Dejar el aeropuerto de Castellón le cuesta al Consell más de 80 millones

ELPAÍS* : La ruptura unilateral del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón con la empresa que resultó adjudicataria del servicio, Concesiones Aeroportuarias, puede costarle a la Generalitat valenciana más dinero que el cumplimiento de las condiciones pactadas en él. El Consell, si cumple al final su anuncio, tendrá que devolver los 83,88 millones que Concesiones ha invertido en la obra. En cambio, si decide respetar el acuerdo con la empresa pagará 19,73 millones durante los 8 primeros años de explotación en concepto de pérdidas, tal y como figura en el texto. La operación de "ahorro" anunciada por Alberto Fabra corre el riesgo de convertirse en un nuevo desastre financiero que exprima las ya enjutas arcas del Gobierno valenciano.
La Generalitat, a través de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas, anunció el pasado 30 de diciembre la ruptura del contrato con la empresa Concesiones Aeroportuarias, que debía explotar la infraestructura y buscar aerolíneas que operasen en él para la fecha de apertura, prevista durante el próximo mes de abril. El Gobierno de Fabra rompió el acuerdo un día después de que la empresa presentase una demanda ante el juzgado nº1 de Castellón por incumplimiento contractual, debido a que la Administración valenciana no había aportado la carta de patrocinio; un aval por el que el Ejecutivo valenciano se comprometía a asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión.

Alberto Fabra aclaró la semana pasada las causas de su decisión. Dijo que las condiciones del contrato eran "inasumibles" para el erario público que no podía afrontar unos gastos planteados "en época de bonanza". Sin embargo, el contrato fue firmado el 23 de marzo de 2011, ya en lo más profundo de la crisis y los costes de la ruptura son mucho mayores, según las cifras que maneja la propia Generalitat.

La obra del aeropuerto de Castellón ha tenido un coste reconocido por el Gobierno valenciano de 123,88 millones de euros, a los que hay que sumar otros gastos en contratos, terrenos, arrendamientos y cánones que sitúan el precio final por encima de los 150 millones.

Los casi 124 millones en obra material se desglosan en 40 aportados por la administración valenciana a través de un préstamo participativo y los 83,88 abonados por la adjudicataria en construcciones y sobrecostes. Esos casi 84 millones de gasto en la construcción es el mínimo que reclama ahora la empresa concesionaria por verse apartada del proyecto, sin contar con los aproximadamente 7 millones de intereses del capital social depositado en su día, ni los posibles daños y perjuicios o el lucro cesante por la explotación del aeropuerto.

De haber cumplido el contrato, el Gobierno de Fabra tendría que haber pagado a Concesiones Aeroportuarias 19,73 millones en ocho años por las pérdidas previstas en cada ejercicio. Pero ni siquiera se ahorra esta cantidad con la ruptura contractual, ya que fue el propio Gobierno valenciano quien estableció que se producirían tales pérdidas y tendrá que asumirlas si, como ahora plantea, gestiona directamente y en solitario las instalaciones a través de la empresa pública Aerocas, que todavía preside Carlos Fabra.

La idea de construir un aeropuerto en Castellón surgió a finales de la década de los 90 del entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. A pesar de su insistencia, no consiguió que le financiasen la obra ni José María Aznar, con quien compartía veraneos en Oropesa (Castellón), ni el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Pero tras contar con el respaldo económico de un grupo de empresarios, logró que Aznar lo declarase de interés general y el primero de España de titularidad pública y gestión privada. Sin embargo, el proyecto tardaría unos años más en arrancar. Hasta que el carácter megalómano de Carlos Fabra encontró a Francisco Camps que sucedió a Zaplana en 2003. Fue a partir de ese año cuando se licita la construcción y la Generalitat entra de lleno en la financiación de la obra, con la aportación de préstamos y sucesivas ampliaciones de capital de la promotora pública aeroportuaria, hasta quedarse con el 99% de su accionariado. A pesar de ello, Carlos Fabra sigue presidiendo esta firma que ha desembolsado del dinero de los valencianos más de 30 millones en publicidad para un aeropuerto sin aviones, que cuesta sin funcionar más de 300.000 euros al mes y que aún carece de permisos de vuelo.

¿De qué se sorprende la Generalitat?
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado en la crisis y en las condiciones "inasumibles" del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón el anuncio de su ruptura. Sin embargo, Fabra no puede alegar sorpresa o desconocimiento de los supuestos planteados en el texto rubricado el 23 de marzo del año pasado porque uno de sus más firmes colaboradores ahora, el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha formado parte del consejo de administración de Aerocas desde 2004, prácticamente desde su fundación. Y el 11 de marzo del año pasado participó en la reunión en la que fueron acordadas las nuevas condiciones de gestión y explotación del complejo aeroportuario. Un acuerdo que Vela, entonces secretario autonómico de Economía, celebró con el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, con un apretón de manos.

Como consejero, Vela también ha aprobado los más de 30 millones de euros en gastos de publicidad, o los sueldos de casi 400.000 euros del director general y otros seis trabajadores de Aerocas. Entre ellos un jefe de gabinete para un aeropuerto sin aviones.

De marcado perfil técnico, José Manuel Vela fue nombrado consejero de Hacienda en junio pasado por el entonces presidente, Francisco Camps, y fue entonces cuando dejó de formar parte del consejo de la promotora pública aeroportuaria. La pasada legislatura Vela fue durante meses el consejero de Economía en la sombra, supliendo en numerosas ocasiones a su entonces titular, Gerardo Camps, en sus reiteradas ausencias. Ha tenido un papel destacado en la elaboración de los presupuestos autonómicos en los últimos años y su concurso ha sido ahora muy relevante en la aprobación del decreto de recortes de 1.057 millones para 2012, que ha provocado las críticas de parte de la sociedad valenciana. Los sindicatos atribuyen a Vela la subida de impuestos y el tijeretazo de 271 millones a los funcionarios, lo que provocó numerosas protestas la semana pasada.


* El País - MIGUEL ÁNGEL CAMPOS - Castellón - 16/01/2012
Foto: Castellón, aeropuerto - aerocas

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Galicia.- Inmuebles con sentencia se libran de la piqueta

LAVOZ/Pontevedra* : El paisaje gallego está salpicado de infracciones urbanísticas achacables a alcaldes, concejales, constructores, promotores y particulares. En ese escenario la comarca de Pontevedra no es una excepción. El urbanismo sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la comunidad, que sin embargo hasta diciembre del 2010 contabilizaba en solo cinco años 229 demoliciones de obras ilegales en el interior y la costa.
La anarquía urbanística que reinó en Galicia durante décadas parece agua pasada y la ejecución de derribos cobra fuerza. Desde la Xunta, que creó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanísticas (APLU), sostienen que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población.
Pese a ello, la piqueta se eterniza y hay casos que llevan muchos años enquistados. El hostal-asador levantado hace veinte años sin licencia y en suelo rústico en el lugar de Pazos, en la parroquia de Marcón, es un ejemplo paradigmático. El Concello de Pontevedra, pese a haber ganado los pleitos, lo mantiene en pie y ahora dice que hay que valorar si en tiempos de crisis el derribo es prioritario.

Otra edificación que está paralizada y amenazada por las máquinas es una de varias plantas situada en las cercanías de la playa de Lapamán, en el límite entre Bueu y Marín. En 1992 el Ayuntamiento de Bueu dio licencia para una vivienda unifamiliar y Marín recurrió al entender que era dentro de su término municipal. El juzgado falló a su favor y la licencia fue anulada. Al ser suelo rústico la demolición corresponde a la APLU. Pero esa construcción de ladrillos no es la única infracción. El año pasado el Concello de Marín denunció que el bajo y la finca se emplean como párking en verano. Un cartel a pie de carretera da fe de ello: «Párking 2 euros a la sombra, bajada playa».
En Poio, otro esqueleto de hormigón que lleva parado desde 1998 es el de A Piolla, en la parroquia de Raxó. Tras años de litigio entre la empresa constructora, que llegó a denunciar al alcalde, y el Concello, será finalmente la APLU quien se encargue del derribo. Luciano Sobral respira aliviado y confía en que la construcción sea demolida a lo largo de este 2012.
No es ni mucho menos la única batalla judicial relacionada con el urbanismo que arrastra Poio. También en Raxó sigue pendiente desde 1993 el derribo parcial del hotel Gran Proa. El exceso de edificabilidad obliga a tirar la quinta planta y su cubierta. Se invertirán 90.000 euros.
Desde el 2002 lleva litigando el Ayuntamiento de Caldas para evitar el derribo parcial de un edificio de la calle Real. Fue un particular quien emprendió la batalla judicial y la ganó. El inmueble, de tres plantas y ático, tiene catorce viviendas, además de bajo comercial y garaje. Está deshabitado. Se construyó con licencia, pero esta fue anulada por incumplir la normativa del fondo edificable. El exalcalde Tobío y Juan Manuel Rey, actual regidor, fueron multados.


* La Voz de Galicia - CRISTINA BARRAL - 15.1.12
Foto: El esqueleto de hormigón de A Piolla, en Raxó (Poio).

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La regularización de casas ilegales fracasa en Córdoba y Chiclana

ELPAÍS/Andalucía* : Darle una salida jurídica a las decenas de miles viviendas que se han levantado en Andalucía en terrenos no urbanizables. Ese es el espíritu que envuelve el decreto que la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada. En la mayoría de los casos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda plantea un "reconocimiento" de las casas aisladas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico en el que están y acceder a suministro de agua y luz. Sin embargo, también se requiere de la colaboración de los ciudadanos.
Varios Ayuntamientos andaluces han intentado solucionar este problema y regularizar las urbanizaciones ilegales que se han levantado en sus términos municipales. Pero en muchos casos estos procesos no han prosperado. Dos de los ejemplos más llamativos son Córdoba y la localidad gaditana de Chiclana. Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el término municipal cordobés, entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas.

En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color político o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -según quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos económicos que acarrea el proceso de regularización. Otro de los puntos en común de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate político y el poder de presión de los parcelistas. En Chiclana, incluso se creó un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan años cortejando a los dueños de las parcelas.

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprobó en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales, que habían proliferado desde los años ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obstáculos. En estos dos años solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayoría de los dueños no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Además, Chiclana tiene otro problema añadido. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue señalado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.

Fue el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que diseñó el proceso regularizador de viviendas. Dividió la ciudad en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan suponía ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, según el catálogo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recogía en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.

Lo que más echó para atrás a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalización de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el mínimo permitido para regularizar, podía costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento llegó a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Según cálculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondrá un coste de unos 360 millones de euros.

Los dueños de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. Las más concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscalía de Medio Ambiente viene calificando en sus últimas memorias como "auténticos lobbies de presión". En esta ciudad se llegó a dar un paso más con la constitución de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y llegó a sacar dos concejales en los últimos comicios.

El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. También confía en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulación del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento confía en que el interés crezca más allá de los únicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.

Córdoba ha visto en las últimas décadas cómo en áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La solución legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ya sea de IU -que gobernó los pasados 12 años- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.

El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensación de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrecía el aval del 7% para iniciar las obras de urbanización.

En la campaña electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quería dejar escapar. Uno de los últimos anuncios de IU en mayo fue que agilizarían los trámites para las obras de las juntas de compensación, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o títulos de propiedad.

Por su parte, el PP, una vez que logró gobernar la capital cordobesa, optó por un cambio de estrategia, pero también con el objetivo de agilizar la legalización. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularización e introducir el modelo de las juntas de cooperación, con lo que desaparecería el aval del 7% y el Ayuntamiento pagaría las obras para luego facturárselas a los vecinos.


* El País - P. ESPINOSA / M. J. ALBERT - Cádiz / Córdoba - 16/01/2012
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es

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Los bancos encuentran un "atajo" para quedarse con los pisos embargados desde 1 euro

IDEALISTA* : "Salvajada legal". así califican algunos expertos el nuevo camino elegido por algunos bancos para expulsar a los propietarios que no pagan su hipoteca y que bajo el sistema actual tardan meses en conseguirlo. se trata de utilizar subastas extrajudiciales en notarios para recuperar pisos.
Es un sistema previsto en la mayoría de las escrituras, pero hasta ahora apenas se había utilizado. no interviene ningún juez y si tras dos subastas por el 100% y el 75% del importe de la deuda no hay postor, los bancos pueden recuperar los pisos desde solo un euro, según la plataforma de afectados por la hipoteca (pah).
Los procesos en los que se utiliza este método aún representan un porcentaje mínimo, pero algunas entidades han disparado su uso. en cataluña, las ventas extrajudiciales se han quintuplicado desde 2009: de 21 a 111 casos (hasta diciembre de 2011). son cifras muy modestas frente a las 14.894 casos de subastas judiciales del tercer trimestre de 2011) pero han puesto a la pah en alerta.
"Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida", señala pah.

En el diario el país algún notario defiende el sistema pese a que antes del año 2000 la subasta extrajudicial había sido cuestionada por anticonstitucional. esto provocó su modificación por “venta extrajudicial” para introducir la filosofía del pacto. entre sus ventajas figurarían su rapidez y eficacia, ya que el hipotecado deja de ver cómo su deuda crece y crece y el banco recupera antes el bien. comentan que lo lógico es fijar un mínimo del 40% de la deuda -igual que en las subastas judiciales- pero también comentan que en última instancia depende de la interpretación de la ley que haga el notario que celebre la subasta. de hecho, un representante de ofideute, la oficina de mediación de la generalitat a donde han llegado casos, apuntan que la norma actual permite que a falta de postor se pueda vender un inmueble en tercera subasta por un solo euro.

Pero recurrir a la subasta extrajudicial puede llegar a no ser un camino de rosas para el banco, precisamente por lo que sigue siendo una figura minoritaria en las ejecuciones en nuestro país. según los expertos, para recurrir a esta opción, en primer lugar ha de haber sido pactada previamente, por lo que esta posibilidad debe aparecer contemplada en las escrituras de la vivienda. además, al no haber juez en el proceso, en caso de que surjan discrepancias en alguna cuestión durante la tramitación, cualquiera de los intervinientes podrá reclamar judicialmente lo que considere, llegando a la vía judicial tradicional. así, la ejecución extrajudicial de la hipoteca es un proceso conveniente para la entidad sólo cuando el inmueble esté en buen estado y ésta no prevea complicaciones durante el proceso.

* Idealista - 16.1.12

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