La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

ABC* : El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.
En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.

El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».

«Es por lo que el presente Decreto —añade— tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.

Diferencias

Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.

En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta —en colaboración con los ayuntamientos— ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.

Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.

El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.

Consejo Consultivo

El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».

«Ciertamente —indica el Consultivo— es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal
La legalización de viviendas irregulares en Andalucía a través de un Decreto específico levantó en principio serias reticencias en las organizaciones conservacionistas. Pero en estos momentos la postura es de frontal oposición. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, considera sin dudarlo en declaraciones a ABC que la Junta va a dar una «amnistía» al urbanismo supuestamente ilegal. Tras recordar que son numerosos los alcaldes imputados y condenados por «permitir y avalar las miles de viviendas que ahora se quieren legalizar», señaló que la propuesta «es de suma gravedad por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio. El Decreto —subrayó— es un aval para el urbanismo salvaje». Según Clavero, la regularización de miles de viviendas ilegales «desgajadas de los núcleos de población provocará un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión».


* ABC - JOSÉ CEJUDO - 30.12.11
Foto: Una pala mecánica procede a la demolición de una vivienda ilegal - ideal

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La nueva estructura orgánica del Ministerio de Fomento

INMODIARIO/Madrid* : El Ministerio de Fomento ha suprimido dos de sus tres Secretarías de Estado y se eliminan dos de las cuatro Secretarías Generales, manteniendo las de Infraestructuras y de Transporte.
Esta estructura, con una única Secretaría de Estado, permite una mayor coordinación, mientras que las dos Secretarías Generales facilitan una planificación eficaz y un mejor desarrollo de la gestión en las áreas de infraestructuras y transporte.
Así, el Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:
1.- La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
2.- La Subsecretaría de Fomento.

1. La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de la que dependen los siguientes órganos directivos:

- La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de subsecretaría, de la que dependen entidades fundamentales para el sistema general del transporte español como ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), CEDEX (Centro de Experimentación de Obras Públicas) o la consultora pública INECO.

Incluye también una Dirección General de Carreteras y una dirección general de Ferrocarriles destinadas a la planificación, proyecto y construcción de las vías de comunicación terrestre propias de cada ámbito.

- La Secretaría General de Transporte, con rango de subsecretaría, de la que dependen el ente público Puertos del Estado, AENA, RENFE o la sociedad de salvamento marítimo SASEMAR, dispone de tres direcciones generales destinadas a la ordenación del sector del transporte en cada uno de los modos existentes. Así, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección General de Transporte Terrestre se ocuparán de establecer y aplicar el marco normativo en el que debe desarrollarse el transporte de pasajeros y mercancías en sus respectivos ámbitos

- La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Es responsable, entre otras funciones, de la ordenación general del sector de la edificación, la concesión de ayudas para la promoción y el acceso a la vivienda o la armonización de la actividad urbanística en España.

2. La Subsecretaría de Fomento: Como centro directivo que presta servicios comunes al conjunto del Ministerio se desglosa en:

La Secretaría General Técnica.
La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
La Inspección General de Fomento.
La Dirección general del Instituto Geográfico Nacional.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Coordinación.
La Secretaría General de Vivienda.
La Dirección General de Relaciones Institucionales.
La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.

Nombramiento de altos cargos del Ministerio de Fomento

Rafael Catalá Polo: secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, entre ellos los de director de Relaciones Laborales de AENA, director de Administración y Servicios de Navegación Aérea, director general de la Función Pública, subsecretario de Hacienda y secretario de Estado de Justicia.

Ha sido director gerente del Hospital Ramón y Cajal. Desde 2005 dirige el Máster de Administración Pública de ESADE. Igualmente, desde 2005 es secretario general y del Consejo de Administración de CODERE S.A. Además, es consejero del Consejo Social de la UNED.

Subsecretario: Mario Garcés Sanagustín

Licenciado en derecho y diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, es inspector de Finanzas de Hacienda del Estado e interventor y auditor del Estado. Actualmente era consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Además, ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda) de 2004 a 2011, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal asesor del Presidente del Gobierno de España (2000-2004).

También ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría.

Secretario General Técnico: Eugenio López Álvarez

Licenciado en Derecho y Abogado del Estado. En la actualidad ejercía como abogado del Estado en la Audiencia Nacional y anteriormente lo fue en las Abogacías del Estado de Ceuta, de la Delegación de Gobierno en Castilla y León y en la del Ministerio de Administraciones Públicas. Con amplia experiencia en la Administración, ha sido secretario general técnico de los Ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas de 2001 a 2003, y posteriormente, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo: Pilar Martínez López

Licenciada en derecho, actualmente desempeñaba el cargo de delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, además de ser presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid. Fue consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde 1999 hasta 2003, así como concejala del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid desde 2003 hasta 2004 y concejala del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid desde 2004 hasta el 2007.

Ha dirigido grandes proyectos de infraestructuras y transformación urbana de la ciudad de Madrid bajo el mandato del Alcalde Ruiz-Gallardón, además de dirigir la política de vivienda de la ciudad.

Directora de Gabinete: Alicia Portas Martínez

Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales, es funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Pontevedra. Desde 2004 era la directora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Anteriormente, ha desempeñado numerosos puestos en la Administración Pública Estatal, autonómica y municipal. Así, ha sido directora del Gabinete de la ministra de Sanidad y Consumo, secretaria de la Delegación Territorial de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, de la Xunta de Galicia y jefe de Servicio de Promoción Económica y Patrimonio del Ayuntamiento de Pontevedra, entre otros.

Organigrama completo en la Web de Fomento.


* Inmodiario - 2.1.12
Foto: Madrid, Ministerio Fomento - computing

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Baleares.- Las citas judiciales por corrupción para 2012

ElMUNDO* : El nuevo año llega cargado de importantes avances en los casos de corrupción en las Islas. El ex presidente del Govern y ex Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el yerno del rey, Iñaki Urdangarín o la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar tendrán que rendir cuentas ante la Justicia balear por presuntos desvíos de dinero público, entre otros delitos.
El primer juicio de Matas por el caso Palma Arena
La primera gran cita del año será el próximo lunes 9 de enero. El ex presidente Jaume Matas será juzgado por una de las piezas del llamado caso Palma Arena por la que los fiscales piden para él 8 años de cárcel. Matas está acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

Además del ex ministro de Aznar, en esta causa están imputados el periodista Antonio Alemany y el ex jefe de prensa de Matas y su ex jefa de gabinete, Joan Martorell y María Umbert, respectivamente, la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares y al director de Nimbus, Miquel Romero

Esta causa es la relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany. Según los fiscales, los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista Antoni Alemany y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.

La subasta del 'palacete'

Unas semanas después, el 25 de enero, se subastarán en el juzgado –a instancias del Banco de Valencia– las tres fincas inmobiliarias que Matas aportó para garantizar un préstamo hipotecario de tres millones con los que consiguió librarse de la cárcel, entre ellos el famoso palacete de la calle San Feliu de Palma.

El crédito le obligaba apagar 84.000 euros al año, es decir, 7.000 euros al mes sólo de intereses que Matas no ha podido pagar.

Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.

Declaraciones por el 'caso Urdangarin'

También en el marco del caso 'Palma Arena', el juez José Castro, tomará declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el 25 de febrero, a las 09.00 horas, sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.

Castro ha citado también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres, y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Nóos -Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apunta a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.

Vicens vuelve al banquillo de los acusados

Sin embargo, antes de la cita Urdangarin, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará los días 7 y 9 de febrero de 2012 al ex conseller de Territori del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, acusado de los delitos de malversación y prevaricación por beneficiar, supuestamente, con dinero público a la productora audiovisual Studio Media, una de las piezas separadas del llamado caso Maquillaje.

También se sentarán en el banquillo los administradores de Studio Media Alfredo Conde y Elizabeth Diéguez y el exdirector insular de Patrimoni Josep Joan Mas.

El fiscal acusa a los cuatro de haber conseguido fondos económicos del Consell Insular para pagar una serie de programas de televisión y reportajes que nunca llegaron a realizarse.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Vicens y para Conde y Diéguez, los fiscales piden 2 años y 3 meses de prisión para cada uno.

Juicio Bitel

Otra de las causas más sonadas de la era Matas, el llamado caso Bitel, pasará por la Audiencia de Palma del 20 de febrero al 7 de marzo de 2012. La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta 14 años para cinco personas por desviar dinero público durante el mandato 2003-2007 de Jaume Matas (PP).

La fiscalía acusa al ex gerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes. También están encausadas cuatro personas más, que presuntamente colaboraron y se beneficiaron de los desvíos de fondos públicos de este organismo, dependiente en la legislatura 2003-2007 de la conselleria de Economía.

Damià está acusado de cuatro delitos continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la Administración, continuado de prevaricación y continuado de cohecho.

Los Hore, al banquillo

El 12 de marzo de 2012 se sentarán en el banquillo el matrimonio Hore, una pareja de multimillonarios relacionados con el caso Relámpago que entre 2002 y 2006 compró fincas en Son Bunyola (Banyalbufar) y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos que ascendería a unos 32 millones de euros.

La Fiscalía pide 42 años y medio de prisión contra John Hore y 37 años y medio para su esposa, Martha Monica Hore. Asimismo, reclama otros 42 años y medio de cárcel para el abogado Alejandro Feliu por su participación en esta presunta trama de fraude fiscal por la que se les atribuye quince delitos.

El primer juicio contra Munar

La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar, que fue también líder de Unió Mallorquina (UM), se sentará por primera vez en el banquillo el 14 de mayo de 2012 en el primer juicio que se celebrará contra ella por los casos de corrupción en los que está imputada, el caso Maquillaje. Munar se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales.

En este juicio también se sentará en el banquillo el que fuera compañero de partido y ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y otras ocho personas, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En concreto, la pieza se refiere a dos subvenciones de 120.000 euros cada una otorgadas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal, mediante dos testaferros o 'socios aparentes', Miguel Sard y Víctor García, que se enfrentan a 2 años y 3 meses de prisión.

Juicios pendientes de fecha

Durante 2011 se ha abierto juicio oral a algunos de los casos de corrupción más sonados de las Islas para los que de momento no hay fecha fijada para la vista pero que previsiblemente llegarán a resolverse durante el próximo año. Por ejemplo, La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha asumido la primera pieza del caso Voltor que será juzgada y por la que se sentará en el banquillo el ex conseller de Turismo Miquel Nadal, para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por gratificar, presuntamente, con 12.000 euros al ex concejal del ramo en Sóller Bartolomé Plomer (UM) como contraprestación política por la labor que llevó a cabo como edil.

Sin embargo, Nadal y Plomer no son los únicos acusados en el marco de esta pieza -la número 1 del caso-, ya que también está previsto el enjuiciamiento del ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar.

Pero no es la única causa que la cúpula de la desaparecida UM tiene pendiente de fecha de juicio. El pasado 21 de septiembre la jueza instructora del caso Can Domenge de supuesta corrupción en la venta de un solar público abrió juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y cinco personas más, a quienes ha impuesto una fianza civil solidaria de 37 millones de euros.

El Consell de Mallorca, presidido entonces por Munar, vendió el terreno palmesano de Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

Munar se tendrá que sentar en el banquillo y hacer frente a la petición fiscal de 6 años de prisión por este caso acusada de prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información privilegiada.

En su escrito, la Fiscalía pide las mismas penas de prisión (6 años) y por los mismos delitos para el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal; el ex conseller insular de Economía Miquel Àngel Flaquer y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, todos ellos de UM. Para Román Sanahuja, de Sacresa, otro de los imputados, reclama en cambio 1 año y medio de cárcel, así como 2 años para el abogado Santiago Fiol Amengual.

También se encuentra pendiente de fecha de juicio el caso Turisme Jove, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública durante la segunda legislatura de Jaume Matas.

Entre los imputados destacan el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Juventud en el anterior Govern balear del PP, Juan Francisco Gálvez, presuntos responsables del desvío de fondos que dejó a la empresa en quiebra técnica. Maíz era el administrador de una productora que trabajó para Turisme Jove.


* El Mundo - Carla Arrieta | María J. García - 1.1.12
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com

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Jaén elimina las reservas de suelo para construir VPO

ELPAÍS* : El último pleno del año del Ayuntamiento de Jaén sirvió ayer para que el gobierno local del PP consumara la eliminación de las dos áreas de reserva de suelo donde había previsto construir 11.000 casas protegidas. La medida fue duramente criticada por la oposición municipal de PSOE e IU, que la calificaron como la "sentencia de muerte" para la vivienda pública. En contraste a esta decisión, el PP ultima el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que hace un guiño a la iniciativa privada para impulsar el parque inmobiliario.
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, justificó la renuncia a la VPO sobre la base de una sentencia del TSJA estimando una denuncia de propietarios de terrenos en Cerro Almagro. Sin embargo, tampoco ocultó que la medida sintoniza con la filosofía del PP sobre política urbanística.

"¿De dónde sacamos financiación para construir 11.000 viviendas si el Ayuntamiento está en la ruina?", se preguntó tras calificar de "inviable" la operación proyectada en el anterior mandato por PSOE e IU.

Por su parte, el concejal socialista Manuel López advirtió de que, mientras el PP renuncia a la vivienda protegida, ha proyectado en el nuevo PGOU la construcción de unas 12.000 viviendas. "¿Es que esas viviendas van a ser privadas?", le inquirió López al alcalde. Y es que el PP ya ha confirmado que en el nuevo plan, cuya aprobación inicial se producirá en febrero, que redacta el arquitecto José Seguí solo se construirán las viviendas que vengan avaladas por el sector financiero. No obstante, los populares sostienen que la eliminación de las áreas de reserva de suelo no supone que no se construyan viviendas protegidas en otras zonas de la capital. El alcalde recordó que durante el anterior mandato del PP se construyeron 61 viviendas por año, frente a las cuatro en la etapa de PSOE e IU.

El punto de mayor tensión en el pleno volvió a ser el futuro del tranvía, paralizado desde el pasado mes de mayo. El PP llevó para su aprobación el Reglamento de Circulación del Sistema Tranviario, lo que no significa que este medio de transporte se vaya a reactivar de inmediato. "No empezará a funcionar hasta que tenga un sistema de financiación viable", avisó Fernández de Moya, que recriminó las sugerencias de la oposición de que la paralización del tranvía se debía a motivos electorales y que el gobierno municipal mantendría esta postura hasta pasados los próximos comicios andaluces. "Si el tranvía es tan bueno, por qué no lo gestiona la Junta", espetó el alcalde, que recurrió al discurso del agravio al indicar que la Junta pagó 44 millones para los vagones del metro de Granada. Fernández de Moya no hizo referencia a los 100 millones de euros que el Gobierno andaluz puso para el tranvía de Jaén.

El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer los presupuestos que contemplan la disolución de sus cinco organismos autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Empleo, Gerencia de Urbanismo, Centro Cultural Manuel de Falla y Huerta de San Vicente. El Ayuntamiento se ha dado de plazo para analizar qué hacer con el alrededor de un centenar de trabajadores afectados hasta el próximo mes de junio.

La oposición, integrada por PSOE, IU y UPyD, criticaron con dureza la filosofía de los presupuestos, que prevé 262,2 millones de euros de ingresos y 254,1 de gasto, al considerar que se acometen recortes sociales mientras se mantienen gastos que no deberían ser considerados como prioritarios para la sociedad, como es el caso de las dietas, las partidas protocolarias o la televisión municipal.

Por su parte, el concejal de Economía, Francisco Ledesma, dijo sobre los presupuestos que recogen "un aumento de las políticas sociales", que cifró en 21 millones de euros. "Estamos en un momento en el que hay que ser austeros, prudentes, pero también valientes", lo que, en su opinión, consigue el documento, ya que "no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos", al igualar la subida de las tasas e impuestos con la previsión del IPC (3,6%).

Francisco Puentedura, concejal de Izquierda Unida, fue el más crítico con el documento, que a su modo de ver no reconoce uno de los principales problemas de las arcas municipales, la deuda municipal que ascendería a 335 millones de euros, de los cuales 173 corresponden a entidades financieras y 162 a diferentes empresas que padecen una situación en muchos casos "insostenible" por los pagos pendientes.


* El País - G. DONAIRE / F. VALVERDE - Jaén / Granada - 31/12/2011
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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