Cañete anuncia un terremoto en la legislación medioambiental española

PÚBLICO* : El Gobierno abre la puerta al trasvase del Ebro, la reducción de los objetivos de calidad del aire y la construcción en el litoral. Muchas de sus 66 propuestas no figuraban en el programa electoral de Mariano Rajoy.
Hace 12 años, cuando el presidente Aznar defendía el trasvase del río Ebro para regar las huertas de Levante, Miguel Arias Cañete confesó a unos agricultores murcianos: "Sale por cojones, porque el Plan Hidrológico o sale en esta legislatura o no sale nunca". No salió, pero el hoy ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció este miércoles que sí saldrá con Mariano Rajoy en el poder, sin dar detalles de en qué consistirá.
Arias Cañete hizo este anuncio en su primera comparecencia en el Congreso, en la que anunció un vuelco total a la legislación medioambiental en España, con 66 propuestas en todos los ámbitos que regula su Ministerio. Es difícil encontrar precedentes en los que un ministro haya anunciado tantas reformas de leyes en tan poco tiempo.

En un discurso de más de tres horas leído a toda velocidad, en el que Arias Cañete se comió tantas palabras que el diputado de UPyD Toni Cantó admitió haberse perdido varias propuestas, el ministro anunció las modificaciones de la leyes de Costas, de Calidad del Aire, de Evaluación de Impacto Ambiental, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de anunciar el nuevo Plan Hidrológico Nacional. Casi nada de esto figuraba en el programa electoral del PP.

La tramitación de este terremoto legislativo en el Congreso, con mayoría absoluta del PP, será "un paseo militar", utilizando el término empleado por Arias Cañete en 2000 refiriéndose a la aprobación del trasvase del Ebro. Como trasfondo de esta reforma radical de la legislación española subyace un mantra pronunciado este miércoles por Cañete: "Sólo si la política medioambiental es viable económicamente puede mantenerse a largo plazo. Lo contrario es engañarse".

Las organizaciones de conservación de la naturaleza reaccionaron con vehemencia a la batería de medidas del ministro. Para Ecologistas en Acción, los cambios suponen "un jaque mate al medio ambiente sin precedentes" con el "único objetivo de favorecer el crecimiento económico".

El ministro dio este miércoles algunos detalles de la "profunda" reforma anunciada hace unos días de la Ley de Costas, que defiende el uso público del litoral desde 1988. Cañete explicó que el objetivo es "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales". Para Greenpeace, cuando Cañete aseguró que "frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación" abrió la puerta a nuevos proyectos urbanísticos. La reforma de la ley incluye la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas" y el fomento de la "desafectación de espacios del dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales".

La Ley de Costas de 1988 dice todo lo contrario, como denuncia Juan Carlos del Olmo, de WWF: si un terreno en el litoral está degradado, la ley obliga a restaurarlo, no a desa-fectarlo, que es desvincularlo de su uso público. "Vemos con muchísimo miedo la reforma de la Ley de Costas, porque si se desafecta un terreno de dominio público el siguiente paso es privatizarlo", señala Del Olmo.

La nueva portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Leire Pajín, preguntó a Cañete si la reforma supone "una vuelta al pasado, volviendo al espíritu de su Ley del Suelo para construir en todas partes sin planificación, sin límite, volviendo a la depredación del territorio y del litoral y a una economía especulativa con los pies de barro".

En 1988, la Ley de Costas declaró dominio público todo el terreno de playa y hasta donde hubiesen llegado los mayores temporales conocidos. Las viviendas construidas en ese suelo antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para compensar la pérdida de propiedad. Los dueños no pueden venderlas. A partir de 2018, tocaría derribarlas. Arias Cañete desveló este miércoles que el Ministerio planea ampliar ese plazo.

Ante las críticas de Pajín, el ministro le restregó el caso del hotel El Algarrobico, una mole de 411 habitaciones construida en una playa de Carboneras (Almería) gracias a la permisividad de la Junta de Andalucía, la indecisión del Ministerio de Medio Ambiente socialista y, sobre todo, al apoyo del Ayuntamiento, regido por el PSOE. "Yo Algarrobicos no sé hacer, ni los pienso hacer. Aquí alguien me lo podría enseñar. Yo voy a dedicarme a poner en valor nuestras costas y playas. En el litoral español hay ejemplos nefastos y magníficos. Yo prefiero copiar los magníficos", espetó Cañete a Pajín.

Aguas
El ministro también anunció "un nuevo Plan Hidrológico Nacional" con el objetivo de garantizar el suministro de agua "de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional". Cañete evitó en sus primeras tres horas de comparecencia utilizar la palabra "trasvase", hasta que la empleó en sus respuestas a la oposición. "Hagamos las obras que haya que hacer, porque hay mucho sentido común que aplicar a la planificación hidrológica", declaró.

El responsable de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente justificó estas obras en la necesidad de "aprovechar aguas excedentarias". La Plataforma en Defensa del Ebro anunció inmediatamente que tomará las calles para protestar contra la política "claramente trasvasista" del PP, según informó su portavoz, Manuel Tomás, a la agencia Efe. La diputada del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) en el Congreso, Teresa Cunillera, criticó la "indefinición" del ministro, que hace "temer el peor de los escenarios" al PSC. "No ha dicho si este nuevo plan incluirá los trasvases del Ebro y ha enmascarado sus auténticas intenciones", lamentó Cunillera. La Directiva Marco del Agua de la UE no admite trasvases entre cuencas diferentes salvo en casos extremos.

Arias Cañete defendió con datos la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y lamentó "la herencia recibida", como ya hizo en la toma de posesión de sus altos cargos hace unas semanas. El ministro recordó el estado del plan de desaladoras del Gobierno de Zapatero, puesto en marcha tras tumbar el anterior Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar en 2004. De las 51 desaladoras previstas, sólo hay 17 en funcionamiento, otras 15 en construcción y el resto sólo están sobre el papel, según detalló Cañete. La inversión necesaria para completar el plan de desalación de Zapatero ascendería a 2.416 millones de euros, además de los 1.664 millones ya gastados.

El ministro también se comprometió a "alcanzar la plena depuración de la carga contaminante en aguas en España", comenzando por los grandes núcleos y las poblaciones en áreas de importancia ambiental. Este anuncio ha sido aplaudido por organizaciones ecologistas como WWF. Cañete recordó que Bruselas ya ha abierto dos expedientes sancionadores a España, uno por no depurar las aguas en 23 grandes núcleos urbanos y otro por verter aguas residuales en zonas de importancia ambiental, como ocurre en 912 municipios españoles, la mayoría gobernados por el PP.

Contaminación
La reciente Ley de Calidad del Aire, de 2007, tampoco se salva del seísmo en la legislación ambiental y será "revisada". Cañete abogó por fijar "objetivos realistas", lo que para Ecologistas en Acción "suena a retrasar su cumplimiento". En algunas ciudades gobernadas por el PP, como Madrid, se respira actualmente un aire ilegal, con incumplimientos generalizados de los límites legales de varios contaminantes marcados por la UE. La alcaldesa de la capital y exresponsable de Medio Ambiente, Ana Botella, siempre ha escudado el retraso en la toma de medidas contra la contaminación en que "el paro asfixia más".

Cambio climático
Cañete se desvinculó este miércoles de las declaraciones bienintencionadas del anterior Gobierno socialista, que pedía con otros países europeos que la UE aumente su objetivo de reducir sus emisiones de CO2 un 20% en 2020 hasta llegar a un recorte del 30%. Preguntado por Leire Pajín por su postura, el ministro fue tajante: "No vamos a asumir compromisos que no pueda cumplir nuestro país".

Cañete criticó los escasos avances del Gobierno de Zapatero para reducir las emisiones de CO2 del sector del transporte, las viviendas y los residuos. Y lamentó que el cumplimiento del protocolo de Kioto, que permite que España aumente sus emisiones hasta un 15% respecto a 1990 en el periodo 2008-2012, esté todavía lejos por este lastre. El objetivo sólo se logrará desembolsando cientos de millones de euros para comprar derechos de emisión a otros países. "Yo no puedo asumir un 30% si no cumplo ni el 15% de Kioto, si estoy comprando derechos de emisión por un tubo", defendió. "Ser líderes mundiales en cambio climático no es hacer declaraciones voluntaristas que no sirven de nada, sino cumplir los objetivos de Kioto", remachó.

Para reducir las emisiones, el Gobierno conservador propone potenciar el papel de los bosques como sumidero de CO2, apoyar planes de movilidad urbana en las grandes ciudades e impulsar la rehabilitación de viviendas. En la campaña electoral de 2004, Rajoy prometió plantar 800 millones de árboles si ganaba las elecciones. En 2008, rebajó la cifra hasta los 500 millones de árboles. En 2011, las promesas desaparecieron.

Cañete aseguró este miércoles que la decisión del Ministerio de Industria de eliminar las ayudas a las energías renovables no suponen "un parón", sino una "ordenación temporal".

Océanos
Frente a la intención de Bruselas de eliminar los descartes, los peces pescados accidentalmente que se devuelven muertos o agonizantes al mar, Cañete propuso de manera confusa vincular esta medida "al establecimiento de posibilidades de pesca nacionales acordes con la composición natural de las capturas de cada pesquería". El ministro anunció un impulso a las áreas marinas protegidas, las grandes olvidadas en la legislación española.

Agricultura
Cañete adelantó la creación de un nuevo Plan Nacional de Regadíos para "reducir el consumo de agua". También se pondrá en marcha un Plan Nacional de Acción para el uso sostenible de pesticidas y fertilizantes y se revisará la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural para "acercarla más a la realidad".


* Público - MANUEL ANSEDE Madrid 01/02/2012
Foto: Arias Cañete, ministro de MA - genoveses

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Madrid.- Aguirre acelera la venta del Canal

MADRILONIA* : El Gobierno de la Comunidad de Madrid acelera los trámites para privatizar el Canal de Isabel II sin que nadie sepa cuánto vale y con una marea azul a la vista.
El 9 de enero los vecinos de El Ventorro de la Puñalá se quedaban sin agua. Este poblado de infraviviendas en el entorno de Getafe acoge a más de 70 familias que, desde ese día, no tienen agua corriente. Las explicaciones del Canal resultaron paradójicas. Tras las primeras acusaciones de impago llegó la explicación: obtenían el agua de manera fraudulenta y sin contrato, por lo tanto no podían tener impagos. La historia deja sin agua a unas 300 personas y, según fuentes de la oposición regional, ejemplifica el futuro que aguarda a los vecinos de Madrid si el líquido elemento pasa a ser gestionado por manos privadas. El proceso ha empezado.
En septiembre de 2008, el Canal de Isabel II necesitaba, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, 4.000 millones de euros en inversiones. Esperanza Aguirre sabía dónde buscar: “Qué mejor manera de obtenerlos que salir a Bolsa y hacer que los madrileños puedan ser propietarios de acciones de su empresa de aguas”. La frase, junto a la ley que aquel año apuntalaba la iniciativa, muestra toda la aparente lógica endiablada del capitalismo, pero, claro, es falaz. Los madrileños ya son propietarios de su empresa de aguas, aunque no sean accionistas.

Con aquel argumento empezaba la larga carrera del PP por poner en manos privadas una de las ‘joyas de la corona’ en la región y de todo el Estado: la empresa pública que gestiona el agua de los madrileños desde 1851. Aquel primer arranque de Aguirre no cuajó, en parte por sus rifirrafes con Gallardón, que se mostró reacio a la privatización en vísperas de un congreso regional del PP, cuando él y Aguirre pugnaban por el liderazgo del partido. El freno del alcalde, unido a las malas expectativas de venta en una crisis que estaba empezando y se preveía breve, aplazó entonces el afán de la presidenta.
Beneficios millonarios
El Canal de Isabel II es un trofeo muy codiciado, una de esas empresas públicas que, además de prestar un servicio a la ciudadanía, obtienen beneficios. El canal obtuvo unas ganancias netas de 120 millones de euros en 2010, último ejercicio contabilizado. El año anterior registró unos ingresos de 750 millones, con beneficios de 151 millones. Un pastel muy goloso en tiempos de crisis. En resumen, el plan privatizador del Gobierno de Aguirre contempla vender a accionistas privados el 49% de las acciones del Canal, aunque también entrega un 19% más a los ayuntamientos. La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones el proceso, que llega precisamente en un momento de recesión y falta de crédito en que los accionistas privados tendrían la excusa perfecta para ofrecer precios por debajo del valor potencial de una empresa de este calibre. Entonces, ¿por qué malvender el Canal?
En el PP tienen sus razones, desde la ideología neoliberal de la presidenta hasta los motivos crematísticos del Ayuntamiento capitalino, el más endeudado de España con un agujero de 6.891 millones de euros. En efecto, según el acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento, si el Canal se privatiza, un 10% de las acciones pasarían a estar en manos del Consistorio, que ya incluye la venta de su porción en los cálculos presupuestarios.
Según su particular cuenta de la lechera, las sedientas arcas municipales podrían ingresar 384 millones de euros con el negocio. De esa cifra, 39 millones de euros vendrían exclusivamente de la venta de un 14% de las acciones que le corresponden. El Ayuntamiento ya ha aprobado que pueda vender hasta un 70% de ese paquete. Con Gallardón apartado de la política madrileña, en plena sequía económica, con Ana Botella sedienta de liquidez y con los ingresos de la Comunidad bajo mínimos, la peor venta posible se hace buena. El resto de ayuntamientos madrileños se repartirán otro 9% del Canal y todos ellos pueden privatizar una parte. Según Carmen Villares, portavoz de IU en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, “el 63% del Canal puede acabar en manos privadas” durante medio siglo, el plazo de cesión que contempla la ley.
Una tasación difícil
Es imposible saber cuánto cuesta el Canal. La última tasación se hizo pública en 1989, hace casi un cuarto de siglo. En aquella época la empresa pública ya valía 500.000 millones de pesetas, unos 3.000 millones de euros. Ahora la cifra es un misterio; de hecho, la Comunidad pagó en 2011 más de un millón de euros a BBVA, Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas por tareas de consultoría y asesoramiento: es decir, para que preparasen el papeleo de la venta y le pusiesen precio a este gigante que maneja 14 embalses, más de 14.000 kilómetros de tuberías, siete empresas filiales, un parque de 200 viviendas y mucho, mucho suelo. En 2009, 20 años después de su primera tasación, la consultora American Appraisal volvió a ser contratada para lo mismo: ponerle precio al Canal. Nadie entre los empleados del Canal ni entre la oposición conoce el resultado de aquellas dos tasaciones. Villares explica que desde la oposición preguntan una y otra vez por el valor de la empresa: “En Europa no existe una empresa similar, con una red de distribución similar, con cuentas saneadas, con tanto suelo y tantas filiales, que llegan hasta Iberoamérica”, advierte.
¿Quién podría comprar un coloso de estas características? Los empleados del Canal no tienen ni idea. Ven pasar a su alrededor un sinfín de rumores, pero desde el comité de empresa se lamentan de la opacidad de la empresa: “Hemos hecho consultas, pero nada. El comité de empresa ha recibido cero notificaciones”, aseguran a DIAGONAL. La prensa económica hace conjeturas que alejan la posibilidad de una salida a Bolsa y se decantan por la venta a un consorcio internacional de socios industriales y constructoras. Entre rumores de correveidiles suena un nombre: otro mastodonte europeo del agua, el gigante francés GDF-Suez.
Hasta que se consume la decisión, sólo hay hueco para la resistencia. La Plataforma contra la Privatización del Canal YII coordina a una quincena de partidos políticos, organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos y sindicatos. El 11 de enero se reunió con miembros de 21 asambleas de barrios 15M. De esta confluencia están saliendo la mayoría de iniciativas contra la medida. La próxima reunión es el 8 de febrero, días antes de que empiece la semana de concienciación que la Plataforma trata de poner en marcha ante el desconocimiento de la ciudadanía y el silencio de los medios corporativos. El tiempo apremia: Aguirre está presionando a los municipios para que aprueben su proyecto antes de fin de mes. Al menos ocho ayuntamientos se han opuesto, lo que va a retrasar los planes de Aguirre, que tendrá que devolver el debate a la Asamblea.

INICIATIVA CONTRA EL EXPOLIO
Los Ayuntamientos madrileños de San Fernando de Henares, Leganés, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid, Getafe y Colmenarejo han presentado siete iniciativas legislativas municipales contra la privatización del Canal de Isabel II, lo que introduce modificaciones legales al proyecto de crear una sociedad anónima a partir de la empresa pública de aguas de Madrid. Esta iniciativa parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, integrada por diversas organizaciones políticas (Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista), sindicales (Comité de Empresa del Canal de Isabel II, CC OO Madrid), sociales y ambientales, (ATTAC o Ecologistas en Acción).

* http://www.diagonalperiodico.net/

* Madrilonia - Raúl F. Millares (Diagonal) - Enero 2012
Foto: Madrid, Canal oficinas - madrid

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Nuestro caos urbanístico, en las portadas europeas

MALLORCADIARIO* : La portada de un diario alemán se hacía eco del caos legal en el urbanismo de Baleares, aunque también se podría proyectar a otras zonas de nuestro país. Es un tema antiguo que ya ha ocupado la atención de muchos extranjeros y que ha provocado bastantes debates en el Parlamento Europeo. Como se imaginarán, no seremos nosotros quienes vamos a enseñar a los daneses, alemanes u holandeses como evitar grandes mamotretos de cemento en la primera línea de la playa. Ellos también están radicalmente en contra.
Lo que no entienden -yo creo que con razón- es que en España lo que hoy es blanco mañana es negro y al revés. Esto es inaceptable. Y más si un particular, acogiéndose a lo que dice la ley, ha comprado, ha invertido y se ha instalado a vivir en nuestro país. No pueden entender que después aparezca otra administración, a veces incluso la misma, y le diga que ha decidido que lo que ayer era urbano, hoy es un patrimonio de la humanidad que hay que proteger. Y allí se queda sin vivienda y con el derecho a abrir un interminable proceso legal en los tribunales que nada le garantiza vaya a acabar bien.

Esta es nuestra triste realidad: cada uno que llega hace su ley, de forma que la administración, el poder público, vive desdiciéndose. Y con ello nos llevamos por delante todo indicio de respeto a la ley.


* Mallorca Diario - Javier Mato el 02 Febrero 2012
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción, banderas negras

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"Los ciudadanos no podemos dejar en manos de los políticos la solución a todos los problemas"

NOTICIASDEGIPUZKOA/Irún/Entrevista* : Agustín González, de 50 años de edad, lleva muchos años vinculado al Foro Ciudadano Irunés, en especial, a los temas de urbanismo. Hace algunas semanas, tomó el relevo en la presidencia a Lucía Garbayo. Un relevo que es "una ilusión pero sobre todo, una responsabilidad". Agustín González trabaja en el Instituto Nacional de Estadística y reconoce que el no tener vinculaciones familiares le da "más tiempo que a otros para dedicarlo a proyectos como el del Foro Ciudadano Irunés".
¿Le costó dar el paso de asumir la presidencia del Foro? ¿Pesa más la ilusión o la responsabilidad?
Llevo mucho tiempo en este movimiento y Lucía Garbayo, la ya expresidenta, siempre me había animado a asumir el cargo. Ella se merecía ya un descanso después de tantos años y al final, entre todos, me convencieron. Es ilusionante presidir un colectivo que busca mejorar la vida de Irun, detectar los problemas y ayudar a solucionarlos. Pero, sobre todo, supone una responsabilidad, porque no podemos dejar todas las cosas en manos de los políticos, los ciudadanos tenemos que tener una actitud de contribuir a la solución de las cosas. Ese ha sido y será siempre el objetivo del Foro Ciudadano Irunés.

¿Qué opina del panorama político que nos han dejado las últimas elecciones forales y municipales? ¿Cree que estamos en nuevos tiempos para la participación?

Los cambios han sido más que interesantes. En Irun, hemos pasado de un PSE-EE en casi mayoría absoluta, con doce concejales sobre 25, a un Gobierno de nueve que necesita, imperiosamente, buscar el apoyo de al menos uno de los tres grupos fuertes de la oposición, como son PP, PNV y Bildu. Tanto en esta legislatura como en la anterior, en Irun vivimos una experiencia interesante, la de un PSE-EE que llega a acuerdos y coincidencias con todos, ahora con unos y luego con otros, aunque no en todo, como es lógico. En el ámbito guipuzcoano, el cambio es incluso más radical, con una fuerza política como Bildu que no tenía experiencia de gobierno y que está en minoría. Creo que puede ser bueno que unos acaben necesitando de otros.

La pasada semana, en Irun, se vivió un desencuentro fuerte, cuando la oposición se mostró en contra de los cambios en el servicio de autobús urbano y el alcalde tuvo que dejar el asunto sobre la mesa. ¿Es un afán de recordar al Gobierno que está en minoría, como argumentó el alcalde Santano, o que no se había explicado y hablado lo suficiente?

Puede que sea una mezcla de ambas cosas, pero creo que tiene más de lo segundo. Creo que Santano no puede decir que esté sometido a una especie de boicot por parte del resto de grupos. Han sido muchos los puntos de encuentro con unos y otros, y seguirá habiéndolos. Y hasta puede ser legítimo, en un momento dado, que la oposición dé un toque de atención a quien necesita de sus votos. Pero creo que en esta ocasión, había más dudas y lagunas en el fondo del asunto, en las que el equipo de Gobierno tenía que haber tenido la iniciativa de buscar no solo el apoyo de un grupo para sacar el asunto adelante, sino el máximo consenso posible. Un asunto como el del transporte público urbano es algo muy importante para los iruneses y merece que sea debatido ampliamente y tratando de buscar el acuerdo, si no de todos, de casi todos.

¿Considera entonces que era necesario convocar la Mesa de Movilidad, que se reúne el martes?

Creo que es fundamental, porque las modificaciones de Irunbus se expusieron en la Mesa de Movilidad, pero se necesita tiempo para valorarlas y proponer alternativas o mejoras. Hablamos de un servicio público esencial en el que se va a hacer un recorte de presupuesto. Hay que mirar muy bien lo que se cambia y, sobre todo, hacerlo de forma que esté coordinado y complementado con los cambios que a su vez va a hacer la Diputación Foral de Gipuzkoa en las líneas interurbanas. Creo que en la Mesa de Movilidad podremos mejorar la propuesta que se quedó sin aprobar en el Pleno.

¿Cuáles son los caballos de batalla con la Diputación?

Seguimos a vueltas con la residencia de Arbes y con el desdoble de la N-I. Tenemos que reducir la lista de personas que esperan por una plaza en una residencia. Ha sido la pelea de diez años y esperamos que, tal como dijo el Gobierno foral, la de Arbes sea la primera en hacerse, en cuanto haya dinero disponible.


* Noticias de Gipuzkoa - XABIER SAGARZAZU - 2.2.12
Foto: Irún, ayuntamiento - gipuzkoa

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