Un acusado en Malaya dice que el urbanismo de ahora es peor que con el GIL

MÁLAGAHOY* : Un empresario ataca a la permisividad de la Junta y a las políticas del Ayuntamiento.
Tú me atacas y yo te ataco. El promotor Cristóbal Peñarroya continuó ayer en el juicio por el caso Malaya la estrategia defensiva que desplegó el martes y que pasa fundamentalmente por arremeter contra todo y contra todos. El empresario, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho, devolvió con ferocidad todos y cada uno de los golpes que le lanzaron ayer las acusaciones. Atacó a la Junta de Andalucía porque, según dijo, recurría las licencias municipales y sin embargo no ponía ninguna pega a las 30.000 viviendas ilegales de Marbella mientras cobraba los impuestos, aunque aludió al IVA, que es un tributo estatal.
También se volvió a despachar con la gestora que tomó las riendas del municipio cuando fue detenida Marisol Yagüe y su equipo de gobierno en el caso Malaya. El constructor dijo que la Junta la colocó en el Ayuntamiento "para que arrasara Marbella", y le reprochó, entre otras cosas, que no se personara en los pleitos que había promovido la Junta de Andalucía contra las licencias ilegales y que, de esa manera, permitiera que los tribunales declararan la nulidad de cientos de permisos de obra.

Y de nuevo ayer le volvió a tocar el turno al actual gobierno que dirige Marbella bajo la presidencia de la popular Ángeles Muñoz. Cristóbal Peñarroya afirmó sin rubor que "el urbanismo de ahora es peor que el de aquella época", en alusión a la política municipal que se realizó durante el gilismo.

Gran parte del choque de Peñarroya con el Ayuntamiento de Marbella y su actual alcaldesa reside en que el promotor pagó 270.000 euros al Consistorio en un convenio para que unos suelos que estaban catalogados como no sectorizados pasaran a urbanizables sectorizados. Este acuerdo debía ser recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el que elaboraba el GIL en 1998 nunca fue de aplicación y el actual, aprobado en 2010, no sólo no recoge el convenio firmado la etapa del GIL sino que gran parte del terreno lo cataloga de verde.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 26.1.12
Foto: Marbella es España - nosevende.org (archivo)

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Cerdanyola pide que Can Planes sea declarado suelo contaminado

ELPAÍS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès reclamará a la Generalitat que declare contaminado el espacio afectado por el vertedero de Can Planas, terreno que acumula 330.000 metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos. Así lo aprobó ayer por unanimidad el pleno municipal del Consistorio, gobernado por el PSC, concretando un giro insólito de los planes municipales: hace apenas un año, el Ayuntamiento pretendía construir 4.000 viviendas en la zona pero la presión de la plataforma ciudadana 'Cerdanyola sin vertederos' ha logrado que reclame ahora considerarla como área contaminada. Ello podría suspender los derechos de edificación de los terrenos y acarrear pérdidas económicas a los promotores del proyecto.
“Es lo justo para los ciudadanos”, celebró un portavoz de la plataforma. “Ha habido muchas presiones de los promotores pero construir allí es un riesgo enorme”, destacó. “Hemos recibido muchas presiones”, afirmó en este sentido el concejal del PP, Manuel Buenaño. “Estos días he estado por tirar el móvil”, señaló.

La petición municipal, que ahora deberá estimar la Agencia Catalana de Residuos, también permitirá que las empresas que se lucraron empleando la zona como vertedero asuman algún coste por la limpieza del terreno. “Es una vergüenza tener esto al lado de casa”, lamentó la concejal de ERC, Helena Solà. “El terreno no dispone de protección y los productos tóxicos siguen filtrándose al subsuelo”, precisó.

Los concejales del Ayuntamiento se deshicieron en aplausos para la plataforma ciudadana. Se trata, sin embargo, del mismo Consistorio que sacó adelante el proyecto para construir en esos terrenos pese a que varios estudios técnicos advertían de la peligrosidad de los residuos almacenados.

Can Planas es un depósito de 18 hectáreas de superficie y hasta 40 metros de profundidad que contiene 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada por residuos industriales, entre ellos cadmio, hidrocarburos y cromo. La antigua explotación de arcilla de la zona dejó un agujero cuyos dueños decidieron rentabilizar cobrando a las empresas que vertían allí todo tipo de residuos.

El suelo es venenoso e incluso tiene “riesgo de explosividad” en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.


* El País - FERRAN BALSELLS Barcelona 27 ENE 2012
Foto: Vertedero de Can Planas, en Cerdanyola. / MASSIMILIANO MINOCRI

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Andalucía.- Una amnistía vergonzosa

JUAN CLAVERO* : En estas últimas décadas se ha generado en Andalucía un cáncer que ha devorado su territorio, sus recursos naturales, la honestidad de los políticos y la conciencia ciudadana. El Defensor del Pueblo ha llegado a calificarlo de «hecatombe ecológica». Este fenómeno es la prueba evidente de que la ilegalidad es la norma en el urbanismo andaluz. La invasión de viviendas ilegales en suelos no urbanizables no es entendible sin la complicidad de los responsables municipales y de la Junta de Andalucía. Y no es por falta de instrumentos legales. Tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como el Reglamento de Disciplina Urbanística dan suficientes facultades a los alcaldes para paralizar cualquier construcción o urbanización ilegal y ordenar su demolición. La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención, y Junta y ayuntamientos han actuado con una permisividad delictiva. Si la mayoría de alcaldes y concejales de urbanismo no están procesados es porque la generalización de la ilegalidad hace crecer la impunidad; con más medios de la Policía anticorrupción y de los fiscales, se multiplicarían las actuaciones judiciales en los ayuntamientos.
Ante la envergadura que ha tomado este problema en muchas comarcas andaluzas, la respuesta de la Junta –en clara connivencia con alcaldes y alcaldesas responsables de estas ilegalidades y con los propietarios de las viviendas ilegales–, no ha sido exigir el cumplimiento de la legalidad y retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que demuestran una inacción evidente, sino intentar sacarles del embrollo, dándole cierta cobertura legal a estas miles de viviendas ilegales en suelos no urbanizables.

El Decreto sobre viviendas en suelo no urbanizable es un auténtico golpe de estado contra la legalidad vigente y contra el interés general de la sociedad. La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y supone un claro desprecio a la LOUA, que sólo permite viviendas en suelo no urbanizable como parte de una explotación agropecuaria, prohibiendo las segundas residencias.
Este Decreto tendrá consecuencias demoledoras. Aviva la percepción ciudadana de que las leyes urbanísticas están para incumplirlas, porque al final tendrán premio. Y lo más lamentable es que la alternativa a este Gobierno que, sin escrúpulos, utiliza la apología de la ilegalidad para arañar unos miles de votos, está el PP –tan responsable como el PSOE de este desastre en los ayuntamientos que gobierna-, que le parece insuficiente esta amnistía. Hasta que la sociedad andaluza no se conciencie de las gravísimas consecuencias del urbanismo ilegal y de la especulación y corrupción que ha generado, los partidos políticos que gobiernen los ayuntamientos y la Junta seguirán utilizando el recurso fácil de favorecer a los infractores y delincuentes urbanísticos para sacar unos réditos electorales envenenados.

* Juan Clavero - Secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-A

* La Razón - Opinión - 22.1.12

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Medio ambiente y hormigón, un matrimonio incompatible

HAZEL MORGAN/Ibiza* : Crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la salida de la crisis sin merma de la protección medioambiental». Estas declaraciones, realizadas por el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, son preocupantes. Su intención de reformar la Ley de Costas de 1988 abre las puertas a la descontrolada especulación inmobiliaria que ha destrozado nuestro litoral durante décadas.
La Ley de Costas, en su exposición de motivos, ya alertaba de que un 40% de la costa española estaba urbanizada. «Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar...», decía.
La Ley de Costas es una de las más avanzadas de Europa. Aun así, no ha cumplido sus objetivos porque las administraciones locales no han asumido la importancia de conservar los valores naturales del litoral, ni de garantizar los derechos públicos de su disfrute.

Son muchos los casos de irregularidades e ilegalidades que llegan a Amics de la Terra, y la mayoría se debe a la permisividad de las instituciones o tratos de favor. Un buen ejemplo fue la excavación de dunas para construir un restaurante en Cala Nova. Este atentado ecológico, prohibido por la Ley de Costas, recibió el visto bueno del responsable municipal de Urbanismo (familia del propietario), argumentando que las dunas se situaban en suelo urbano. Aunque al principio no era verdad, durante el proceso judicial hubo un cambio de deslinde y, milagrosamente, el área de las dunas (ya destrozadas) paso a ser suelo urbano. ¡Así son las cosas!, un despilfarro de tiempo y dinero público.

Otro ejemplo de incumplimiento y dejadez administrativa, aunque esta vez parado por el empeño y denuncia de Amics de la Terra, fue el intento de construir un camino excavando el acantilado a lo largo de la costa para llegar al faro de sa Punta Grossa de Cala de Sant Vicent. El promotor tuvo licencia municipal y un estudio de impacto ambiental en la mano, pero nadie había averiguado si el proyecto aprobado (restauración del sendero), correspondía al proyecto que se estaba llevando a cabo.

Si la Ley de Costas no ha podido contener el 100% de las actuaciones ilegales en el litoral, sí ha sido nuestra aliada a la hora de defender nuestro derecho de acceso al mar, tantas veces cortado por la propiedad privada. Ha servido también para eliminar las barreras, paredes o vallas que obstaculizan nuestro paso por la costa.

La gran polémica de la ley radica en un error: su aplicación es retroactiva, algo expresamente prohibido por la Constitución Española. No se pueden eliminar los derechos legítimos de los propietarios de inmuebles construidos con anterioridad a la Ley. El derribo de las tradicionales casetas varadero es un buen ejemplo, que ha levantado ampollas. Pero, en gran parte, ha sido una ley útil e importante, salvando nuestras costas de la especulación urbanística salvaje, que ha formado gran parte de la burbuja inmobiliaria que ha llevado a la crisis económica. La solución no se encuentra en una reforma profunda de la ley, sino en velar por su cumplimiento y eliminar su carácter retroactivo.

* Hazel Morgan. Presidenta de Amics de la Terra Eivissa.

* Diario de Ibiza - Opinión - 22.1.12
Foto: Ibiza - mma.es

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