Marbella.- El dueño de la promotora Aifos da la espalda a Roca

EUROPASUR/Málaga* : El empresario Jesús Ruiz Casado, propietario de la promotora Aifos, socavó ayer la línea de defensa del ex asesor de urbanismo de Marbella y principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.
Ruiz Casado, acusado de haber pagado 4,8 millones al ex asesor de Urbanismo para obtener favores urbanísticos, dijo en primer lugar que parte de las anotaciones que figuran en la contabilidad secreta de Roca atribuidas a Aifos corresponden a pagos legales que él hizo al Ayuntamiento de Marbella y a sumas que aportó para patrocinar actividades municipales. Después negó que él, su empresa o cualquiera de sus directivos hubiera encargado un informe técnico a Juan Antonio Roca relativo al hotel Guadalpín. El ex asesor de Urbanismo de Marbella afirmó en el juicio por el caso Malaya el 14 de noviembre que recibió por ese asesoramiento 2,6 millones de euros en negro. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le pidió ayer explicaciones a Ruiz Casado por este pago. Su respuesta fue clara: "El señor Roca se equivoca".

El principal accionista de Aifos se negó ayer a ratificar las dos declaraciones que hizo en julio de 2006 ante el juez que investigó la corrupción político urbanística de Marbella. En la segunda comparecencia apuntó que Roca le había pedido dinero a través de su director en Andalucía, Francisco García Lebrón. Ayer se limitó a aclarar que dijo lo que dijo para evitar la cárcel. El magistrado Torres ordenó su ingreso en prisión el 20 de julio de 2006, aunque tras la segunda declaración logró salir en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

Ruiz Casado aprovechó el interrogatorio al que le sometió ayer el fiscal Anticorrupción para presentarse como una víctima sometido a la extorsión del Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca. Explicó que el hotel Guadalpín Banús reunía todas las condiciones previstas en el plan general de ordenación urbanística de 1986. Sin embargo, "el Ayuntamiento con el único fin de recaudar" le obligó a suscribir en marzo de 2004 dos convenios para legalizar excesos de edificación que, de acuerdo con su versión, no existían, aunque la Fiscalía Anticorrupción mantiene que se agregaron 2.000 metros edificables más en el hotel y 4.000 en la parcela adyacente. Ninguno de estos convenios llegó a ser ratificado por el Ayuntamiento de Marbella, si bien el municipio reclama en la actualidad en el concurso de acreedores que pesa sobre la promotora el pago de la cantidad que no se llegó a aportar e incluso parte de la suma que sí se hizo efectiva.

La Fiscalía Anticorrupción indica por contra en su escrito de acusación que ambos convenios implicaban el pago de dos millones de euros al Ayuntamiento de Marbella y otros 2,5 millones en comisiones ilegales a Juan Antonio Roca.

El dueño de la promotora se esforzó ayer en hacer ver que su empresa tuvo que plegarse a la "imposición" del Ayuntamiento porque antes se había enfrentado a la Administración local y había perdido el pulso. Recordó el enfrentamiento que mantuvieron con el hotel Guadalpín Marbella cuando un cambio de criterio al computar como edificable unas terrazas les acabó llevando a tener que firmar otro convenio que les supuso el desembolso de dos millones de euros y la conmutación de una deuda que tenía el municipio con la promotora.

Aifos firmó en junio 2004 un tercer convenio con el Ayuntamiento de Marbella que también forma parte del caso Malaya. Gracias a este acuerdo la promotora entregaba al Ayuntamiento unos locales de 217 metros y 2,5 millones de euros más un soborno millonario a Juan Antonio Roca a cambio de un terreno de 15.000 metros en la zona de Guadaiza.

Los locales los había comprado Aifos en abril por 4,2 millones de euros a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, empresarios que según la Fiscalía formaban parte del círculo de Roca y que a su vez los habían adquirido en abril por 2,4 millones. La permuta implicaba para el municipio un quebranto de 39,7 millones, según valoraciones de la acusación. Ruiz Casado se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por cohecho y fraude.



* EuropaSur - ENCARNA MALDONADO - 11.1.12
Foto: El principal accionista de Aifos, Jesús Ruiz Casado, ayer, durante su declaración ante el tribunal que juzga el caso Malaya.- europasur

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Juez ve indicios de prevaricación en operación de exedil Urbanismo de Granada

EFE* : Un Juzgado de Granada ha convertido en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el exedil de Urbanismo de Granada Luis Gerardo García Royo (PP), el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otras ocho personas por una presunta apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado.
En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 considera que los hechos pueden ser calificados inicialmente como constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acuerda la continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado, de lo que da cuenta tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía, que ha solicitado nuevas diligencias, según ha indicado a Efe el Ministerio Público. Los ocho encausados restantes son en su mayoría promotores de Granada y técnicos municipales.
Los hechos, que fueron objeto de denuncia por parte de la Fiscalía, se remontan al acuerdo alcanzado en 2005 entre el Ayuntamiento y un conjunto de promotores de Granada para el desarrollo urbanístico de unas parcelas del Cerrillo de Maracena con una superficie neta de 177.384 y 87.041 metros cuadrados.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el acuerdo se plasmó en un convenio urbanístico suscrito entre otros por el entonces concejal de Urbanismo y dos conocidos promotores de la ciudad.
Desde ese momento, agrega el auto, se asentaron las bases, mediante la fijación de un sistema de obligaciones entre los suscribientes, para que el Ayuntamiento se atribuyera a sí mismo un aprovechamiento urbanístico "superior al que legalmente le correspondía con base a terrenos que no eran de su propiedad, sino bienes de dominio público".
Los promotores quedaban obligados a comprar esos aprovechamientos conforme al precio prefijado, "de manera que la exigencia contractual incrementaba las arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, acrecentaba las expectativas comerciales de los promotores", que al tener más participación en el sector "veían en el futuro pingües beneficios económicos derivados del proceso edificativo".
El convenio firmado preveía la cesión por los propietarios al Ayuntamiento del equivalente económico del 10 % del aprovechamiento medio del área de reparto, y el pago al consistorio en metálico del "aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos del Ayuntamiento (...), así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios, a pesar de no existir en el sector excesos o excedentes", agrega el auto.
El Ayuntamiento se comprometió a transmitir mediante precio a los propietarios "otros excesos de aprovechamiento que se concreten como de titularidad municipal" en la fase de ejecución del plan parcial al mismo precio que se tramiten en el citado convenio los excesos.
"En realidad -precisa el auto-, tales excesos, en parte, se materializaron con terrenos de dominio público pertenecientes a la administración del Estado -en concreto a Fomento y Medio Ambiente-".


* IDEAL - EFE - 11.1.12
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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Una sentencia obliga a Sanxenxo a pagar 3,8 millones a promotoras

ELPAÍS/Pontevedra* : Si la penuria económica del Ayuntamiento de Sanxenxo era notoria -12 millones de deuda reconocida y un presupuesto que pasó de 114 millones a 31 en cuatro años-, un nuevo coscorrón judicial por su polémica gestión urbanística acaba de echar otra losa sobre la hacienda local. El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha declarado firme una sentencia suya del pasado mayo que el Ayuntamiento no recurrió por error, y que le obliga a pagar 3,8 millones de euros a tres promotoras urbanísticas. El Gobierno local reveló la decisión judicial en su página web el lunes y anunció que reclamará su revisión, pero rechazó analizar sus consecuencias. La oposición habla ya de una situación de quiebra y pide la dimisión de la alcaldesa, Catalina González, del PP.

El fallo que ahora se vuelve firme atañe a un proceso accidentado que se inició con una de las últimas actuaciones urbanísticas de Telmo Martín como alcalde, en colaboración con la gerente municipal de urbanismo y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. Era a finales de 2006 y el Ayuntamiento decidió valerse de una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio para que dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro, con miles de viviendas comprometidas, prescindiesen de la obligación de levantar viviendas públicas a cambio de 4,8 millones de euros en un caso y de 3,8 en el otro. El bipartito dela Xunta frustró ambas operaciones con un cambio normativo que eliminó la cobertura legal del apaño. A partir de ahí comenzó un conflicto administrativo y judicial entre empresas y administración local por el dinero, que las promotoras ya habían ingresado en las arcas municipales.

La sentencia de mayo afectó a la promoción menos onerosa, auspiciada por las constructoras Emprosal 16, Llave del Año y Lanzagolf. Se esperaba que el municipio apelase, pero el recurso no llegó. Según un portavoz municipal, por un posible error del procurador, que no presentó dentro del plazo el escrito de personación en la causa. Sanxenxo tiene externalizada la gestión de sus múltiples pleitos, que le han costado cientos de miles de euros en minutas en los últimos años.

La resolución de mayo censuraba la actuación municipal tras hacer un repaso por los vericuetos administrativos de la negociación entre las empresas. La tesis municipal era que los pagos millonarios no eran la contrapartida para evitar levantar viviendas públicas, sino una contribución amistosa definida unas veces como "cesión voluntaria" y otras como "participación desinteresada en los proyectos de la colectividad". En varios informes municipales la causalidad se explicita de forma clara, pero en otros queda difuminada. "La oscuridad en la redacción de los contratos nunca puede favorecer a quien la ha propiciado, en este caso el Ayuntamiento", tercia la sentencia, que considera fundamental un convenio de marzo de 2007, ya con Martín y Rivas fuera de Sanxenxo, que se refiere precisamente al reembolso para las empresas en caso de cambios en la ley tales como los que después se produjeron. El pago de los 3,8 millones de euros se produjo una semana después de este último convenio.

La resolución sigue sin escatimar epítetos contra el Gobierno local, al que achaca su "conducta sinuosa" y su intención "maliciosa". Se refiere en ese sentido a los intentos municipales de dar por resuelto el convenio, una vez se comprobó que los cambios legales iban a impedir que el convenio se llevase a la práctica. El Ayuntamiento quiso dar por finiquitado el acuerdo al seguir con la tramitación del plan parcial según la nueva normativa. Las empresas se opusieron y comenzó la batalla.

El varapalo judicial ha tenido reacciones desde las filas de la oposición. El edil del BNG David Otero habla de colapso financiero. La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, pidió, por su parte, la dimisión de González. "Si tuviera decencia política hoy dimitiría y se iría a su casa. Presentar los recursos fuera de plazo es una burla", acusó.

La 'conexión Gürtel'

Aunque la resolución judicial solo afecta al denominado suelo urbanizable 13 de Monte Faro, el terreno colindante del suelo urbanizable 14 ha seguido una tramitación paralela en el tiempo y los procedimientos. La diferencia fundamental es que el pago al municipio a cambio de la exención de levantar vivienda pública se elevó a 4,8 millones de euros. A falta de una resolución judicial todavía pendiente, este segundo caso adquirió notoriedad porque una de las sociedades implicadas, Mirador de Sanxenxo, era entonces propiedad de Sedesa, una de las empresas salpicadas por las acusaciones de financiación ilegal del PP valenciano en el caso Gürtel. A ello se le suma que el firmante del recurso de reposición contra el Ayuntamiento para el reclamo del cobro era el actual jefede la Consellería de Territorio en Pontevedra, José Luis Díez Yáñez. La Xunta justificó varias veces el pasado año este nombramiento, la última en noviembre. La encargada fue la propia Encarnación Rivas, ahora secretaria general de Urbanismo y, entonces, gerente del mismo departamento en Sanxenxo. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", afirmó entonces.

Las trayectorias gemelas de las dos promociones difieren a partir de julio de 2009, cuando Mirador de Sanxenxo firmó un convenio urbanístico previo a la aprobación del plan parcial de desarrollo de ese terreno en cuya documentación preparatoria el municipio trataba de cubrirse las espaldas con una referencia a que tal acuerdo suponía "una renuncia clara y terminante a cualquier exigencia de devolución". A este documento se aferra el Ayuntamiento para mantener sus expectativas de un fallo favorable en esta segunda causa.

El problema es que incluso las resoluciones favorables les están costando muy caras a la Administración local, según recordaba ayer Aguín. "Llevamos dos ejercicios económicos en los que la Gerencia de Urbanismo arroja pérdidas. Más de 480.000 euros en el ejercicio de 2010 y más de 600.000 en 2011, gastando en gabinetes jurídicos externos más de 600.000". Entre las minutas más abultadas está las del bufete de José Luis Narbón, que ha hecho trabajos de asesoría el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, y que facturó 345.000 euros al municipio entre 2006 y 2009.


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/01/2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Continúa la carrera de recortes suicidas

SOLIDARIDADOBRERA* : El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.
El RD 20/2011 publicado el último día del pasado año, supone una nueva agresión a todo el cuerpo de derechos de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras con empleo, funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y de las empresas públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de cualquier clase de pensión... Así, las personas asalariadas, soportarán dos tercios de los 8.900 millones que supone este primer recorte, por medio de la subida del IRPF en sus nóminas con una media de entre 3 y 5 puntos a partir de febrero. El gravamen desde 0,75 puntos a 7 puntos, se hace por tramos, encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios (desde 17.707 € a 120.000 €) más del 99% de todos los y las declarantes. Los salarios bajos y medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF.

Por su parte, los ricos (empresarios, banqueros, grandes fortunas, etc) tributan a través del Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV y estos tributos, no han sido tocados. Como tampoco se ha metido mano al fraude fiscal concentrado en grandes empresas y corporaciones financieras (fraude estimado en 74.000 millones de euros) y como tampoco se ha creado un Impuesto sobre las grandes fortunas y las transacciones financieras millonarias, que a diario especulan en los mercados.

Las personas que trabajan en la Administración y en empresas públicas, volveremos a sufrir rebajas en nuestros salarios un año más: ahora con el aumento del IRPF perderemos entre 2 y 5 puntos, se nos pretende alargar la jornada semanal en 2,5 horas lo que supone perder una media del 6 % del salario y no se contratará a nadie. De los 8,8 millones de pensionistas, más de 4,7 millones no llegan a 641€ mensuales y 1,8 millones se encuentra entre 700 € a 1.100 € mensuales, verán incrementadas sus pensiones 2012 en un mísero 1%, Además 6 millones de estos pensionistas perderán un 2,9 % como consecuencia de no revisarles las pensiones en el 2011.

A los jóvenes se les elimina la ayuda a la vivienda, a las personas con necesidades y dependientes se les rebajan las prestaciones, a las personas más necesitadas y excluidas, se les recortan las partidas para organizaciones sociales que se dedican a “paliar” necesidades que el “Estado del Bienestar” nunca ha llegado a cubrir. En conclusión, el decretazo que anuncian como el inicio del inicio de los recortes, ahonda las políticas antisociales del anterior Gobierno PSOE: robo de rentas y derechos a la mayoría social, el 99% de la población, y regalo para que los ricos (1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes especuladores, ejecutivos y personal directivo, consejeros de empresas, banqueros y monarcas…) sean cada vez más ricos, a costa de seguir agrediendo los derechos y conquistas de la clase obrera y de la vida en el planeta.

El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.

El 99% de la población: 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, somos quienes PODEMOS y DEBEMOS salir de sus mentiras, de sus estafas sociales, ecológicas, materiales, civiles... diciendo NO A SUS LEYES, plantándoles cara ORGANIZADAMENTE. Solidaridad Obrera llama al 99 % de la sociedad a autoorganizarse, a los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, a los jóvenes en colectivos. Siempre horizontalmente, sin jerarquías, ni líderes sabelotodo, donde no repitamos o copiemos los errores del sistema. La lucha social, la revolución es el único camino, ante su INJUSTICIA SOCIAL, ante sus LEYES, ante su CRISIS que causan el empobrecimiento y la desigualdad, a la vez que atentan contra el medio natural, el clima, el planeta. No podemos proseguir como si nada ocurriese, tenemos que ir poniendo en pie alternativas a este desastre que todos y todas vamos viendo como se nos cae encima.

* Por Solidaridad Obrera LA JUNTA SINDICAL


* Nodo 50 - Opinión - 7.1.12

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