Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios

ELPAÍS* : Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.

El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.

El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)”.

Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.

Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto.

El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.

¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.

Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.

Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.

Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.

El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.

Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.

Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.

El fracaso del Código de Buenas Prácticas

La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.

Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).


* El País - JOSÉ M. IRUJO / JOSEBA ELOLA - 24 OCT 2012
Foto: Desahucio vivienda - publico

11 comentarios :

blomma dijo...

Esta es la España que tenemos: de Ladrones. Los jueces nunca jamás se meterán con la banca, ni el gobierno, esto se permitirá siempre. que verguenza que pidan rescate para bancos. Tienen miles de viviendas que han embargado y encima ¿les tenemos que seguir pagando un rescate? esto es para estar loco y no entender nada, porque cuerdo no hay quien lo aguante.


elpais

eurico romar dijo...

Hoy se publica en el País el estudio del CJPJ en el que ponen de manifiesto lo indefenso que se ven los desahuciados por los bancos. La reflexión de este órgano llega tarde, demuestra con ello la ceguera ante los problemas de la sociedad . Ha tenido que haber 350000 muertos( quiero decir desahucio) y pasar 4 años para que se hayan dado cuenta que eran muchos , que es injusto, que es abusivo, que dejan a las familias en miseria en beneficio del los usureros banqueros. Lamentables que el tributo deba ser tan alto para ser visto por quien de alguna manera están en el mismo torbellino. Lamentable sres jueces, lamentable.


elpais

coruja dijo...

Todo este desaguisado lo han creado los diputados que tenemos ahora. No hace ni 15 años que se cambiaron las leyes y establecieron la patente de corso para los bancos. En tiempos de Franco había dación de pago y el que no pagaba era muy difícil deshauciarlo, solo tras largos procesos se conseguía. Estos diputados son hiperfachas, que han cambiado hasta la ley de Propiedad Horizontal y han fastidiado a los pequeños, a los que los grandes se los comen. La mayoría de leyes hechas por los "demócratas" hay que tirarlas porque son basura pura. Diputado actual, traidor real.


elpais

21tonet dijo...

Entonces, Señores del Gobierno, con quien están uds: para trabajar por 45.000.000 de personas o por 45 bancos!! ??? me siguen Uds ??? Miren, yo les pediria que si son incapaces de buscar soluciones para el pais y sus gentes, hagan bien de ser minimamente honesto para marcharse a su casa a jugar al monopoly con sus equipos de directores generales, asesores etc.....que solo aspiran a ocupar el asiento que uds ocupan, ganar un monton de pasta con el bla bla bla y al igual que uds no les importa nada este pais y sus gentes.. que hipocresia de gobernantes que tenemos !! y cuidado, que los que vengan no hagan lo mismo gentuza !!!!


elpais

Juan Bernardo Montejb dijo...

Malas praxis y posición abusiva de dominio de las leyes. A estas alturas, que los jueces señalen que el sistema está desfasado, es cuanto menos una falta de querer exculparse de su función de impartir el espíritu de la Justicia sin ventajas para nadie. Impartir la justicia en su grado máximo, supone salvar leyes caducadas, omisiones e interpretar más allá de las limitaciones interesadas del verbo o la letra impresa, que los legisladores y el sistema quiera imponer.


elpais

yoga dijo...

Eso es solo parte del problema. La otra parte es que los bancos españoles tiene unos privilegios que no tienen los bancos de casi ningún otro país del mundo, que es lo primero que hay que cambiar y que los políticos, títeres de los bancos, no pueden cambiar. Empezando por la dación en pago, que existe en casi todo el mundo menos en España. Solo nos puede salvar que algún día se haga una legislación europea obligatoria para todos los estados. Hasta entonces, los bancos seguirán forrándose con timos y abusos perfectamente legales.


elpais

blumez1 dijo...

Es imposible que se pueda llamar a este pais democrático cuando las leyes son todas en contra de los ciudadanos y en favor de los bancos, los politicos solo apoyan los bancos y los mas ricos ya es hora de ponerlos en su sitio, y que no nos cuenten mas milongas de presupuestos mas sociales cuando se reduce todas las partidas destinadas a lo social NO CUENTEN MAS MENTIRAS solo aumentan las partidas de los asesores, me pueden decir para qué son esos asesores a parte de enchufar parientes y amigos


elpais

monica2010 dijo...

Pero cuanto tiempo han tardado en darse cuenta los jueces, cuando el resto de españoles lo venimos denunciando en la calle, que ésto es la Ley del embudo. Cómo se puede desahuciar a una persona que ha pagado el 50% de su casa y por 6 meses que no ha pagado, no por que quiera si no por las circunstancias estar parado, le quiten su piso y tenga que seguir pagando resto de hipoteca que queda. ¿Esto es justo?, y los bancos vendiendo esos pisos aunque sea a la cuarta parte de su valor, siguen ganando dinero. Quién hace éstas leyes?. Los políticos parece que están puestos por extraterrestres, no por gente que quieren que solucionen sus problemas, luego les choca el estribillo que no nos representan...


elpais

javichillo dijo...

Esto da pistas más que suficientes para comprender hasta que punto mandan los bancos en este país. Es impresionante que los jueces encargados de aplicar la legislación sean los que denuncian la injusticia del sistema. Un sistema que produce mensualmente miles de procesos de ejecución hipotecaria gracias a unas reglas de hace cien años. En pleno siglo XXI se sigue aplicando una legislación propia de mentalidades del siglo XIX, para arrojar a una masa de españoles a la exclusión social. Y los partidos políticos, muy bien, gracias. De vergüenza.


elpais

alicia12 dijo...

El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo... el Código de Buenas Prácticas... desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”... Mi más sincera enhorabuena a estos magistrados, es un excelente, y valiente, comienzo por su parte. Ahora comprobaremos si el Gobierno les hace algún caso y al menos esto se empieza a reformar a fondo, pues la pelota pasa a su tejado. Aunque sólo sea por hacer un mínimo honor al principio constitucional de que los españoles tienen derecho a una vivienda digna....


elpais

dobleonada dijo...

Es increíble, señor juez debería de ser juzgado, a buenas horas mangas verdes, ahora os dais cuenta 4 años después con todo el dinero que os pagamos, y que hacemos con tod@s los desahuciados, eso que os ahorráis con tanta demora. Sois iguales políticos y jueces. Si parece paradójico, mientras a unos los humilláis a otros los rescatáis con el dinero de los humillados, bueno esto tiene otro nombre, ROBO con INTIMIDACIÓN, O CON TENTATIVA DE ASESINATO, ¿dígamelo usted señor juez? o en el código penal no se contemplan ciertos delitos, la cámara baja no esta dispuesta a cambiar el código penal, engañabobos, MIRA COMO SALEN TODOS LOS POLÍTICOS DE GRANDES FRAUDES A LA CALLE, CLARO PAGANDO LAS FIANZAS, y a otros por un pequeño robo se ven en la cárcel ya que no pueden hacer frente a fianzas, a esto se le llama justicia, ahora entiendo porque la sociedad esta enferma. Ha desayunado bien señor juez.


elpais