Los vecinos que Botella quiere desalojar amenazan con denunciar por mobbing inmobiliario

PÚBLICO/Madrid* : Los vecinos de las viviendas sociales a los que el Ayuntamiento de Madrid quiere desalojar de sus casas han pasado al ataque. Después del pánico inicial producido por las cartas de desalojo recibidas por parte del Consistorio, los vecinos han buscado asesoramiento legal y han diseñado su ofensiva. O la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) y la compañía Renta Corporación desisten en sus negociaciones para vender los cinco edificios de viviendas sociales por 21 millones de euros o recibirán una querella por mobbing inmboliario.

“Si no se echan atrás en el contrato en el plazo establecido nos veremos obligados a interponer una querella por unos hechos que entendemos que pueden ser calificados de mobbing inmobiliario y que están teniendo repercusión en la "situación física y psicológica de los vecinos”, explica a Público Endika Zulueta, abogado de los afectados, quien añade que en caso de que esta querella sea interpuesta los “políticos” y “financieros” responsables del contrato de opción de compra “tendrán que pagar por los daños a los vecinos”.

El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, de la que Ignacio López del Hierro (el marido de María Dolores de Cospedal), establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 euros ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre y el 18 de enero (fecha en la que caduca la opción de compra) Renta Corporación perdería el dinero ya entregado que se encuentra depositado en una notaría de Madrid.

Por ello, los vecinos, asesorados por sus abogados, advierten a Renta Corporación de que no piensan abandonar sus casas y le aconsejan retirarse a tiempo de una operación financiera que sólo les puede ocasionar problemas y pérdidas de capital. “La EMVS no tiene legitimidad jurídica ni moral para hacer esta venta y la empresa no tiene capacidad jurídica para comprarla. Además, económicamente la compra no le va a salir tan rentable a la empresa compradora porque va a comprar un inmueble lleno de vecinos. La gran mayoría no piensan irse”, asegura Endika.

En los próximos días, los abogados de los afectados remitirán a Renta Corporación un escrito con las firmas de los vecinos en el que recomendarán a la empresa poner fin a “esta broma de mal gusto, irse a su casa y dedicarse a comprar otro tipo de inmuebles que no sean de viviendas sociales”. “Le emplazamos a que desistan de la compra antes del 18 de diciembre porque si no perderán los 363.000”, advierte Endika.

Función inmobiliaria
La pieza central del esquema que barajan los abogados se asienta en el argumento de que los contratos de alquiler de los inquilinos son todos de carácter indefinido, siempre y cuando no varíen las condiciones que les han hecho merecedores del mismo. Esta interpretación de los contratos se asienta en la legislación de 1986. La Administración, por su parte, aplica la normativa de 1995.

“Vamos a decirles mediante una carta [a la EMVS] que entendemos que se han equivocado en la interpretación de la ley. De la misma manera que para ellos es una casualidad que la empresa compradora tenga como consejero al marido de una conocida política quizá también de manera casual ellos se han equivocado en la interpretación de la ley”, ironiza el letrado.

En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS advirtiéndoles de que no abandonarán su hogar y aconsejarán a la EMVS que “pidan perdón por las molestias” y que se dedique “a lo que tiene que dedicarse” que es a “crear mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada y no a trabajar como si fuera una inmobiliaria”.


* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 29/11/12
Foto: Vecinos de la corrala de San Cayetano, EFE

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La rentabilidad de la corrupción en España

JAVIER CARABALLO* : Es probable que recuerden el vídeo aquel. Era un vídeo casero en el que aparecía un tipo entregándole a otro un sobre anaranjado, atado con una gomilla. Lo abría y descubría un fajo de billetes. Luego, una vez que los había contado, se lo guardaba, no en el bolsillo, sino debajo de la camisa. El primero, el que entregaba el sobre, era un empresario de la construcción. El segundo, el que recibió el dinero, el alcalde de un pueblo de Almería, Ohanes. Todo era tan explícito que casi no se requerían diálogos, pero también se oía la conversación de ambos y eso era, sin duda, lo mejor de todo. “Juanico -le decía el empresario al alcalde-, que no te digo ná… En tus manos me encomiendo, ahí lo llevas, 28 o 29 [mil euros], tú los cuentas (…) Y ten cuidado por si le has pedido a alguien más… Lo digo porque mi primo me lo ha dicho: me parece que a este alcalde le pasa como al otro, a este le gusta el cazo”.
El alcalde lo escuchaba atentamente mientras contaba los billetes y su contestación fue típica de muchos de estos a los que sorprenden en un caso de corrupción. Aún en ese instante en el que contaba billetes, aún ante la evidencia de que todo el pueblo conocía ya su tendencia a poner “el cazo”, se presentaba como una víctima. Y decía: “Esto para mí es muy desagradable, pero es que no tengo otra salida (…) Y luego, esas críticas... En fin, que si coges, malo y si no coges, peor”. Y seguía contando billetes, cabizbajo, veinticinco mil, veintiséis mil…

¿Puede existir una evidencia mayor de corrupción en política? ¿No, verdad? Pues ese alcalde ha quedado absuelto, limpio de polvo y paja. Hace un par de meses, el fiscal del caso envió un escrito al juez y le pidió que lo archivara todo al considerar que el delito había prescrito. La entrega de dinero que el propio empresario grabó en vídeo se produjo en 2005 y era, según se supo después, la primera partida; las otras se entregarían después cuando el Ayuntamiento aprobase la licencia de obras para la construcción de unas viviendas. Podría haber considerado el fiscal, y el juez, que aunque el vídeo se entregó tres años después de su grabación, la fecha de prescripción del delito no debía ser la fecha del vídeo, ya que se anunciaban entregas posteriores. Pero no, delito prescrito y caso sobreseído. También podría haberse esperado que alguna instancia judicial superior hubiera recurrido el sobreseimiento, pero tampoco. Caso cerrado.

Un Estado de derecho, claro, es, ante todo, un sistema garantista, alejado de juicios sumarísimos, pero lo que ocurre con la corrupción en España no tiene nada que ver con las garantías, sino con las deficiencias del sistema para perseguir esa lacra. Si la legislación permite la prescripción de una evidencia de corrupción como la de Ohanes, es que algo falla de forma estrepitosa. Si un caso así, que no es el único, acaba sobreseído y ningún partido propone una reforma legal, es que todas las proclamas políticas que se hacen para luchar contra la corrupción, eso tan repetido de “tolerancia cero”, no es más que un canto huero o cínico. Como lo ocurrido con la comisión de investigación del fraude de los ERE en la Junta de Andalucía. Ayer mismo concluyó, formalmente, la comisión de investigación de los ERE con la conclusión grosera que ya se adelantó la pasada semana: la culpa es del apuntador, del director general que firmaba las subvenciones, no de ninguno de sus superiores; y del interventor general, al que se acusa de no haber puesto suficiente énfasis en las quince veces que alertó de las irregularidades del sistema de reparto de los casi mil millones de euros de fondos de Empleo.

Se reunió ayer el Parlamento andaluz, y era tan vergonzoso el dictamen que impulsó el Gobierno de coalición PSOE-IU que, al final, sólo los socialistas lo votaron favorablemente, con lo que no prosperó. Se ha cerrado, pues, la comisión parlamentaria de los ERE como el caso Ohanes, sin culpables. Con este panorama, qué puede sentir el ciudadano, sino engaño y frustración, cuando, como esta semana en Sabadell, vuelve a destaparse un caso de corrupción; siempre las mismas explicaciones para explicar el mismo vicio repetido.

Que no, que no, que la corrupción en España ni se persigue ni se condena de forma eficaz y que, por esa dejadez, esta lacra seguirá aquí, como una solitaria que recorre el tejido subcutáneo de la realidad institucional. Ni existe un verdadero interés político por combatirla ni existen mecanismos legales adecuados para castigarla. En su último informe, con motivo de año judicial, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, llegó a afirmar que “la lucha contra el fraude y la corrupción, en cuanto resulta rentable [para quienes la cometen], tiene que estar dotada por ello de medios excepcionales y ahora esta lucha es más necesaria que nunca. La recuperación de los beneficios ilícitamente obtenidos presenta carencias importantes en nuestro sistema procesal”. Si lo sabrán los corruptos. Ya se lo dijo el empresario de Ohanes al alcalde, mientras se guardaba el dinero bajo la camisa: “Pues me parece muy bien, el tiempo que estés aprovecha y llévate lo que puedas”.


* El Confidencial - Matacán - 29.11.12
Foto: Corrupción - terra.es

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La Junta suspende los proyectos en suelos urbanizables del litoral

MÁLAGAHOY* : La Junta iniciará en los próximos días la revisión de los planes de los ayuntamientos costeros y, en los próximos seis meses, les suspenderá la tramitación de los proyectos que tuvieran previstos. Esta iniciativa es consecuencia de que sólo diez de 62 municipios costeros andaluces se han adaptado al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) de 2005 y por lo tanto algunos tienen vigentes planes de desarrollo de hace diez o veinte años en los que pudiera haber previsiones de crecimiento por encima de las posibilidades actuales. Aunque las presiones urbanísticas ya no son las de décadas pasadas, cuando afloraron planes y leyes de control urbanístico para evitar la marbellización del litoral andaluz, la Junta quiere reforzar ahora la protección del litoral e, igualmente, comprobar cuáles de los proyectos que prevén los municipios pueden ser viables económicamente. Por esta razón, ningún proyecto es descartable hasta que se analice.

El decreto ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística en el litoral, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta, suspende cautelarmente los trámites en estos municipios no adaptados al POTA hasta que un futuro Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que se espera tener listo en enero, se someta al trámite de información pública, sobre junio. A partir de entonces las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.

Así la Junta analizará esas situaciones "durmientes" en el litoral, en palabras del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas. El plan establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de costa. Hasta ahora los planes subregionales más ambiciosos comprendían 200 metros, el doble de los cien metros de la Ley de Costas del Gobierno.

La Junta se afanó ayer en marcar distancias con las políticas del Gobierno central y la "desregularización" que ha provocado con su reforma de la Ley de Costas. Pasada la primera línea de playa, ya es competencia de la Administración autonómica y ahí es donde la Junta va a revisar los suelos, eso sí, los no sectorizados o aquellos que ya han sido programados por los ayuntamientos pero aún no cuentan con planes parciales. La novedad es que por primera vez se analizarán los suelos urbanos, ya que antes sólo se vigilaban los no urbanizables.

Todos los demás que hayan sido aprobados seguirán adelante, así como los planes de los ayuntamientos del litoral adaptados al POTA y, que en el caso de la provincia son Fuengirola, Málaga y Marbella.

Más allá de los municipios del litoral, el decreto ley introduce medidas (otra vez) para incentivar a los municipios a que adecuen sus planes urbanísticos al POTA. El decreto recoge que la revisión debe haberse efectuado en el plazo contemplado en los planes y, si no lo especificaron, en los ocho años siguientes a su entrada en vigor. Los que hayan superado los plazos tienen obligatoriamente que acogerse a las restricciones que marca el POTA y que impide crecimientos urbanísticos por encima del 30% de su población o del 40% de su superficie.

La reacción de algunos alcaldes malagueños no se hizo esperar. Para el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), se trata de "un nuevo ataque frontal a los municipios" y calificó el decreto como "una nueva improvisación del urbanismo sin sentido que practica la Junta". Así, recordó que llevan cuatro mandatos tratando de adaptar el PGOU sin poder sacarlo adelante por los "continuos cambios en las leyes y en los criterios que van saliendo en función de los despachos y de los consejeros de turnos". La medida afectaría a los proyectos que están al norte de la antigua N-340, sobre todo, en Torre de Benagalbón.

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP), por su parte, advirtió que el acuerdo "puede estar invadiendo competencias municipales" y aseguró que "se trata de una limitación enorme en la que además no está teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos aprobados por ellos mismos". En la capital de la Axarquía, una de las zonas más afectadas sería el proyecto de Playa Fenicia en la desembocadura del río Vélez, clasificado por la Junta de Andalucía como polo de dinamización turística.

También se mostró especialmente crítico el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, que considera que la decisión de la Junta "invade la autonomía municipal y que la misma ha sido adoptada de forma unilateral, sin consensuarla con los ayuntamientos". Advirtió que acarreará problemas urbanísticos en lugares específicos de la Costa, como en determinados puntos del término municipal de Mijas, en los que la autovía se sitúa a escasísima distancia del borde marítimo

Más prudente fue la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, que señaló que "aún se desconoce el contenido del decreto ley y será necesario estudiarlo con mayor profundidad antes de pronunciarse. La información de la que hasta ahora disponemos no nos permite hacer juicios de valor ni conocer la repercusión real de la medida adoptada por la Junta".

Al ser preguntado por los efectos que tendrán en Marbella las medidas que ha aprobado la Junta para proteger el litoral, el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, también señaló que las valorará cuando las haya estudiado.


* Málaga Hoy - 28.11.12
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)

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Manual valenciano para la corrupción catalana

CARLOS ASPE* : Hermanos catalanes, ante los últimos acontecimientos producidos en el Ayuntamiento de Sabadell, el País Valencià se solidariza con vosotros. Dada la gravedad, nos vemos en la obligación de tender la mano al pueblo vecino y asistirle con nuestra inestimable ayuda. Pensad que puede que los valencianos hablemos vuestra lengua pero la corrupción catalana es sólo un dialecto de la nuestra. Por eso, dada nuestra larga experiencia, os enviamos un manual de emergencia para que os enfrentéis a estas catástrofes con las que no estáis del todo familiarizados.
1- Es importante que no hagáis ninguna tontería de la que os podáis arrepentir. Sé que a uno le asaltan pensamientos furibundos en estos momentos, pero no sufráis por tener a un alcalde imputado. Tened en cuenta que en Alicante lo han sido los últimos tres (uno del PSOE y dos del PP) y por San Juan seguimos prendiéndole fuego a todo menos al ayuntamiento.

2- No abandonéis vuestras siglas favoritas sólo porque algún miembro del partido haya metido la mano en la caja. Qué es eso de castigar en las urnas. Dejaos de tonterías, os lo decimos nosotros, los de Camps, y no pongáis pegas que aquí la democracia nos sienta como un traje.
3- Ahora que se acercan fechas navideñas, os recomendamos que juguéis toda la lotería que podáis, pensad que el presidente de la diputación de vuestra provincia podría necesitar que os tocase.
4- Nada os puede ayudar más a resolver vuestras penurias que nombrar a un embajador. Eso sí, pagadle un buen sueldo, que al final lo barato sale caro. Nosotros lo hicimos con Julio Iglesias y fue mano de santo. Pero claro, es que ese hombre trabaja muy bien la diplomacia.
5- Si aún así los ánimos siguen bajos, solicitad a vuestra administración que os organice un gran evento. Pocas cosas sientan mejor al cuerpo que una buena Copa América.
6- Perded si hace falta unos minutos antes de ponerle nombre a vuestros casos de corrupción. Para evitar disgustos innecesarios un buen nombre viene de maravilla. Por ejemplo ¿qué es eso de llamarle a lo de Sabadell operación Mercurio? Que se os nota mucho que sois principiantes, Mercurio te lo nombran a la hora de cenar y se te amarga el cubata. Os voy a enseñar como se hace: imaginad que tenéis un escándalo que apesta a corrupto en el sur de Alicante, pues lo llamamos Brugal y a seguir de juerga. Hu ha!
7- Si andáis preocupados por la pésima imagen que podéis dar al exterior a causa de la imputación de vuestros políticos, invertid en obras de Calatrava. Sólo tenéis que decirlo y mandamos a Santiago. Es un manitas y con poco que le pagues se conforma, es más majo… pensad que nos hizo una Ciudad de las Ciencias que le quedó de cine. Y eso que ya casi no tenemos ni científicos.
8- Es importante que vuestros gustos musicales reflejen la realidad de vuestro país. Aprended de nosotros, a los que siempre nos gustaron más los Presuntos Implicados que Seguridad Social.
9- Si finalmente la cosa se pone más seria hemos preparado un plan de evasión para que ningún catalán sufra más de la cuenta. Sólo tenéis que avisarnos y todos nuestros aviones despegarán sin demora desde el Aeropuerto de Castellón.
Si todo esto falla, pensad que nada es tan grave. Algún día, iréis orgullosos hasta un mirador en la montaña de Monserrat y gritaréis a los cuatro vientos: ¿Ves esto hijo? antes todo estaba por recalificar.


* Público - Importancia capital - 28.11.12
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

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La trama corrupta de Sabadell exigía 120.000 euros previos y un 3% en dinero negro

PÚBLICO/Barcelona* : Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 120.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.
Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 120.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso.

Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.

Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández.

La denuncia de 2010 --a la que ha tenido acceso Europa Press-- presentada por la vicepresidenta, portavoz y concejal de ICV, Carme Garcia, afirmaba que los ladrones habían entrado con llaves y habían abierto la caja fuerte --escondida en un armario-- sin causarle daños.

Aseguraba que "los autores han accedido para sustraer información del partido sobre intereses públicos para la ciudadanía y lo han hecho con llaves", e informaba a la policía de que podía haber dos exmiembros del partido con copia de llaves de la sede, en la calle Picañol.

Recogía además que estas dos personas fueron expulsadas del partido en 2007 por "deslealtad al facilitar información de ICV al Gobierno municipal del partido PSC de Sabadell", y que de hecho estas personas una vez expulsadas pasaron a formar parte de los socialistas.

Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta.

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio.

Por otra parte, Entesa per Sabadell ha reclamado este martes en un comunicado el nombramiento "inmediato" de un alcalde accidental en lugar de Bustos, porque son "unos hechos muy graves que justifican plenamente que los imputados sean separados temporalmente de sus cargos".

Por su parte, Bustos ha afirmado que está imputado por delitos contra la administración pública en el marco de una operación anticorrupción, que está bajo secreto de sumario, por la que se registran dependencias del Ayuntamiento, pero defiende su inocencia y señala que "una persona que es inocente" no debe dimitir. "Es una rumorología, pero parece ser que esto arranca hace unos años de un partido político que presenta una denuncia", ha dicho sin querer citar a la formación, y ha reiterado que ese es el rumor sobre el caso, que está llevando el juzgado 1 de Sabadell y sobre el que hay secreto de sumario.

Los grupos de ICV, EUiA y Entesa per Sabadell han pedido explicaciones al Gobierno municipal por la operación anticorrupción.

Los Mossos d'Esquadra han realizado registros desde primera hora de la mañana las dependencias del Ayuntamiento de Sabadell, en una operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas. En la operación, que ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell e impulsada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, participan agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que están registrando el edificio consistorial, la sede de la concejalía de Urbanismo y la de la compañía municipal de aguas Grupo CASSA.

El registro, que se produce tan sólo dos días después de las elecciones catalanas, ha sido ordenado por el juez de instrucción de Sabadell, que lleva más de dos años investigando varios procesos de recalificación urbanística llevados a cabo en Sabadell, según las mismas fuentes. En la operación se han detenido un total de 12 personas y otras 26 han sido imputadas (entre ellas, el alcalde de Sabadell).

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, se ha producido la entrada y registro del Ayuntamiento de Sabadell, 41 entradas y registros en empresas y sociedades, así como en 15 domicilios particulares. Las diligencias previas investigan una "trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento" en la que habrían intervenido, junto a diversos empresarios, miembros integrantes del PSC y uno perteneciente al PP --actualmente destituido de su partido-- del mismo ayuntamiento.

Paralelamente, los Mossos d'Esquadra también han irrumpido está mañana en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), localidad cercana a Sabadell, de donde se han llevado un expediente administrativo no relacionado con temas urbanísticos. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que los agentes se han presentado esta mañana ante la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, a quien han reclamado un expediente administrativo.

Una vez se les ha entregado este documento, que no estaría relacionado con temas urbanísticos, los mossos han abandonado el consistorio, han precisado las mismas fuentes.


* Público - Agencias - 27.11.12
Foto: Sabadell, ayuntamiento - google

* Rectificada la cantidad del titular de la noticia

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Sabadell.- Dos alcaldes, tres ediles y un constructor imputados

ELPAÍS/Barcelona* : A las 8.40 de ayer llegaba el alcalde de Sabadell, Manel Bustos (PSC), a la sede consistorial. Iba a pie, desde su casa, a escasos metros del edificio. Una hora y media después, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, el comisario jefe de investigación, José Luis Trapero, y el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Jordi Bascompte, entraban caminando también al Ayuntamiento.
Sin grandes algaradas, los investigadores dieron el pistoletazo de salida a un operativo para desarticular una presunta trama corrupta que tiene su epicentro en el Ayuntamiento del Vallès Occidental, con más de 40 registros y unos 300 agentes desplegados. Los mossos inspeccionaron el despacho de Bustos, la sede de Urbanismo del Consistorio, que está en un edificio aledaño, la empresa municipal de vivienda (Vimusa), el Área de Promoción Económica, y se llevaron diversas cajas con documentos durante el día de ayer.

Imputaron al alcalde de la ciudad. Y también a su hermano, Francisco Bustos, concejal de Espacio Público, que cruzaba la plaza consistorial sobre las 10.30. “A mí solo me han llamado para una cita urgente”, respondió a los periodistas que aguardaban en la puerta del Ayuntamiento y le preguntaban ya por su imputación.

La investigación apunta a un entramado delictivo que se dedicaba a percibir pagos a cambio de licencias de obras y de locales. Algunos expedientes urbanísticos fueron manipulados para lograrlo, según fuentes del caso. La Fiscalía Anticorrupción, a través de un comunicado, aseguró que los 26 imputados y 12 detenidos exigían 120.000 euros a fondo perdido para cualquier adjudicación que luego se repartían. Además, exigían el 3% en negro del presupuesto total de la obra en cuestión, que gestionaba un despacho de abogados, del cual no han dado detalles. Sus supuestas actividades delictivas pueden suponer delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que ha trabajado en el caso durante los dos últimos años, tiene en el punto de mira diversas operaciones urbanísticas en las que, presuntamente, se pagaron comisiones. Una de ellas es la urbanización del polígono Sant Pau de Riu Sec, donde se encuentra la nueva tienda de Ikea, la más grande de España, que está previsto que se inaugure el 4 de diciembre. Las obras de ese proyecto están valoradas en unos 60 millones.

La Fiscalía Anticorrupción tiene constancia también de diversos intermediarios que, presuntamente, se dedicarían también a mover el dinero entre los diferentes implicados.

Entre los imputados se encuentran también la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista Maria Elena Pérez. La edil fue aupada en su puesto por los hermanos Bustos hace dos años, después de que el anterior alcalde, César Arrizabalaga, dimitiese debido a que su nombre salió en las escuchas del sumario del caso Pretoria, también sobre corrupción urbanística.

En la operación actual, bautizada como Mercurio y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, la policía ha imputado también al concejal de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas, Ricard Estrada; al concejal de Urbanismo y Espació Público, Joan Manau, y a otro alto cargo de Urbanismo, todos del Ayuntamiento de Sabadell. Asimismo, está imputada Montse Costa, coordinadora del Área de Presidencia y pareja del alcalde Bustos, y el jefe de la Policía Local de la ciudad.

Fuera de los cargos vinculados al PSC, los mossos han detenido también a Jordi Soriano. Se trata de un exconcejal del Partido Popular que desempeñó un papel clave en el tiempo que formó parte del Consistorio. El PP, sin embargo, le apartó del partido y ya no le permitió presentarse en su lista en las elecciones municipales de 2011. La líder popular, Alicia Sánchez Camacho, se refirió ayer a una “una gestión pésima” del edil, que según fuentes del partido no ejercía la oposición que se esperaba de él. Soriano jugó un papel clave en diversas ocasiones delicadas en la gestión de Bustos frente al Consistorio vallesano.

Pero el entramado que salpica de lleno a los Bustos no se queda aquí. Los mossos imputaron ayer también a Melquíades Garrido. El hombre es el actual presidente del Gremio de Constructores de Sabadell, y es el tío de Manuel y Francisco Bustos. La policía le acusa también de formar parte de la trama corrupta, aunque él, igual que su sobrino, corrió a defender su gestión, y negó que jamás haya hecho ninguna obra pública en Sabadell o en Cataluña, según dijo a Ràdio Sabadell.

El dispositivo no se limitó a los Ayuntamientos de Sabadell y Montcada i Reixac. Los mossos entraron en el Consejo Comarcal del Vallès Occidental, Aguas de Sabadell, en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), de donde Manuel Bustos es presidente y, según explicó él mismo, la policía catalana pidió también documentos de la Diputación de Barcelona. También acudieron a la sede del PSC para comunicar a Daniel Fernández que el juez le investiga.

Mientras los mossos continuaban registrando y pidiendo documentos en diversas sedes del Ayuntamiento, su alcalde celebraba una rueda de prensa atestada de periodistas. El edil negó tajantemente las acusaciones y defendió que en todo momento ha mantenido una gestión transparente al frente del Ayuntamiento.

En la puerta, y a pesar de la lluvia fina que caía incesantemente, diversos vecinos de la ciudad se reunieron para celebrar y brindar por la actuación policial. Una imagen que recordó a la que en 2009 se vivió en las puertas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, cuando detuvieron al socialista Bartomeu Muñoz por el caso Pretoria. Por la tarde, un centenar de vecinos se reunieron a las puertas del Consistorio para pedir la dimisión de su alcalde. Algo que él ya avanzó que no hará bajo la afirmación de: “Soy inocente”.

A 120.000 euros la adjudicación

La presunta trama corrupta de Sabadell exigía como “condición sine qua non” un pago de 120.000 euros a quienes quisiesen acceder a adjudicaciones, según la fiscalía.
Ese dinero iba a un fondo perdido que presuntamente se repartían entre políticos y funcionarios involucrados.
Los investigados apalabraban también, supuestamente, el pago del 3% en dinero negro del total del presupuesto.
Los Mossos han detenido a 12 personas y han imputado a otras 26, entre ellas el alcalde de Sabadell, Manel Bustos; la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández.
Los implicados están acusados de los delitos de tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos.


* El País - REBECA CARRANCO / JESÚS GARCÍA Barcelona 28 NOV 2012
Foto: Agentes de los Mossos sacan cajas de información de las dependencias municipales de Sabadell. / GIANLUCA BATTISTA

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Madrid.- El nuevo poblado de la región

ELPAÍS* : Uno de los márgenes de la carretera comarcal M-203, que une Torrejón de Ardoz y Mejorada del Campo, luce desde hace unas semanas unos inesperados vecinos. Decenas de chabolas e infraviviendas se levantan en un lateral de esta vía, sin contar con los correspondientes permisos oficiales para el asentamiento, según confirmó un portavoz del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
El asentamiento se encuentra en plena construcción justo delante de una enorme chatarrería, en el kilómetro 3 de la M-203. Los nuevos pobladores han dejado un pequeño camino por el que solo cabe un vehículo para comunicarse. Una pequeña vaguada, utilizada para evacuar las aguas de correntía, es lo único que los separa de la calzada.

Muchos de los nuevos pobladores son gitanos españoles que residen en localidades de la zona, como Alcalá de Henares. Reconocen que las han adquirido en pequeñas proporciones para tenerlas como segundas viviendas, en especial para los fines de semana. Otros, por el contrario, aseguran que, como les han echado de sus lugares habituales de residencia, las utilizarán de domicilio principal.

La actividad en los últimos días ha sido frenética y era frecuente ver a los nuevos moradores con furgonetas cargadas de tablones, partes de anuncios y trozos de uralita con los que montar las nuevas infraviviendas. En ese trabajo ayudaban todos. Desde los más pequeños a los adultos. Mientras unos se suben a las escaleras y clavan los tablones, otros se dedican a barrer la poca suciedad hay en la zona.

Otros han sido mucho más prácticos y han decidido instalar en esa zona sus caravanas, en las que viven, sin necesidad de levantar viviendas con tablones. La cantidad definitiva de asentados todavía no se conoce, puesto que ahora mismo continúan en plena fase de instalación. Fuentes policiales no descartan que el número pueda superar la treintena en las próximas semanas.

“Queremos quedarnos aquí de una vez y que no nos echen. Es una zona que hemos comprado y en la que pretendemos vivir tranquilos”, explica uno de los moradores. La zona carece de los mínimos servicios para convertirse en vivienda. No hay electricidad ni alcantarillado ni agua corriente, por lo que todo apunta a que quienes se instalen en esas infraviviendas tendrán que utilizar generadores o acumuladores eléctricos y de agua para estar surtidos.

La solución no parece fácil para el asentamiento, y mucho menos a corto o medio plazo. La Concejalía de Urbanismo de San Fernando de Henares ya ha abierto un expediente informativo sobre el caso, dado que se trata de un terreno rústico en el que no se puede levantar ningún tipo de construcción.

El terreno pertenece a una sola empresa, que carece del permiso necesario para hacer la reparcelación y la venta por unidades menores que ha efectuado, según fuentes municipales de San Fernando de Henares. De hecho, los dueños solicitaron un permiso de vallado de todo el área, pero la junta local de gobierno la denegó en su reunión del pasado 13 de septiembre de 2012. “La policía y la Comunidad de Madrid ya están informados porque todo apunta a que se trata de una venta ilegal que incumple todas las normas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana”, explican fuentes municipales.

El principal problema es que no existe una distancia mínima con la carretera M-203, por lo que no se respeta su zona de afectación. Es decir, que si en un futuro el Gobierno regional decidiera ampliar la vía o realizar algunas mejoras, por ejemplo ensanchando el arcén, se vería con el problema de tener a escasos 10 metros las infraviviendas. Estas se prolongan en un terreno lineal de 500 o 600 metros, por lo que su traslado o demolición sería bastante dificultoso y costoso.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando ya se ha avisado a los notarios de la zona de que no deben registrar ninguna escritura de esta zona porque supondría vulnerar las leyes urbanísticas. La Policía Local de San Fernando ya ha emitido diversos informes en los que alertan de los problemas que pueden comenzar a surgir en breve.

Mientras, el número de infraviviendas aumenta indiferentes a los miles y miles de coches que pasan junto a ellas.


* El País - F. JAVIER BARROSO Madrid 26 NOV 2012
Foto: Vista aérea del nuevo poblado en la carretera M-203. / ULY MARTÍN

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Citan a declarar al exconcejal de Urbanismo y a un arquitecto municipal de Valladolid por el PGOU de 2003

LAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Valladolid, encargado de investigar las presuntas irregularidades cometidas durante 2003 en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, tomará nuevamente declaración los días 9 y 10 de enero, respectivamente, a los imputados Luis Álvarez Aller y José Antonio García de Coca, el primero arquitecto municipal y el segundo exconcejal de Urbanismo.
El interrogatorio de ambos se produce como consecuencia de su fallida toma declaración ocurrida los pasados días 4 de septiembre y 13 de octubre, ya que en la primera de las dos citas sus letrados alegaron ante el juez José María Crespo la imposibilidad de realizar una defensa con garantías al no habérseles facilitado copia de todo lo actuado hasta ese momento y en la segunda, en cambio, la suspensión estuvo motivada por problemas técnicos en el sistema de grabación.

Con carácter previo a su interrogatorio, el juez instructor tiene previsto tomar declaración, el próximo día 20 de diciembre, a varios técnicos de la Consejería de Fomento.

Hasta la fecha, por dependencias judiciales ha 'desfilado' una veintena de imputados, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.


* La Información - EP - 23.11.12
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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El TSJ tumba el recurso y deja el PGOU de Castellón en punto muerto

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado el recurso de súplica que el Ayuntamiento de Castellón interpuso para evitar tener que iniciar desde el principio una nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha sido anulado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo. Desde que hace un año el alto tribunal declarase nulo el plan que regía el urbanismo castellonense, el consistorio no ha cesado en su empeño de presentar recurso tras recurso y evitar lo que parece inevitable. De hecho, se inició en septiembre un nuevo trámite de exposición pública con la intención de tener aprobado el documento en abril. Pero entonces el TSJ ordenó al Ayuntamiento que dejara “de persistir en la aprobación de un PGOU” que es nulo y tramitara uno nuevo. El consistorio recurrió pero el TSJ ha vuelto a decir que la actuación no es la correcta.

“Nos llegó el auto ayer y lo analizaremos el lunes, junto con la consejería de Infraestructuras, para ver qué otras posibilidades judiciales podemos tomar”, explicó este sábado el alcalde, Alfonso Bataller. Según el regidor, el consistorio aun puede recurrir en casación la última decisión, pero pospone hasta el próximo lunes la decisión puesto que dijo desconocer los términos del último auto. Así, avanzó que en pleno de la próxima semana el concejal de Urbanismo comparecerá para dar una explicación de en qué punto queda el urbanismo de la ciudad.

Lo que quiere evitar el alcalde es tener que iniciar la tramitación de un nuevo PGOU que llevaría al menos cuatro años en los que el urbanismo de la ciudad quedaría prácticamente paralizado. Tal y como explicó el abogado de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc), que también recurrió ante el TSJ, el único salvavidas es el régimen urbanístico transitorio aprobado por el Consell. Gracias a este documento Castellón podría seguir ejecutando las actuaciones previstas en el plan anulado durante los próximos cuatro años. Pero el riesgo es que cualquier vecino que se considerada afectado por una actuación, por pequeña que fuera, podría impugnar el decreto. Desde la Apecc ya han manifestado que esta situación de “inseguridad jurídica” es suficiente para que ningún constructor se arriesgue a realizar ninguna obra.


* El País - LORENA ORTEGA Castellón 24 NOV 2012
Foto: Castellón, vista - google.es

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Una sentencia anula un plan urbanístico de 221 viviendas en Massarrojos

LASPROVINCIAS/Valencia* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anula el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Valencia de julio de 2006 que adjudicaba el plan urbanístico Massarrojos Nord y la resolución que aprobaba el plan parcial del sector, sobre una superficie de 58.257 metros cuadrados y 221 viviendas.
El fallo especifica que en la tramitación del sector, que ya está urbanizado y con algunas de las viviendas construidas, no se incorporó estudio ambiental, a pesar de que el sector colindante del término municipal de Rocafort Masía de la Bonaigua tenía desde 2003 aprobado un estudio de impacto ambiental que protegía la masa arbórea de pinos.

La resolución tilda de «absurdo y arbitrario que la masa forestal no debe ser afectada en el sector residencial Masía de la Bonaigua en el término de Rocafort y esa misma masa no deba ser respetada en la Homologación y Plan Parcial de Mejora del Sector Residencial Massarrojos Nord, que es colindante y se trata de la misma masa arbórea».
El fallo también nombra dos informes que constan en el propio expediente, el de la arquitecta municipal donde se reclama el estudio y un informe del servicio de planeamiento que pone de relieve que «no se evalúa la afección de la nueva ordenación» sobre la vegetación existente.
El daño ambiental «podía haber sido mayor, ya que en la adjudicación del sector en la sesión plenaria del 28 de julio de 2006 que ahora se anula, se aceptó una alegación de la Sociedad Civil Particular Parque Santa Bárbara y del Ayuntamiento de Rocafort y se eliminó uno de los dos viales que atravesaban la masa arbórea protegida», denunció ayer el PSPV.

Por tanto, ahora el Ayuntamiento de Valencia «deberá motivar sus acuerdos, contestar el recurso de reposición y subsanar los destrozos ambientales causados por no tener en cuenta la normativa ambiental».

Dos años
La resolución judicial también critica «la tramitación del expediente» en cuanto «afea que el acuerdo plenario de 2006 se publicara en el BOP dos años después». En 2010 el Ayuntamiento aprobó la reparcelación de la zona, que incluía un jardín de 10.776 metros cuadrados y una zona deportiva de 2.662 metros cuadrados.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, recalcó ayer que el expediente contiene «un dosier de 2.000 folios de estudio de la masa arbórea afectada. La sentencia dice que el Ayuntamiento tiene que extenderse en esa motivación, fundamentarla más, y en eso van a trabajar los técnicos».


* Las Provincias - 20.11.12 - M. COSTA
Foto: Massarrojos (Valencia) - turismo

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15M Vivienda, STOP Desahucios y PAH unen sus fuerzas en la primera convocatoria conjunta de protesta en Andalucía

DIAGONAL* : Por primera vez, colectivos andaluces por el derecho a la vivienda se unen en una jornada de protesta. Convocada, entre otros, por 15M Vivienda, STOP Desahucios y Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sevilla acoge este sábado 24 de noviembre la primera Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda.
Por primera vez, colectivos andaluces por el derecho a la vivienda se unen en una jornada de protesta. Convocada, entre otros, por 15M Vivienda, STOP Desahucios y Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sevilla acoge este sábado 24 de noviembre la primera Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda.

En la presentación pública de la Jornada, la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla, una de las convocantes, insistió en un mensaje: “la agresión al derecho a la vivienda tiene muchas caras, no sólo los desahucios hipotecarios”. Rostros diversos como “los desalojos por impago de alquiler, las familias que viven hacinadas, barriadas enteras con urgente necesidad de rehabilitación, chabolismo o la gente que duerme desde hace años en la calle, como en torno al río en Sevilla, donde permanecen entre 2.500 y 3.000 personas”. La pretensión es que el encuentro de personas afectadas con el que arranca la convocatoria, a partir de las doce de la mañana, en el centro vecinal Pumarejo, reúna esas distintas realidades. Los objetivos son los de compartir experiencias que incluyan no sólo diferentes problemáticas de acceso a la vivienda, sino también otras marcadas por las diferencias y semejanzas entre las provincias andaluzas, así como las estrategias de lucha de los colectivos participantes.

Tras una comida popular, en la misma Plaza del Pumarejo, preparada por los “Yayoflautas”, que han empezado a organizarse en Sevilla, una manifestación partirá a las cinco de la tarde del Parlamento de Andalucía, atravesando el centro de la ciudad, para culminar en la Plaza de la Encarnación, o las “Setas”, como se le denomina popularmente, el espacio en el que se inició el movimiento 15M de Sevilla.

Según los datos proporcionados por la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla en rueda de prensa, cada día son desahuciadas 87 familias en Andalucía. Las llaman “las cifras de la vergüenza” y alertan: “no paran de crecer”. Como ejemplo, en la provincia de Sevilla, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios se han incrementado en un 27% entre el primer y segundo trimestre de 2012.

Según señalan las organizaciones convocantes en el manifiesto que se ha difundido, “La situación a la que nos han llevado las instituciones políticas y financieras es de verdadera emergencia”. La Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla define el reciente decreto-ley sobre desahucios como “una tirita en una hemorragia”. También tiene palabras para la Junta de Andalucía: “lo único que ha hecho es abrir ocho oficinas en toda Andalucía sin presupuesto, para asesorar a los nuevos hipotecantes, a ver quién se va a hipotecar ahora”, y para el Ayuntamiento de Sevilla, al que acusa de mantener su parque público de viviendas “prácticamente a los precios de mercado”, además de “que lleva desalojando muchos meses de una manera injusta a familias de EMVISESA”.

El Movimiento Andaluz por la Vivienda Digna nace con una serie de reivindicaciones, como son “parar todos los desahucios provocados por la crisis que no hemos generado los trabajadores”, “la puesta en uso de las viviendas vacías, despenalizar la ocupación de las mismas y gravar la especulación inmobiliaria y financiera”, “el desarrollo de una política social de vivienda desde lo público: creación de un parque público de alquileres sociales, desarrollo de un programa efectivo de rehabilitación de viviendas, control sobre el precio y asegurar los suministros básicos de luz y agua”, “la recuperación del suministro de agua y luz para la Corrala La Utopía de Sevilla” y, finalmente, “establecer con carácter retroactivo el derecho a la dación en pago propiciando soluciones que permitan a las familias permanecer en sus viviendas”.


* Diagonal - INMA DE PANDO - 23.11.12
Foto: Presentación de la primera Jornada Andaluza de Lucha por la Vivienda.- Concha Laverán

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Honduras.- La Justicia pone fin a las ciudades modelo

JESÚS GARZA/Tegucigalpa* : El Gobierno de Porfirio Lobo no ha conseguido sacar adelante un proyecto para crear ciudades gobernadas por empresas privadas con la excusa de salir de la pobreza.
La Corte Suprema de Honduras declara insconstitucionales las llamadas Ciudades Modelo. El 18 de octubre, el máximo órgano judicial hondureño cerraba el culebrón sobre la “creación de ciudades ricas” que el economista estadounidense Paul Romer y el Gobierno elegido por los golpistas, Porfirio Lobo, trataban de ‘vender’ a la ciudadanía. Todo empezó a mediados de 2011 cuando Romer defendió en varias reuniones con Lobo y con el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández para establecer ciudades privadas, conocidas como ciudades modelo, espacios territoriales donde la libertad económica fuese la ley.

Después de los encuentros, los funcionarios hablaron ante los medios de comunicación sobre el “ambicioso proyecto de desarrollo destinado a superar la miseria económica”.

Espacios ‘libres’

El proyecto de Romer era crear enclaves ciudades-Estado, prácticamente independientes, administrados por expertos, que tendrían su propio Gobierno, sus propias leyes, incluso su propia moneda, lengua y administración de Justicia, a fin de que los inversores puedan tener seguridad. Todo a cambio de generar empleo en un país donde gran parte de la población en edad de trabajar está desempleada o emigra a países desarrollados.

Inmediatamente, se organizó una delegación oficial integrada por miembros del Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lógicamente de las secretarías de Finanzas y de Comercio. Visitaron Singapur, Hong Kong, para conocer in situ las estrategias de desarrollo económico de esas localidades, presentadas como ejemplo de ciudades modelo exitosas.

Al regreso de la gira, los delegados hablaron con entusiasmo de esa experiencia como lugares por la libertad económica que se han desarrollado mucho. Tras la campaña en los medios de comunicación, el Congreso Nacional emitió un decreto para crear, lo que en términos legislativos denominó: Regiones Especiales de Desarrollo (RED), las llamadas ciudades modelo o charter cities.

En ese decreto, se preveía la concesión de territorios deshabitados, unos 1.000 km por región, en los cuales compañías inversoras crearían las infraestructuras necesaria para que otras compañías establecieran industrias que incluirían viviendas para trabajadores que llegarían, según el proyecto de diferentes zonas del país, e incluso extranjeros en estos territorios con libertad económica y política, policía de seguridad sin legislación laboral.

Sin embargo, las zonas ‘no ‘afortunadas’ han exigido también la implantación de ese modelo. Lo que hizo que varios diputados, queriendo llevar esos sueños a los departamentos que representan, terminaran reformando el decreto de las ciudades modelo y ampliando la posibilidad de concesión a zonas pobladas. El nuevo decreto autorizaba nombrar gobernadores, tribunales de justicia, incluso recurrir a tribunales extranjeros donde consideraran mayores garantías jurídicas.

La iniciativa no paso más allá de la emisión del decreto. Tras tres años en el poder, el presidente Lobo pretendía, esta vez desde las urnas, ganarse los votos de los hondureños. Finalmente, el proyecto de las ciudades modelo se ha caído. Las elecciones primarias de noviembre y las generales de 2013 han perdido su programa estrella.


* Diagonal - Opinión - 13.11.12
Foto: TEGUCIGALPA. Acción contra la creación de ciudades modelo - El Observador Diez

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La Eurocámara insta a España a perseguir a responsables de viviendas ilegales en la costa

EUROPAPRESS* : El pleno de la Eurocámara ha instado este miércoles al Gobierno de Mariano Rajoy a perseguir a los responsables de viviendas ilegales en la costa tras recibir numerosas quejas de ciudadanos por esta cuestión.
Los eurodiputados han instado al Gobierno español a "velar por que aquellos cuyas acciones fraudulentas han puesto a numerosos ciudadanos de la UE en una situación intolerable como consecuencia de la pérdida de sus hogares o del riesgo que corren de perderlos, además de haber infligido un daño grave al entorno de las costas y de haber contribuido en gran medida a la crisis financiera y económica, sean perseguidos debidamente y se les obligue a pagar los daños que han causado".

"La Ley de Costas ha tenido un efecto desproporcionado sobre los propietarios de inmuebles y, al mismo tiempo, no ha tenido repercusiones suficientes en los verdaderos causantes de la destrucción de la costa que, en muchos casos, han sido responsables de un desarrollo urbano excesivo a lo largo de la costa, incluidos los centros vacacionales, y que tenían buenos motivos para saber que estaban actuando, siempre, en contra de las disposiciones de esta ley", señalan los eurodiputados.

La petición al Gobierno español llega a través de una enmienda de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken al informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha recibido numerosas quejas de ciudadanos europeos por la falta de seguridad jurídica de las viviendas en la costa. La enmienda ha sido aprobada con 327 votos a favor, 291 en contra y 15 abstenciones.

La Eurocámara ha recibido 75 denuncias por quejas relacionadas con el derecho a la propiedad, especialmente por la Ley de Costas de 1988 en 2011 y que afectan a todas las regiones costeras del país, según refleja el informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aprobado este miércoles por el pleno del Parlamento Europeo por amplia mayoría.

Según el informe, la Eurocámara recibió el año pasado 23 quejas procedentes de la Comunidad Valenciana, 11 desde Andalucía, fundamentalmente de Almería, diez de Cataluña relativas a los dos puertos deportivos de Girona, nueve de Baleares, nueve de Canarias, tres de Asturias, otras tres de Cantabria, dos del País Vasco, dos de Galicia, una de Murcia y otras dos quejas generales contra la Ley de Costas.

Los ciudadanos españoles presentaron 51 de las quejas sobre el derecho de propiedad y 19 por ciudadanos de otros países. Además, 31 de los casos permanecen abiertos.

Los españoles remitieron un total de 204 quejas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2011, lo que les convierte en los segundos que más presentaron, sólo por detrás de alemanes que remitieron por su parte 315 de las 1414 peticiones registradas el año pasado en total por infracciones a la legislación comunitaria.

Las quejas de los ciudadanos españoles se refieren sobre todo a quejas por infracciones de la normativa europea medioambiental, derechos fundamentales y justicia, como en otros años, según pone de relieve el informe.

Los eurodiputados han vuelto a exigir a los Estados miembros que apliquen "correctamente" las normas europeas.


* Europa Press - 21.11.12
Foto: Estrasburgo (Francia), eurocámara - europa

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Imputada la exalcaldesa de Arcos y su Gobierno por prevaricación

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Nuevas imputaciones de presuntos delitos con responsabilidad penal para políticos de la provincia. La lupa de la investigación judicial se ha puesto ahora encima de la gestión llevada a cabo por el PSOE en Arcos. El Gobierno, casi en pleno, que encabezaba la exregidora Josefa Caro es el que ahora se enfrenta a la acusación de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito contra la ordenación del territorio. Además de Caro, el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de la localidad, también imputa al exdelegado de Urbanismo, Joaquín Macías, y a otros concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, como Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios y Francisca Morales.


Todos ellos han sido citados para dar explicaciones ante el juez instructor y todos lo harán en calidad de imputados, al menos hasta que se determine «la naturaleza y las circunstancias de los hechos», así como «la participación de cada una de estas personas», destaca el auto del juez.


Desde la Delegación Municipal de Urbanismo confirman que la querella contra los concejales del PSOE se ha presentado por parte del propio Ayuntamiento para «esclarecer la responsabilidad penal que pudiera haber». De hecho, el propio delegado, Manuel Erdozain (AiPro), destaca que estas actuaciones se inician como consecuencia de la concesión de licencias de primera ocupación a viviendas que se encontraban en «una zona de especial protección».


Erdozain destaca que el Gobierno local decidió «compensar» a las personas que tenían una parcela ilegal junto al Instituto Guadalpeña del Barrio Bajo «ofreciéndole la licencia y los servicios esenciales, a través de un convenio que firmaron, a cambio de un retranqueo en lo que habían ocupado para hacerle hueco a un nuevo vial que finalmente se construyó». La liebre, destacan desde dicha área, saltó «cuando un vecino vino a pedir licencia de obras en una zona que sabíamos que era ilegal y, sin embargo, aportó documentación de la licencia».


Normalmente, este tipo de documentos se dan directamente en Urbanismo, pero en este caso fue la Junta de Gobierno Local quien la otorgó. Cabe resaltar que el responsable de Urbanismo de entonces no formaba parte de dicha Junta de Gobierno donde se aprobó, aunque también se le ha imputado. Además, el portavoz de AiPro también destacó que «el actual portavoz del PSOE, Isidoro Gambín, estaba en esa Junta de Gobierno como vocal pero sin voto».


Josefa Caro, que será la primera en declarar el 13 de febrero de 2013 a las 11.30 horas, ya no ocupa el cargo de secretaria local de los socialistas pero sí que es la responsable de la Secretaría de Organización de la nueva Ejecutiva provincial. En la misma, Joaquín Macías es uno de los cinco miembros que conforman la Comisión de Ética. Este último declarará el día 14, a las 12.00 horas, y tras él, en días posteriores, se les tomará declaración al resto de imputados.




* La Voz Digital - ANTONIO ROMERO - 16.11.12

Foto: Arcos de la Frontera (Cádiz) - spain


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El Ayuntamiento de Madrid inicia el "desalojo" de los vecinos de las viviendas sociales

PÚBLICO* : El desalojo de los vecinos de los cinco edificios de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid pretende vender a una empresa privada, relacionada con el marido de Cospedal, ya ha comenzado. Esta misma mañana [miércoles], varios vecinos, cuya fecha de revisión del contrato está próxima, se han despertado con una carta en su buzón que les advertía de que deben abandonar su hogar. Todas las cartas entregadas tienen fecha del 8 de noviembre y están firmadas y selladas el 13 de este mes. Por otro lado, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Madrid se ha reunido esta tarde, miércoles, con los vecinos del inmueble de San Cayetano y les ha informado, por primera vez, de que su edificio será vendido.

Este es el caso de Mario Agreda que ha recibido la notificación para que abandone su casa antes del 31 de enero a pesar de que su contrato, con fecha de 1991, le adjudica la vivienda de manera “permanente”. Hasta ahora, el contrato de Mario, de 70 años, se había renovado cada dos años de manera automática ya que los motivos por los cuales le habían concedido la vivienda social persistían. La única intervención del Ayuntamiento consistía en adecuar el alquiler a la renta del inquilino. Ahora, de manera unilateral la Administración ha rescindido el contrato.

“En relación al contrato de arrendamiento de fecha de 31 de enero de 1991 que usted tiene suscrito con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, le comunicamos nuestra voluntad de no prorrogar el mismo. Por tanto, el próximo 31 de enero de 2013, fecha de extinción de la vigente prórroga del contrato deberá proceder al desalojo del mismo dejándolo libre de ocupantes y poner en posesión del mismo a EMVS mediante la entrega de llaves a su personal”, reza el comunicado oficial.

Tras este primer párrafo, la EMVS comunica a Mario que si está interesado en “alquilar o comprar otra vivienda” se ponga en contacto con la propia empresa municipal. “Llevo 21 años viviendo en esta casa. Hasta ahora, el contrato se renovaba automáticamente cada dos años mientras que pagase el alquiler. Ahora según la carta que me mandaron rescinden de manera unilateral”, señala Mario a Público, quien asegura que a sus 70 años no tiene lugar donde ir junto a su esposa, como el resto de vecinos.

No obstante, el caso de Mario no es el único. Diversos vecinos de los dos inmueble situados en la calle de la Madera o el situado en Embajadores han recibido esta mañana la misma carta en la que se les notifica que deben dejar su casa. Lo único que varía en todas las cartas enviadas es la fecha en la que los vecinos deben proceder al desalojo, que depende de la fecha en la que el contrato debía ser renovado.

Así, Loli, vecina de la calle de la Madera, se ha enterado esta mañana de que el 18 de diciembre debe abandonar su hogar. Ni siquiera la han avisado un mes antes, como manda la ley. Esta vecina, que vive con su madre de 72 años y tiene un hijo de 21 años, llegó al vecindario procedente de otro edificio de su propiedad que fue declarado en ruina. Le dijeron que el realojamiento sería definitivo y que dispondría de una opción de compra. “Ni siquiera nos han dado tiempo para prepararnos. En apenas tres semanas tenemos que abandonar nuestra casa”, señala a Público.

En el mismo inmueble de Loli, otros dos vecinos han recibido la carta de desalojo: Javier, un hombre de 54 años con una minusvalía reconocida, debe desalojar su vivienda antes del 13 de diciembre; otra vecina de origen marroquí, que lleva 15 años en la casa, tendrá que hacerlo antes del 10 del mismo mes y Ángel, un señor de 81 años que vive junto a su mujer de 79 años, tendrá que abandonar su hogar en el mes de febrero.

Miedo a represalias

Cada uno de ellos tiene un contrato diferente dependiendo de sus circunstancias y de la ley vigente en el momento en el que lo suscribieron, sin embargo, todos ellos han recibido el mismo documento en el que se les comunica que si quieren continuar habitando en viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid deberán ponerse en contacto con la empresa pública.

“No obstante lo anterior y como se le ha informado recientemente, si estuviese interesado en alquilar o comprar una vivienda de la EMVS le rogamos que se ponga en contacto con la mayor brevedad posible con el Departamento de Intervención Social de la EMVS”, señala la carta tipo.

También ha sido notificado Salvador, vecino de la calle Embajadores. Este hombre de 47 años, actualmente en paro, vive con su madre de 83 años y junto a su hermana. Su carta de desalojo se diferencia del resto en un aspecto. Su contrato finaliza el 28 de junio de 2013 y ya le han notificado que antes de esa fecha debe abandonar el edificio.

Ahora, el miedo de Salvador es que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid tome represalias contra la comunidad por estar aireando estos problemas con la prensa y denunciando “el abuso” del que hace gala el Ayuntamiento. “Ya nos han dicho que mañana a las 15:30 horas nos cortarán la luz en todo el edificio por motivo de las obras. ¿Y si no la vuelven a conectar en unos días?

Reunión con la EMVS

La comunidad de vecinos del inmueble de San Cayetano, 8 ha mantenido la tarde de este miércoles una reunión con la EMVS para tratar “de manera informal” la actuación de la empresa pública y el realojo de los afectados. Durante la misma, y según aseguran las abogadas que han acompañado a los vecinos, la EMVS ha reconocido que tiene una opción de venta aunque no ha dicho a quién ni por qué.

“Nos han reconocido que tienen una opción de venta por las casas pero no nos quieren decir por qué la veden. Les hemos dicho que tienen que hacerlo que son una empresa pública con capital público, pero no ha habido manera”, asegura a Público la abogada Eva María Navarrete. Asimismo, la empresa ha señalado a los vecinos que tienen intención de realojarlos a todos en casas del centro, a los que puedas, y en edificios situados en Vallecas y Carabanchel, al resto.

La suerte que correrán los vecinos dependerá del tipo de contrato que tenga y la naturaleza de la relación de alquiler. Tal y como han contrastado las letradas, hay contratos que son temporales y otros que son indefinidos. “La empresa partía de que todos los contratos eran temporales y que podía reubicarlos donde quisiera, pero no es así”, asegura la letrada.

Si el contrato es indefinido, el inquilino podrá permanecer en su casa a pesar de la venta del inmueble, aseguran la abogada. No obstante, la empresa pública está tratando de convencer a todos los vecinos, independientemente del contrato que tengan, para que abandonen sus casas. “Les están asustando diciendo que el nuevo propietario puede modificar las condiciones del contrario de alquiler y eso no es así. Es la ley la que marca unos baremos para actualizar.

No obstante, las letradas aseguran que los vecinos que decidan permanecer en sus casas podrían sufrir otro tipo de problemas. “Existe el peligro real, porque así lo indica la experiencia, de que el nuevo comprador trate de echar a los inquilinos de forma legal o de forma menos legal”, asegura. Por otro lado, los vecinos realojados pasarán a tener un nuevo contrato de cinco años de duración, pero nadie les puede asegurar que no les volverá a suceder lo mismo que están viviendo ahora.

“Total coincidencia”

La agrupación local de Madrid de Izquierda Unida ha denunciado esta mañana, miércoles, la situación que viven los vecinos en la Comisión de Urbanismo y ha recordado que la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pretende vender los cinco edificios está relacionada con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Ante esta denuncia, el máximo responsable de la EMVS, Fermín Oslé, ha replicado que el hecho de que la empresa esté relacionado con López del Hierro es una “total coincidencia”.


* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 21/11/2012
Foto: Vecinos desalojo - ED

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Ronda.- El TSJA tumba el macroproyecto de Los Merinos

SUR/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan Parcial de Ordenación (PPO) del macroproyecto urbanístico de Los Merinos que contempla la construcción de 800 viviendas de lujo, dos campos de golf y tres hoteles distribuidos en alrededor de 1.000 hectáreas entre los municipios de Ronda y Cuevas del Becerro. Así, la sentencia tumba de lleno la actuación, por inviable, al apuntar a la falta de recursos hídricos y a la afección a los abastecimientos de Cuevas del Becerro y/o Arriate.

El fallo indica que se “estima la demanda del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro anulando y dejando sin efecto el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ronda, que el 18 de abril de 1995, por la que se aprobó definitivamente el plan parcial de ordenación de los Merinos Norte” y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) diez años después, el 26 de junio de 2005.

El Ayuntamiento de Ronda ya ha anunciado, tras conocer la sentencia, que recurrirá y ha remitido a los medios a una rueda de prensa que tendrá lugar mañana. Justifica el recurso de casación que va a presentar en el hecho de que “fue una condición necesaria de la Junta de Andalucía que el Consistorio autorizara la utilización de los recursos hídricos asignados del término municipal para poder aprobar el citado plan parcial” y que en virtud del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora “estaba previsto hacer viable la utilización de los recursos hídricos propios con la creación de una infraestructura para la conducción del agua”.

Las arcas municipales han percibido ya más de 12 millones de euros de los 15 que establece el convenio firmado en su día por el Consistorio y la promotora en concepto de aprovechamientos urbanísticos. La sentencia del TSJA anularía dicho convenio por lo que el Ayuntamiento tendría que devolver dicha cuantía, una situación que de producirse sería un jarro de agua fría para la difícil situación económica que atraviesa el Ayuntamiento ya que no se podría hacer frente a esta cantidad. Además, la decisión del TSJA también tendría consecuencias sobre el nuevo PGOU de Ronda, que acaba de concluir su exposición pública, ya que el documento incluye el macroproyecto de Los Merinos, lo que perjudicaría a proyectos futuros al retrasarse la tramitación del nuevo PGOU.

Copisa, la empresa promotora de Los Merinos, un proyecto marcado por la polémica prácticamente desde que nació, frenó la actuación en abril de 2008 apuntando a la crisis económica y a la situación del sector inmobiliario. Sin embargo, ésta ha ido pagando al Ayuntamiento por aprovechamientos urbanísticos dejando clara su intención de seguir hacia adelante con el proyecto.

Los Merinos, junto con la operación de venta y compra de los terrenos para la construcción de un centro comercial de Eroski en la localidad y posibles viviendas ilegales en la Hoya del Tajo, sería otro de los expedientes investigados en la presunta trama de corrupción urbanística en la ciudad del Tajo por la que fueron detenidas siete personas, entre ellas, el exalcalde, Antonio Marín Lara, al que se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo.


* SUR - Vanessa Melgar - 21.11.12
Foto: Ronda (Málaga), terreno Urb. Los Merinos - elpais

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La PAH reclama la paralización de todos los desahucios

MÁSPÚBLICO* : Si el procedimiento es injusto, ¿por qué se paralizará el desahucio sólo de unos pocos?”. Martí Batllori es uno de los abogados que forman parte del equipo jurídico de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) que ha redactado un documento en el que se solicita “la paralización cautelar de todas las ejecuciones hipotecarias”. El escrito, colgado en la web de la plataforma desde el jueves, ha sido registrado esta mañana por los afectados en los juzgados de diferentes ciudades del estado (ocho tan sólo en la Comunidad de Madrid).
Según Batllori, el documento –en cuya redacción han colaborado más de 25 letrados de toda España- ha sido enviado a todos los Colegios de Abogados de España para que faciliten su difusión. “Es un escrito de urgencia que responde a una situación crítica”, ha insistido el abogado, quien ha definido el acuerdo entre PP y PSOE como “una chapuza escandalosa reflejada en dos folios pírricos vergonzosos”.

Ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, en la calle Capitán Haya, Iván Ramirez, activista de la PAH, repartía copias a las 11.00 horas. Había imprimido 200, más las 150 que había echo llegar a los afectados el sábado. “Está siendo un éxito. La gente ha respondido muy bien a la llamada de la PAH”, ha declarado Iván.

Funcionaria afectada

En la puerta de los Juzgados madrileños, un tumulto de gente, entre afectados, activistas y simpatizantes, compartía situaciones y comentaba los acontecimientos de las últimas semanas. Entre ellos, Mariló Ramos representaba un perfil de afectada más desconocido. Como funcionaria trabaja en la dirección general de informática del área de sanidad, pero “un sueldo cada vez más menguante y una cuota hipotecaria desmedida” la llevaron a las puertas del desahucio.

Doce días antes de su segunda orden de lanzamiento (el primero lo paró gracias a la PAH), el 16 de abril de este año, consiguió un alquiler social con Bankia de 350 euros mensuales. Madre de una niña adoptada de 6 años y divorciada, ha acudido hoy a entregar su escrito porque, a pesar de que lleva más de medio año pagando el alquiler, “la pesadilla no ha terminado”.

Confiesa no saber qué pasará con la deuda que tiene con Bankia: “Le debo 80.000 euros al banco, de los cuales 30.000 son costas judiciales. La entidad no me ha informado de qué ha pasado con esa cifra, ni cuántos intereses está generando mientras yo voy pagando”.

A su lado, Luz Lucena, vecina del barrio, la mira con cara de preocupación. Es la primera vez que participa en una acción de la PAH, “pero no la última”. Ha escuchado por la radio esta mañana que los afectados acudirían y se ha reunido con ellos “para conocer de primera mano su historia y para darles todo mi apoyo. Hace falta más conciencia social que nunca”, ha concluido la vecina.


* MásPúblico - BERTA DEL RÍO | 19/11/2012
Foto: Desahucio Granada, protesta tras suicidio - EFE

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Castellón.- Gecen denuncia ante la Fiscalía infracciones urbanísticas en la Marjalería entre 2006 y 2012

EUROPAPRESS* : El grupo ecologista Gecen ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castellón para que investigue infracciones urbanísticas en la Marjalería de Castellón entre 2006 y 2012 por si pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia va dirigida contra "quier resulte ser el promotor o constructor" de las obras y "contra aquellos que ostentan responsabilidades en competencias urbanísticas" tanto en el Ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras.
Según señala este colectivo en un comunicado, centenares de construcciones "ilegales" en la Marjalería y fuera de ésta "demuestran la incapacidad del Ayuntamiento de Castellón en poner fin al urbanismo ilegal pese a la claridad de la legislación y de los trámites que se han de seguir".

Así mismo, indica que los expedientes de demolición "caducan, se archivan, no se ejecutan, y las sanciones son ridículas, pendientes, caducadas o archivadas".

Todo ello no se puede justificar, a juicio de la asociación, "por una no intencional pésima gestión, por no saber llevar de forma adecuada los procedimientos", y por ello Gecen solicita a la Fiscalía que investigue las responsabilidades a nivel urbanístico de técnicos y políticos del Ayuntamiento y Conselleria de Infraestructuras, "y no sólo de propietarios privados".

Los ecologistas apuntan que en la Marjalería de Castellón existen valores a nivel medioambiental, agrícola, paisajístico, cultural, entre otros, reconocidos "muy deficientemente" en el Plan Especial de la Marjalería, y añade que, "como se señala en dicho Plan, las construcciones que afectan al suelo no urbanizable protegido de la Marjalería destruyen físicamente el bien protegido, siendo éstas incompatibles con la protección del espacio".


* Qué - EP - 20.11.12
Foto: Castellón, marjalería - tiempo

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Botella vende cinco edificios de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal

PÚBLICO/Madrid* : El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines para desprenderse de cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros.
El Consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda en pleno centro, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Los cinco inmuebles albergan 130 viviendas, de las que 117 están ocupadas.

Las familias denuncian que el Ayuntamiento les está presionando para que firmen su realojo en otro barrio de Madrid alejado del centro de la ciudad. “Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle”, explica a Público Juan Antonio, un vecino afectado.

Las viviendas fueron compradas por el ayuntamiento en la década de los 80. Han sido rehabilitadas con dinero público y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que, por razones económicas, no tienen acceso al mercado libre de vivienda. Todos ellos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste con el consistorio que se calcula a partir de su renta. Además, los vecinos denuncian el desarraigo que supondría para ellos el tener que cambiar de barrio a edades tan avanzadas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.

El pasado 18 de octubre la EMVS suscribió una opción de compra con la compañía catalana Renta Corporación Core Business por la que el Ayuntamiento fija el precio de estos cinco edificios en 21 millones de euros. Para hacer efectivo el contrato, la empresa barcelonesa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero tal y como específica el contrato de opción de compra al que ha tenido acceso Público.

La concejalía de vivienda del Ayuntamiento madrileño, tras ser contactado por este medio, ha remitido un comunicado garantizando “una vivienda” a todos los vecinos “de similares características y adaptada a sus necesidades”. Para ello, según señala el comunicado, “un equipo de trabajadores sociales se ha desplazado a las viviendas para entrevistarse con las familias, informarles y escuchar sus necesidades”.

Algunos de los vecinos han señalado a Público que la EMVS ya se ha puesto en contacto con ellos para visitar las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el otro extremo de la ciudad: Vallecas, Carabanchel y Villaverde. En todo caso, los nuevos arrendamientos que ofrecen tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará con sus nuevas viviendas tras el fin del contrato de arrendamiento.

25% menos si hay “okupas”

No obstante, el Ayuntamiento no ha notificado a los vecinos la venta de los edificios y su consiguiente realojo de manera oficial, según informan los propios vecinos. Representantes de algunos de los inmuebles mantuvieron una reunión con la directora de Patrimonio de la EMVS en la que se negó la existencia de este acuerdo de venta.

Algunos de los vecinos, como Juan Antonio, ya han anunciado a Público que no piensan abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años por una decisión injusta ya que ellos tienen en contrato en vigor y han pagado “religiosamente” tanto el alquiler como la comunidad.

No obstante, la resistencia vecinal ya viene contemplada en el propio contrato. El acuerdo del ayuntamiento y la empresa compradora recoge una cláusula que establece un descuento del 25% en el precio de la vivienda en el caso de que de haya “okupas”, tal y como lo recoge el contrato. La venta de los inmuebles pasa por encima de vecinos como Antonio, de 75 años y todavía convaleciente de un ictus, para quien abandonar su hogar supone “la muerte”. “He vivido aquí toda la vida y quiero morir aquí. Si me llevan fuera de mi barrio, donde tengo mi vida, es como si me mataran”, afirma entre lágrimas Antonio.

Mario Agreda, vecino afectado y delegado de la Comisión de Asuntos Indios en la ONU, denuncia que la venta supone “una violación de los derechos humanos”. "Esta decisión no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho”, afirma.

Viviendas en el caso histórico

Jaime Lissavetzky, líder de la agrupación municipal del PSOE, y que no ha querido hacer declaraciones a Público, visitará mañana [por el martes] las viviendas afectadas y se fotografiará en el inmueble situado en San Cayetano, 10. Por otro lado, la Comisión municipal de Vivienda de Madrid, que se celebrará este miércoles, tiene previsto discutir sobre esta venta a instancia de los grupos locales de UPyD e Izquierda Unida.

En concreto, los cinco edificios que el ayuntamiento pretende vender son los inmuebles de Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19). Como se mencionaba del total de 130 viviendas sólo 13 están vacías. Las viviendas tienen un gran valor histórico-artístico. Su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.


* Público - ALEJANDRO TORRÚS Madrid 19/11/2012
Foto: Vecinos afectados por la venta de cinco edificios de viviendas sociales. EFE

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El TSXG ordena el derribo del Eroski ponteareano por no tener licencia

FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia reiteró al alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, la orden de derribo del edificio que alberga el hipermercado Eroski de Ponteareas, por no contar con licencia. El edificio si fue construido bajo el amparo de una licencia municipal, pero la misma fue anulada por la Xunta de Galicia en 2002 en un paquete de cuarenta que fueron concedidas cuando la comunidad autónoma suspendió las Normas Urbanísticas de Planeamiento.
El portavoz del BNG en Ponteareas, Xosé Represas, indicó ayer que desde 2008 Solla y el PP intentaron evitar la demolición "y ahora con su resolución, el TSXG recuerda al alcalde su deber de cumplir con la sentencia y le advierte que de no llevar a cabo a demolición podría ser denunciado por desobediencia".

Tras recibir un primer requerimiento por parte de TSXG, el alcalde de Ponteareas había explicado que el centro comercial trabajan sesenta personas y que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal establecía la posibilidad de conceder la licencia, pues está ubicado en una zona de crecimiento de la localidad. Sin embargo desde el alto tribunal gallego se reitera en el auto que ordena la demolición.

Recuerda represas que en 2002 la actual diputada electa del PP, Nava Castro, en aquel momento alcaldesa "había concedido esa y otras cuarenta licencias para la construcción de 1.500 viviendas, justo antes de que la Xunta de Galicia decretase la suspensión de las normas urbanísticas de Ponteareas". La administración autonómica recurrió judicialmente las 40 licencias concedidas que en la mayor parte de los casos, como en el del Eroski, fueron anuladas por los tribunales.

Según el portavoz del BNG "a pesar de que los juzgados anularon las licencias, tanto el Eroski como unos veinte edificios se llegaron a construir ilegalmente. El Eroski en menos de un año y antes de que el BNG accediera al gobierno de Ponteareas". Las obras de los edificios fueron paralizadas por los nacionalistas desde lo gobierno municipal durante once meses, "pero se reiniciaron en cuanto Solla y Nava Castro presentaron la moción de censura, apoyados polos promotores afectados por las sentencias", asegura literalmente Xosé Represas.

El portavoz del BNG acusó a los gobiernos conservadores de Ponteareas presididos por José Castro, Nava Castro y González Solla -bajo las siglas del PP o UCPA- de "practicar durante treinta años la corrupción urbanística con total impunidad.


* Faro de Vigo - 14.11.12
Foto: El hipermercado Eroski de Ponteareas, ubicado a la entrada de la localidad. // D.P.

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