Citan a declarar al exconcejal de Urbanismo y a un arquitecto municipal de Valladolid por el PGOU de 2003

LAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Valladolid, encargado de investigar las presuntas irregularidades cometidas durante 2003 en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, tomará nuevamente declaración los días 9 y 10 de enero, respectivamente, a los imputados Luis Álvarez Aller y José Antonio García de Coca, el primero arquitecto municipal y el segundo exconcejal de Urbanismo.
El interrogatorio de ambos se produce como consecuencia de su fallida toma declaración ocurrida los pasados días 4 de septiembre y 13 de octubre, ya que en la primera de las dos citas sus letrados alegaron ante el juez José María Crespo la imposibilidad de realizar una defensa con garantías al no habérseles facilitado copia de todo lo actuado hasta ese momento y en la segunda, en cambio, la suspensión estuvo motivada por problemas técnicos en el sistema de grabación.

Con carácter previo a su interrogatorio, el juez instructor tiene previsto tomar declaración, el próximo día 20 de diciembre, a varios técnicos de la Consejería de Fomento.

Hasta la fecha, por dependencias judiciales ha 'desfilado' una veintena de imputados, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.


* La Información - EP - 23.11.12
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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