.
Y a la administración le recordamos que está tardando en cambiar una legislación a todas luces injusta. Mientras no se cambie una ley que sobreprotege a unos bancos y cajas totalmente irresponsables, capaces de abusar de las leyes existentes para conseguir el máximo beneficio, de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto. Igual que sería impensable mediar entre un agresor y la persona agredida, no se puede mediar cuando existen dos partes desiguales, donde la parte fuerte (las entidades bancarias) no duda en abusar de los más vulnerables para lucrarse. Aquellas administraciones que utilizan la mediación para retrasar el cambio de la ley, se acaban convirtiendo en cómplices de todos los abusos. Más allá de las palabras y las buenas intenciones, exigimos justicia.


* Madrilonia - Plataforma de Afectados por la Hipoteca - Enero 2012

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