Más permiso para ocupar el litoral

ELPAÍS* : La Ley de Costas, uno de los pilares de la protección ambiental, está a punto de sufrir su primera gran reforma desde que entró en vigor, en 1988. El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete. Según ha podido saber este diario, la norma alarga las concesiones a las viviendas construidas en la playa desde los 30 años actuales —que en algunos casos podían llegar a 60— hasta 75, y autorizará la compraventa. Además, permite en las rías reducir la protección de 100 a 20 metros, obliga a la Administración a llevar el deslinde al Registro de la Propiedad, y distingue entre playas naturales y urbanas, en las que la regulación será más flexible. En general, supone una flexibilización de la norma para lo ya construido y facilita nuevos usos en la playa.

Arias Cañete, que es abogado del Estado, presume de conocer de primera mano cómo se hacen los deslindes de Costas y sus deficiencias. El ministro ha emprendido una reforma integral de la legislación ambiental y su primer anuncio en Medio Ambiente, en enero pasado, fue la “muy profunda” reforma de la Ley de Costas.

La reforma busca “promover una efectiva protección del litoral, así como el uso sostenible del mismo”, pero, como ha declarado Medio Ambiente, eso debe ser compatible con “el impulso de la actividad económica y la generación de empleo, siempre que sea plenamente respetuosa con la integridad y conservación del dominio público marítimo-terrestre”. Para ello, el Gobierno ha preparado un texto con dos artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales.

La Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme polémica, aspiraba a liberar la playa de hormigón en 60 años y salvar lo mucho que aún quedaba entonces de playa virgen. La norma impedía construir sobre la arena, el dominio público marítimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera línea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar —algo que habría sido imposible en los 8.000 kilómetros de litoral—, los propietarios recibían una concesión de uso por 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar canon. Los propietarios no podían vender las concesiones. El Tribunal Constitucional avaló en 1991 esta “muy singular forma de expropiación”, como la definió.

En 2018 se cumplen los 30 años, con lo que el Estado podría comenzar entonces a recuperar propiedades y a derribarlas sin indemnización. Incluso ahora mismo rescatar las concesiones es extremadamente barato, puesto que solo hay que pagar por los años que quedan. Al acercarse el plazo, que un día pareció inalcanzable, crece la presión de los dueños de inmuebles en la playa.

La norma ha generado enormes polémicas en todo el litoral. Además, las embajadas de Alemania y Reino Unido, entre otras, han presionado a España porque afectaba a muchos de sus ciudadanos que compraron chalés en primera línea.

El Gobierno considera que la ley y su aplicación no ha dado garantías a los propietarios, y con la reforma pretende “incrementar la seguridad jurídica” de los titulares de derechos “presentes y futuros” en relación con las costas.

Para ello, Medio Ambiente ha optado por ampliar el plazo máximo de las concesiones hasta los 75 años, que se empezarán a cumplir en 2063. Esgrime que ese es el plazo que fijan otras leyes para concesiones, como la de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, las concesiones se podrán vender, algo que ya intentó el Gobierno del PSOE pero cuya reforma encalló en el Congreso. Así, Medio Ambiente pospone el problema.

Hay afectados que denuncian que compraron una casa en la playa después de la ley sin que el registro ni el notario les avisaran de que estaba en dominio público, donde no puede haber propiedad privada sino concesiones. La norma obligará a la Administración a incluir en la web del ministerio y en el Registro de la Propiedad el deslinde, la línea que delimita la parte pública y la privada de la playa, y que hasta ahora tiene efecto con solo publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Costas no ha llevado al registro la inmensa mayoría de los deslindes. La duda está en que según cómo quede el texto y cómo se aplique puede suponer, de facto, que quienes tienen una casa en dominio público se libren de la Ley de Costas. Y eso pese a que la Constitución señala que “son bienes de dominio público estatal (...) en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial”.

La reforma incluye novedades como que en las rías podrá reducirse “excepcionalmente” la servidumbre de protección desde los 100 metros a los 20. En Galicia, la Ley de Costas ha generado muchos problemas por los núcleos rurales aislados, que no tenían la consideración de suelo urbano en la ley. Este cambio puede solucionar parte de ellos al rebajar la protección en esa franja.

Medio Ambiente se compromete a publicar un desarrollo reglamentario posterior a la ley sobre la utilización de playas. Allí establecerá un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas con suelos urbanizados) y las playas naturales. Previsiblemente en las playas urbanas los requisitos y los usos permitidos serán mucho más flexibles que en las naturales.

El PP ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos, porque con la norma actual tienen restringida su superficie a 150 metros cuadrados. Con el cambio, previsiblemente se facilitarán las instalaciones en la costa. Los socialistas de Gandía (Valencia), por ejemplo, ha denunciado que un empresario ya planea un chiringuito de 987,63 metros cuadrados y que confía en la reforma para levantarlo el verano que viene.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ Madrid 12 JUL 2012
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) may07 - J.Rojas (El País)

8 comentarios :

pozitron dijo...

Venga!! Como estos del Gobierno no tienen más idea de como ingresar, jodamos un poco las costas y construyamos por aquí y por allá...y se lo vendemos a los Giris forrados. ¿Pero como puede ser que tengamos tan poca dignidad? !!La dignidad de uno empieza por valorar el entorno que nos rodea!!! La dignidad de un País también!!


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berenjenita dijo...

¿Y por qué se tienen que meter con las rías? ¿Para cobrar luego el marisco más caro? ¿Otra vez con el ladrillazo? ¿No hay suficientes hoteles ya? Está claro que, como lo de esta gentuza es robar por zonas y sacar en cuatro años todo el dinero posible porque luego nadie va a querer gobernar, les importa todo un carajo. Mal nacidos, que son todos unos malnacidos.


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tipograsiento dijo...

Destrucción a toda costa... Amnistía para los defraudadores...Ayuda a los banqueros desahuciadores...Corruptos morenitos de playa...Recorte del desempleo para que la gente busque un trabajo inexistente...Aplausos a los recortes...PPEROS deberíais haceroslo mirar. Gracias por hacer el mundo mejor.


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allegromanontripi dijo...

¿Más? Vengo de unos días en las costas francesas, el Var y la Costa azul. Se distingue aún allí el Mediterráneo. Son playas menos bonitas que las nuestras, de arena menos fina y más piedras. Pero excepto las playas de ciudad y pueblo, el resto son calas salvajes de pinos y bosque mediterráneo hasta casi la orilla. Una gozada. Aquí no vamos a parar hasta que sólo haya ladrillo para comer.


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carro1044 dijo...

Pero al facilitar esa nueva construcción se inicia otra vez el ciclo de empleo-crédito-beneficios. Sólo que en este caso la naturaleza, al igual que sucede en los países sudamericanos, será de propiedad privada y sólo accesible para aquellos que tengan determinado nivel de vida (muy elevado), no para el resto de los mortales. Aparecerán las playas públicas para los curritos y "las reservas naturales" para los de siempre.


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rododendro dijo...

No podía ser de otra forma: volvemos de cabeza al más rancio modelo económico del ladrillo; o al menos estos gobernantes tratan de reanimarlo, y de paso salvamos el chalecito de unos cuantos amigos que han construido en primera línea de playa sorteando fraudulentamente la Ley de Costas vigente, que dice muy claramente donde no se puede construir. Perro no se quedará aquí la cosa, porque como ya está ocurriendo en muchos puntos de la costa, el paso siguiente será invertir en obras faraónicas para proteger del mar esas construcciones imposibles. Así asistiremos a que la paga extra retirada a los funcionarios o la bajada de la cobertura del paro, o de los cuidadores de los dependientes se empleen en construir espigones inútiles y en reponer miles de toneladas de arena que año tras año se lleva el mar. Este es el modelo de desarrollo que nos espera.


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postfranquismo dijo...

La Ley de Costas es una protección para el sector inmobiliario y hostelero actual, ya que limita una futura competencia, al mismo tiempo que protege los atractivos que ellos venden (la naturaleza). Teniendo en cuenta que hay millones de viviendas sin vender actualmente, facilitar nueva construcción en la costa es una estupidez. Es matar la gallina de los huevos de oro. Además, de nuevo están protegiendo a los infractores. Destruir naturaleza nunca es buen negocio para un país.


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diciembre dijo...

Se han cargado la costa española y ahora se la van a cargar más, esto es pan para hoy y hambre para mañana pero es que a nuestros politicos y empresarios solo les interesa enriquezerse rápidamente sin importarles lo que sea de este páis en 50 o 100 años. No existe conciencia social ni medioambiental.


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