Más de medio centenar de municipios cedieron la gestión urbanística a la Xunta

FARODEVIGO* : Los ayuntamientos carecen de medios y fondos suficientes para regular y controlar por sí solos el urbanismo dentro de su término municipal. Es un hecho asumido desde hace tiempo por los concellos y la propia Xunta, que en los últimos años ha respondido con cierta permisividad ante los reiterados incumplimientos de los ejecutivos locales. Pero la disciplina municipal del vai facendo se ha acabado. Al menos en los ayuntamientos gallegos que han dejado en manos de la Xunta la lucha contra el feísmo y el desorden urbanístico. Desde la puesta en marcha en 2008 de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, un total de 57 municipios gallegos -el mayor, el de Ponteareas, con poco más de 22.000 habitantes- se adhirieron a la entidad para que sea el Gobierno autonómico el que tramite las multas y dicte las órdenes de derribo sobre cientos de edificaciones ilegales levantadas en su territorio durante las últimas décadas.

Los hay sin planeamiento urbanístico, con normas subsidiarias, pero también con PXOM; bajo alcaldías del PSdeG, PP y BNG; de menos de mil habitantes y de poco más de 20.000. Pero todos tiene dos puntos en común: sus escasos recursos para impulsar inspecciones urbanísticas y las dificultades para restaurar la legalidad en su concello por tratarse de una administración cercana a los posibles infractores.

Con esta cesión de competencias en materia sancionadora a la Xunta (17 concellos de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 21 de Ourense y 11 de Pontevedra), los ayuntamientos se olvidan del complejo y farragoso papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. A cambio de esta gestión en materia de urbanismo, los ayuntamientos ceden a las arcas autonómicas el 50% de la recaudación de las multas tramitadas por la APLU, que van desde los 300 euros por la ejecución de una obra sin licencia hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo por las infracciones muy graves o reiteradas. A lo largo de este año, tan solo dos concellos cedieron su competencias en materia de gestión urbanística a la APLU: Fene (A Coruña) y Nogueira de Ramuín (Ourense).

En los más de cuatro años de funcionamiento de la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística derribó más de 200 obras ilegales. En sus primeros cinco meses de operatividad, la entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente tumbó cinco edificaciones. En 2009, la cifra de demoliciones se elevó a 37, al año siguiente a 38 y 2011 sumó 72 demoliciones, un 94% más que en 2010, cuando fueron 38. Por provincias, 28 de los derribos fueron en A Coruña, otros 23 en Pontevedra, 12 más en Lugo y 9 en Ourense.

En cuanto a los expedientes de reposición incoados, el número total ascendió el pasado año a 237, de los que 83 fueron en Pontevedra, 56 en concellos coruñeses, 55 en Lugo y 43 en Ourense. Las multas por no cumplir las resoluciones dictadas por los técnicos de la APLU superaron las 400. A lo largo de este año, las excavadoras tumbaron en la comunidad otras 57 obras levantadas de manera irregular.


* Faro de Vigo - R. PRIETO - 11.11.12
Foto: Vivienda sin licencia derribada en San Cibrao (Ourense). // Iñaki Osorio

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